El Estado destinará más de 130 millones este año para pagar los sueldos de los obispos

Por  SEBASTIÁN IÑURRIETA - Cronista.com

En medio de la frialdad cada vez más patente entre la Casa Rosada y el Vaticano, a pesar gestos de distensión como el reciente saludo oficial de Mauricio Macri por el quinto aniversario de la transformación de Jorge Bergoglio en Francisco, ayer se conoció que el Estado (laico) destinará este año más de $ 130 millones en sueldos la Iglesia. El dato fue, otra vez, revelado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último parte al Congreso.

"El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", reza el segundo artículo de la Constitución nacional. Por ello, junto a la ley 21.950 de 1979 que especifica que el Estado abonará a obispos y arzobispos el 80% de la remuneración de un juez de primera instancia, según informó Peña a los diputados, el pago de sueldos eclesiásticos ascenderá a $ 130.421.300. En 2017 estaban asignados $ 7 millones menos.

De esta forma, los obispos diocesanos percibirán $ 46.800 mensuales, lo mismo que los administradores apostólicos; mientras que los auxiliares y eméritos, $ 40.950. Son alrededor de 130 los beneficiarios y hasta junio de 2016 (luego aumentado en sintonía con las paritarias estatales) el sueldo mínimo para obispos era de $ 32.526. Pero no sólo es eso lo que hay que pagar: existen otras dos normas (leyes 22.162 y 22.950) que obligan al Gobierno a subsidiar a sacerdotes que estén en zonas desfavorecidas y a seminaristas.

A mediados del año pasado, el mismo Peña detalló en otro informe al Congreso que a los sueldos de obispos (entre $ 30 y $ 40 mil), el Estado también debía abonar $ 2500 por mes a 1150 seminaristas y otros $ 3 mil a 516 parroquias de fronteras. También había entonces 47 sacerdotes ancianos sin cobertura que, por ley 22.430 obtienen una jubilación graciable sin aportes: recibieron en 2016 unos $ 3700 por mes.

Por otra parte, también respondió Peña que el área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social financió a 45 instituciones católicas a través de asistencia económica (subsidios no reembolsables) y asistencia técnica. Entre ellas figuran, Cáritas-Conferencia Episcopal Argentina, Obispado de San Isidro y Fundación Padre Miguel.

El aporte estatal a la Iglesia está en alza, peleando cabeza a cabeza con la inflación. Según el Presupuesto 2016, se destinaron $136 millones (sin incluir los $ 16 millones donados por el Gobierno que al final el Papa devolvió); en 2017 unos $ 167 millones; y para este año están previsto un desembolso de $ 177 millones.

"Un obispo gana lo que no gana un maestro", se quejó ayer por las redes sociales Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución que fue el que remitió la pregunta por los sueldos de la Iglesia.

Qué buen "rebusque" por "ponerse a rezar"...pensar que hay millones que lo hacemos gratis. 

Posible sorpresa financiera que podría traer la llegada de la directora del FMI a la Argentina

(El Portal de Salta) - La llegada de la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde a la Argentina es esperada con mucho entusiasmo en el día de hoy por el Gobierno de Mauricio Macri.

La máxima autoridad del FMI tiene previsto reunirse con el presidente Mauricio Macri, con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, según adelantaron fuentes oficiales a Infobae. También participará de una charla organizada por la Universidad Di Tella y luego en la reunión de ministros de Finanzas del G20 que se desarrollará entre el 19 y el 20 de marzo próximos en Buenos Aires.

Hay que recordar que el último Director Gerente que pisó la Argentina fue Rodrigo Rato. El 23 de setiembre del 2004 fue prácticamente echado por Néstor Kirchner cuando este decidió no renovar un acuerdo stand by con el FMI y no pagar una deuda por unos USD 9.500 millones de dólares que finalmente fue cancelada en enero del 2006 para independizarse definitivamente de los monitoreos anuales de la economía que hacía el organismo a sus países miembros y deudores de la institucionales.

La  visita de Lagarde, mas allá de marcar la vuelta de un Director Gerente del FMI a nuestro país luego de mas de 13 años, podría traer una gran novedad y un alivio al Gobierno de Mauricio Macri. En el mercado financiero, tanto en bancos como consultoras de la city porteña, ha comenzado a correr un rumor. El mismo indica que en la medida que la colocación de deuda pública en el exterior se complique por la suba de tasas de largo plazo en los Estados Unidos, el Gobierno no solo podría acudir a financiarse en el mercado interno colocando bonos y letras sino también a alguna línea de préstamos del FMI que la Argentina no utiliza desde septiembre del 2001, cuando pidió plata por última vez a esa institución.”La Argentina podría obtener ya del FMI ya una línea de crédito por unos 10.000 millones de dólares que están disponibles para cualquier país que tenga problemas de financiamiento externo. 

La ventaja es que en lugar de pagar una tasa del 7,5 % anual por la colocación de un bono a 5 años pagaría aproximadamente un 4,5 % anual y con ese monto de dólares cerraría su programa financiero

para este año y ya consiguió unos USD 20.000 millones contando la reciente colocación de Letes”

manifestó a Infobae un conocido consultor económico.

Por otra parte, en el Gobierno no ven con malos ojos volver a endeudarse con el FMI en particular porque sería una deuda a tasas mas bajas que las que debe pagar lo colocación de sus bonos en dólares y también porque “es más fácil refinanciar las deudas con los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID que con el mercado financiero” manifestó a

Infobae un fuente cercana al Gobierno.

La Argentina tiene la posibilidad de pedirle prestado al FMI desde el 2016.  porque volvió a ser un país cuya economía está monitoreada por los técnicos de ese organismo que una vez por año hace una

exhaustiva revisión de la economía argentina que indica el artículo IV.  Lo que se debe aclarar también que el proceso de concesión de préstamos del FMI es bastante complejo. El organismo, ante la solicitud de un país miembro, por lo general pone a disposición sus recursos en el marco de un “acuerdo” de préstamo, que puede especificar, dependiendo del tipo  de instrumento de préstamo que se utilice, las políticas y medidas económicas específicas que el país conviene en poner en práctica para resolver su problema que por lo general es de balanza de pagos.

Luego el país, en consulta con el FMI, elabora el programa de política económica que sirve de base para el acuerdo y, en la mayoría de los casos, lo presenta en una “carta de intención” al Directorio Ejecutivo de la institución, con una explicación más detallada en el “Memorando de Entendimiento”. Luego una vez que el Directorio aprueba el acuerdo, los recursos del FMI se entregan normalmente en desembolsos periódicos a medida que se va ejecutando el programa. Algunos acuerdos proporcionan a los países que presentan un muy buen desempeño una sola oportunidad de acceso directo a los recursos del FMI, lo que significa que no están a sujetos a compromisos explícitos en materia de políticas.

Con relación a los Instrumentos de Préstamos del FMI hay que destacar que estos se adaptan tanto a

los diferentes tipos de necesidades de balanza de pagos (efectivas, prospectivas o potenciales; a corto o a mediano plazo) como a las circunstancias específicas de los diferentes países miembros que pueden obtener distintos tipos de préstamos. 

Entre estos, se destacan:

1. Préstamos no concesionarios.  Los instrumentos del FMI para préstamos no concesionarios son los Acuerdos de Derecho de Giro (acuerdos Stand-By), la Línea de Crédito Flexible (LCF), la Línea de Precaución y Liquidez (LPL); para necesidades a mediano plazo, el Servicio Ampliado del FMI (SAF); y para proporcionar asistencia de emergencia a los países miembros que enfrentan necesidades urgentes de balanza de pagos, el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).

2. Acuerdos de Derecho de Giro (Stand-By). Históricamente, la mayor parte de la asistencia no concesionaria del FMI se ha proporcionado en el marco de los acuerdos Stand-By como el último otorgado a la Argentina en el 2001. En general, tienen una duración de 12 a 24 meses, y el reembolso debe efectuarse en un plazo de 3¼ a 5 años.

3. Lineas de Crédito Flexible. Los acuerdos en el marco de la LCF se aprueban, por pedido del país miembro, a favor de países que reúnen ciertos criterios preestablecidos. La duración de la LCF es de uno o dos años con un examen provisional después de un año para confirmar que el país continúa cumpliendo con los criterios.

4. Línea de Precaución y Liquidez (LPL). La LPL está destinada a países con políticas y fundamentos sólidos, y una trayectoria de implementación de esas políticas. Los acuerdos enmarcados dentro de la LPL pueden ser de seis meses o de 1-2 años; estos últimos están sujetos a exámenes semestrales.

5. Servicio Ampliado del FMI (SAF). Este servicio ayuda a los países a resolver problemas de balanza de pagos de mediano y más largo plazo debidos a distorsiones importantes que exigen reformas económicas fundamentales. El plazo de los acuerdos ampliados suele ser más largo que el de los acuerdos Stand-By; normalmente, no supera los tres años en el momento de la aprobación, con una prórroga máxima de hasta un año cuando corresponde. 

La última revisión de la economía argentina por parte del FMI para cumplir con el artículo IV finalizó el 11 de octubre del año pasado al cerrar su visita a Buenos Aires en la que se reunió con funcionarios y analistas privados para relevar datos de la economía argentina. En ese entonces el organismo dio a conocer un comunicado en el que señaló que: “Las reformas emprendidas por las autoridades han producido un significativo aumento de la eficiencia y sentado las bases para una inversión privada más vigorosa en los próximos años”. Y aseguró que “acelerar las reformas contribuiría a mitigar las vulnerabilidades que se observan en las perspectivas a mediano plazo y

promovería un crecimiento vigoroso, sostenido y equitativo”. La misión estuvo encabezada por el economista italiano Roberto Cardarelli.

Fuente:https://elportaldesalta.com.ar/la-sorpresa-financiera-que-podria-traer-la-llegada-de-la-directora-del-fmi-a-la-argentina/

Argentina encuentra en Chile un nuevo socio regional para cambiar el balance de poder con Brasil

Por MARTÍN TORINO - Cronista.com

En el Gobierno consideran que el presidente Mauricio Macri ganará peso regional con la asunción de Sebastián Piñera en Chile. Los dos líderes parecen cortados por la misma tijera, tanto en su vida personal como en su carrera política. De ahí que en Cancillería ven con buenos ojos una "alianza" trasandina que sirva para resistir ante el líder regional, Brasil.

En sus dos años de presidencia, Macri ha dado varios guiños al otro lado de la Cordillera de los Andes mientras veía como Brasil ingresaba en una crisis institucional y económica. Desde que llegó a la Casa Rosada, Macri coqueteó con el ingreso de Argentina a la Alianza del Pacífico, un bloque regional que integran Chile, Colombia, México y Perú, y que se caracteriza por una mayor apertura comercial que el Mercosur, con el foco puesto en Asia. A su vez, el triunfo de Piñera le servirá para resistir al peso que tiene Brasil en el Mercosur y que quedó en evidencia cuando Michel Temer aprobó una reforma laboral que dejó en peor posición competitiva a sus socios como Argentina, Paraguay y Uruguay. En consecuencia, obsesionado con aumentar el comercio y las inversiones, Macri considera clave una buena relación con Chile.

En esa línea, la llegada de Piñera al Palacio de la Moneda es una buena noticia para el líder de Cambiemos. Los dos son millonarios conservadores, empresarios, ex presidentes de los equipos de fútbol más populares de sus países (Colo-Colo y Boca) y liberales en lo económico. Entre ambos, mantienen una relación más cordial de la que tuvo Macri con la presidenta socialista Michelle Bachelet.

Para la Casa Rosada, este es el momento de ganar peso a nivel regional. "Con Chile vamos a tener una relación más cercana y va a servir para tener más balanza de poder con Brasil. También podemos incluir a Paraguay dentro de los más cercanos a Argentina", sinceró un alto funcionario de Cancillería ante lo que parece una hoja de ruta. "Igual no veo una relación tirante con Brasil. Si gana Lula, no va a ser el mismo que durante su presidencia. Ahora va a estar más presionado por la Justicia. Y el Uruguay de Tabaré es distinto al de Mujica", agregó el funcionario.

Con Piñera en Chile, Macri quiere encabezar una defensa del orden liberal internacional, con críticas a Venezuela. Con el objetivo de sumar poder en la región, aprovechó para invitar a Chile al G20 y así sumar el apoyo de un posible socio.

El Gobierno quiere vender una cárcel centenaria y 3 oficinas que usaban espías (II)

(Clarin.com) - Forman parte de 11 propiedades abandonadas o sin uso. Este año se subastan.
El Gobierno quiere vender una cárcel centenaria y 3 oficinas que usaban espías

La Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, en Neuquén. (AABE)

El Gobierno planea desprenderse este año de 11 propiedades estatales, como una cárcel centenaria en Neuquén y 3 oficinas que usaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre ellas una ubicada en un emblemático palacio porteño. Se trata de inmuebles que, según la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), están "subutilizados". "No está aprovechado el uso que se les podría dar", explican a Clarín desde el organismo que encabeza Ramón María Lanús. (???)

En las últimas horas mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete Marcos Peña se autorizó la subasta de esas propiedades, que están en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.

Sólo una tiene aún funciones: la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo con lo planificado, quedará vacía antes del 1 de abril.

Fuentes del Gobierno confirmaron a Clarín este martes que quedan 80 internos en la prisión y en su mayoría serán trasladados al complejo penitenciario de Senillosa, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital neuquina.

El terreno de la Unidad 9 está ubicado entre las calles Entre Ríos, Juan Bautista Alberdi, Alderete y Presidente Arturo Illia y tiene 10,1 hectáreas.

El Gobierno quiere vender una cárcel centenaria y 3 oficinas que usaban espías

Proyección de la Unidad 9 del SPF. (AABE)


Se trata de 2 lotes: en uno está la prisión y el otro es un descampado. Son 4,3 y 5,8 hectáreas respectivamente.

En ese edificio, por ejemplo, fue apuñalado en 2016 Jorge Chamorro, un jefe de la banda narco rosarina conocida como "Los Monos".

La construcción es de principios del siglo XX y no puede ser demolido porque tiene valor histórico.
Además, está en el corazón de la ciudad. Por eso se acordó que el gobierno neuquino determine qué hacer, para que lo aprovechen los vecinos.

El segundo lote va a a quedar dividido en 2 y pasará a la órbita del municipio. Una mitad será destinada a la creación de calles, veredas y espacios verdes y la otra, valuada en US$ 4.150.000, será subastada para la construcción de inmuebles residenciales o comerciales de hasta 6 pisos. "El objetivo es mejorar la vida de los neuquinos y reducir la cárcel, que hoy es una barrera urbana, a la mínima superficie posible", explican en la AABE.

En la capital

En los barrios porteños de Palermo, Monserrat y Villa Urquiza se encuentran 3 oficinas de la AFI en desuso. Las 2 primeras fueron valuadas en US$ 400.000 cada una y la última, en US$ 150.000.

El Gobierno quiere vender una cárcel centenaria y 3 oficinas que usaban espías

Acá trabajaban espías. (AABE)

El departamento de Monserrat se encuentra a metros del Congreso de la Nación, en el piso 3 del mítico Palacio Barolo, sobre avenida de Mayo. Según la AABE, lleva más de 10 años sin funcionar.
Construido entre 1921 y 1923, el edificio es, según expertos, un homenaje al poeta italiano Dante Alighieri. Y tiene varios espacios de trabajo para espías de la AFI.

En marzo de 2016, 5 ladrones desvalijaron 7 oficinas. Según publicó Clarín, entre ellas había una "cueva" de la ex SIDE en la que el antiguo director de operaciones, Antonio "Jaime" Stiuso, guardaba información del caso AMIA.

El Gobierno autorizó la venta de 11 inmuebles pertenecientes al Estado Nacional

(Infobae.com) - La resolución fue publicada en el Boletín Oficial

El Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a vender 11 inmuebles, ubicados en cinco provincias, con el objetivo de "reducir costos de mantenimiento y vigilancia". A su vez, estos recursos ociosos se utilizarán para promover "proyectos de desarrollo local que generen actividades productivas".

Según se informa en el Boletín Oficial, se trata de tres departamentos bajo jurisdicción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en los barrios de Palermo, Congreso y Villa Urquiza; un lote en la ciudad de Pinamar, un terreno en la ciudad de Magdalena, tres terrenos baldíos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Santa Fe, un inmueble en desuso bajo jurisdicción del Ejército en Mendoza, un predio perteneciente al Ejército y dos lotes emplazados en el centro de la ciudad de Neuquén.

En los considerandos de las resolución se detalla que el Estado evaluó la posibilidad de destinar los inmuebles para alguna otra función en la administración nacional pero consideró que esto resultaría "ineficiente" debido al nivel de inversión que se requiere para que los mismo puedan ser reutilizados.

Por otro lado, uno de los compromisos de la Agencia es encontrar oportunidades para que inmuebles y terrenos subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, permitan mejorar el entorno y dinamizar la economía en distintos puntos del país.

Por ejemplo, uno de los lotes ubicados en Neuquén será utilizado para crear un nuevo espacio verde y permitirá la apertura de cinco nuevas calles. Así, se mejorará la "ecuación urbana de la ciudad".

La Agencia de Administración de Bienes del Estado lleva identificados más de 70.000 inmuebles en el país y en el exterior, propiedad del Estado Nacional.

Nación salvó del default a Chubut con $ 708 millones

Por  DAVID CAYÓN - Cronista.com

La Casa Rosada decidió financiar a la provincia que no podía cubrir los vencimientos de deuda para evitar una complicación en el sector externo del resto de las provincias

Arcioni le explicó la situación a Frigerio y Macri en Villa La Angostura.

Sin la aprobación del Pacto Fiscal, con un fuerte conflicto político y con pocos fondos en la caja, la Nación decidió apagar el incendio fiscal que puso a Chubut al borde del default.

Así lo había reconocido el propio gobernador Mariano Arcioni quien, con otros palabras, había declarado unos días atrás que no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de deuda y pedirá a la Legislatura provincial autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento sino para "poder avanzar en la reestructuración de la deuda".

Frente a esto, ayer se firmó un acuerdo entre la Nación y la provincia patagónica por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) prestará $ 708 millones para que la provincia pueda llevar a cabo un refinanciamiento de deuda que posee en el mercado financiero con Letras del Tesoro.

Según informó el Ministerio de Interior, Vivienda y Obras Públicas, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, se reunieron ayer con el gobernador Arcioni, y firmaron un convenio el cual se enmarca en el Programa de Convergencia Fiscal, se busca optimizar la gestión y administración del Estado provincial en lo que refiere a la prestación de los bienes y servicios públicos básicos.

A través de este compromiso, la provincia asume la responsabilidad de implementar una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y se compromete a suministrar, a través de la cartera de Interior, la información necesaria para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas.

Desde la Casa Rosada explicaron a El Cronista que la decisión de "salvar" a la provincia se tomó "para que no entre en default y no nos complique la situación externa del resto de las provincias". En la firma también estuvieron el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena; el director ejecutivo del FFDP, Fabián Dallo; el director nacional de Asuntos Provinciales, Félix Piacentini; y el ministro de Economía de Chubut, Pablo Oca.

Pero otros de los problemas que tiene Arcioni, y que le solucionaría una parte de la falta de liquidez, es que no logra aprobar el Consenso Fiscal. Los conflictos internos con el frente Chubut Somos Todos y la negativa del PJ provincial para acompañar sin un resarcimiento por le pérdida de casi un punto de coparticipación en los años 90, hace que el proyecto esté frenado y que la provincia vaya camino a perder por segundo mes los fondos por compensación por coparticipación que en enero repartió la Nación en las provincias por $ 776,9 millones.

Además, corre el tiempo para Arcioni, ya que si no logra conseguir los votos y aprobarlo antes del 31 de marzo, no recibirá la compensación ni otros recursos como los del Fondo Solidario de la Soja.

Argentina, tercera en el ranking de los países con economías "más miserables"

(Clarin.com) - Es según un estudio de Bloomberg entre 66 naciones y basado en los datos de desempleo e inflación. Venezuela, primera.

El presidente Mauricio Macri en la planta de Córdoba de Fiat, en la presentación de su nuevo modelo Cronos, a principio de mes. Foto: Daniel Cáceres

La Argentina mantuvo el tercer puesto en el ranking de economías "más miserables" que realiza la agencia Bloomberg (Misery Index) y que resume las perspectivas en materia de inflación y desempleo para 66 economías. Por arriba están Venezuela, que mantiene el primer puesto, y Sudáfrica, que desde el cuarto lugar.

"Argentina desmiente un tercer año de mejora en su puntaje general, que se apresta a ser el más bajo desde al menos 2013, el año en que el FMI censuró al país por encubrir la inflación elevada y en que Bloomberg comenzó a calcular los datos", dice la agencia de noticias.

Ranking de los países "más miserables" (Misery Index) de Bloomberg.

Venezuela marca su cuarto año como economía más miserable del mundo, con un puntaje que es tres veces superior al de 2017.Brasil, en tanto, se mantiene en el puesto 9.

Tailandia volvió a reivindicar la categoría de “menos miserable”, si bien la manera singular del país de calcular el desempleo hace que el número dos, Singapur, sea digno de mención. En otros lugares, México espera dar grandes pasos este año con una inflación más manejable, en tanto Rumania absorbe más miseria por el motivo opuesto.

Ranking de los países "menos miserables" (Misery Index) de Bloomberg.

El Bloomberg Misery Index se basa en el viejo concepto de que una inflación y un desempleo bajos generalmente ilustran en qué medida deberían sentirse bien quienes viven dentro de una economía. A veces, naturalmente, un conteo bajo puede resultar engañoso en cualquier categoría: los precios persistentemente reducidos pueden ser signo de una demanda floja, y un desempleo demasiado bajo encadena a los trabajadores que desearían pasar a mejores puestos, por ejemplo.

Los resultados indican en gran medida una perspectiva económica que en líneas generales sigue siendo brillante: los economistas calculan un crecimiento interanual de 3,7 % para el mundo en 2018, igualando el nivel del año pasado que fue el mejor desde 2011, según la mediana de sondeos de Bloomberg.

Algunos no han sido tan afortunados. En Venezuela, la hiperinflación generó frustración en muchos economistas con respecto a la tasa real de crecimiento de los precios. Los tipos de cambio del mercado negro dieron una perspectiva sobre las cifras, mientras que mediciones alternativas fueron tras las oscilaciones de los costos. Una rebaja gubernamental reciente en los precios de los comestibles dio un breve respiro a la inflación, en tanto los economistas consultados consideran que subirá 1.864 % este año.

Es una incógnita: la estimación más reciente del Fondo Monetario International fijó la cifra en 13.000 % para este año después de alrededor de 2.400 % en 2017.

En el otro extremo del espectro, México hace sus mayores progresos este año, avanzando 16 escalones hacia “menos miserable” en tanto persiste el optimismo de los economistas.

Para estos, el banco central podrá dominar el brote de inflación alta del año pasado, llevándola este año hasta un promedio de 4,1% después de un 6 % en 2017.

La Ciudad completó su canje de deuda

Por Javier Blanco - La Nación

La operación fue diseñada para bajar la exposición al dólar

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) completó ayer la operación financiera que diseñó y comenzó a ejecutar en noviembre pasado para reducir la exposición que su deuda tenía al dólar. 

En ese momento emitió un bono en pesos que se podía canjear por otros ya en circulación y colocados oportunamente (en su mayoría) con ajuste al tipo de cambio.

Ayer reabrió el bono en pesos a tasa variable (pagará Badlar +375 puntos que, a valores de hoy, supone una tasa de interés del 26,5% anual), que precisamente había colocado hace tres meses y con el que había captado en ese momento $7063 millones. Ayer, con la nueva oferta, consiguió otros $6185 millones y aprovechó además para rescatar otros títulos emitidos también en pesos pero que le vencían próximamente, con lo que pudo alargar los plazos de pago.

"Esta colocación forma parte de una estrategia de administración de pasivos, con la intención de extender el perfil de la deuda y mejorar el mix de monedas. Hacia 2015 nuestra deuda estaba 95% nominada en dólares y solo 5% en pesos. Luego de esta emisión, ya rebalanceamos el pasivo 50 y 50 en cada moneda, que es el objetivo que nos habíamos propuesto recién para 2019", valoró el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura. "Esto permite que la Ciudad tenga un mayor control de su deuda ante posibles escenarios de incertidumbre que sufra la economía a nivel global", agregó.

"La Ciudad recauda en pesos, así que lo más saludable es tener su deuda relacionada con el peso", había definido el subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan, al explicar los objetivos de la operación en noviembre.

Con la reapertura del bono, la Ciudad recibió ofertas de compra por $6534 millones y la emisión se hizo a un precio de corte de $100,55 por cada $100 de valor nominal, respetando el precio que el papel tenía en el mercado. La colocación estuvo a cargo de los bancos Ciudad, Galicia, BST y la financiera Balanz Capital.

"Sin duda, esto muestra que los inversores, tanto locales como internacionales, apoyaron el cambio de perfil de deuda de dólares a pesos y de corto a largo plazo", sintetizó precisamente Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital, satisfecho por haber colocado el 43,91% del libro adjudicado.

El bono, que podía canjearse por otros títulos como los BDC19, BD2C9 y BDC20 (que ajustaban capital por la variación del dólar) o por los BD2CO o BD3CO, que pagaban tasa variable; pagará capital a su vencimiento (el 22 de febrero del año 2028), pero abonará los intereses con periodicidad trimestral desde el 22 de mayo próximo.

"La colocación fue muy exitosa. El rescate de bonos en dólares estuvo en el orden de los US$71 millones sobre un total emitido equivalente a US$314 millones", especificó el gerente de Banca Corporativa del BST, Daniel Gowland, quien precisó que la demanda por parte de inversores extranjeros se llevó "entre 40 y 45% de la emisión" de ayer.

A fines de enero, la calificadora de riesgo Standard & Poor's había confirmado la nota B+ con perspectiva estable para los bonos en moneda local y extranjera de la Ciudad de Buenos Aires.

Por rojo externo, Argentina es uno de los países más vulnerables a un shock global

Por  ANA CLARA PEDOTTI - Cronista.com

"La vulnerabilidad externa puede ser más aguda cuando existen grandes déficits de cuenta corriente", remarcó el Instituto de Finanzas Internacionales en un informe. En el reporte también advierten que el peso podría estar todavía sobrevaluado.

Junto con Turquía, Argentina es uno de los países emergentes que está en peor situación para hacer frente al cambio de tendencia global que significa el alza de tasas en los países centrales y la consecuente volatilidad que genera. Así lo remarcó un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), compuesto por las entidades financieras más importantes del mundo.

Las economías emergentes suelen ser las que están es más expuestas a la volatilidad que genera el cambio de sentido de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bajo el paraguas de emergentes, la institución agrupa a países como China, Brasil, India, Ucrania, Tailandia, Polonia, Filipinas, Malasia, Corea, Indonesia, Hungría y la República Checa, entre otros.

Para el IIF esta es "una mezcla que históricamente ha resultado difícil para los mercados emergentes, especialmente aquellos con grandes requerimientos de financiamiento externo".

Justamente por este aspecto, es que la entidad ubica a la Argentina junto con Turquía en el podio de las naciones que más pueden se pueden resentir por el cambio de signo global.

El talón de Aquiles de la economía local es el fuerte incremento del déficit externo. El año pasado, la balanza comercial argentina registró el mayor déficit en la historia: una sangría de u$s 8471 millones.

"La vulnerabilidad externa puede ser más aguda cuando existen grandes déficits de cuenta corriente, especialmente cuando esos déficits se amplían rápidamente, como es el caso de Argentina y Turquía", afirmó la institución en un memo que fue difundido ayer.

En este sentido, advirtieron que la velocidad del crecimiento del rojo en las cuentas externas puede presionar a las monedas de esas economías a la baja. "Destacan Argentina y Turquía, con monedas que, a pesar de las recientes caídas, aún podrían estar materialmente sobrevaloradas", afirmaron.

"En el caso de Argentina, el peso ha caído bruscamente en los últimos meses, planteando la cuestión de si la moneda más débil ya incorpora un déficit más amplio", remarcaron.

En ese sentido, la banca internacional advirtió que la reciente devaluación del peso puede corregir en cierta medida el rojo de las cuentas, ya que puede ayudar a impulsar las exportaciones afectadas por el atraso del tipo de cambio. Sin embargo, esta posible mejora de la competitividad de la moneda no alcanza para corregir los efectos de la apreciación que tuvo en los meses anteriores. Ambos países están en la mira de la institución de un tiempo a esta parte. Ya había advertido que ambas economías emergentes son las que muestran una peor performance frente al nuevo escenario global.

En un informe distribuido hace algunas semanas, el organismo ya había colocado al país como el más débil frente a un shock externo debido su dependencia al financiamiento internacional, sumado a "vulnerabilidades internas del sector real y financiero; y la credibilidad de las políticas y la estabilidad política que afectan el alcance del ajuste macroeconómico".

El "Manual de buen Gobierno" que presentará Mauricio Macri en Chapadmalal para administrar las empresas del Estado

Por Carlos Arbia - carbia@infobae.com - Infobae.com.

En el retiro del Gabinete que tendrá lugar este viernes en Chapadmalal Mauricio Macri presentará el "Manual del Buen Gobierno". 

La idea del texto, que fue elaborado por el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, es comunicar a los funcionarios que manejan empresas del Estado cómo esas sociedades deben organizarse y funcionar para reducir el déficit operativo, en virtud de los pedidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El manual contiene varios puntos que deben cumplir las 41 empresas en las que el Estado es accionista mayoritario.

En la introducción del texto al que tuvo acceso Infobae se aclara que "los Lineamientos no reemplazan competencias legales establecidos en instrumentos normativos aplicables a las empresas de propiedad mayoritaria estatal y que las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente". El manual advierte que  "a través de estas exigencias, es el Estado como accionista el que comunica a las empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión".

En el manual se enuncian una serie de principios. Los siguientes son los más destacados:

Eficiencia: el Estado como accionista de las empresas promueve la utilización eficiente de sus recursos propios y de los que reciba del Tesoro y/o Ministerio sectorial. La utilización eficiente de los recursos significa maximizar cada peso invertido en bienes de capital y/o destinado a gastos corrientes con el objetivo de producir mejores bienes y servicios a un costo consistente con valores de mercado. Cuando la empresa se encuentre sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con políticas públicas, el origen y monto del financiamiento de tales obligaciones será cuantificado y reportado de manera explícita por la empresa.

Transparencia: el Estado promueve el rol activo de las empresas en la publicación de información financiera y no financiera vinculada a su desempeño. La transparencia tiene efectos positivos directos tanto en mejora de gestión, por ejemplo, abriendo los procesos de compras a más proveedores, como en materia de rendición de cuentas de los recursos del Estado. Como Estado accionista esperamos de nuestras empresas la adopción de mejores prácticas de transparencia.

Integridad: el Estado como accionista promueve la adopción y cumplimiento por parte de las empresas de políticas destinadas a prevenir y castigar el fraude. Es nuestro deseo como Estado accionista que las empresas de mayoría estatal sean ejemplo de integridad en el uso de sus recursos. A tales fines, es no solo importante cumplir con la normativa y directivas nacionales sobre anticorrupción sino también desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos.

Generación de Valor: el Estado como accionista promueve la maximización del impacto que las empresas de mayoría accionaria estatal tienen en la economía. Las empresas deben promover la generación de valor (social y económico) a lo largo de toda la cadena del negocio, siempre considerando los principios de transparencia y eficiencia de los recursos. En dicho sentido, cobra especial relevancia la definición de propuestas de valor para los distintos actores involucrados.

Estándar de empresa listada: el Estado espera que las empresas en donde el mismo es accionista adopten estándares de gobierno corporativo alineados con los de empresas listadas en la Bolsa de Valores. La adopción de dichos estándares debería constituir para las empresas una preocupación constante y requerir de esfuerzos sostenidos en el tiempo.

Roles diferenciados: el Estado no sólo cumple el rol de accionista o dueño de las empresas, sino que también puede desarrollar actividades como formulador de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por las empresas. Esperamos que los ministros sectoriales desempeñen dichos roles manteniendo la independencia de los mismos. Es decir, que puedan ejercer distintas funciones (regulador, formulador de políticas, prestador de servicios) aunque se trate de la misma autoridad.

"El Gobierno cree fuertemente en el establecimiento de una cultura meritocrática centrada en el talento del empleado, su motivación y compromiso con la gestión de su empresa", asegura el manual, en el capítulo referido a la "relevancia de establecer consecuencias por el no cumplimiento de objetivos". Respecto de la elección de los directores de las empresas, se subraya que "los países de la región han destacado la relevancia de contar con porcentajes de directores llamados independientes, los cuales carecen de vínculos directos o indirectos con el gobierno y/o con la empresa en donde cumplen funciones".

En su introducción, el manual tiene una serie de explicaciones acerca de diversos temas, por ejemplo:

Los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria del Estado constituyen un conjunto de buenas prácticas de gobernanza y gestión de empresas en donde el Estado es accionista.

Su principal objetivo es comunicar a las empresas las expectativas que el Estado tiene con relación a cómo deben organizarse y funcionar. Estamos convencidos que estos Lineamientos constituyen el camino correcto a seguir por las empresas en pos de mejores estándares de gestión y gobernanza, los cuales redundarán en empresas mejor administradas, transparentes y prestadoras de servicios de calidad a los ciudadanos.

A través de los Lineamientos, el Estado como accionista comunica a las empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión. A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente para implementar los lineamientos.

Los lineamientos constituyen diferentes aspectos que el Estado nacional como accionista entiende se encuentran vinculados al buen gobierno y gestión de las empresas. Por un lado, establecen buenas prácticas de organización y funcionamiento de los Directorios y gerencias de las empresas, incluyendo prácticas de evaluación del desempeño, transparencia e integridad. Por el otro, contienen componentes relacionados a políticas específicas de auditoría y control, desempeño económico, compras y abastecimiento y sustentabilidad.

Cada lineamiento a su vez contiene cinco principales aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones permiten visualizar la implementación práctica de la definición conceptual de cada lineamiento, lo cual facilitará el diseño de políticas específicas por parte de las empresas.

También se recomienda a los funcionarios de las empresas del Estado  "establecer mecanismos tendientes a prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta gerencia. Dichas políticas, como, por ejemplo, la publicación por parte de los directores de la empresa de manifestaciones de conflicto de interés, contribuirían no sólo a generar confianza en la sociedad sino también a atraer talentos".

Además el manual ideado por Lopetegui establece que "la política de abastecimiento de las empresas debiera estar alineada con su negocio y plan estratégico y estar enfocada tanto en la generación de ahorros como en la adquisición de bienes y servicios de calidad al menor costo posible".

El informe destaca además que "los principios de buen gobierno constituyen la base conceptual de los lineamientos y los criterios orientadores de la implementación de estos últimos. Estos son valores referidos al gobierno y gestión de las empresas de mayoría estatal y estos lineamientos son implementados teniendo en consideración su consistencia y armonía con los principios definidos en esta página".

El Estado argentino controla unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares administrativos. Para ayudarlas a generar valor, el Estado está implementando un conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal, tanto en la calidad del servicio como en la efectividad y transparencia con que operan.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. En el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI y en el 2016 los giros bajaron al 1,14% del producto mientras que en 2017 bajaron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más por eso el Gobierno lanzó esta semana una reducción de unos 9000 millones de pesos del gasto en las empresas públicas.

El informe señala que "desde diciembre de 2015 hemos llevado adelante un ambicioso programa de mejora del desempeño de las empresas de mayoría estatal. Dicho programa, coordinado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y conjuntamente con organismos como la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, ha avanzado en distintas líneas de acción".

Cita como ejemplos que "se han mejorado los sistemas de monitoreo del desempeño de las empresas, se ha avanzado en la elaboración de planes estratégicos por parte de estas últimas, y que se han promovido buenas prácticas de transparencia, gestión, y gobierno corporativo".

Además agrega que "Argentina ha sido admitida como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que hoy lidera la conceptualización de mejores prácticas de gobierno corporativo en empresas de capital estatal. Las empresas de mayoría estatal de Argentina se encuentran actualmente en proceso de reestructuración".

Impulsan un recorte de $9000 millones en el déficit de las empresas públicas

Por Laura Serra  - La Nación

De las 33 sociedades estatales, solo 13 cubren sus gastos; los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio son las que necesitan mayor auxilio; AySA y Aerolíneas mejoraron sus números.

El ajuste del gasto público llegó a las 33 empresas del Estado nacional: este año el gobierno de Mauricio Macri tiene previsto reducir en 9000 millones de pesos las transferencias que realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos corrientes y de infraestructura.

Incluso así, este sector constituye una preocupación seria para el Gobierno en su afán de reducir el déficit fiscal, ya que más de la mitad de las empresas (20 en total) continuarán generando pérdidas significativas a lo largo de 2018.

En efecto, este año el Tesoro volcará casi $90.000 millones en total al conjunto de empresas del Estado nacional para mantenerlas operativas. El monto total representa una cifra sideral, si se la compara con otras asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la cifra equivale a dos presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social, que concentra la mayoría de los planes de asistencia social.

Los ferrocarriles de carga y de pasajeros explican la mayor parte del déficit, en tanto que Aerolíneas Argentinas y AySA muestran una reducción paulatina del rojo.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. Durante el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI. El año siguiente los giros bajaron al 1,14% del producto.

Finalmente, en 2017 cayeron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, según insisten en la Casa Rosada. "En los últimos dos años se ahorraron unos $41.000 millones", destacan en la Jefatura de Gabinete, en referencia a la reducción de las transferencias.

En esa órbita funciona el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas, que aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas, al tiempo que monitorea su desempeño. Lo integran los ministros de Transporte, Energía, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La meta de ese consejo, que funciona desde 2016, es hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas públicas para que demanden menores transferencias del Estado nacional.

Recursos para cubrir el rojo 

Se trata de un programa de reducción de costos operativos que va en sintonía con la reestructuración de la administración pública nacional que pretende llevar a cabo el Gobierno; el mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y la prohibición de que familiares directos de los ministros ocupen cargos en la administración.

Esto representaría, a la postre, un ahorro del 0,03% del total del gasto previsto para 2018, un porcentaje apenas simbólico para los economistas privados, pero que el Gobierno pretende exhibir como señal de austeridad. De hecho, la purga de familiares finalmente solo alcanzó a 12 funcionarios, tal como consignó LA NACION.

Despidos

Empero, este ajuste en las empresas del Estado genera una gran preocupación en su dotación de personal.

En los últimos dos años se despidieron unas 2300 personas, con lo que el plantel actual es de 108.249 agentes. La poda continúa este año: el mes pasado, por caso, fueron despedidos 215 empleados de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); es el primer lote de un total de 500 despidos que propone ejecutar su interventor, Omar Zeidan. Por otra parte, en Lotería Nacional está pendiente el destino de unos 200 empleados tras la disolución, por decreto, de esa empresa, la cual fue transferida a la Lotería de la Ciudad.

Otro caso es el de Fabricaciones Militares: el mes pasado unas 220 personas quedaron cesantes tras el cierre de una planta estatal de Azul. El interventor de la empresa, Luis Riva, indicó que sería reabsorbida por otras plantas de Fabricaciones Militares.

De acuerdo con la información que Jefatura de Gabinete suministró a LA NACION, solo 13 de las 33 empresas del Estado tienen sus cuentas en equilibrio y no reciben un solo peso del Tesoro para solventar sus gastos corrientes (pago de sueldos y demás gastos operativos).

Las 20 restantes, en cambio, demandarán este año unos $51.000 millones del Estado para este concepto, a los que deberán sumarse otros $38.000 millones para gastos de capital, es decir, para mantener o ampliar su infraestructura. Así, las transferencias totales del Tesoro totalizarán este año casi $90.000 millones. Las empresas que mayores transferencias del Tesoro demandarán son, previsiblemente, las que tienen tarifas subsidiadas por el Estado: ferrocarriles y Enarsa.

El caso más significativo es el de los ferrocarriles (de carga y de pasajeros); este año el Estado les transferirá 28,3 mil millones de pesos para afrontar sus gastos corrientes, un 18% más que el año pasado.

En cambio, Enarsa muestra un declive sostenido desde 2015: merced al aumento en las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno, en 2018 demandará $10.000 millones para sus gastos corrientes. En 2015 esa cifra era de $27.145 millones.

El resto de las empresas en rojo muestra un desempeño dispar. Las más comprometidas, señala el informe de Jefatura de Gabinete, son YCRT, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con 2463 empleados, demandará este año $3436 millones del Tesoro; Télam, con 893 agentes, insumirá otros $812 millones, mientras que RTA, con 2668 trabajadores, percibirá $2777 millones. En el Gobierno sacan las cuentas. "Cada empleado le cuesta al Estado un promedio de un millón de pesos anuales. Esto es inviable", sentencian.

En el caso de RTA, su titular, Hernán Lombardi, comenzó un plan de ahorro que contempla, por ahora, reducción de horas extras, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Como anticipó LA NACION el mes pasado, la dirección de la empresa dispuso no aumentar los sueldos del personal este año atento a que, según se esgrimió, los sueldos de la TV Pública se encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.

Repunte

Por el contrario, hay empresas públicas que otrora implicaron fuertes pérdidas para el Estado y que en los últimos dos años mejoraron sustantivamente su desempeño, destacan en la Casa Rosada. Son los casos de Aerolíneas Argentinas y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Respecto de la línea aérea estatal, el año pasado por primera vez cumplió su presupuesto de $3000 millones y no requirió subsidios extras del Estado; el año próximo las transferencias del Tesoro se reducirán a casi la mitad: $1800 millones. El presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua, anticipó que aspira a alcanzar el "déficit cero" en 2019.

El caso de AySA también es motivo de elogios en el Gobierno: en 2015 insumió unos $3000 millones del Tesoro para afrontar sus gastos corrientes; en 2018 esa cifra se reducirá a solo 24 millones.

Eso sí, la empresa de aguas continúa demandando del Estado nacional fuertes erogaciones de capital para obras de infraestructura (ampliación de la red de agua potable y cloacas) por lo que el rojo será de $13.656 millones al final del ejercicio.

En Jefatura de Gabinete son optimistas. "En diciembre de 2015 el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas reinaba la corrupción", indican.

Esta situación, sostienen en el Gobierno, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. Pero la evolución entusiasma a los funcionarios nacionales que tienen su mirada puesta en el déficit presupuestario: dolo dos empresas tuvieron superávit operativo en 2015. En 2016 ya fueron siete y la idea es que la mayoría tenga déficit cero en pocos años más. Esa es la expectativa de la administración nacional.

Aprueban subastas de terrenos en la zona de Catalinas Norte por casi u$s 81 millones (II)

(Ambito.com) - El Poder Ejecutivo aprobó dos subastas públicas de terrenos ferro-portuarios en la zona de Catalinas Norte, en el barrio porteño de Retiro, que realizó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por un total de u$u 80.700.000.

La aprobación de las subastas están incluídas en las Decisiones Administrativas 38 y 37 de la AABE, publicadas hoy en el Boletín Oficial. 

La primera de las subastas, la 34/17, se realizó el 26 de octubre pasado y resultó ganadora la desarrolladora Consultatio, que ofreció u$s 40.200.000 por una parcela de 3.200 metros cuadrados.

En tanto, la otra subasta, la número 33/17, también se realizó el 26 de octubre y se remató otra parcela de 3.200 metros cuadrados que fue adjudicada a la desarrolladora TGLT, que ofreció u$S 40.500.000.

Chubut, al borde del abismo, avisa que no podrá pagar deuda

Por Florencia Arbeleche - Ambito.com

ESTE AÑO DEBE ENFRENTAR VENCIMIENTOS POR CERCA DE 120 MILLONES DE DÓLARES.

El Gobierno convoca a sesión extraordinaria a la Legislatura para pedir autorización para reestructurar condiciones de los compromisos.

La relación entre Mauricio Macri y Mariano Arcioni no logra todavía la suficiente sintonía política, pese a las señales de la provincia.

Casi como un desenlace previsible de la grave crisis financiera que afronta, el Gobierno de Chubut anticipó que este año no podrá afrontar el pago de vencimientos por 120 millones de dólares correspondientes a títulos públicos emitidos por los exgobernadores Martín Buzzi y Mario Das Neves, fallecido en octubre pasado.

El mensaje encendió las luces de alerta en el mercado, que espera en las próximas horas el cobro de un fuerte vencimiento en Letras del Tesoro por más de $400 millones, y otro por $250 millones por intereses del Bocade (Pul 26).

Ayer, incluso, el anuncio oficial determinó una baja de 5,75 por ciento en el bono dólar linked PUO19, emitido en octubre de 2013 que vence a fines de 2019 , con amortizaciones trimestrales y respaldo las regalías petroleras.

La apocalíptica advertencia corrió por cuenta del sucesor de Das Neves, Mariano Arcioni, que este miércoles anunció que convocará a la Legislatura a sesión extraordinaria la primera quincena de febrero para pedir autorización para reestructurar la deuda, adherir al Pacto Fiscal y ratificar la Ley de Emergencia Económica.

La dramática postal se enmarca en un contexto de fuertes cortocircuitos políticos dentro y fuera de la provincia. Por un lado, Arcioni no logra el respaldo esperado del peronismo, atomizado por el propio Das Neves, que se alejó del Frente para la Victoria bajo la denominación de Chubut Somos Todos. Por otro, las señales de Arcioni para acercarse a Mauricio Macri no dieron todavía los resultados esperados.

Según las proyecciones de la cartera de Economía que conduce el renunciado ministro Pablo Oca, este año Chubut podría recibir cerca de 2.000 millones de pesos por regalías hidrocarburíferas, mucho menos que otros años como consencuencia de la crisis petrolera. En tanto, se prevé un déficit mensual que rondaría los 600 millones de pesos, y un déficit anual proyectado de 5 mil millones. 

En ese contexto, Arcioni intentó frenar una nueva embestida de la oposición -referenciada fuertemente en el bloque Frente para la Victoria-PJ- a la presunta emisión de un bono para hacer frente a los compromisos. "No quiero endeudar más a la provincia, sí quiero renegociar. Por eso les pido a los legisladores que dejen de lado las mezquindades políticas, porque si hoy no sacamos todos juntos a la provincia adelante, no la sacamos más", advirtió.

Con la reestructuración de la deuda, el Gobierno de Chubut busca lograr mayores plazos de pago y una reducción de la tasa anual en dólares del 9% al 5%, una cifra que los operadores consideran difícil de lograr en virtud de la frágil situación financiera.

El Gobierno gira $ 460 millones diarios al pago de intereses de la deuda pública

Por  BERNARDO VÁZQUEZ - Cronista.com
El servicio de deuda, con $ 11.000 millones, se llevó un tercio del dinero que se pagó en el primer tramo de 2018. Trabajo se quedó con el 50% de los $ 30.000 millones enviados.

En los primeros 25 días del año, el Ejecutivo ya giró fondos presupuestarios por $ 30.707 millones a las 27 jurisdicciones que conforman el Estado. Más del 90% correspondieron a transferencias que se realizaron al Ministerio de Trabajo y al Servicio de la Deuda Pública. La cartera que encabeza Jorge Triaca ya recibió $ 16.628 millones, y al programa que se encarga de saldar la deuda directa de la Administración Central, se le asignaron $ 11.502 millones.

Los primeros movimientos del año en materia presupuestaria fueron direccionados esencialmente a esas jurisdicciones. En el caso de Trabajo, el despiece es extenso. Dueño del mayor de todos los presupuestos ministeriales, los primeros envíos se dirigieron principalmente a tres programas: $ 10.607 millones a asignaciones familiares, $ 4288 millones a Seguridad Social y organismos descentralizados y $ 769 millones al Plan Progresar. En tanto, a las denominadas actividades centrales del Ministerio se destinaron $ 816 millones.

En el caso del servicio de deuda pública, jurisdicción número 90 que se ocupa de pagar "los intereses y amortizaciones que provienen de deudas contraídas por todas las jurisdicciones que la conforman", las transferencias corresponden al 2,83% de la previsión anual, estimada en poco más de $ 406.387 millones. Hasta ayer, por cada día de enero, se pagaron $ 460 millones en servicio de deuda pública.

El reparto de los fondos en las otras jurisdicciones fue en dosis diferentes. Por caso, ya se le devengaron $ 851 millones al Poder Judicial, $ 45,75 millones al Poder Legislativo, y $ 15,96 a Presidencia de la Nación. En los judiciales, el Consejo de la Magistratura se llevó la mayor parte de los fondos:

- $ 835 millones. En el Congreso, Diputados obtuvo $ 18 millones y la de Senadores $ 1,22 millones. En Presidencia, la Sedronar encabeza la lista de los programas a los que más dinero se les giró en estos días: $ 4 millones.

- Después de Trabajo, aunque muy lejos, el Ministerio del Interior fue el que más dinero recibió: $ 495,72 millones. Más del 50% se los llevó el programa de recursos hídricos, que se quedó con $ 275,36 millones. Al Registro Nacional de las Personas, por su parte, se le devengaron exactamente $ 63,68 millones.

- Según datos oficiales del Sitio del Ciudadano, Transporte fue otro de los ministerios con buen ritmo de fondos en este tramo inicial de 2018, con $ 290 millones, casi todo utilizado para la coordinación de políticas del transporte vial. Lo siguió el Ministerio de Educación, con $ 148 millones, de los cuales $ 102 millones se giraron para el fortalecimiento del sistema edilicio de jardines de infantes.

- Luego, en cantidad de fondos, siguió el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 84 millones. Abordaje territorial fue el programa predilecto, con $ 41,81 millones, y Economía Social, con $ 10,91 millones, lo siguió.

- Seguridad, el ministerio que encabeza Patricia Bullrich, ya recibió $ 67 millones. La Policía Federal Argentina se quedó con $ 40,57 millones, mientras que Gendarmería Nacional recibió $ 7,7 millones y Prefectura Naval otros $ 13,94 millones.

- Defensa, a cargo de Oscar Aguad, ya tuvo aportes de fondos por $ 65 millones, distribuido principalmente en el Estado Mayor General de la Armada ($ 26,3 millones), Fuerzas Armadas ($ 15 millones) y el Ejército ($ 7,6 millones)-

- Al Ministerio de Agroindustria se le asignaron ya $ 38 millones. El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue el más favorecido, con

- $ 27,6 millones. Cancillería recibió $ 32,93 millones y Producción, por su parte, $ 24,5 millones. A Justicia, en tanto, se le enviaron durante enero poco más de $ 13 millones, mismo monto que el Estado ya le giró a Modernización.

Argentina no es un país rico, aunque algunos lo creen

Por DANIEL MUCHNIK - Cronista.com

No todos están de acuerdo con la corriente de optimismo que arrastra el gobierno en el tema económico. Y las disidencias se conocen a través de las declaraciones en los medios de comunicación. Como en un grito de euforia, Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación no sólo dijo que su sector tiene la posibilidad de generar 300.000 puestos de trabajo nuevos sino que ( es textual) "un dólar como el de ahora, si acompaña a la inflación, nos hace más competitivos". La entrada de turistas es mínima si se las compara con la de los argentinos que recorren el mundo.

La realidad corre por otro lado: hay quejas, propuestas y sugerencias . Se sabe que desde mitad de diciembre el tipo de cambio real avanzó un 10% pero si en el 2018 continúa el ingreso de capitales como vino sucediendo en los últimos tiempos y a eso se agrega la colocación de deuda, el atraso cambiario volverá para no irse. Las economías regionales viven en una alerta permanente. Paralelamente todo se agudizaría si persiste el desequilibrio que inquieta: se viene importando en el plano nacional más de lo que se exporta. Se trae tres veces más de lo que se manda afuera.

Además de quejarse porque el Gobierno no hizo un "diagnóstico profundo de la herencia recibida", Ariel Coremberg, Director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires, en un diálogo con el diario La Nación, afirma que estaría de acuerdo con el gradualismo si las autoridades hubieran hecho un plan integral, que nunca existió. Eso se puede comprobar en las negociaciones salariales. Los costos del gradualismo indica Coremberg son difíciles de asimilar por la población. "Son los que estamos viviendo dice una falta de credibilidad en la política económica". Sin credibilidad no hay inversiones.

En primer lugar agrega porque los propios argentinos todavía no creen en el país. "Ellos ahorran, si están motivados. En cuanto a las multinacionales algunas vinieron pero si se quieren o necesitan mucho más hace falta coherencia".

Recuerda: Argentina alcanzó ocho defaults en los últimos cuarenta años, tuvimos tres hiperinflaciones, fallamos tanto con el modelo liberal como con el populismo. El inversor sabe esta pérdida de brújula. Y tiene miedo.

No faltan economistas cuyo centro de atención es, en gran parte, la inflación, no el resto de los factores. La actual, sugiere Roberto Frenkel fue gestada en el kirchnerismo por una mala política económica. Asegura: "La situación externa y fiscal del país eran excepcionalmente buenas. Parecía imposible de arruinar. Pero hasta las calesitas pueden chocar y el broche de oro fue la intervención del INDEC, informar acerca de algo que nadie cree".

Ahora el INDEC no miente pero otros, en su nombre proponen cambios en las metodologías de investigación. Eso sí, sin que nadie sospeche sobre manipulaciones arbitrarias.

Macri confirmó que su gobierno sería un fracaso si no logra reducir la pobreza, que como se sabe afecta al 28% de la población. Se motiva a los especialistas a crear un nuevo índice de apremios y necesidades, al que llaman multidimensional, en el que el ingreso no será la única y principal variable para sondear sobre la marginación y la exclusión del sistema social. Por ejemplo, si un hogar con niños tiene o no acceso a la escolarización. Eso llevó a darle vida a un Consejo de Políticas Sociales, que dependa de la Casa Rosada, para controlar las soluciones sociales.

Es casi una característica de este gobierno que sólo un grupo de personas que habitan en las inmediaciones de Plaza de Mayo dispongan de información que no se termina comunicando, como se sabe, un déficit de arrastre de ésta administración.

Si no se comunica una información lisa y llanamente esa información no existe o sólo está en la cabeza de 3 o 4 personas. Y allí se acaba todo.

Más allá de todo, la población argentina, no informada suficientemente o gustosa de vivir en la cornisa, ha transitado el 2017 por encima de sus posibilidades. El país no es rico. Sólo tiene activos ricos que hace falta extraerlos. Con inversiones, porque el ahorro nacional no quiere correr riesgos. Tenemos hidrocarburos, minerales estratégicos, cosechas formidables (aunque no existan planes para el drenaje indispensable de las inundaciones) y talentos tecnológicos. Pero no convierte a la sociedad en rica, ni los indicadores del país son envidiables.

Lo increíble es que no gasta puertas adentro porque el consumo sobre el fin del 2017 concluyó igual que en el 2016. Sin que tenga responsabilidad en ello, este parate impacta en las conducciones gerenciales de los grandes abastecedores. Renunció, por ejemplo, el máximo responsable de Carrefour en la Argentina después de 35 años de trabajo por razones que nunca se explicaron. ¿Ese señor fracasó o las condiciones del país lo condicionaron y fue imposible revertirlas?

Otra fantasía: el rojo por turismo en estos meses ha llegado a 10.662 millones de dólares que se cubre por deuda. El gran dilema es que en el período entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se tomaron del exterior 50.000 millones de dólares que concluyó abasteciendo el déficit de cuenta corriente , algo más de 32.000 millones de dólares y la formación de bolsones creados por el sector privado, también cerca de los 32.000 millones de dólares.

La deuda financia el déficit comercial y el de turismo, porque trae productos importados y selecciona veranear y comprar lo que le interesa en el exterior. Eso es déficit externo, arrastrado por compras que podrían prescindirse, pagos de deuda y gastos de turismo. Sólo en diciembre los argentinos compraron 3900 millones de dólares . Mucho más que el 90% de las adquisiciones arañaron los 1500 dólares cada interesado.

Como escribió Horacio Riggi en este diario "el comportamiento de los argentinos frente al dólar es digno de análisis psicológico. Compra cuando está barato y también compra cuando sube". Porque en su visión y en los antecedentes históricos nacionales seguramente subirá. El engaño es grande y el perjuicio es peor. No somos ricos, estamos permanentemente condicionados. No se puede vivir en la irrealidad.

Pero no sólo los ciudadanos viven en el romanticismo con el dólar. También la gente del Congreso Nacional: las estadísticas indican que más de la mitad del Senado Nacional y un tercio de los Diputados viajaron al exterior . El Estado invirtió por ellos 300.000 dólares y una ponchada de euros a lo largo del 2017. Con cada visita fuera del país el parlamentario recibe 3600 euros si su destino es Europa y 4.000 dólares en viáticos. Un sólo legislador concretó siete visitas al exterior . En cada tour se llevó 1650 euros y 6050 dólares. Si se puso límites en Cancillería y el plan es vender varias mansiones de embajadores ¿por qué nadie controla el Parlamento?. Hay interrogantes esenciales ¿para qué sirvieron esos viajes?. ¿Se justificaban? ¿Obedecían a invitaciones para estar presentes en foros regionales donde poco se decide? Más algo clave e interesante: ¿esos legisladores publicaron los resultados de sus viajes y los aportes que podían haber significado para el país?. Que se sepa, no lo hicieron.

Tampoco los legisladores entienden que la Argentina no es un país rico que tira la plata por la ventana.

Tras la polémica, el Consejo de Magistratura porteño reduce su estructura

Por Federico Mayol - Infobae.com - fmayol@infobae.com
Fue aprobado por el voto unánime de todos sus miembros.

Tras la polémica de los últimos días en torno a la proliferación de cargos, el Consejo de la Magistratura porteño decidió este lunes por la tarde a través del voto unánime de todos sus miembros suspender los efectos de la resolución 1171 del año pasado, que aumentaba la estructura del organismo, y resolvió encarar un plan de reestructuración que estará a cargo de la Presidencia, a cargo de Marcela Basterra.

El organismo, a cargo de la selección de los magistrados porteños y de la administración financiera del Poder Judicial de la Ciudad -su presupuesto es de unos $4.000 millones-, había quedado bajo la lupa por la multiplicación de nombramientos, en especial después de la aprobación de la resolución 1171, de noviembre del 2017, que había incorporado "nuevas direcciones generales, departamentos, oficinas, prosecretarías y reagrupación de áreas bajo diferentes direcciones", entre otras modificaciones. Dicha reglamentación había sido objetada por Marcelo Vázquez y Lidia Lago, dos de los tres consejeros en representación de los magistrados.

En ese sentido, según confiaron a este medio fuentes del Consejo, los nueve consejeros que se reunieron esta tarde decidieron dar marcha atrás con dicha resolución e impulsar un "plan de readecuación económica y de recursos humanos" para el Poder Judicial porteño, sin incluir al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, establecer en 875 la planta de agentes permanentes del Consejo, un 20% menos de la nómina actual.

La votación se da en medio de una reducción de cargos políticos y de achique de estructuras impulsadas por la Casa Rosada, y que en algunos sectores del oficialismo aún encuentran cierta reticencia.

Los consejeros -además de Basterra, Alejandro Fernández, Vanesa Ferrazzuolo, Juan Pablo Godoy Vélez, Darío Reynoso, Javier Roncero, Silvia Bianco, Vázquez y Lago debatieron durante horas- aprobaron además ajustar viajes -"se limitan a los estrictamente necesarios para representar institucionalmente al Poder Judicial", explicaron- y gastos de caja chica. Hasta hoy, y desde hace años, el organismo era un festival de viajes, viáticos y hospedajes en hoteles de lujo.

En las últimas semanas, el organismo también había sido blanco de críticas por la filtración en el nombramiento de familiares y por la contratación, por ejemplo, de tres actores para la simulación de juicios por jurados, por la que cobraron miles de pesos. Entre ellos, Martín Seefeld, del círculo íntimo de Macri. Y por una denuncia presentada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en la Facultad de Derecho de la UBA contra Basterra, tras un concurso que quedó salpicado por la contratación de una asesora en la unidad de la consejera. En su presentación, Gil Domínguez fue patrocinado por Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Rizzo atraviesa desde hace meses una serie de cortocircuitos con un sector de la mesa judicial que rodea a Macri y con Daniel Angelici. El Colegio Público de Abogados tendrá elecciones en abril próximo: uno de los bandos de la mesa judicial en torno al jefe de Estado busca un acuerdo con Rizzo. Según confiaron, Cambiemos definirá su estrategia a partir de febrero.

Bajan los subsidios pero el gasto del Estado sigue subiendo

Por Fernando Laborda - LA NACION - @flaborda

Poco después de anunciarse el último aumento de tarifas en trenes y colectivos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , admitió que, a pesar de esos incrementos, no habría una reducción significativa de los subsidios que paga el Estado y que constituyen una de las principales razones del déficit fiscal.

Según el presupuesto nacional aprobado para 2018, el monto de subsidios al transporte este año rondaría los 94 mil millones de pesos, una cifra muy similar a la de 2017. Esta previsión supondría una baja de los subsidios en términos reales, frente a una inflación anual que el gobierno de Mauricio Macri proyecta en el 15% y que, según distintos economistas, podría ser unos puntos mayor. Pero el ahorro para el Estado tiene sabor a poco, especialmente si se compara con el costo político y social que representa cualquier aumento en el transporte de pasajeros.

A diferencia del transporte, los ahorros obtenidos en materia de subsidios a la energía fueron mucho más importantes. De acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en datos del Ministerio de Hacienda hasta noviembre de 2017, los subsidios energéticos se redujeron el año último en 66 mil millones de pesos respecto de 2016. Pero el problema radicó en que el resto de los subsidios económicos subieron en 30 mil millones de pesos, mientras que los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias aumentaron en otros 33 mil millones de pesos en igual período.

La conclusión es que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía y el consiguiente aumento de tarifas de luz y gas fue empleado para aumentar el gasto público en otros rubros.

"El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte y tienen como principal finalidad subsidiar a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios", señala el trabajo de Idesa, según el cual se podrían ahorrar recursos si la Nación abandonara la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales. El vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también contribuye a que los ahorros en los subsidios energéticos no se noten en las cuentas fiscales finales.

Apunta el estudio de Idesa que mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec arrojó que la inflación de 2017 ascendió al 24,8%, la llamada "inflación núcleo", que excluye a los productos estacionales y a los precios regulados, fue del 21,1%. Se deriva de estos datos que "lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación, sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aun sin considerar el ajuste de tarifas".

La explicación que a este fenómeno le asignan distintos economistas guarda relación con el elevado nivel de gasto público y de necesidades de financiamiento del Estado, que impactan en el alto déficit fiscal.

Economistas de la Fundación Libertad y Progreso, como Aldo Abram y Agustín Etchebarne, han insistido en la necesidad de que, en lugar de endeudarse para financiar el pago de salarios en el sector público, el Estado tome deuda para financiar la reducción del empleo público, que entre los años 2001 y 2016 pasó de 2,3 millones a 3,6 millones de agentes. Un dato impresionante si se tiene en cuenta que ese crecimiento representa un 56%, cuando en igual período la población total se incrementó en poco menos del 20%.

Si se toma exclusivamente a las provincias, el crecimiento del empleo público cobra mayores dimensiones, por cuanto el número de agentes públicos provinciales cada mil habitantes era de 36 en el año 2001 y de 52 en 2016, lo que implica un aumento del 44%.

El reciente compromiso de responsabilidad fiscal que firmaron los gobernadores provinciales con el gobierno nacional apenas obliga a aquéllos a garantizar que el empleo público en sus provincias no crezca más que el aumento de la tasa poblacional y que el gasto público no aumente en proporción mayor a la inflación.

La alternativa que estudia el gobierno nacional, anunciada ayer por LA NACION, de ofrecer a los gobernadores provinciales planes de financiamiento para jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios de los empleados públicos es una primera medida hacia una reducción del personal en la administración estatal. Una innovación para la que aún resta conocer si tal programa se financiará con préstamos o con otro festival de subsidios.