Por Gustavo Carabajal - LA NACION
La apertura de las propuestas se realizaría a comienzos del año próximo y se espera contar con al menos 1500 plazas en cada nuevo centro de alojamiento para los detenidos
La iniciativa del Gobierno también apunta a descomprimir la situación en las cárceles federales como Ezeiza. Foto: Archivo
Para aliviar la superpoblación de los 54 penales bonaerenses, el gobierno provincial decidió buscar capitales privados para financiar la construcción de cárceles para alojar a 1500 presos en cada nueva unidad. El proyecto apunta a levantar tres penales para llegar a 4500 plazas.
La apertura para recepción de propuestas se realizaría a comienzos del año próximo, dentro del esquema de Participación Público-Privada (PPP).
Según informó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, la medida no constituye una privatización del sistema carcelario. Se construirá una unidad completa, para al menos 1500 internos, y la gestión será, por completo, estatal. La inversión final no estará sujeta al número de presos y no estará ligada a la prestación de servicios relacionados a la cantidad de internos, como podría ser la provisión de las comidas.
En este caso, la construcción de una cárcel para 1500 presos demandará una inversión de mil ochocientos millones de pesos, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un penal nuevo y equipado cuesta entre $ 1.200.000 y $ 1.500.000 por cada interno. Se trata de una deuda que asumirá el Estado a pagar en veinte años.
Una iniciativa similar será encarada por el Ministerio de Justicia de la Nación, aunque en este caso la inversión será de aproximadamente 850 millones de dólares para construir cárceles federales en las que puedan ser alojados casi 10.000 presos. Entre los proyectos de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense se busca inversiones por más de mil millones de dólares.
"La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye una empresa privada que percibirá un canon por la prestación de servicios no vinculados al número de presos como ocurre en los Estados Unidos, sino que podría aportar los sistemas de vigilancia electrónicos y de seguridad, pero no cobrará por cantidad de internos", explicó el ministro Ferrari.
Con 37.000 presos distribuidos en 54 cárceles que tienen 25.000 plazas, con 3700 nuevos internos en un año y una proyección de que, a fin de 2017, esa cifra de nuevos reclusos llegará a 5000, la superpoblación en los penales bonaerenses alcanzó niveles críticos.
Esa crisis con los detenidos en la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia hace una semana, cuando siete presos, entre ellos varios acusados de homicidios, huyeron de la comisaría de Villa Ballester. En esa seccional había doce internos alojados cuando, en realidad, tenía capacidad para siete presos. La fuga masiva se produjo en una comisaría que no tiene la estructura para funcionar como cárcel.
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense: "La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye un privado que percibirá un canon no vinculado al número de presos".
A partir de este episodio se reveló que las 432 comisarías bonaerenses tenían alojados 3049 presos. Esa cifra constituye el mínimo histórico en 15 años. Cuando Cristian Ritondo se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, había 5000 presos alojados en las comisarías bonaerenses. A partir de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, en un año, casi 2000 presos fueron trasladados a las cárceles bonaerenses.
"La construcción de cárceles debe ser una discusión de todos los partidos políticos. Existe una política de encarcelamiento que la ciudadanía y las leyes demandan que hace necesaria que se edifiquen nuevas cárceles para alojar a todos los acusados de cometer delitos que fueron sometidos a procesos penales. Entonces para aplicar esta política de lucha contra el crimen, hay que tener más prisiones. Será decisión del Estado conformado no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por todos los partidos políticos hasta qué monto deciden contraer deuda para construir cárceles nuevas. La construcción demandará al privado tres o cuatro años, pero la deuda habrá que pagarla en 20 años", agregó Ferrari.
La última cárcel, en 2001
El último penal se inauguró en General Alvear, en 2001. De esa cárcel que era considerada como de máxima seguridad huyeron, el 27 diciembre de 2015, tres de los cuatro condenados por el triple homicidio de la efedrina, los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci.
A partir de un convenio firmado entre Ferrari y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se asignó una partida de 500 millones de pesos para terminar de construir dos penales, en Campana y Lomas de Zamora, que aliviarán la situación en las cárceles del conurbano y en las comisarías.
Otro de los factores que provocó el aumento de presos en las cárceles bonaerenses fue la cantidad de reingresantes. El 43% de los 3700 presos que se agregaron a la población penal en un año, ya estuvo en algún penal. No se los considera reincidentes porque todavía no tienen condenas firmes. Obtuvieron excarcelaciones a partir de distintos beneficios y regresaron a la cárcel por hechos nuevos, antes que los sumarios que los llevaron originalmente a prisión tuvieran una sentencia definitiva.
Según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, otro de los factores que liberaría lugares en las cárceles será la extensión de la aplicación de pulseras electrónicas para monitorear a internos con prisión domiciliaria. En la actualidad hay 1500 presos con ese beneficio y, según se informó oficialmente, tiene un alto nivel de cumplimiento, debido a que el 4% de los presos quebró ese beneficio.
Para evitar problemas de convivencia por la falta de espacio en los calabozos, se aumentó la cantidad de actividades que los presos deben realizar y se pasó de 77 talleres que había en 2015 a 241 este año.
