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miércoles, 26 de abril de 2017

Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usó

Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usóPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
Está en Corrientes al 1600. Por un semestre de 2015, la Procuración pagó $ 6,5 millones. Sin ocuparlo, luego lo dejó.

Corrientes 1615. Ahí está el edificio del presidente de Racing que la procuradora alquiló seis meses.

El expediente es oficial. Tiene un nombre de razón indescifrable para quienes no son expertos en las nomenclaturas de la burocracia: “A 9005/2015”.

Pero dice bien grande en su primera página de dónde proviene: “Ministerio Público. Procuración General de la Nación”. Y su “Asunto” se comprende mejor: “En relación a dos contratos de locación de inmuebles en vigencia”. Alguien agregó un escrito a mano más especifico aun: “Corrientes 1615-CABA”. Se trata de un nuevo legajo relativo a resoluciones en el rubro inmobiliario ordenadas por la Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país. 

La funcionaria está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posible corrupción generada gracias a la compra del edificio en el que hoy funciona la sede central de su organismo. Clarín accedió a un nuevo legajo que vincula a Gils Carbó con posibles desmanejos irregulares de millonarios fondos públicos, destinados, esta vez, no a la adquisición de un inmueble, si no al sospechoso alquiler de un edificio de 8 pisos que se usaría para que funcionen allí nuevas fiscalías. No pasó. Lo segundo, lo primero, sí. 

El Estado pagó por ese alquiler 6.580.000 pesos, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí, jamás. La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, para nada. Fue una “renta fantasma”.

Según la carpeta gubernamental “A 9005/2015“, la Procuradora avaló la renta de una propiedad ubicada en Corrientes 1615.

Clarín confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema. Pero también gracias al testimonio del propio dueño del inmueble. Se llama Víctor Blanco Rodríguez, es presidente de Racing Club y empresario hotelero de relevancia: “Me postulé para la licitación del alquiler de ese edificio de Corrientes 1615, sí, es mío”, le explicó Blanco Rodríguez a Clarín, y agregó: “Tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aun hoy lamento: que lo alquile la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”.

A la “renta fantasma” autorizada por Gils Carbó, se le sumó a esta trama otra resolución enigmática.

Sin que nadie de la Procuración usase al edificio de Corrientes 1615, se resolvió que se comprarían los muebles que había en esas oficinas. Costaron 203.000 pesos.

El presidente de Racing, Blanco, es el propietario de Corrientes 1615, mediante una de sus sociedades comerciales llamada VBR Group. El empresario ratificó que cobró por el alquiler por su edificio, contó que nadie usó, y confirmó también que la misma Procuración le compró los muebles por alrededor de 200.000 pesos.

¿Por que Gils Carbó autorizó el alquiler de un edificio que la Procuración no usó? ¿Y por qué se compraron los muebles del lugar? 
A esta última pregunta no hay respuestas oficiales.

Entre las diferentes acciones resolutivas y explicaciones internas que constan en el expediente administrativo hay acciones que generan más preguntas que, aun, no tienen respuestas.

La Procuración no sólo pagó un alquiler de 940 mil pesos mensuales por un edifico que nadie usó. Además ofreció abonarle alquileres por adelantado a Blanco. Así quedó asentado en una “addenda” al contrato. Ese adelanto de rentas correspondía a los primeros meses del 2017 iba a tener un costo de 3.574.511 pesos. Blanco niega haber cobrado esa plata. Dice que la Procuración le avisó que dejaba de alquilarle su edificio “mediante un telegrama”.

El 17 de diciembre del 2015, el contador Jorge Argüello, funcionario de la Procuración, aseguró en un documento oficial que “La Sra. Procuradora General” lo “autorizó” a “ejecutar el Plan Anual de Compras y contrataciones correspondientes” al 2015. En ese marco se concretó la “renta fantasma” de Corrientes 1615.

El 26 de febrero del 2016, la propia Gils Carbó decidió terminar con ese alquiler. Pero no porque su organismo nunca ocupó el edificio de Corrientes 1615, si no porque -argumentó- el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación de nuevo Código Procesal Penal.

Pero esa no había sido la razón por la que la Procuración alquiló esa propiedad, según la adjudicación de la operación que consta en el Boletín Oficial. La diputada Elisa Carrió había denunciado varias de las posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias de la PGN en su pedido de juicio político contra Gils Carbó.

Paula Oliveto, una de las legisladoras que trabajó junto a Carrió esos temas, le aseguró a Clarín que “es gravísimo que la Procuración haya pagado por un edificio que no usó”. Y agregó que la intención de pagarle alquileres por adelantado al dueño de ese inmueble va en contra de Ley de la Administración Nacional.

Alejandra Magdalena Gils Carbó hizo carrera en el fuero comercial. Conoce de contratos y operaciones financieras e inmobiliarias. Mucho.

domingo, 23 de abril de 2017

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades

Los millonarios contratos de Gils Carbó PropiedadesPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
El Ministerio Público, a cargo de Alejandro Gils Carbó, pagó por adelantado un contrato de alquiler de más de 22 millones e hizo cuantiosos gastos en reformas. No se controló la gestión.

El viernes empezó a funcionar en forma plena un órgano institucional que jamás lo había hecho desde que fue creado por ley, hace diecinueve años. Se trata de la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar las acciones del Procurador General de la Nación, o sea, el ente al que debería rendirle cuentas el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina. Ese organismo “debutó” con la convocatoria exitosa a la funcionaria que le da su razón de ser, la actual Procuradora, Alejandra Magdalena Gils Carbó.

Acechada por la Justicia, las denuncias de la prensa y la oposición, la jefa de los fiscales debió admitir que es posible que una inversión multimillonaria que realizó su gestión hace cuatro años pueda haber sido el eje de una trama delictual.

La operación bajo sospecha es la compra de la propiedad de una mansión en Perón 667, hoy la sede del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio en el que Gils Carbó trabaja desde hace cuatro años. Por esta historia la jefa de los fiscales está imputada y será llamada a indagatoria en una causa judicial.

Clarín confirmó en base a informes de legisladores de la Coalición Cívica que le pidieron el juicio político a la Procuradora; y al chequeo de documentación pública de la Procuración, que hay otros edificios que Gils Carbó compró en nombre del Estado, alquiló y hasta remodeló varias veces sin razones lógicas o arquitectónicas; y sobre todo, sin que otro organismo estatal controlara cuánta dinero público gastó en esas tareas. El “caso Gils Carbó” recién empezó.

El primero que denunció las irregularidades de Gils Carbó en el Poder Judicial fue el fiscal Guillermo Marijuán. La causa en la que la Procuradora está imputada -rumbo a ser llamada a declaración indagatoria- es instruida por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Julián Ercolini. El expediente investiga por qué el hermano del subprocurador Guillermo Bellingi cobró una comisión extraordinaria (por lo alta) para el mercado de los martilleros por hacer de supuesto “gestor” de los vendedores de la mansión de Perón 667, en la que vivió la familia Bemberg, fundadora de la cervecería Quilmes.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
Perón 667: en 2012, la jefa de los fiscales adquirió este edificio por 43 millones de pesos. Lucía Merle

Hasta el viernes pasado en el que se hizo presente en el Congreso, Alejandra Magdalena Gils Carbó era irreductible y no se dejaba controlar por casi nadie.

Por ley, los gastos y el accionar legislativo de la Procuración General de la Nación deben ser estudiados por la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero Gils Carbó puso trabas desde asumió en su cargo para evitarlo.

Es paradójico, teniendo el cuenta el nombre de la agrupación K para el Poder Judicial que ella fundó con nombre idealista: “Justicia Legítima”. El control de la AGN sobre la PGN está legitimado por la Constitución Nacional.

Según datos del propio Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó manejó, desde el 2013 hasta el 2015, presupuestos anuales que en total sobrepasan los 7.500 millones de pesos.

Además del edificio de Perón 667 -por el que ya está imputada en la Justicia- hay otros ejemplos de manejos discrecionales de presupuesto público en el mercado inmobiliario sospechosos para los denunciantes de la jefa de los fiscales.

En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo de esa funcionario se determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Está ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades

La Procuración pagó $22.500.000 por adelantado por el alquiler del edificio de Tucumán 966. Martin Bonetto

Matemáticas son matemáticas: $ 22.500.000 dividido doce meses da una renta mensual de $1.875.000.

Más allá de esa diferencia, que la Auditoría General de la Nación no podrá estudiar, ¿por qué se adelanta el alquiler de un inmueble del Ministerio Público Fiscal?

Clarín detectó además gastos en el edificio central de la Procuración General, el de Perón 667, por cifras millonarias o de cientos de miles de pesos, que tienen que ver con remodelaciones arquitectónicas o mantenimiento de equipos; o compras de insumos tecnológicos, o de trabajo.
Por ejemplo: la construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en el edificio de Perón 667; la renovación de sus cocheras; el recambio de alfombras y ascensores; o la instalación de aires acondicionados; o cientos de aparatos telefónicos.

Además de esos items, quizás transversales a los organismos públicos del Estado, se destaca en la gestión de Gils Carbó una licitación para comprar 100 “sillones gerenciales”; y “200 sillas operativas”.

El empleado de Gils Carbó bajo sospecha tenía acceso a datos y causas por lavado de dinero
Para esa adquisición, se movió un expediente el 30 de marzo pasado. El costo de la compra de esos elementos de oficina, se estipuló en un millón setenta mil pesos.

Se trata de una compra mayorista, por lo que el fabricante o proveedor de esos sillones y sillas podría rebajarle el precio al Estado para vender sus productos. En la calle, o por la web, comprar 100 sillones gerenciales de buena calidad; y 200 sillas operativas, tiene un costo aproximado de 800 mil pesos.

La legisladora de Coalición Cívica Paula Oliveto le explicó a Clarín que “Gils Carbó maneja las cuentas de la Procuración de forma discrecional y sin rendir cuentas. Eso provoca que su gestión termina cargada de irregularidades que, en algunos casos, también pueden devenir en delitos”.

Y agregó “El alquiler de inmuebles que hizo y hace la Procuración también son posiblemente irregulares, además de conformar un manejo pero absolutamente anti-económico de los fondos del Estado”. Oliveto aseguró que personas que militan en el kirchnerismo son quienes resultaron beneficiados con las rentas de sus propiedades a la Procuración.

Hay un caso muy gráfico sobre los alquileres sin justificación -en los papeles al menos- que ordenó financiar Gils Carbó. La Procuración pagó millones de pesos durante meses por la renta de un edificio entero: sus oficinas nunca fueron ocupadas por nadie. Las de ningún piso.

Esa otra historia sobre este mismo caso. Ya se revelerá. Pronto.

Apartaron al jefe de la Policía de la Ciudad

Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la CiudadPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
El comisario José Potocar es investigado en una causa por corrupción. Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la Ciudad. Foto: Archivo 

El primer jefe de la flamante Policía de la Ciudad fue suspendido anoche de forma preventiva. La decisión fue tomada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de conocer que el comisario José Potocar fue alcanzado por una investigación iniciada por presuntos hechos de corrupción en la comisaría 35a.

La decisión fue confirmada en un comunicado oficial. No fue nombrado un reemplazante porque Potocar está por ahora suspendido hasta que se aclare su situación procesal en una causa seguida por el fiscal José María Campagnoli.

De todas maneras, las autoridades de la Ciudad sintieron el impacto de tener que apartar en estas circunstancias al jefe designado en enero pasado.

"El Ministerio de Justicia y Seguridad informa que el gobierno dispuso la suspensión preventiva del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, para preservar una investigación judicial en la que está mencionado", se informó anoche en un comunicado. Tras ser apartado Potocar de la Jefatura de la Policía de la Ciudad, la conducción de la fuerza porteña continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D'Alessandro, según se informó en el comunicado de prensa.

En esa información oficial se detalló que la decisión, adoptada por medio del decreto 139/17 del jefe de gobierno porteño por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal.

"La suspensión de Potocar se producirá hasta tanto se clarifique y resuelva su situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones judiciales", se explicó en el comunicado.

Para las principales autoridades porteñas significó un golpe duro la salida, por ahora transitoria, del hombre que había sido elegido para conducir la unificación de una parte de la Policía Federal con la Policía Metropolitana. La visión en los despachos oficiales apunta a que cualquier cuestionamiento judicial sobre los actuales conductores policiales hace referencia al pasado cercano, pero no implica la existencia de actos de corrupción en el actual sistema de seguridad porteño.

Más allá de las explicaciones oficiales, la suerte de Potocar pareció estar resuelta tras una allanamiento concretado este mes en la sede de la Policía de la Ciudad. Entre las exigencias judiciales apareció el pedido de entrega del legajo de Potocar. Todo olfato político sintió que algo podía explotar pronto y muy cerca.

La investigación

La causa tomó velocidad en septiembre del año pasado, cuando el fiscal Campagnoli pidió la detención del comisario Norberto Villarreal, jefe de la comisaría 35a. En noviembre pasado el juez de instrucción porteño Luis Farías hizo lugar al pedido del Ministerio Público fiscal, pero desde ese momento Villarreal está prófugo.

Se sospecha que en la comisaría había una asociación ilícita que desde la comisaría 35a extorsionaba a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad "privilegiada". También se investiga si dejaban trabajar a los "trapitos" a cambio de dinero.

En ese momento, Potocar era jefe de la Dirección General de Comisarías. Estaba directamente por encima de todos los comisarios con mando en las seccionales. Hace 24 días fue detenida Susana Aveni que llegó a ser comisario inspector de la Policía Federal Argentina.

Un uniformado que trabajaba en esa seccional declaró como testigo. Contó que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero exigidas por el comisario [Villarreal]. Y que parte de la recaudación de la «caja negra» era distribuida a órganos superiores, como la Circunscripción VII (que encabezaba Aveni), la Dirección General de Comisarías -que para los investigadores figura en un manuscrito secuestrado como DGC- y la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal.

"Se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35a. para garantizar la perpetuidad de sus ingresos", explicó Campagnoli en su dictamen donde pidió la detención de Villarreal.

El año pasado, en un allanamiento en la comisaría 35a. se secuestró en la oficina de Villarreal un cuaderno en el que había anotaciones hechas a mano; según los investigadores, era el registro de la distribución de la recaudación ilegal. Uno de los apodos consignados hacía referencia a Aveni. Cuando comenzó la investigación, Susana Aveni era la jefa de la Circunscripción VII. Tras el traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la Federal a la órbita porteña, se convirtió en comisionada mayor y quedó a cargo del Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad.

En la causa ya están procesados el sargento 1° Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano, el sargento Sergio Ríos y el suboficial escribiente Marciano Quiroga. El subcomisario José Alberto Codaro, al igual que Villarreal, está prófugo.

A principios de mes fueron detenidos el comisario Marcelo Stefanetti y el subcomisario Hernán Kovacevic. Hasta su detención, Kovacevic prestaba servicios en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y Stefanetti se desempeñaba en el área de Comando y Control de la Policía de la Ciudad. Stefanetti fue procesado por el juez Farías. El magistrado decretó la falta de mérito de Kovacevic. Ahora el escándalo de la recaudación ilegal en comisarías rozó, al menos, a Potocar.

Un escándalo que afectó a varios oficiales

  • La investigación sobre un posible sistema de corrupción policial llevada adelante por el fiscal José María Campagnoli provocó varios dolores de cabeza para las autoridades porteñas, que observan como oficiales importantes de la nueva fuerza de seguridad caen frente los testimonios y pruebas tomados en ese expediente que se sustentó alrededor de los negocios descubiertos en la comisaría 35a.
  • La suspensión preventiva del comisionado José Potocar tiene su impacto por tratarse del jefe de la recientemente creada Policía de la Ciudad, pero otros oficiales quedaron antes en la mira de la Justicia. La comisionada Susana Averi fue arrestada el mes pasado. Era la jefe de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad. Pero la causa que la tiene como procesada es parte de la herencia recibida por la nueva fuerza. El año pasado Averi era la jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal. También fue arrestado el comisario Marcelo Stefanetti, integrante del Comando y Control de la fuerza porteña. También por actos previos a la fusión de los 19.300 agentes de la Policía Federal con los 6000 efectivos de la Policía Metropolitana.

sábado, 22 de abril de 2017

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La Cámara de Apelaciones le cerró la puerta al empresario para sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado; fuertes críticas al "manejo desprolijo"

Confirmado. Austral Construcciones no podrá abrir el concurso de acreedores como pretendía desde el año pasado. Por el contrario, la Justicia desnudó múltiples irregularidades contables y registrales que la principal constructora de Lázaro Báez acumuló durante años, sin que esas falencias conllevaran sanciones o le impidieran sumar contratos multimillonarios de obra pública durante la década kirchnerista.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores foto: Archivo La decisión la tomó la sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que en un fallo unánime de sus tres miembros criticó ayer el "manejo desprolijo" de la constructora y le cerraron la puerta a las esperanzas de Báez de lograr que la Justicia lo ayudara a sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado, para lo cual incluso había pedido que le designaran un coadministrador.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores. Foto: Archivo.

Esa "insólita pretensión" de abrirse a una coadministración, planteó la Cámara, "resulta sorprendente". ¿Por qué? Porque "es llamativo que el presidente de la sociedad comercial (por Martín Báez) haya reconocido su dificultad para garantizar transparencia de su gestión empresarial".

Los camaristas remarcaron en esa línea, por ejemplo, la salida de casi $ 147 millones de las cuentas de Austral Construcciones durante los últimos años en violación a la legislación comercial, sin que los Báez dieran "una explicación convincente" sobre los motivos o cómo ocurrió esa fuga.

Esos millones, añadió la Cámara, representan alrededor del 165% de lo que alcanzaba el patrimonio neto" durante 2016 de la constructora, que venía de afrontar "enormes pérdidas" durante los dos años anteriores, es decir, mientras Báez comenzaba a afrontar sus primeros problemas penales por sus vínculos hoteleros e inmobiliarios con los Kirchner y la llamada "ruta del dinero K".

La Cámara convalidó, así, el fallo de primera instancia que la jueza María José Gigy Traynor firmó el 22 de diciembre pasado. Rechazó el pedido de abrir el concurso de acreedores porque la información aportada era "deficiente, imprecisa y poco transparente", lo que impedía conocer la verdadera "situación patrimonial" de Austral Construcciones.

Báez sabía que corría el riesgo de toparse con la negativa antes de presentarse en Tribunales, al punto que uno de los abogados a los que convocaron se negó a patrocinar esa intentona, según reconstruyó LA NACION. Pero, aún así, avanzó por esa senda y a principios de noviembre presentó la petición formal con la firma de Martín Báez, su hijo mayor, en la que incluso planteó que afrontaba problemas de "claro tinte político".

Menos de dos meses después, la jueza enumeró 16 "irregularidades o incumplimientos" y le rechazó la pretensión de la constructora, cuyos abogados apelaron al considerar que se basó en "presunciones arbitrarias" y emitió múltiples "cuestionamientos retóricos sin fundamento".

En su fallo de ayer, sin embargo, los camaristas Miguel Bargalló, Ángel Sala y Hernán Monclá confirmaron la resolución de la jueza, que calificaron como "medulosa y fundada", y basada en un "proceder elogiable".

¿Por qué? Porque no hizo más, estimaron, que actuar con "mayor cautela al analizar la situación societaria y patrimonial" de la constructora dados los problemas penales y las sospechas que se ciernen sobre los Báez.

En esa línea, los camaristas coincidieron en que los Báez ni siquiera informaron con precisión cuál es el activo ni el pasivo de Austral Construcciones, ni qué porcentaje de participación accionaria mantiene en otras empresas, ni precisaron tampoco cómo interviene en algunas unidades transitorias de empresas (UTE).

La jueza Gigy Traynor había expuesto, por ejemplo, la inconsistencia de los Báez al estimar el pasivo de Austral Construcciones. Por un lado, los Báez dijeron que la constructora que arrastraba deudas por $ 1575 millones, pero la suma de lo reclamado por todos los acreedores que informaron sólo llegaba a los $ 590 millones. Es decir, una diferencia de $ 975 millones.

Más irregularidades

La jueza también detectó falencias en el informe de Austral sobre sus empleados. Presentó dos listas en los que incluyó, remarcó Gigy Traynor, "un gran número de trabajadores (que) aparecen duplicados, indicándose remuneraciones diferentes para el mismo período", además de 20 empleados en Misiones, donde "la sociedad no tendría actividad económica en dicha provincia ni poseería bien alguno".

La Cámara expuso, además, numerosos incumplimientos que surgen de la documentación societaria desde 2012, mientras que registró problemas por otros $ 453,9 millones que los Báez se comprometieron a aportar a la constructora, "pero que no llegaron a ser capitalizados por la sociedad". Esos fondos, según dijeron en el entorno de Báez a LA NACION, equivaldría a la operatoria que pasó por el fondo suizo Helvetic Services Group.

Ahora, los abogados de Austral deberán evaluar los pasos a seguir y si, como anticiparon, recurren e intentan llevar a la constructora de Báez, por primera vez, hasta la Corte Suprema.

viernes, 21 de abril de 2017

Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones

Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millonesPor Lucía Salinas - Clarin
El juez Casanello cree que ese es el monto de las operaciones ilegales. Por ley, el castigo puede multiplicarlo por diez. Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones.

Lázaro Báez afrontaría una multa millonaria por lavado de dinero. Foto DyN.

En una semana la familia Báez comenzará a ser indagada por los movimientos de dinero por sumas millonarias, en el exterior. La cifra aproximada que analiza la Justicia por la que deberá responder el empresario kirchnerista preso hace un año, ronda los 60 millones de dólares. Esto significa que la multa por lavado de dinero por la que debería responder Lázaro Báez- en caso de comprobarse las maniobras investigadas por el juez Sebastián Casanello-, podría ser de 600 millones de dólares. El valor lo determina la ley que a su vez sostiene que la cifra -10 veces el monto del dinero lavado-, no es negociable bajo ningún aspecto. Así, todo su patrimonio quedaría comprometido.

La Ruta del Dinero K se compone de diversas maniobras y circuitos utilizados para el lavado de activos. La primera operación que le significó un procesamiento por este delito al dueño del Grupo Austral, implicó una suma de 33 millones de dólares. Para esto se utilizó a Helvetic Services Group - empresa controlante de la financiera SGI conocida como "La Rosadita"-, que reingresó al país desde Suiza, a través de bonos de la deuda argentina. El dinero se depositó en las cuentas de Austral Construcciones, firma insignia de Báez quien reconoció la recepción del dinero, pero buscó justificarlos como "una operación lícita".

No es la única operación bajo sospecha. Recientemente la Confederación Helvética confirmó al juzgado de Casanello, 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares, vinculadas al entorno del empresario K. Las transacciones se hicieron con las empresas SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Los responsables de las cuentas corrientes bancarias, tal como informó Clarín, fueron Fabián Rossi, con firma autorizante y los directores de la financiera, Eduardo Castro y Gustavo Fernández. Operaron con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, y el movimiento de dinero está asociadas “a las cuentas de la familia Báez” en dicho país. Esto condujo al magistrado a citar a ampliación indagatoria a los cuatro hijos del dueño del Grupo Austral.

La Justicia está determinando, y a la espera de más documentación proveniente de Suiza si parte del dinero de estas últimas operaciones se cruzan con los 33 millones de dólares iniciales, pero las fechas de las operaciones no se superponen.

En paralelo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que hubo 25 transacciones por un total 9.314.874 de dólares, de distintas cuentas bancarias tanto de Estados Unidos como de Liechtenstein y Suiza vinculadas a Helvetic -una vez más-, entre septiembre de 2008 y junio de 2014 (este último año está fuera de lo investigado en la causa que abarca hasta 2013). A estas cifras se suman pagos de comisiones por 900.000 euros que recibió el responsable de Helvetic -Néstor Ramos.

La suma que estudia la Justicia en la actualidad, es estimativa y contempla también movimientos de dinero en España y en Estados Unidos, países a los que el juez ya libró exhortos para conocer el detalle bancario. El número general por el que deberá responder Lázaro Báez ahora rondaría los 60 millones de dólares, según pudo saber Clarín. Lo más cercano a los 55 millones de dólares que Leonardo Fariña dijo en su momento, que había movido por orden del empresario K.

De comprobarse todas y cada una de estas maniobras, el socio comercial de Cristina Kirchner podría afrontar una multa que por ley, es de dos a diez veces el valor de dinero que se blanqueó. La Justicia iría por el máximo: es decir 600 millones de dólares, lo que comprometería todo su patrimonio y más.

Báez ya tiene un embargo trabado de $ 800 millones en la Ruta del Dinero K. Su patrimonio que entre 2005 y 2016 se incrementó un 12.127 %. El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), en un trabajo emprendido por el fiscal Guillermo Marijuan, determinó que sólo en propiedades tiene 200 millones de dólares. No descartan que la suma se incremente porque no se estipuló aún, el valor de todas las empresas que tiene el dueño de Austral Construcciones.

lunes, 17 de abril de 2017

Multan a Odebrecht por $32 millones por irregularidades en una obra pública

Por Iván Ruiz - LA NACION - La decisión fue tomada por Aysa ante un atraso de un año en la construcción de una planta potabilizadora en Tigre.

Los principales actores privados del Lava Jato empiezan a dejar huellas sobre irregularidades en las obras públicas en la Argentina. Odebrecht fue multada por $32 millones por incumplimiento en un contrato firmado con Aysa en 2015. Y Camargo Correa -también investigada por sobornos en Brasil- fue denunciada penalmente también por la empresa pública de aguas ese año.

Las irregularidades fueron cometidas en los contratos "mellizos" adjudicados por Aysa, una dependencia que reportaba al Ministerio de Planificación. La empresa pública concretó la millonaria multa y la denuncia penal pese a la fuerte presión que recibieron por parte del entonces secretario José López, que seguía con atención los contratos desde los comienzos de las licitaciones, coincidieron varias fuentes oficiales consultadas por LA NACION.

¿Cuál fue el motivo de la multa? Odebrecht registró fuertes retrasos en la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre. Las primeros avances debían estar concluidos en marzo de 2014, pero recién estuvieron listos en mayo de 2015. Tal como figuraba en el contrato, Aysa aplicó una multa diaria de $90.802 a la empresa que se transformó, al cabo de 15 meses, en $32 millones, según los documentos oficiales obtenidos por LA NACION.

Tanto la construcción de las planta de Tigre y como la de Berazategui (llamada Planta del Bicentenario) están bajo la lupa de la Justicia por supuestas irregularidades en las licitaciones. Los investigadores no creen que sea causalidad que los actores sean los mismos que son protagonistas del escándalo por el Lava Jato en Brasil. Las empresas ganadoras: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Bandes brasileño. La empresa perdedora: Electroingeniería. Todos -con algunos matices- comprometidos como parte del sistema de sobornos a políticos brasileños a cambio de obtener obras públicas en aquel país.

La primera alarma sobre la licitación para construir la planta de Tigre se encendió a raíz de la redeterminación de precios realizada por Aysa. Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento SA y José Cartellone Construcciones se adjudicaron el contrato por $ 1893 millones en enero de 2008. Cuatro meses después, sin mediar modificaciones en las condiciones, la reasignación de precios se extendió otros $ 331 millones. En total, Aysa asignó para la obra un presupuesto de $ 2224 millones, que financió el Bndes, según consta en documentos oficiales.

Denuncia penal

Aysa consideró que la Planta del Bicentenario que construía Camargo Correa en Berazategui tenía "vicios ocultos" y, por ese motivo, sus funcionarios realizaron una denuncia penal. El 28 de mayo de 2015 acusaron a la empresa por defraudación en el juzgado federal N°2 de Morón al considerar que los materiales que ya había instalado en la planta no cumplían los parámetros básicos de calidad establecidos por contrato.

Camargo Correa y Esuco SA se habían quedado con el contrato para la construcción de esa planta por $ 404 millones en enero de 2008. Como sucedió también en su contrato "mellizo", una redeterminación de precios por $ 77 millones llegó en abril. En total, la obra costó, entonces, $ 481 millones.

La causa contra Camargo Correa finalmente se archivó después de varios encuentros entre los funcionarios y los empresarios. Pero la denuncia no cayó bien en el gobierno kirchnerista. José López estaba furioso. Citó en su despacho a tres directores de Aysa apenas se enteró, según pudo reconstruir la nación de varios testigos. Gritó y golpeó la mesa con el puño: "Así que ahora no sólo multan a los contratistas, también las denuncian. Sigan así ustedes eh, sigan así".

jueves, 13 de abril de 2017

Tras una auditoría fueron desplazados más de 800 agentes penitenciarios

Por Rosario Marina - LA NACION 
Las autoridades bonaerenses detectaron varias irregularidades; hay otros 5000 efectivos del SPB con sumarios

LA PLATA.- Más de 800 agentes penitenciarios fueron desplazados y a otros 5000 se les abrieron sumarios por haber protagonizado diversas irregularidades y actos de corrupción. La auditoría civil que investiga desde hace seis meses al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) también desplazó a más de medio centenar de jefes carcelarios.

Fernando Rozas, director de Auditoría y Control de Gestión del SPB, empezó su tarea el 25 de octubre de 2016; desde entonces desplazó a 847 agentes penitenciarios y sumarió a unos 5000 más por abandono de servicio y faltas graves, entre otros hechos. Aunque no todos esos sumarios terminarán en expulsiones, en los próximos meses los despedidos llegarían a 1000. Además fueron removidos 64 jefes: cinco de la plana mayor, nueve subsecretarios generales, seis jefes de complejo, ocho secretarios y 36 directores de unidades.

Algunos agentes penitenciarios están de acuerdo con la "limpieza", pero otros ya presentaron recursos de amparo ante el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre ellos, unos consideran que la intervención está bien, pero que "están metiendo a muchos en la misma bolsa". En tanto, otros opinaron cosas tales como: "Los cambios eran necesarios, hay muchas «transas». Pero el problema está arriba, no con los vigilantes, y los cambios más grandes los sufrimos nosotros".

Según el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari , la situación no genera conflicto en las unidades penales: "No hay resentimiento en las unidades porque la principal cantidad de personas que sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes", aseguró Ferrari, que anoche fue entrevistado en el programa LA NACION PM .

Lo que sorprendió al ministro fue la cantidad de agentes penitenciarios que tenían causas penales y seguían cobrando el sueldo: "Lo que más me impactó fue encontrar que en una fuerza de seguridad había mucha gente condenada".

Una de las primeras decisiones que se tomaron desde la intervención fue pedir el registro de reincidencia y cruzarlo con la base de datos de los 23.000 agentes. Así encontraron 56 condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation. Esos 400 agentes penitenciarios condenados por delitos seguían cobrando el sueldo. Algunos, según sus mismos compañeros, habían sido condenados por "venta de drogas". En los últimos años, a los que ingresaban en el SPB no se les pedían antecedentes penales.

Como parte de la auditoría hay seis grupos itinerantes, que llegan en forma sorpresiva cada semana a los penales. Y casi siempre se topan con irregularidades. Por eso muchas veces se encontraron con sus autos pintados o con las cubiertas rotas, a modo de amenaza.

Inasistencias

El ministro Ferrari, anoche, en LA NACION PM Santiago FilipuzziAntes de la intervención no había control de asistencia en las unidades. Cuando desde la auditoría lo empezaron a hacer, en noviembre pasado, se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas del área de salud penitenciaria (médicos, enfermeros, psicólogos) no cumplía el tiempo mínimo de trabajo. En ese escalafón profesional se deben cumplir 25 horas semanales de trabajo. Y lo que se encontró fueron profesionales que habían trabajado un promedio de siete horas mensuales. Por eso, muchos sumarios se abrieron por "abandono de servicio".

El ministro Ferrari, anoche, en LA NACION PM. Foto: Santiago Filipuzzi

"Había miles de tipos destinados en lugares donde no hacía falta", contó a LA NACION Fernando Rozas. Trabajando en tareas administrativas había 8000 agentes. Pero sólo 543 figuraban en el escalafón administrativo: el resto pertenecía al escalafón general, por lo que cobraban un 35% más y debían estar en las unidades, en contacto con los presos. Ahora, muchos están siendo enviados nuevamente a las unidades penales.

La situación no era igual en toda la provincia. En algunas cárceles había un agente penitenciario cada siete detenidos y en otras, el doble de guardiacárceles que detenidos. En la alcaidía Roberto Pettinato, de esta ciudad, había 78 presos y más de 160 agentes.

Desde ahora, los administrativos ya no cobran viáticos ni horas extras: sólo las cobran quienes trabajan en las cárceles. "Es un incentivo para quienes están en contacto con los internos, que es un trabajo de riesgo comparado con las tareas de oficina, en las que el riesgo más grande es quedarse sin tinta para la impresora", graficó Rozas.

"El penitenciario era un mundo que se autogobernaba", concluyó el ministro Ferrari.

miércoles, 12 de abril de 2017

Un testigo complicó a la esposa de Máximo Kirchner en la causa por irregularidades en el Plan "Argentina Sonríe"

PAREJA K. Máximo Kirchner y Rocío García, durante la asunción de Cristina en 2011.(TN.com) - Un auditor médico dijo que Rocío García era la persona que daba las órdenes del programa K de odontología.

La esposa de Máximo Kirchner está imputada por defraudación a la administración por el manejo de $ 223 millones por "Argentina Sonríe", el ambicioso plan K de asistencia dental que implicaba una enorme inversión pública, pero que no cumplió con sus objetivos y estuvo plagado de irregularidades. 

El programa a cargo de Rocío García suponía una inversión de $ 127 millones para hacer 2 millones de prácticas por año pero, durante el tiempo que funcionó, sólo se hicieron 11 viajes: 6 de ellos a Santa Cruz y los restantes, a Buenos Aires y Entre Ríos.

La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, ante el que declaró un testigo que complicó en la investigación a la cuñada de la expresidenta Cristina Kirchner. "Todo se hacía en función de lo que ella pedía", le dijo al magistrado, en testimonial, un auditor del ministerio de Salud. De acuerdo al informe final de auditoría se registraron un faltante de cerca de ocho millones de pesos en equipamiento, además de irregularidades en el manejo de personal y pago de sueldos, entre otras cuestiones.
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Se detectaron además otra serie de irregularidades como "desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos" y compras sin los debidos procesos licitatorios. En una reciente declaración, el auditor Marcelo Francisco expuso ante Ercolini una serie de detalles sobre la causa, con la correspondiente documentación, que complica la situación judicial de la actual ministra de Salud de Santa Cruz. "Se hacía y se dejaba de hacer lo que ella indicaba", indicó Francisco, consigna Clarín.
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El informe indica que se detectó un faltante de equipamiento de $ 7 769 592 en el Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) de Río Gallegos, que dirigía la exposa de Máximo, y que hubo irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas". Esto implica la "posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud", entre otras anomalías.
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En la auditoría detectaron parte del equipamiento médico que tenía estar en los móviles sanitarios, que costaron $ 80 millones, en salas del Centro Articulador. A pesar de estos movimientos no había "actas de traspaso y/o documentación que certifique el traslado de equipamiento", acusa el informe.

En la oficina trabajaban 186 personas y, en este sentido, se denunciaron "graves irregularidades en los procedimientos implementados". Por ejemplo, contrataciones donde el Ministerio "abonó los salarios aunque se encontraban trabajando afectados al CAPS hasta setiembre del 2016" y que "en dicha fecha en forma injustificada y unilateral, 19 contratados fueron desafectados".

martes, 11 de abril de 2017

Confirman el procesamiento de De Vido por la compra de chatarra ferroviaria

Resultado de imagen para De Vido + ferrocarrilPor Claudio Savoia - Clarin.com
La sala I de la Cámara Federal ratificó la medida del juez Ercolini. El ex ministro kirchnerista está acusado de administración fraudulenta y coimas.

Las negras nubes judiciales que oscurecen el horizonte del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido comenzaron a avanzar sobre él: la sala I de la Cámara Federal acaba de confirmar su procesamiento por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal.

Hasta el camarista Eduardo Freiler -cuyo juicio político en el Consejo de la Magistratura es inminente- opinó que "el Ministro (De Vido) conocía las consecuencias posibles de la falta de control de desembolsos patrimoniales ingentes y, sin embargo, continuó con el plan sin realizar controles y firmando nuevos convenios que determinaban nuevas erogaciones”. Recordemos: por esta causa están procesados y presos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su lobbista y posible testaferro, Manuel Vázquez.
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“Se ha comprado material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional”, continúa Freiler.

Su colega Lepoldo Bruglia, que completó la sala como subrogante hace unos meses, recordó que "Julio De Vido junto con su consorte de causa Ricardo Raúl Jaime –ya procesado- llevaron a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público, quien pagó a las empresas españolas y de Portugal un precio descomunal por material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado. Las sumas de dinero emanadas del Estado Nacional resultaron ser de euros 76.3 millones de euros en el caso de las firmas españolas y euros 25.639.896 para la empresa de Portugal."
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En cuanto a la responsabilidad del ex ministro, Bruglia consideró que "Julio De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos señalados y también omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos y, que además por los montos dinerarios que insumió no podía pasar desapercibida para el nombrado de conformidad con la función que desempeñaba."

En julio del año pasado, el juez Julián Ercolini había procesado al ex ministro de Planificación Julio De Vido, y embargó sus bienes en cien millones de pesos, bajo la acusación de haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y haber cobrado coimas.

La causa, iniciada en junio de 2013, recibió un nuevo impulso tras la incorporación como querellante de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso.

Rechazan un embargo a turbinas de helicópteros que habían pedido los fondos buitres

Rechazan un embargo a turbinas de helicópteros que habían pedido los buitres(Clarin.com) - Lo dispuso un juzgado de Ohio.  Es en respuesta a un reclamo de bonistas europeos.

El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firma el pago a los bonistas, en abril del año pasado.

Un juzgado de Ohio dejó sin efecto la medida cautelar que habían solicitado la semana pasada un grupo de holdouts europeos y buscaban embargar un par de turbinas de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Los fondos reclamaban esa medida pujando por el pago de una deuda en default, pero la justicia estadounidense consideró hoy que los dos motores son activos militares no embargables.

Fuentes del Ministerio de Finanzas que encabeza Luis Caputo confirmaron a Clarín que la justicia de Ohio denegó el pedido del fondo default y ya no queda instancia de apelación. El fondo de Luxemburgo rechazó el año pasado la oferta argentina de US$ 162 millones y en nombre de un grupo de acreedores alemanes, decidió una actitud más agresiva contra la Argentina.

Las dos turbinas en cuestión son de helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas que están en reparación en la planta de General Electric. La jueza Patricia Gaughan entendió que estos activos al ser de uso militar y diplomático y no tienen un fin comercial, no podían ser embargados. "Pidieron el embargo y se les denegó. La cuestión termina aquí", explicaron a este diario en el ministerio de Finanzas.

Asimismo, desde el equipo de Caputo, mantienen negociaciones con otros fondos de inversión, Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, para llegar a un acuerdo. Tras el fallo histórico del Juez Thomas Griessa, Argentina saldó el reclamo del 99% de los holdouts.

Confirmado: las máquinas de Báez irán a Vialidad Nacional (II)

Por Lucía Salinas - Clarin - Se trata de 565 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de Austral Construcciones en Río Gallegos y otras 100 en el resto de la provincia.
Confirmado: las máquinas de Báez irán a Vialidad Nacional
El parque automotor de Austral Construcciones será usado por Vialidad Nacional. Foto Juano Tesone.

Un nuevo revés judicial para Lázaro Báez. La Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello que otorgó la guarda judicial del parque automotor de Austral Construcciones SA, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). La defensa del empresario K, a cargo de Maximiliano Rusconi, había apelado dicha medida, sin éxito. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de la firma insignia de Báez, en el acceso principal a Río Gallegos, y otro conjunto de máquinas en campos y obradores. En su totalidad ascienden a 665 en toda la provincia. Desde Vialidad explicaron a Clarín cómo utilizarán las máquinas.

Es la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización para "asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado". El juez Casanello designó como depositario judicial a la DNV de los rodados y equipos viales –propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dos de las principales constructoras de Báez, preso hace un año.
Confirmado: las máquinas de Báez irán a Vialidad Nacional
Parte del parque automotor de Austral Construcciones SA. Foto Juano Tesone.

Aunque Rusconi apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario K son 800 millones de pesos en la Ruta del Dinero K-, dinero sospechado de ser producto de un ilícito, sino también considerar que muchos de los bienes "pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional".

En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar "la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado" en caso de que se confirme los investigado en la causa: el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz. En este punto, en la causa ya se consignó que desde 2005 a 2015 Lázaro Báez que recibió 52 contratos por 46.000 millones de pesos (a valores actuales), logró incrementar su patrimonio de manera sustancial: 2.547 millones de pesos en 418 propiedades.

​En tal sentido, la Cámara Federal consignó que Argentina se comprometió internacionalmente "a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito", al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional. Y que a su vez, no se desconoce la existencia de "un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos".

domingo, 9 de abril de 2017

Arreglo en una licitación de Gils Carbó

Resultado de imagen para Perón 667Por Ricardo Roa - Editor del diario Clarín
En el complicado ajedrez judicial de Cristina, la jefa de los fiscales Gils Carbó es la reina que usa para defenderse y para sacar al Gobierno. Con notable entusiasmo sus fiscales ya imputaron a Macri en cinco causas. Y a los funcionarios de Macri, en decenas.

Pero Gils Carbó tiene sus propios problemas: acumula pedidos de juicio político y denuncias penales. En octubre zafó de la destitución negociada con la oposición por una oposición: la de Carrió que mandó para atrás la movida. A la blindada Gils Carbó la desvela hoy el negociado con la compra en 2013 del edificio de Perón 667 donde funciona ahora la Procuración.

Hay diálogos, más bien documentos, que prueban una operación amañada. Están en mails que tiene la Justicia y que intercambiaron Adrián Gonzalez Fisher, gerente de Arfinsa, la empresa vendedora y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria encargada de la venta.

En uno, Bárbara le dice a González: “...hay que esperar a que aparezca mañana publicado, pero me adelantan que nos quedemos tranquilos...”. Habla de la licitación pública de la Procuración para comprar un edificio. El mail es del 11 de marzo. La licitación 01/2013 de la Procuración se publicó en el Boletín Oficial el 14 de marzo, tres días después. La operación estaba cocinada.

¿Quién le adelantó a Jaureguiberry que “se quedaran tranquilos”? En los mails aparecen dos nombres que son investigados: Juan Carlos Thill y el abogado Rafael Mallo. Otro nombre flota detrás de esos nombres. Es el del ex esposo de Gils Carbó, Héctor Gustavo Alonso que ya tuvo problemas con la Justicia.

La historia de esta maniobra tiene otra historia: en diciembre del 2012 Gils Carbó anuló sorpresivamente la compra acordada del edificio de Alsina 872. Costaba 30 millones de pesos. Gils Carbó argumentó que no tenían tanta plata y llamó a una nueva licitación. La del “nos quedemos tranquilos”. Pero por el edificio de Perón pagó aún más: 54 millones. Apareció la plata que no había.

Gils Carbó anuló una compra y armó una nueva con el compromiso en el pliego de no pagar comisiones. La promesa quedó sólo en el pliego: Arfinsa le pagó a Jaureguiberry una insólita comisión del 18%, el triple de las habituales. Y Jaureguiberry hizo otra cosa insólita: creó una empresa sólo para percibir esa comisión. Más de 1.000.000 millón de dólares. Cualquier semejanza con Boudou, The Old Fund y las coimas con Formosa no son pura coincidencia. Justamente aquí flota el nombre del ex de Gils Carbó.

Gils Carbó fue imputada. Declaró que si existió una comisión la pagó la empresa vendedora. O sea un negocio entre privados como lo que Kirchner alegó en Skanska. Y dijo que su ex le había dicho que no tenía nada que ver. Todo está en manos del juez Ercolini y del fiscal Taiano, notorio fiscal de la causa Nisman y notorio porque cuando iba a apelar en el caso del enriquecimiento de Cristina le secuestraron un hijo.

Para Taiano este es un caso dos veces difícil. Porque él mismo depende de Gils Carbó. Y porque salpica nada menos que a la jefa de los fiscales.

miércoles, 29 de marzo de 2017

Prescriben las indemnizaciones por la dictadura

(La Nación) - Lo dispuso la Corte para las reparaciones económicas a las víctimas.

La Corte Suprema de Justicia resolvió la prescripción del derecho a reclamar al Estado indemnizaciones civiles para víctimas de la última dictadura militar.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz votaron por la mayoría, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia.

El caso analizaba un reclamo donde se debatió si prescribía o no el derecho para reclamar reparaciones económicas al Estado de quienes acrediten haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El planteo lo hizo Amelia Ana María Villamil, quien promovió una demanda contra el Estado nacional en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, en 1977, cuando se los llevó "un grupo de personas uniformadas que prima facie actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad". La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, tal como lo solicitó el Estado: consideró que al momento de iniciarla, en 1998, "se encontraba largamente cumplido el plazo de prescripción bienal aplicable, según la jurisprudencia de esta Corte".

Pero la mujer apeló y la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso: se sostuvo que "aun si se quisiera considerar un plazo de prescripción, éste no sería factible" por el carácter "permanente" del delito mientras la víctima no aparezca. El caso llegó ahora a la Corte Suprema, que, en una votación dividida, cerró la puerta al caso para las apelaciones. Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz entendieron que no corresponde extender la imprescriptibilidad al caso de una indemnización. "En un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional", dijeron los jueces.

martes, 28 de marzo de 2017

Cristóbal López perdió el control de la autopista a Ezeiza

Cristóbal López perdió el control de la autopista a EzeizaPor Lucía Salinas - Clarin.com
Vialidad Nacional nombró un interventor en la empresa porque el empresario K debe 500 millones de pesos al Estado.

Cristóbal López, más complicado con sus negocios. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Sumando dificultades en sus negocios, Cristóbal López perdió el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza-Cañuelas, concesión que obtuvo a través de la empresa Aecsa. La semana pasada Vialidad Nacional firmó la resolución de la intervención donde nombró a Roberto Pérez Vierira al frente del manejo del millonario negocio que, tal como informó Clarín en noviembre pasado, será rescindido por el Gobierno. La deuda que mantiene el empresario kirchnerista, actualizada y con la sumatoria de los intereses, asciende a 500 millones de pesos, confirmaron fuentes oficiales.

Con la firma de Javier Iguacel, se oficializó al resolución de la “intervención ampliada” sobre el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza - Cañuelas. Esto significa que Cristóbal López perdió el manejo y administración del uno de los contratos más importantes que obtuvo durante el kirchnerismo. El Estado le contabiliza una deuda de $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes que no se pagó, “el dinero que no pagaron lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, señalaron fuentes del organismo vial a Clarín.

La decisión está tomada y es cuestión de semana para que se rescinda el contrato de AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que el Grupo se niega a pagar. Por eso interpusieron medidas cautelares que no lograron impedir que el negocio llegue a su fin antes de lo previsto.

“Acá se está aplicando la ley, hay varios incumplimientos por parte de López que nos llevan a tomar esta decisión de rescindir”, dijo Iguacel en diálogo con Clarín. Entre las irregularidades que se tuvieron en cuenta para la intervención, se consignó que, la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa no pueden -por ley- superar el 20% de la garantía que se colocó en el contrato, “y a la fecha el acumulado pendiente de multas impagas es de más del 400% “.

En este punto Vialidad Nacional responsabiliza a la gestión anterior, "López no pagó pero el Gobierno incumplió al no exigirle el pago de la deuda durante años”, indicaron a Clarín. 

Si bien, no es parte del contrato original, el RAE se incorporó a través de una adenda desde que López tiene el negocio de la autopista. Un porcentaje debía dirigirse a un fideicomiso para obras, “las autopistas dejaron de pagar este impuesto desde 2013 cuando Cristóbal ingresó en la concesión, hicieron una operatoria similar con el Impuesto al Combustible”, señaló una fuente oficial. En este último caso, el empresario K tiene una causa en el fuero penal económico por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al ITC y con esos fondos financió parte del Grupo Indalo.

lunes, 27 de marzo de 2017

Vialidad usará la maquinaria de Báez (II)

Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos
Por Mariela Arias, Diego Cabot - LA NACION

Un juez dispuso la cesión de casi 1000 vehículos para obras.


Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos. Foto: Horacio Córdoba

Desde la sombra de un calabozo en la cárcel de Ezeiza, Lázaro Báez ve cómo se desploma su imperio, construido bajo sospechas de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Ahora se suma su flota de maquinaria y vehículos, una de las más grandes de la Argentina: 986 unidades que pertenecen a Austral Construcciones están por ser entregadas a Vialidad Nacional para que las use en las obras que encare mientras dure el proceso judicial. Así lo confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Entre esas 986 unidades se encuentran 141 camionetas, una tuneladora, 236 camiones, 88 motoniveladoras, 71 vibrocompactadores lisos, 56 rodillos neumáticos y 43 retroexcavadoras, entre otro tipo de maquinaria utilizada para la construcción de autopistas, pavimentaciones, bacheos y el mantenimiento de rutas. La mayor parte de la maquinaria se encuentra en un predio sobre la ruta 3 en el ingreso principal a la ciudad de Río Gallegos, en la sede operativa de Austral Construcciones.

Todo empezó en agosto pasado, cuando el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, pidió la guarda judicial de la maquinaria de Austral Construcciones.

Según las constancias del expediente, todo ese herramental vial estaba en desuso desde noviembre de 2015, cuando la empresa de Báez dejo de funcionar y presentó un procedimiento de crisis para poder despedir trabajadores.

Vialidad se presentó ante la Justicia y alegó que la paralización de todas las obras por parte de Austral Construcciones había generado un perjuicio al organismo. Luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez Sebastián Casanello le otorgó provisoriamente todo el equipamiento a Vialidad.
Un total de 43 retroexcavadoras y 236 camiones están arrumbados en el playón de la empresa
Un total de 43 retroexcavadoras y 236 camiones están arrumbados en el playón de la empresa. Foto: Horacio Córdoba

Austral Construcciones no se quedó quieta. Apeló la medida de Casanello y ahora las partes esperan la decisión de la cámara. En Vialidad son optimistas y creen que finalmente saldrá como ellos pidieron. De acuerdo con sus tiempos, cuando efectivamente sean entregados al organismo, el proceso de sacar los vehículos de los lugares donde están llevará 60 días.

De acuerdo con una auditoría, de las 986 unidades 459 se encuentran en buen estado de conservación, 206 están en condiciones regulares y 321, en mal estado. Gran parte de esta maquinaria sufre un considerable deterioro cuando no se utiliza, de ahí que Vialidad pidiera que se la entreguen.

Además de miles de metros cuadrados y cientos de propiedades, Lázaro Báez llegó a poseer casi 1000 vehículos a su nombre y el de sus empresas constructoras. Desde maquinaria de la construcción, autos y camionetas hasta coches de lujo y de colección. El empresario detenido desde hace un año en Ezeiza acopió vehículos sin parar. El 98% de ellos estaban registrados a nombre de la hoy investigada e intervenida Austral Construcciones SA.

Así se desprende de los informes de dominios de tipo nominal correspondientes a las constructoras Austral Construcciones SA, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, generados por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y solicitados y publicados por LA NACION en 2013. En ese momento, la cifra exacta era de 910 vehículos. Sin embargo, el propio Báez había afirmado luego de la publicación que el número era superior.

De los seis informes nominales analizados no surge información del costo de los rodados, pero en los balances de la empresa Austral Construcciones a los que accedió LA NACION se encuentran algunas curiosidades. En el balance de 2008, la empresa informó que tenía un capital de $ 34,8 millones en camiones, otros $ 21,3 millones en autos y camionetas y $ 94,2 millones en máquinas y equipos. Pero el gasto en combustibles y lubricantes, aun con toda esa flota, fue de "cero pesos".

En el balance de 2009, informó que tenía $ 35 millones en camiones, pero sólo $ 8,4 millones en autos y camionetas y $ 17,4 millones en máquinas y equipos. Pero esta vez sí tuvieron gastos, dado que se incluyeron $ 6,1 millones en combustibles y lubricantes.

Sin embargo, en los balances de 2010 y 2011 no aparece detalle de vehículos. Si se coteja esa información con los datos arrojados por los informes de dominios, surge que por lo menos 159 autos fueron registrados a nombre de Austral Construcciones SA en ese mismo lapso.

domingo, 26 de marzo de 2017

Diez años después, usarán la plata de la valija de Antonini para construir dos centros para niños

Diez años después, usarán la plata de la valija de Antonini para construir dos centros para niños
Por Claudio Savoia - Clarin.com

Un juez le pidió al Jefe de Gabinete que le diera un destino social a los casi 800 mil dólares descubiertos en una valija en Aeroparque. La ministra Stanley eligió el proyecto.


Septiembre de 2008: Guido Antonini Wilson en Miami, antes de una audiencia judicial pocas semanas después del secuestro en Aeroparque de una valija atribuida a él con casi 900 mil dólares.

Fue una madrugada fría y brumosa de agosto, hace casi diez años: recién aterrizado en Aeroparque, a uno de los pasajeros de un jet privado fletado por la empresa estatal Enarsa desde Caracas la Policía de Seguridad Aeroportuaria le encontró en su valija 790.550 dólares. ¿Su nombre? Guido Antonini Wilson, un ignoto empresario venezolano que viajaba en ese vuelo junto al presidente de la petrolera creada por el kirchnerismo, Exequiel Espinoza; al titular del ente controlador de los peajes y hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner y Julio De Vido, Claudio Uberti; y a directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El escándalo por el portentoso hallazgo fue gigantesco. Empañó la campaña presidencial de Cristina Kirchner -a la que estaban destinados los dólares voladores, según declaró después Antonini Wilson- y causó un incidente diplomático con Estados Unidos, cuando la flamante presidenta acusó a Washington de proteger al supuesto dueño de aquella valija, a quien nadie había molestado en Buenos Aires ni impedido su sigilosa partida a Uruguay dos días después del episodio en Aeroparque.

Como en otras tantas causas de corrupción, el fuego de aquel incendio fue apagándose con el tiempo, mientras el dinero secuestrado a Antonini como prueba de un supuesto contrabando se mantenía bajo una burocrática guarda judicial. Hasta ahora: en septiembre del año pasado, el titular del juzgado en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola -que tiene la causa que involucra a Antonini Wilson-, ordenó el decomiso definitivo de la fortuna incautada hace una década y le pidió al Jefe de Gabinete Marcos Peña que estableciera “cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro)” para esa plata.

Aunque lógica y a todas luces tardía, la decisión de Yadarola no dejó de ser atrevida, ya que hasta ahora ningún juez había ordenado el decomiso de fondos en una causa sin sentencia firme. El magistrado lo convocó a Peña como "administrador general del país", según la competencia que le otorga la Constitución.

La jefatura de Gabinete inició entonces una ronda de consultas para destinar los dólares de Antonini a algún proyecto de impacto social. Entre otras ideas, se analizó utilizar la plata para la construcción de un centro para víctimas de violencia de género, pero finalmente la ministra de Desarollo Social Carolina Stanley propuso financiar la construcción de dos espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán. "Allí se prevé la atención integral en doble jornada de más de 200 niños y niñas de 45 días a 4 años, junto con sus familias", explican a Clarín desde la Jefatura de Gabinete. "En un plazo aproximado de doce meses esperamos comprar los predios para los dos centros, adquirir los materiales para construir, contratar la mano de obra y comprar el equipamiento necesario para su funcionamiento".

El plan también contempla un convenio con la Asociación Civil Centro de Madres Cildañez, que además de participar y controlar el avance y los detalles de la obra trabajará en los centros de primera infancia cuando estén en funcionamiento.

"Además de ser el primer decomiso de dinero que vuelve al Estado, se trata de un caso emblemático que todo el mundo recuerda", dicen en las oficinas de Marcos Peña. "Estamos trabajado para lograr el recupero de activos en forma sistemática, para lo cual sería clave que el Senado apruebe el proyecto de extinción de dominio de bienes incautados en casos de corrupción, para tener más herramientas", presionan. Esa ley, que dio el primer paso en Diputados sin muchas objeciones, está paralizada en la Cámara Alta por la resistencia pertinaz de los bloques opositores.

De Venezuela a Aeroparque, y de una valija al conurbano tucumano, para atenuar las carencias de los bebés y chicos más pobres en la provincia que hace quince años le enseñó al país cómo era la cara del hambre. Puede ser el primer paso, pero si el Congreso y la Justicia no cambian, también el último.

viernes, 3 de marzo de 2017

Intervienen el Registro Civil de Cordoba tras hallar DNI truchos

Por Edgardo Litvinoff - La Voz

  • Tienen el mismo número, pero distintas fotos o firmas. 
  • El Ministerio de Justicia de Córdoba intervino el Registro Civil provincial.
  • La Fiscalía Federal 2 imputó a 17 personas.

El Registro Provincial fue intervenido por el Ministerio de Justicia de Córdoba. (Facundo Luque / Archivo)

Es simple: si cada uno revisa su DNI observará que tiene un número, su foto, su firma y sus huellas digitales. Pero el año pasado, el Registro Nacional de las Personas –que centraliza los datos de cada habitante del país– detectó DNI y pasaportes con igual número, pero con distintas fotos o bien distintas firmas. Al parecer, la forma de confección de estos documentos fue tomar un trámite normal de cualquier ciudadano y cruzarlo con la foto y/o la firma de otro.

Estos casos de usurpación de identidad, según la auditoría del Registro Nacional, no se podrían haber hecho sin la connivencia de un oficial público. Se trata de nueve casos detectados en el Registro Provincial, pero también algunos en dependencias de la Municipalidad de Córdoba.

Todavía no se sabe para qué se podrían haber usado las identificaciones truchas, pero las sospechas son múltiples: desde prófugos que necesitan hacer trámites sin ser detectados hasta personas que querrían entrar a una cancha de fútbol, pese a estar inhibidos para hacerlo.

El sistema nacional es el que cuenta con el software que detecta y alerta sobre estos casos. Apenas realizada la auditoría, la dependencia nacional realizó la denuncia en la Justicia federal y remitió el caso a Córdoba.
El Ministerio de Justicia local, a cargo de Luis Angulo, inició una investigación administrativa que derivó, ayer, en la intervención del organismo de la calle Caseros, en la capital provincial. También decidió trasladar a esos 11 empleados a otras reparticiones. La interventora será Laura Echenique, la secretaria de Justicia del Ministerio.

“El ministro decidió intervenir inmediatamente y separar a los empleados”, dijo Echenique, y señaló que hay motivos suficientes para ello, pese a que debe respetarse la presunción de inocencia hasta tanto se esclarezca la situación.

Uno de los hechos que más llama la atención de los investigadores es que, aunque el sistema emitía un alerta por “Fotografía no aprobada”, los empleados igual continuaban con el trámite que derivaba en ese DNI o pasaporte truchos.

La auditoría del Registro Nacional también detectó estas maniobras en registros de Wilde y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires.


En la Justicia

La causa judicial recayó en noviembre en la Fiscalía Federal 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, quien al cabo de estos meses de investigación imputó a 17 personas: la mayoría son empleados del Registro Civil de Córdoba, pero incluyó también a los beneficiarios de esos documentos. La Provincia también se constituyó en querellante.

Tanto el fiscal como los funcionarios del Ministerio de Justicia de Córdoba coinciden en que el sistema informático es muy bueno, y en que, si bien no cierran la puerta a ninguna posibilidad, es muy difícil que se trate de un error de ese tipo. “Nos asesoramos muy bien y es casi imposible hackear el sistema; es infranqueable. Por eso tomamos esta decisión. La maniobra es curiosa por lo elemental y lo simple: uno se saca la foto y otro firma”, explicó Vidal Lascano.

De ahí la sospecha que recae sobre los empleados del Registro.

¿Advertidos?

Hay otro elemento que llama la atención de los investigadores. En diciembre se realizó un operativo para seguir a las personas que habían comenzado a realizar uno de estos trámites en el Registro Civil provincial. Era para sacar un pasaporte, que ya tenía otra versión de ese mismo documento. Pero llegaron el día y la hora establecidos para el turno, y esa persona no apareció. 

Tanto desde la Justicia como desde la Provincia creen que la situación es muy grave, debido a la inseguridad jurídica que podría provocar este tipo de “falla” o “trampa”, según lo que finalmente se determine. De cualquier manera, es un llamado de atención a la vulnerabilidad del sistema, que podría abrir la puerta a graves irregularidades y/o delitos.

En la Municipalidad

Sin imputados. El director del Registro Civil del municipio de Córdoba, Lucas Samame, dijo que la fiscalía lo llamó para explicar cómo funciona el sistema, señaló que si hay irregularidades se suele hacer la denuncia, y dijo no tener detalles de este caso. De todos modos, no hay municipales entre los imputados.

domingo, 26 de febrero de 2017

Detectaron más inmuebles que los Kirchner ocultaron

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La AFIP ubicó otra propiedad de la firma y departamentos que no fueron informados.

Durante años, los Kirchner ganaron millones por el alquiler de sus inmuebles a tres inquilinos: Lázaro Báez, Cristóbal López y una ignota sociedad anónima que no registró actividad y fue declarada inactiva. Así surge de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) envió a la Justicia sobre la sociedad Los Sauces y en el que alertó algo más: la ex familia presidencial es dueña de por lo menos otro inmueble en Río Gallegos sobre el que jamás informó al organismo y, por lo tanto, evadió impuestos.

"Efectuadas las consultas informáticas obrantes en el organismo no se observa la exteriorización del citado bien en las declaraciones juradas [del] impuesto a las ganancias", alertaron los investigadores de la AFIP, que accedieron a la escritura de compraventa de 2010 y a los datos de la parcela, y corroboraron que desde entonces "no se ha incorporado al activo (declarado al fisco) de la sociedad" Los Sauces y que por ende no tributó lo correspondiente.

Los sabuesos fueron más lejos. Cruzaron los registros que la Justicia obtuvo durante los allanamientos con los datos de la AFIP y detectaron que los Kirchner informaron nueve inmuebles para alquilar, pero que (además del que hasta ahora no había sido informado), otros dos abarcan en realidad cuatro departamentos cada uno. Así, los nueve inmuebles originales serían, en realidad, 16 propiedades en total.

Los técnicos de la AFIP detallaron que el inmueble sin declarar al fisco a nombre de Los Sauces SA queda en el número 66 de la calle 25 de Mayo de Río Gallegos y los Kirchner se lo compraron a Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Investigado como presunto testaferro de los Kirchner, Báez aparece una y otra vez en el informe de la AFIP sobre Los Sauces, la sociedad que el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo investigan, ante la sospecha de que sirvió para canalizar coimas, lavar dinero sucio y diversos negocios incompatibles con la función pública.

Por lo pronto, el informe expuso que Los Sauces facturó más de $ 22,2 millones entre 2009 y 2014 si se cuenta sólo a sus tres inquilinos más sustanciosos: Báez (que desembolsó $ 5,8 millones más IVA a través de sus constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla), Cristóbal López (que pagó $ 14,3 millones, más IVA, por medio de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia), y la firma Solvencia Crediticia SA (más de $ 1,8 millón, más IVA; es decir, unos $ 2,2 millones), a pesar de que no registraba movimientos, según el Banco Central (BCRA), ni presentaba balances, por lo que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declaró inactiva.

A esas primeras cifras, sin embargo, debe sumarse la facturación de 2015 y 2016. Registró otros $ 8,8 millones de López (también vía Alcalis e Inversora M&S, la firma que canalizó los $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP), pero sólo $ 631.766,97 de Báez (con Kank y Costilla, y Austral Construcciones), justo cuando el ex empleado del Banco de Santa Cruz ya afrontaba múltiples problemas.

Así, entre 2009 y 2016, los ingresos de Los Sauces superaron un total de $ 31,6 millones, de los que López abonó el 73% ($ 23,1 millones) y Báez otro 20,2% ($ 6,4 millones), en línea con lo que expuso el peritaje contable que también requirió Bonadio y trascendió a mediados de enero. Pero con una diferencia: mientras los peritos basaron su análisis en los registros contables que se llevó la Justicia de varios allanamientos, los sabuesos cruzaron y cotejaron esos registros con los datos disponibles en las bases de la AFIP, sujetas al secreto fiscal.

Problemas de fechas

En esa línea, a la hora de repasar los inmuebles que integran el acervo de Los Sauces, los sabuesos detallaron que la sociedad sólo declaró ante la AFIP nueve inmuebles: tres en la ciudad de Buenos Aires, otros tres en Río Gallegos,dos en El Calafate y el restante el El Chaltén, provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, los técnicos detectaron inconsistencias. Así, dos de los "inmuebles" en Río Gallegos corresponden a lotes donde los Kirchner son dueños de cuatro departamentos en cada uno. Es decir, ocho en total. Los Kirchner pusieron el lote, Báez construyó los edificios y se repartieron luego por mitades los departamentos, aunque después Báez se los alquiló a Kirchner.

El tercer inmueble en la capital santacruceña, en tanto, es la casa de la calle Mascarello 441 que la Justicia investiga por sospechas de lavado. ¿Por qué? Porque en octubre de 2011 esa propiedad la compró un socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, a través de la firma Negocios Patagónicos por $ 200.000, pero se la vendió a Los Sauces once meses después y seis veces más cara.

Al revisar toda la documentación, no obstante, la AFIP detectó una incongruencia temporal: "Los Sauces SA exteriorizó la incorporación a su patrimonio de dicha propiedad en el mes de agosto/2010 para el impuesto a las Ganancias". Es decir, abundó, "fecha anterior a las consignadas en las escrituras traslativas de dominio de las operaciones de compra y venta realizadas por Negocios Patagónicos".

Facturación bajo la lupa

Allí no se acabarían las inconsistencias en los registros de Los Sauces. ¿El primer dato llamativo? Desde 2006 jamás repartieron dividendos. Sólo "honorarios", "asignados íntegramente a Máximo Kirchner", por $ 1,1 millones.

Por el contrario, todos los miembros de la familia Kirchner -Néstor, Cristina, Máximo y Florencia- declararon haber hecho aportes para capitalizar la sociedad, aunque con el paso de los años esos fondos quedaron muy por debajo de lo que retiraron mediante "cuentas particulares de socios", lo que permite consignar esos retiros como préstamos, en vez de como ganancias.

Para Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer quien radicó la denuncia con la que comenzó la investigación sobre Los Sauces, sería una forma de entorpecer el seguimiento de la riqueza familiar. "Mediante artilugios de contabilidad ilegal", explicó, "los Kirchner lograron adquirir inmuebles utilizando una sociedad pantalla y a su vez retirar sumas millonarias de esa firma sin que se notara un incremento de su patrimonio".

¿Cómo fue en la práctica, según el informe de la AFIP? Los Kirchner dijeron que aportaron $ 11,6 millones a Los Sauces, pero se llevaron más de $ 17,3 millones -sin contar 2016-, muy por encima de las ganancias de la sociedad y sin recurrir al reparto de dividendos, como impone la ley.
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