La deuda impaga de Cuba

Editorial del diario La Nación

Cuba tiene una deuda externa total de unos 30.500 millones de dólares. Sumados capital e intereses, la deuda del país caribeño con nuestro país ascendería a un monto significativo, cercano a los 2500 millones de dólares, convirtiéndonos en su segundo acreedor externo, sólo después de Japón.

Cuba ha sido una mala pagadora desde los años 80. Ha renegociado su deuda externa con distintos países, entre ellos Rusia, México y Brasil. Con la Argentina existieron varios frustrados intentos de renegociación. El gobierno nacional estaría ahora dispuesto a reestructurar dicha deuda extendiendo los plazos de pago para permitir que Cuba, de una buena vez, comience a devolver a los argentinos lo que nos pertenece.

El origen de la deuda con nuestro país data de 1973. Durante el gobierno de Héctor Cámpora, con José Ber Gelbard a cargo de la cartera económica, prestamos imprudentemente a Cuba 1278 millones de dólares a seis años de plazo con una tasa de interés del 6% en un acuerdo que Cuba no respetó y que le permitió financiar la compra de tractores, automotores y maquinaria agrícola argentina.

El reciente huracán que azotó a la isla demoró un viaje de nuestras autoridades previsto para iniciar las negociaciones del caso. Existe un precedente que obra de piso respecto de esta cuestión. Es el arreglo de Cuba con sus acreedores externos del Club de París, en diciembre de 2015, y que está ya en plena implementación.Hablamos sólo de la deuda del Estado cubano con Estados y entes públicos extranjeros. Fuera de la renegociación quedó la deuda mantenida por Cuba con la banca privada.

En 2016 Cuba comenzó a repagar el capital adeudado al Club de París. Unos días antes del vencimiento acordado se devolvió el 1,6% de éste, o sea, unos 40 millones de dólares. Ese porcentaje de devolución irá aumentando paulatinamente hasta repagar el último saldo del capital, en 2033. En caso de eventual incumplimiento de los términos de la reestructuración convenida, Cuba aceptó pagar intereses punitorios a una tasa del 9% anual y dado que no está controlada por el FMI, el país aceptó informar a sus acreedores anualmente sobre la evolución de su situación económica y financiera.

Con sus acreedores latinoamericanos, incluida la Argentina, Cuba debe arribar a acuerdos semejantes a los alcanzados con el Club de París. Es hora de corregir, con una conducta impecable, una actitud poco seria. Para nuestras autoridades es hora de advertir que hemos dejado atrás la época en la que pedir a Cuba que saldara sus deudas era ideológica o políticamente incorrecto. El Gobierno tiene la indeclinable obligación de exigir el repago de los dineros que pertenecen a sus ciudadanos sin más dilación.

La AFIP aprieta el nudo fiscal sobre Cristóbal López: le negaron más planes de pago

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El organismo recaudador rechazó varios pedidos del Grupo Indalo para financiar las deudas de sus firmas y lo notificó para que las regularice de inmediato. Es el último paso antes de iniciar nuevos reclamos judiciales.

Cristóbal López, cabeza del Grupo Indalo. Foto Emmanuel Fernandez

Lejos de los años de facilidades fiscales, Cristóbal López enfrenta otro revés de la AFIP: le fueron denegados un conjunto de planes de pago a los que el Grupo Indalo había buscado acceder para alivianar sus problemas financieros. La situación procesal del empresario K fue el principal obstáculo para obtener el plan para varias de sus firmas. Además, fue intimado a regularizar deudas fiscales.

En medio de los rumores de una posible venta de su multimedio, Cristóbal López busca reordenar sus finanzas. El problema es que "la bicicleta fiscal con la que se financiaba ya no la tiene", indicaron fuentes del gobierno a Clarín.

El dueño de Indalo tiene un cerco fiscal cada vez más grande. Tal como contó este diario, en el presente paga 24 veces más que con en el gobierno anterior del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC): en 2016 pagó 3.150 millones de pesos, y en lo que va de 2017 ya lleva pagados 2.140 millones, contra los 128 millones que sólo abonó en 2015.

Recientemente, la AFIP le negó el ingreso al Grupo Indalo al plan de facilidades de pago conocido como “Plan Puente”, que permite a todos los contribuyentes regularizar las deudas hasta en 24 cuotas en el marco de la resolución 4099, "por un monto total superior a los 10 millones de pesos".

Realizados los controles de práctica y las causales de exclusiones previstas que indica la normativa de la AFIP, se "rechazaron dichos acogimientos" ya que las empresas se encuentran procesadas en varias causas penales por apropiación indebida de aportes y retenciones y en otra por defraudación contra la Administración Pública", señalaron fuentes oficiales a Clarín.

Cristóbal López está procesado por lavado de dinero y asociación ilícita junto a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. Pero el expediente económico más sensible en su contra es el que se encuentra bajo estudio en la Sala I de Casación: la deuda de 8.000 millones de pesos que generó con la AFIP durante el anterior gobierno por no pagar el ITC con la firma Oil Combustibles SA, empresa que presentó a concurso de acreedores.

"El concurso de acreedores de Oil fue bloqueado por la AFIP aportando pruebas de que la empresa no estaba en condiciones de presentarse al concurso y que su virtual insolvencia fue provocada dolosamente, mediante una maniobra de vaciamiento", indicaron fuentes oficiales a Clarín.

Con este escenario, y previo dictamen jurídico, se procedió a notificarles a López y a su socio Fabián De Sousa que habían sido rechazados, "poniendo fin a la bicicleta fiscal, renovando pagos y financiando su grupo con eso", explicaron fuentes oficiales.

La semana pasada se notificó a los dueños de Indalo a que regularicen el pago de las sumas adeudadas con los intereses correspondientes "bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro", según confirmaron desde Indalo. Además, el ente recaudador los intimó por el retraso en el pago de la cuota del ITC, que es de 250 millones de pesos.

Al decidir le negativa al ingresar al plan de pagos, se aplicó el procedimiento de reclamo y apercibimiento: "es el mismo que se aplica a cualquier contribuyente que está en una situación judicial de similares características", señaló una fuente oficial al analizar la situación fiscal del empresario K.

Con números en rojo y sin facilidades fiscales como acostumbraba a tener durante la gestión anterior, el empresario K no oculta al interior de su holding los problemas económicos que comienza a tener para cubrir los gastos corrientes de sus sociedades. Hasta diciembre de 2015 no pagó el ITC y en paralelo obtenía Planes de Pago con los que "bicicleteaban la deuda a largo plazo", circuito al que se le puso final.

En marzo de este año, sólo logró ingresar a la moratoria fiscal un conjunto de empresas de medios de comunicación, del rubro petrolero y otras vinculadas a la producción. La cuota mensual era de 57 millones de pesos.

El empresario K además, enfrenta 13 denuncias iniciadas por la AFIP donde le reclaman 589 millones de pesos. 

Con otra venta de bienes del Estado, prevén recaudar US$ 300 millones

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION

Son cinco lotes que se encuentran en diferentes barrios, dos de ellos en las zonas más caras de la ciudad; todo el dinero será destinado a la obra del viaducto del tren San Martín

Retiro: sobre la avenida Del Libertador y Ramos Mejía está uno de los predios con mayor valor de venta. Allí funciona un estacionamiento de una dependencia pública. Foto: Patricio Pidal/AFV

Trescientos millones de dólares. Ésa es la cifra que prevé recaudar el gobierno nacional para invertir en obra pública, principalmente en megaproyectos ferroviarios. Pero para saldar viejas deudas deberá pagar un costo y seguir desprendiéndose de más bienes del Estado, como lo hizo en los últimos años con el fin de redireccionar recursos económicos en tiempos de ajuste presupuestario.

Ese camino comenzará a transitarse hoy en la Legislatura porteña, donde se debatirá la rezonificación de cinco lotes ubicados en Saavedra, Mataderos, Retiro, Palermo y Villa Urquiza. Los predios más cotizados se encuentran sobre la avenida Del Libertador, a metros de la avenida Ramos Mejía, y detrás de Barrio Parque, donde se pagan casi US$ 6000 por metro cuadrado. En todos los predios se podrán construir viviendas, oficinas y locales comerciales.

De acuerdo con los valores actuales del mercado inmobiliario, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) prevé recaudar al menos US$ 200 millones. Sumado a lo que ingrese con la venta de los terrenos de Catalinas Norte y otro predio en Colegiales se alcanzarán los US$ 300 millones que serán destinados a la obra del viaducto del tren San Martín. Esta obra contempla la elevación de cinco kilómetros de vías entre Palermo y Paternal, que permitirá eliminar pasos a nivel con barrera y generar otros cruces adicionales.

Los diputados porteños tratarán el proyecto del Ejecutivo, que necesita doble lectura y audiencia pública; es decir, si hoy consigue el aval, en las próximas semanas se someterá al debate público y luego volverá al recinto. Si en esa instancia vuelve a aprobarse, recién ahí la AABE estará en condiciones de subastar los inmuebles. El éxito del proyecto está asegurado porque necesita 31 votos positivos sobre un total de 60 legisladores. Vamos Juntos, el frente que formó Unión Pro junto con la Coalición Cívica y Confianza Pública, suma 32 integrantes.

Será el primer paso para revalorizar esos predios, que hoy tienen usos diferentes. Dos de ellos están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad. En uno funciona un estacionamiento de una dependencia pública, y en otros dos hay canchas de fútbol en alquiler. Los cinco lotes tienen la nomenclatura de distrito de urbanización futura (UF) y con los cambios que se votarán hoy pasarían a distrito C2 de zonificación general. Esta denominación permite edificar unidades que integren oficinas, comercios y viviendas. En todos los casos el 65% de la superficie deberá ser espacio público (calles o plazas) y el 35% restante, edificable. En total se prevén construcciones por más de 40.000 metros cuadrados.

Ubicación

El lote de mayor valor se encuentra entre las vías del ferrocarril Mitre y el San Martín, detrás de Barrio Parque y a pocos metros del barrio Saldías. La venta de esas tierras se sumaría a los proyectos de urbanización que existen en Saldías y a la intención de fundar una nueva sede del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Según el sitio web Reporte Inmobiliario, el metro cuadrado se cotiza en US$ 5811; el proyecto enviado a la Legislatura estipula que la superficie edificable allí sería de 19.000 m2.

Villa Urquiza. Las canchas de fútbol de alquiler sobre Roosevelt entre Triunvirato y Bucarelli, donde también se podrán construir viviendas, oficinas y locales comerciales. Foto: Victoria Gesualdi/AFV

Sobre la avenida Del Libertador, entre Ramos Mejía y el ingreso a la autopista Illia, se encuentra otro lote que saldrá con un valor de mercado superior a los US$ 3000 por metro cuadrado. El resto de los inmuebles se encuentran en Roosevelt, entre Triunvirato y Bucarelli (Villa Urquiza); Holmberg y General Paz (Saavedra), y General Paz, entre Acassuso y Ercilla (Mataderos).

"Prefiero no hacer conjeturas porque son procesos largos; hay una audiencia pública y dos votaciones. Nos tomaremos el tiempo necesario para escriturar y terminar los planos. Además, en algunos casos vamos a llamar a concurso para socializar el proyecto", explicó el titular de la AABE, Ramón Lanús. Según el funcionario, la actividad privada que se está realizando en dos de los predios "podría continuar por uno o dos años más" hasta que finalice todo el procedimiento.

En la Legislatura se dará el primer paso necesario para otra venta de inmuebles del Estado. El oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar, pero es un proyecto que no cuenta con apoyo unánime. "El Estado nacional y el gobierno de la ciudad han entrado en una fase acelerada de liquidación de tierras públicas para apuntalar negocios privados. Las tierras públicas son bienes escasos y estratégicos. Vamos a votar en contra", adelantó el diputado Carlos Tomada, titular del bloque del Frente para la Victoria.

El oficialismo tiene una visión diferente. "A través de esta nueva normativa urbana estamos valorizando activos de propiedad nacional. Es importante para financiar obras de transporte que beneficiarán a millones de pasajeros", opinó el legislador de Vamos Juntos Agustín Forchieri.

Otros remates importantes

• Predio del Ejército: El 7 de septiembre se subastó el predio delimitado por las calles Báez, Dorrego y Clay, en Palermo, donde funcionaba la sastrería militar. Se recaudaron US$ 33 millones
• Canchas de fútbol: El lote de Campos Salles y Arribeños, en Núñez, se vendió en marzo pasado por US$ 42 millones. Allí funcionaban canchas de fútbol en alquiler
• Edificio Del Plata: El emblemático inmueble ubicado sobre la avenida 9 de Julio pertenecía al gobierno de la ciudad. En abril del año pasado salió a la venta y superó los US$ 68 millones. IRSA se quedó con el edificio

Italia ofrece u$s 1100 millones para financiar el soterramiento del Sarmiento

Por  CRONISTA.COM

Después de 20 años, la Agencia de Crédito Externo de ese país, acompañada de las entidades Deutsche Bank, Intesa San Paolo y HSBC, vuelve a prestar fondos para obras de infraestructura en la Argentina.

El Gobierno informó hoy que recibió una propuesta de financiamiento para continuar con el soterramiento del Sarmiento de 900 millones de euros (1100 millones de dólares). La oferta la realizó la Agencia Italiana de Crédito Externo SACE, a una tasa de 4,8%, junto a las entidades Deutsche Bank, Intesa San Paolo y HSBC, y bajo el impulso de la empresa Ghella, que amplió su participación en el consorcio que lleva adelante la obra tras adquirir la parte de Odebrecht. La constructora brasileña se retiró de la UTE tras reconocer que pagó u$s 35 millones en coimas a funcionarios argentinos para acceder a contratos. 

La propuesta fue presentada hoy en la sede del Ministerio de Finanzas y supuso, además, el regreso -después de 20 años- de la Agencia Italiana de Crédito Externo al financiamiento de obras de infraestructura en la Argentina, informaron desde el Ministerio de Transporte.

Según el comunicado de la cartera que conduce Guillermo Dietrich, “a partir de esta oferta, de aproximadamente 1.100 millones de dólares, se garantiza el financiamiento para el avance de la obra”. El soterramiento cuenta con un presupuesto de u$s 3000 millones.

El regreso del financiamiento italiano para obras de infraestructura en el país no sólo es consecuencia de la posición de preeminencia de Ghella en la nueva conformación del consorcio. Tras el retiro de Odebrecht, la italiana quedará con el 70% de la UTE, que también integran la local Sacde (ex Iecsa) y la española Comsa que redujo su participación del 10% al 1 por ciento a manos también de Ghella. La llegada de estos fondos, si la propuesta es aceptada, se relaciona también con un reanimamiento de las relaciones comerciales de la Argentina con el país europeo, en el marco de la búsqueda local por reingresar a la Ocde y con el telón de fondo del papel que Buenos Aires quiere jugar en las negociaciones para un tratado UE - Mercosur. 

Comenzaron a ajustar la caja chica de ministerios y dependencias públicas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

El Gobierno dio de baja 21.436 celulares, con un ahorro estimado para este año en $ 75 millones; además, estableció precios de referencia para aviones y encuestas de opinión, entre otros

Comenzaron a ajustar la caja chica de ministerios y dependencias públicas.

En su plan para reducir el gasto público de manera gradual, el Gobierno comenzó a achicar erogaciones vinculadas con la caja chica de los ministerios y otros organismos del Estado, una barrera hasta ahora infranqueable en el contexto de las cuentas nacionales, que implican movimientos por miles de millones de pesos todos los años.

La tijera oficial abarca rubros muy diversos, desde los pasajes de avión que utilizan los timoneles de cada cartera, sus equipos técnicos y sus secretarios hasta la realización de encuestas de opinión pública (las más conocidas tienen que ver con la imagen de los funcionarios, aunque también hay sondeos frecuentes para evaluar la marcha de ciertas políticas públicas), la compra de resmas de hojas o el alquiler de baños químicos. Así los confirmaron a LA NACION dos funcionarios de rango ministerial.

Una vez más, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, una especie de gerente de Recursos Humanos de la administración pública, es el encargado de implementar medidas que conduzcan a achicar las erogaciones públicas.

Uno de los servicios que fueron atacados con mayor dureza es la telefonía celular, una prestación que los fondos del Tesoro cubrían hasta ahora con extrema generosidad. Hasta la semana pasada, según corroboraron fuentes oficiales, Modernización había dado de baja 21.436 líneas que mostraban gastos injustificados, habían sido asignadas a familiares de funcionarios, estaban a nombre de personas fallecidas o habían quedado en desuso. Ese recorte, según fuentes oficiales, implicará un ahorro de $ 8,33 millones por mes y $ 41,66 millones este año. En el mismo movimiento ratificó 50.658 líneas activas e identificadas con nombre, apellido y organismo al que pertenecen.

Por orden de la Casa Rosada, Modernización continuará revisando la lista de beneficiarios telefónicos. Semanas atrás comenzó a empadronar el resto de las líneas dispersas en organismos descentralizados.

La enjundia con la que Macri ordenó avanzar con el recorte de la telefonía celular se debe a la situación del servicio cuando llegó al gobierno. A fines de 2015, debido al consumo de líneas móviles y fijas dentro del Estado, había una deuda de más de $ 400 millones contraída entre 2013 y 2015. Fuentes al tanto de la situación sostienen que existían al menos 200 líneas de celulares contratadas en la Anses, el PAMI, AySA y el Ministerio de Desarrollo Social, con consumos que superaban los $ 100.000 por mes. Sólo en el área de los ferrocarriles del ex Ministerio del Interior y Transporte se detectaron 4000 líneas, de las cuales 1400 correspondían a personas fallecidas.

Quizá por el pasado empresario de algunos de los que hoy gestionan el Estado, el Gobierno acordó con las telefónicas un precio 41% más bajo que el que ofrecen al mercado corporativo, según sostienen fuentes oficiales. En total, el Gobierno espera recortar este año $ 75 millones en la factura de los celulares.

Se dieron de baja 21.436 líneas que mostraban gastos injustificados. Foto: Archivo 

La rebaja de las telefónicas se hizo a través de un acuerdo marco, palabra clave que denota el plan de ajuste en un bien o servicio que compra el Estado. En los últimos días el Gobierno lanzó la licitación para hacer lo mismo con los pasajes de avión, uno de los bienes más preciados a los que da acceso la política. En concreto, Modernización busca cerrar la "contratación del servicio de transporte aéreo no regular interno e internacional para viajes protocolares e institucionales". Quiere cerrar así la compra de viajes en jets medianos (con capacidad para hasta ocho pasajeros), supermedianos (hasta 12 pasajeros), pesados (hasta 16 pasajeros), gran porte ejecutivo (hasta 40 pasajeros) y gran porte de alta densidad (hasta 65 pasajeros).

El Gobierno espera que ese mecanismo promueva la competencia entre empresas y le permita al Estado obtener precios más bajos. Algunos funcionarios quieren ir más lejos y asignar una cantidad determinada de horas de avión por ministerio. Una vez que agote su tiempo disponible en el aire, cada cartera debería conseguir nuevas autorizaciones.

El ajuste de Macri también llegó a las encuestas. El 25 de julio pasado se publicó una resolución en el Boletín Oficial que pone en marcha un convenio para que todas las dependencias del Gobierno contraten servicios con los mismos precios, algo que le restó discrecionalidad a la contratación de esos servicios.

La norma estableció una nómina de consultoras "contratables", que cotizaron para distinta clase de encuestas. Según el documento que vio LA NACION, por ejemplo, Isonomía Consultores cotizó en $ 97.405 una encuesta tipo CATI con una duración de 15 minutos sobre 400 casos, y en $ 935.723 el mismo servicio, pero sobre 4200 casos. También hay precios de referencia de Ipsos, Aurelio, Poliarquía, Demos, Agora y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, entre otros.

También se hicieron recortes en la custodia de funcionarios, y acuerdos marco para computadoras y útiles de oficina, entre otros. "Eso les da a los ministerios una gran gama de productos en los que no tienen que perder tiempo buscando precios. Antes había una enorme asimetría de precios entre una y otra cartera", explicó Ibarra a LA NACION. "La función central de un ministerio no es comprar bienes o servicios; con este sistema lo pueden hacer de manera más rápida y eficiente", completó.

Cambios para gastar menos

Pasajes aéros

Modernización quiere cerrar un acuerdo marco para contratar el transporte aéreo interno e internacional para viajes protocolares e institucionales. Es uno de los servicios más preciados de la política. La intención es fijar un precio máximo de referencia para distintos servicios aéreos y así eliminar la discrecionalidad que puede tener la compra por ministerios. Algunos funcionarios cercanos a Macri quieren establecer un límite de horas de vuelo por año para cada ministerio.

Telefonía celular

Uno de los mayores ajustes en la caja chica de los ministerios y otras dependencias del Estado pasó por la telefonía celular, un área en la que la administración actual se encontró con una deuda de $ 400 millones (sumada la telefonía fija).Se le dieron de baja a 21.436 líneas que mostraban gastos injustificados y se ratificaron más de 50.000. Modernización comenzó a hacer un padrón de líneas de telefonía celular para establecer con claridad el gasto de cada una de ellas.

Consultoría

Mediante una resolución que se publicó en julio pasado en el Boletín Oficial, se puso una referencia de precios a la contratación de estudios de opinión pública. Se trata de un servicio que se usa para medir la imagen de los funcionarios, pero también para evaluar la marcha de ciertas políticas públicas. La medida también intenta combatir la discrecionalidad en la contratación de esa clase de servicios. Se establecieron acuerdos marco con varias consultoras.

El Banco Central envía a Europa US$ 462 millones en lingotes de oro

Por Marcela Pagano - Clarin.com

Es para invertirlos y obtener una rentabilidad mayor a guardarlos en el banco. Serán transportados en avión.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger

El Banco Central enviará al exterior US$ 462 millones en lingotes de oro. Se tratan de 11.000 mil kilos del metal precioso que forman parte de las reservas y según pudo saber este diario tendrán como destino Londres. La estrategia del BCRA es migrar parte de las reservas monetarias de oro al mercado internacional para hacer operaciones de carry trade y obtener rentabilidad sobre los lingotes. A su vez, Federico Sturzenegger, buscará evangelizar con un certificado de calidad esos lingotes de oro que fueron comprados por la anterior gestión y que son de "dudosa calidad".

El oro se alquilará en los mercados internacionales y se reinvertirá en operaciones más rentables (generalmente se elige un swap de yenes), generando así una operación de carry trade. "Esto ya lo estamos haciendo con todo el oro que tenemos en Londres, porque al colocarlo en esa plaza financiera podemos ampliar su utilización", confirmaron a Clarín desde la autoridad monetaria. Los lingotes no se venden, se rentan, con lo cual según la autoridad monetaria no afectará al número final de tenencia total de este metal.

Según pudo saber este diario, los lingotes se alquilan ahora por 30 puntos base y se invierten por 150 pbs. Es decir, una diferencia de tasas de 120 puntos base. Aunque claro, los precios y tasas pueden caer al son de los mercados internacionales. Actualmente de los US$ 51.313 millones de reservas monetarias, apenas US$ 2.529 millones son en oro.

Asimismo enviando al exterior el oro, Sturzenegger buscará eliminar algunas dudas sobre la calidad de los lingotes que fueron comprados hace cinco años bajo la gestión de Mercedes Marcó Del Pont. En abril de 2012 el Gobierno había comprado oro por US$ 402 millones, tras 7 años sin sumar ni una onza. Fue una adquisición de apuro -de hecho se concretó la operación cuando la divisa cotizaba a valores récord- por la amenaza de los holdouts de embargar los bienes de Argentina en el exterior y los lingotes se trajeron al país. Luego en 2015 Alejandro Vanoli habría buscado vender esas barras de oro pero no puedo sacarlos fuera del país por el riesgo de confiscación de los fondos buitre.

Esos lingotes, según cuentan desde el mercado financiero local no tendría condición de "buena entrega", una suerte de certificado que avala que el metal es calidad internacional. Este inquietud fue tema de conversación entre Sturzenegger y el presidente del banco suizo UBS durante el último Foro de Davos. El jefe del BCRA consiguió que ejecutivo que tome las barras argentinas y les coloque el "sello de calidad". El objetivo es mover el metal a Londres, aunque no se descarta enviarlos también a Suiza.

Asimismo, en un futuro las reservas en metal fuera del país podrían servirle al Gobierno como garantía exprés a cambio de un préstamo internacional. En el Ministerio de Finanzas niegan que sea un plan a corto plazo.

¿Cómo enviarán los lingotes? El metal se transportará físicamente en aviones trasatlánticos en vuelos regulares. Dada la magnitud, se repartirán los lingotes en dos embarques de cerca de 5.000 kilos (unas 500 barras) que ocuparán un cuarto del kilaje total que puede almacenar las aeronaves. Hay cinco empresas internacionales compitiendo por su transporte en tierra y cada envío costará unos US$ 70.000, es decir que el BCRA desembolsará al menos unos US$ 140.000.

Desde la salida del default, el Gobierno logró apostar a a los mercados y permitió un ingreso adicional de alrededor de US$ 100 millones por año a las reservas según el blog Ideas de Peso del BCRA. Por eso, afirman en el BCRA, seguirán buscando mudar las reservas fuera de la plaza financiera local.

El Gobierno vendió en US$ 9,3 millones el edificio del Instituto Antártico (II)

Por Esteban Lafuente - LA NACION

Afirman que estaba deteriorado y que hubiese sido muy costoso refaccionarlo; programan más subastas

El Estado se desprendió finalmente del edificio que albergó desde 1951 al Instituto Antártico Argentino (IAA). En la subasta organizada ayer en la sede de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el inmueble de cuatro pisos ubicado en Cerrito 1248 y un terreno aledaño, que habían sido tasados en US$ 5,6 millones, fueron vendidos por US$ 9,3 millones.

El instituto funcionaba en Cerrito 1248 desde 1951. Foto: LA NACION 

El ganador del remate, en el que participaron tres oferentes, fue Fideicomiso para la Vivienda AVE 02. En el proceso también participaron Molas Fiduciaria y la empresa Lastra, según especificaron desde el organismo público conducido por Ramón Lanús.

Tal como establece la ley de creación de la AABE, que se introdujo en 2012 tras la disolución de la Onabe, el 70% del monto recaudado por la venta de las parcelas donde funcionaba el IAA será asignado a la Cancillería, organismo de la cual depende el IAA. El 30% restante irá al Tesoro.

La subasta de ayer se desarrolló en el marco del programa de venta de inmuebles considerados prescindibles por parte del Estado. El edificio había sido incluido en un listado de 17 propiedades dispuestas para ser "enajenadas" por la AABE, según el decreto 952/2016, aunque dicha decisión generó una fuerte polémica sobre el futuro del instituto y sus investigadores, quienes denuncian que no cuentan con un lugar acondicionado para trabajar y que la venta sería el punto final para un instituto parcialmente desguazado.

"Nuestras condiciones de trabajo son muy malas desde hace muchos años, pero en los últimos cuatro nos fragmentaron totalmente, no es operativo trabajar así", dijo a la nacion Tamara Monograsso, investigadora científica del IAA. Según los empleados, el inmueble de Cerrito 1248 es el único edificio propio con el que cuentan, pero, debido a su deterioro, desde hace años están dispersos por varias oficinas. En 2015, por un convenio con la Universidad de San Martín, fueron trasladados a laboratorios en el campus de dicha institución, que aún no están operativos.

A su vez, sostienen que en el edificio de Cerrito aún permanecen parte de la biblioteca del IAA y parte de los archivos históricos de la investigación argentina en la Antártida, muchos de los cuales están sin inventariar.

Desde la AABE, mientras tanto, argumentan que la venta se decidió por el estado de deterioro del edificio. "Está semiabandonado desde hace años y refaccionarlo cuesta casi lo mismo que la venta, por eso el Gobierno decide la subasta", dijo a la nacion Ramón Lanús, titular de la AABE.

"En un contexto de restricción presupuestaria decidimos la venta, sabiendo que el edificio no representa al Instituto Antártico. El compromiso del Gobierno con el instituto se mantiene, y vamos a garantizar su funcionamiento en otro lugar", añadió Lanús.

Antes de la subasta, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y el senador Julio Catalán Magni (FPV) habían presentado notas ante la AABE y la Cancillería solicitando el aplazamiento de la subasta y que se analizara la restauración del edificio, un pedido que no prosperó. "Se realizó un análisis de costos para la puesta en valor del inmueble, que arrojó una estimación de US$ 3.900.000 (cotizado a valores de agosto 2015)", le respondió Lanús al legislador fueguino, en una nota escrita a la que accedió la nacion.

El futuro del lugar

Según el pliego presentado por la AABE, el predio comprendido por ambas parcelas tiene una superficie total de 1046,45 metros cuadrados. El edificio del IAA tiene cuatro pisos y un subsuelo, mientras que el terreno contiguo, de 8,63 metros de frente, presenta actualmente una construcción prefabricada en el fondo y un tinglado en la parte delantera.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el organismo oficial, quien adquiera el predio estará habilitado para construir hasta 13 pisos (alrededor de 41 metros), en un desarrollo que incluya la fachada original del actual edificio, que alberga al IAA desde 1951.

Con la subasta, la AABE lleva recaudados US$ 138 millones por el remate de 12 predios e inmuebles en la Capital Federal. Para este año, a su vez, hay programadas otras 17 subastas, que comprenden terrenos en Catalinas, en el barrio de Retiro, por los que la entidad proyecta recaudar US$ 165 millones, y un predio actualmente utilizado por el Ministerio de Defensa sobre la Avenida de los Italianos, en Puerto Madero.

Bienes de los que el estado se desprende

El remate - Participaron tres oferentes: Fideicomiso para la Vivienda AVE 02; Molas Fiduciaria y la empresa Lastra. El ganador fue el primero, con una oferta de US$ 9,3 millones.

Oposición - La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y el senador Julio Catalán Magni, del FPV, habían presentado notas ante la AABE y la Cancillería solicitando el aplazamiento de la subasta y que se analizara la restauración del edificio, que no prosperaron.

El futuro - El comprador del predio estará habilitado para construir hasta 13 pisos en un desarrollo que incluya la fachada original del actual edificio.

Otras subastas - Para este año hay programadas otras 17 subastas, entre otras, por terrenos en Catalinas, por los que el Estado proyecta recaudar US$ 165 millones, y un predio utilizado por el Ministerio de Defensa en Puerto Madero.

Subastan el Instituto Antártico por U$S 5,6 millones pese al reclamo de los científicos

Por Esteban Lafuente y Agustina López - LA NACION

AABE lo subastará mañana porque los laboratorios ya fueron reubicados; los investigadores aseguran que en realidad están desmantelados.

Foto: El Instituto Antártico Argentino funciona en Cerrito 1248 desde 1951. 

Mañana a las 12 se subastará, por un mínimo de U$S 5,6 millones, el edificio en donde históricamente funcionaba el Instituto Nacional Antártico (IAA), en la calle Cerrito 1248. La operación está prevista a desarrollarse en la sede de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en Retiro, como todas las que viene haciendo el organismo en su plan de venta de inmuebles considerados prescindible.

Sin embargo, debajo de esta venta surgen reclamos y tironeos entre diversos actores: al planteo de los científicos y empleados del IAA, que denuncian que no cuentan con un lugar acondicionado para trabajar y que esta venta sería el punto final para un instituto parcialmente desguazado, se opone la visión de la AABE, que asegura que el edificio está en condiciones ruinosas y su restauración es insostenible, y la expectativa de desarrolladores inmobiliarios, que buscan montar un emprendimiento rentable en una de las zonas más codiciadas de la ciudad.

"El edificio está semi abandonado hace años y refaccionarlo cuesta casi lo mismo que la venta, por eso el Gobierno decide la subasta", dijo a LA NACION Ramón Lanús, titular de la AABE. "En un contexto de restricción presupuestaria decidimos la venta, sabiendo que el edificio no representa al Instituto Antártico. El edificio está desocupado. El error es pensar que decidir sobre el inmueble es una decisión sobre el instituto. El compromiso del Gobierno con el Instituto se mantiene, y vamos a garantizar su funcionamiento en otro lugar", agregó.

Fuentes de Cancillería dijeron a este medio que se inició un proceso para garantizar la salvaguarda del material de museo y biblioteca antárticos. "Se ha puesto a disposición un inmueble sito en la calle 25 de Mayo, entre Paraguay y Viamonte, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó trabajos de reacondicionamiento, con el objeto de albergar el material de biblioteca y museo antárticos", indicaron.

En la vereda de enfrente se paran los trabajadores del IAA. Denuncian que ese es el único edificio propio con el que cuentan pero que, debido a su deterioro, desde hace años que están dispersos por varias oficinas y los laboratorios a los que fueron trasladados en 2015 -por un convenio con la Universidad de San Martín- no son operativos. Finalmente, aseguran que con esta venta corre riesgo patrimonio científico antártico que permanece aún en los archivos del edificio de Cerrito, junto con parte de su biblioteca. Reclaman que los dejen ingresar para inventariar y embalar correctamente los documentos y libros.

"Nuestras condiciones de trabajo son muy malas hace muchos años, pero en los últimos 4 nos fragmentaron totalmente, no es operativo trabajar así", aseguró Tamara Monograsso, investigadora científica del instituto.

Sintéticamente, las demandas de los científicos son tres. Por un lado, piden al Estado que dé marcha atrás con la subasta y, en cambio, reacondicione su sede histórica y que todos los componentes del instituto -laboratorios, archivos, sede administrativa- vuelvan a funcionar allí. De no ser posible, solicitan que se postergue la venta en tanto puedan inventariar y trasladar correctamente los archivos que se encuentran allí, ya que empezaron a mudarlos de forma desorganizada. Finalmente, plantean que el dinero de la venta sea destinado a adquirir un nuevo edificio que sea propiedad el IAA.

De la venta futura- informaron desde AABE- el 70% de lo recaudado irá a Cancillería para reinvertir en función de sus necesidades y el 30% al Tesoro.

Como publicó LA NACION el año pasado, el desmantelamiento que indican los investigadores comenzó en 2013, cuando el Instituto y la Dirección Nacional del Antártico fueron trasladados a unas oficinas en Balcarce 290, mientras, supuestamente, se arreglaba Cerrito. Los laboratorios quedaron en el viejo edificio.

En 2015 se inauguraron en el campus de la Universidad de San Martín nuevos laboratorios a los que se mudó definitivamente a los científicos del instituto. Si bien se invirtieron $ 20 millones para equiparlos, la cifra no se refleja en la realidad. "Esos laboratorios no son operativos, nunca fueron bien equipados y no están terminados. La actividad es muy deficiente", dijo Monograsso al respecto.

El reclamo se replicó en el Senado

Esta semana, el senador por Tierra del Fuego Julio Catalán Magni (FPV) solicitó a la AABE y la Cancillería el aplazamiento de la subasta. "El espíritu del Gobierno provincial es sostener el edificio y ponerlo en valor. La AABE argumenta por el deterioro y el abandono del edificio, y no es un argumento que llame la atención de funcionarios de Cambiemos. Ellos ven la oportunidad del negocio inmobiliario", planteó en diálogo con LA NACION.

En cuanto al futuro del lugar, de acuerdo con el proyecto elaborado por el organismo oficial, quien adquiera el predio estará habilitado para construir hasta 13 pisos (alrededor de 41 metros), en un desarrollo que mantenga la fachada original del actual edificio que alberga al IAA desde 1951.

"La postura del Estado desde siempre fue que esta venta era una orden superior y que venía de arriba. Lo que nosotros planteamos a esta altura es poder hacerlo bien, que nos dejen entrar para salvar documentos. Hay libros que se trasladaron y ni sabemos a dónde fueron a parar. Así, están menoscabando la actividad antártica" , se quejó Jorge Palacios, delegado gremial antártico de ATE.

En lo que va de 2017, la AABE lleva recaudados US$ 129 millones por el remate de 11 predios e inmuebles en Capital Federal. Para este año, además del edificio del IAA, hay programadas otras 17 subastas, que comprenden terrenos en Catalinas, en el barrio de Retiro, por el que la entidad proyecta recaudar US$ 165 millones y un predio actualmente utilizado por el Ministerio de Defensa sobre Avenida de los Italianos, en Puerto Madero.

Argentina declara la guerra a Francia por el biodiésel

(Ambito.com) - Argentina suspendió la negociación con Francia por la compra de 4 buques destinados a patrulla marítima. Es la misma que había arrancado durante la visita de Francois Hollande, cuando la relación entre el gobierno de Mauricio Macri y París era solo miel. En el medio apareció un fantasma que acosa al país en varios frentes, el mas conocido los Estados Unidos: la presión de los productores locales para que se frenen las exportaciones argentinas de biodiésel a esos destinos.

La historia comenzó cuando los productores de colza de Francia y Alemania cerraron un acuerdo para frenar la reapertura del biodiésel argentino en el mercado europeo. Acto seguido anunciaron que presentarán una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio.

Fue la reacción al anuncio de la Unión Europea de bajar los gravámenes de importación al biodiésel argentino. La reacción de los productores franceses no se hizo esperar y de ahí que comenzaran a preparar una presentación donde se activa un procedimiento antisubvención, algo parecido a lo que consiguieron los productores estadounidenses contra los argentinos.

Ese razonamiento se basa en que Argentina no grava la exportación de biodiésel y si cobra retenciones a las ventas de aceite de soja al exterior con una tasa de 25 %.

Para Francia la decisión de sus productores es un dolor de cabeza. No hay voluntad alguna en París de complicar las relaciones con Argentina, pero el camino parece muy complicado por ahora.

Macri se puso firme ayer y el gobierno declaró como contrapartida a ese desafío que la negociación por la compra de los 4 buques queda congelada. Para los franceses, proveedores natos de armamento a la Argentina desde toda la vida, la noticia no puede ser peor. Ahora se frena esa operación, pero en el futuro cercano estaba también el tanteo por la compra de aviones Mirage para reemplazar la desmantelada flota de la Fuerza Aérea.

La negociación con Francia giraba sobre la compra de 4 buques OPV (Ocean Patrol Vessel, por su sigla en inglés) destinados a patrulla marítima, una necesidad urgente para el país. Esos buques son de la clase L'Adroit y uno de ellos pudo verse anclado en el apostadero naval Buenos Aires durante la visita de Hollande al país. 

El gobierno ya emitió la orden de gestión administrativa para autorizar el endeudamiento por 360 millones de euros para la compra de los 4 buques, tal como había adelantado este diario. Eso no significa que los fondos estén disponibles, sino que esta autorizado el financiamiento. Ahora todo quedó involucrado en esta nueva guerra comercial por el biodiésel. - Rubén Rabanal

La mayoría de las provincias no genera ni un tercio de sus gastos

Por Lucrecia Bullrich - LA NACION

Requieren fondos nacionales para cubrir sus necesidades; en los últimos meses creció la tensión por el reparto de los impuestos entre la Casa Rosada y las gobernaciones

La mayoría de las provincias no genera ni un tercio de sus gastos. Foto: Archivo

Más de la mitad de las provincias generan menos de un tercio de los recursos económicos que necesitan para subsistir. El dato cobra fuerte relieve coyuntural de cara a un fin de año en el que la puja por fondos entre el gobierno nacional y los gobernadores promete acumular tensiones.

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales anuales. O dicho de otro modo: dependen de la Casa Rosada para cubrir más de dos tercios de sus gastos.

La conclusión política se impone. Cuanto menor es la incidencia de los recursos propios en el esquema de ingresos totales de cada provincia, mayor es su dependencia del gobierno nacional. Esa relación se agudiza con las transferencias no automáticas de recursos, es decir, aquellos que no se coparticipan directamente según coeficientes fijados por ley, sino que dependen de la discrecionalidad del poder central.

El análisis del Iaraf indica que en el podio de las provincias más dependientes están Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En la primera, los ingresos provinciales representan apenas el 9% de la masa total de ingresos anuales del distrito. En La Rioja son el 10% y en Santiago, el 12 por ciento.

Las siguen Jujuy y Chaco, con el 14%; Corrientes (16%) y Catamarca (18%). Otras cinco provincias superan el 20% de dinero propio en sus arcas. Son San Luis (21%), Salta, (23%), Entre Ríos y Misiones (27%), y Tucumán (29%).

El ranking de las provincias menos independientes del poder central se completa con San Juan, que genera el 30% de sus recursos, y La Pampa, que la supera por un punto: el 31% de sus ingresos son propios.

En el otro extremo, el de los distritos económicamente más autónomos, se ubican la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y Santa Fe.

"En cualquier país federal del mundo, la estructura tributaria tiene un componente redistributivo, por el que las regiones más ricas ayudan a las más pobres, y otro devolutivo, por el que cada distrito recibe recursos según lo que recauda. La clave es buscar un punto intermedio entre ambos elementos y para eso es clave hacer cuatro reformas fiscales en la Argentina", evaluó el director del Iaraf, Nadin Argañaraz.

El economista y ex subsecretario de Desarrollo y encargado de la Comisión para el Análisis de la Reforma Tributaria y la Coparticipación del actual gobierno, avanzó sobre el detalle de los cambios que, asegura, habría que poner en marcha. "Es indispensable encarar cuatro reformas fiscales: una reforma tributaria nacional; una reforma de la ley de coparticipación que, entre otros puntos, contemple cambios en el reparto de subsidios; una ley de responsabilidad fiscal, y una reforma tributaria provincial", detalló.

Para Walter Agosto, investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), otro factor clave es que las provincias mejoren su recaudación. "En el esquema actual, a las provincias les resulta más cómodo aumentar el gasto sin asumir el costo político de incrementar sus propios impuestos. Darles más potestades tributarias a los gobiernos subnacionales limitaría esta idea de ser generoso con la plata ajena", razonó el especialista.

El "mapa de dependencia" de las provincias respecto de la Nación jugará de lleno en las discusiones políticas que Mauricio Macri deberá encarar después de las elecciones. En esa agenda sobresale la discusión del presupuesto, y en ese marco, la puja entre el Presidente y los gobernadores por el reparto del impuesto al cheque. La batalla por este punto ya está planteada: en el proyecto que envió el viernes al Congreso, el Poder Ejecutivo prevé que el 70% de la recaudación del impuesto, que hoy retiene la Nación, se destine a la Anses. Los gobernadores reclaman que, en cambio, el tributo se coparticipe en su totalidad.

Una vez más, los números explican parte de la pelea que viene. Con el impuesto al cheque, que representa el 1,63 del PBI, el Gobierno espera recaudar $ 201.739,9 millones en 2018, un 18,9% más que este año. Disputa feroz en puerta.

En la lista de temas que el Gobierno necesita resolver antes de fin de año están, además del presupuesto, la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal y de la reforma tributaria.

Los cambios en el esquema de impuestos que impulsa el Gobierno incluye la eliminación de Ingresos Brutos. El gravamen es vital para las provincias: representa casi el 78% de lo que recaudan. El combo se completa con el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que está pendiente de un fallo de la Corte Suprema, pero ya genera cortocircuitos.

El Gobierno dice que la deuda pública aumentará US$ 42.000 millones este año

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com

Estima que en total llegaría a US$ 317.000 millones, casi el 58% del PBI. El año que viene podría pegar otro salto.

El ministro Nicolás Dujovne presentó el viernes el Presupuesto 2018

Este año, la deuda pública aumentará en U$S 42.000 millones, de 275.000 millones a 317.000 millones de dólares. Es lo que se desprende del Mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto 2018 que señala que “la deuda pública total de la Argentina con el sector privado y organismos internacionales ascendería a fines de 2017 a U$S 153.900 millones, equivalente a 28,5% del PBI. Si incluimos también la deuda intrasector público (deuda con ANSES, Banco Central y Banco de la Nación Argentina entre otros) el total sería de U$S 317.000 millones equivalente a 58,7% del PBI”.

A fines de 2016, la deuda interna y externa del Estado Nacional, en pesos y en moneda extranjera, incluida la intra sector pública, sumaba 275.446 millones de dólares que representaba el 54,2% del PBI, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Economía. Esa cifra incluye lo que aún se adeudada al reducido grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda y no consideraba lo que todavía se adeudaba del cupón PBI por los bonos vinculados al PBI (U$S 13.001 millones).

En tanto, a fines de 2015, la deuda publica bruta, también incluyendo la que estaba en default, sumaba US$ 240.665 millones, equivalente entonces al 53,5% del PBI. En consecuencia, luego de haber crecido en U$S 35.000 millones en 2016, este año el endeudamiento publico aumentaría en otros U$S 42.000 millones.

Para 2018, del proyecto de Presupuesto presentado el viernes surge el endeudamiento público podría pegar otro salto similar como consecuencia del déficit fiscal estimado para el año próximo de $ 681.803 millones, equivalente a 5,5% del PBI o U$S 35.326 millones considerando un dólar promedio de $ 19,30.

El financiamiento previsto supera los U$S 40.000 millones, por la colocación de nuevos bonos y Letras, mayores préstamos de organismos internacionales (U$S 3.300 millones) y de “adelantos transitorios” del Banco Central ( $ 140.000 millones).

Se estima que el 80% del endeudamiento total está contraído en moneda extranjera y el 20% en pesos.Si la comparación se extiende a fines de 2005, luego del primer canje de deuda, cuando sumaba US$ 154.271 millones, a fines de 2017 el endeudamiento habrá crecido en más de US$ 163.000 millones.

En proporción al PBI, la deuda publica total registra un curso ascendente: pasó del 38,7% en 2011 hasta el 53,5% en 2015, al 54,2% en 2016 y al 58,7% en 2017. Y también creció la carga financiera: los intereses pasaron del 1,4% del PBI en 2015, al 1,6% del PBI en 2016, al 2,2% en 2017, y aumentaría al 2,3% en 2018. Eso significa mayor peso de los intereses en el gasto y en el déficit fiscal.

Esta deuda pública nacional no incluye lo que adeudan las provincias y tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda extranjera.

Sin considerar la deuda con el BCRA, ANSeS y otros organismos públicos, el Mensaje que acompaña al Presupuesto señala que la deuda pública con el sector privado y organismos internacionales del 28,5% del PBI en 2017 aumentaría unos 3 puntos del PBI por año: al 31,1% en 2018, al 34,3% en 2019 y 37,3% en 2020 “y comenzaría a descender a partir de 2021 cuando se converge al equilibrio fiscal”. Y el Mensaje agrega: “Estos niveles de endeudamiento son bajos tanto en términos históricos como en relación a los demás países de la región”.

Estamos en la "lona"...

Inundaciones: el impacto económico, más allá del campo

Por Carlos Manzoni - LA NACION

Las pérdidas en la actividad agropecuaria provocadas por el agua también se hacen sentir de la tranquera para afuera; se estima que se verán perjudicadas la recaudación fiscal, el consumo en pueblos del interior y la balanza comercial

El agro fue el primer sector en evidenciar un repunte de la actividad en la era macrista. Pero, así como en época de vacas gordas derrama sus bondades en el resto de la economía, también hace sentir su rigor cuando los vientos soplan en contra. Esto último es lo que ocurre en la actualidad, cuando las fuertes pérdidas que causan las inundaciones en los campos argentinos se empiezan a sufrir de la tranquera para afuera.

Foto: Municipalidad de Roque Pérez

Los daños no son menores. Luego de las abundantes lluvias que castigaron a Buenos Aires y La Pampa durante el fin de semana pasado, hay 10 millones de hectáreas productivas inundadas y anegadas, lo que pone en riesgo el trigo ya sembrado y el comienzo de la campaña de granos gruesos que se inicia con el maíz.

En total, según pudo reconstruir LA NACION tras consultar diversas fuentes, se perderían por el agravamiento de los excesos hídricos 1,19 millones de hectáreas de cultivos, que se componen de la siguiente manera: 300.000 hectáreas menos de trigo (entre lo que ya no se pudo sembrar y lo implantado y perdido), 650.000 hectáreas de la nueva siembra de soja, 150.000 hectáreas de maíz y 50.000 hectáreas de girasol. Considerando los rindes promedio de los últimos cinco años para cada uno de esos cultivos y los valores actuales FOB, la pérdida económica por lo que se dejaría de producir equivale a US$ 1138,5 millones.

Según un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), a esa cifra hay que sumarle $ 4517 millones en concepto de pérdida de 301.000 cabezas en el rodeo general y $ 4380 millones en calidad de menor destete de terneros. Asimismo, se perdieron $ 477 millones en lechería, por menor remisión de leche en los últimos 120 días.

"Adicionalmente, se deberían contabilizar las pérdidas por deterioro de la infraestructura y aumento de costos de logística, reparaciones y mayores gastos de combustibles, que se generan a causa de la intransitabilidad de los caminos y demás vías de comunicación", dice el trabajo de la SRA.

Los primeros que sufren este "derrame negativo" son los pueblos que rodean los campos anegados. Raúl Eduardo Rosiere, presidente de la Asociación Sociedad Rural de General Pico, La Pampa, cuenta que los daños son muy difíciles de cuantificar, pero que ya se pueden palpar. "En el circuito económico local se está sintiendo, porque uno habla con la gente y ve que tiene menos movimiento desde el gomero hasta la despensa. Se venden menos agroquímicos y menos maquinaria agrícola, y también otros bienes de consumo más masivo", señala.

La consultora Analytica hizo una estimación de la valorización de la pérdida considerando trigo, maíz, soja, girasol, ganadería y lechería, que da US$ 1700 millones, lo que representa 0,25% del producto bruto interno (PBI). Éste es el impacto directo. Pero ¿qué pasa en general? Hay un impacto indirecto que es muy difícil de estimar y es la movilización que generan estos US$ 1700 millones: menor venta de fertilizantes, del resto de los insumos agropecuarios y de bienes de capital.

Foto: Mauro V. Rizzi

"Genera una pérdida de recurso directo en los productores y esa contracción se traduce en toda la cadena, desde la venta de insumos hasta la de maquinarias", explica Rodrigo Álvarez, director de Analytica. Y el efecto va más allá, agrega, por el derrame del agro a las localidades afectadas.

El impacto de las inundaciones pega en todas las actividades del circuito productivo: menos laboreo en la tierra, menos maquinaria agrícola, menos gasoil, menos fertilizante, menos contratación de servicios, menos transporte, menos actividades de servicios ligadas a la comercialización de la cosecha, menos pago de impuestos y menos divisas por exportación. Pero además, están los efectos de segundo orden, generados por el hecho de que el productor pierda ingresos: menor inversión y menor consumo en las poblaciones.

Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad (CEP), coincide con el diagnóstico. Si la producción agropecuaria de la zona núcleo se cae, concluye, se transporta menos, se genera menos demanda de servicios agropecuarios para las cosechas y se produce un impacto negativo en las poblaciones rurales. "Hay que estar muy atento para ver lo que va a pasar con el consumo mañana, porque la cosecha de soja y maíz impacta en el segundo trimestre del año próximo", advierte.

Otra actividad que se verá afectada será la construcción, porque el excedente del productor siempre ha ido en gran medida a los ladrillos. "Pero acá entramos en otro de los efectos que son muy difíciles de medir", afirma Álvarez. Y agrega que también la industria automotriz sentirá el golpe, por una menor compra de camionetas.

Dante Sica, director de la consultora Abeceb, dice que hay que estar muy atentos al precio de la carne (por el impacto que puede tener la dificultad en transportar ganado) y en el abastecimiento de leche para la industria. "Además, miraría la obra pública, porque algún proyecto puede verse demorado debido a que se encuentra en zonas anegadas por el agua", afirma.

Ahora bien, ¿impactarán estas pérdidas en el crecimiento del PBI este año? "La relación no es tan directa", responde Álvarez, porque se pierde por el campo, pero se puede ganar por el lado de otros sectores. La producción el año que viene pierde al menos 0,25% por las inundaciones, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la actividad será de -0,25%.

Por su parte, Coremberg cree que va a haber un recorte en el crecimiento del PBI para 2018, porque al caer la producción agropecuaria esperada, va a haber un ajuste. "Tampoco hay que pensar en una recesión, porque puede que se compense con la reactivación de otros sectores, por la vía de más inversión y consumo", estima.

Foto: Gentileza La Nueva Provincia

También en el comercio exterior las lluvias han hecho estragos. Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales), comenta que los datos de los primeros siete meses del año exhiben que las exportaciones de bienes de origen agropecuario argentinos están por debajo de los niveles del mismo período de 2016. "El clima ha influido en eso", destaca.

En cantidades (excluido el efecto precios), las exportaciones de productos primarios están 9% por debajo de los volúmenes del mismo período del año anterior. Y en el caso de las manufacturas de origen agropecuario, el descenso en volumen fue de 4,4%. "Esto lleva a la paradoja de que, pese a altos beneficios que ha recibido el campo con las nuevas políticas, en volumen sus exportaciones descienden mientras crecen las de las manufacturas industriales, un 10,5%", describe Elizondo.

Según un informe de DNI, los productos primarios generaron en los primeros siete meses del año US$ 9450 millones (5,4% menos que en el mismo período de 2016) y los manufacturados de origen agropecuario sumaron US$ 13.445 millones (1,7% menos). "Medidas en dólares, las exportaciones de oleaginosas están 24% por debajo del mismo período del año pasado. Y las de frutas, 23% más abajo que en los mismos meses de 2016", se detalla en ese trabajo.

Elizondo subraya que, en realidad, las lluvias que ya vienen desde el año pasado afectaron todo el proceso productivo, que comienza mucho antes que la cosecha. "Para más datos, es relevante lo que ocurre con las oleaginosas en el primer semestre en algunos destinos especiales, como el Mercosur (las exportaciones cayeron 45%) y el Nafta (-11%). En tanto, las ventas de vegetales a la Unión Europea cayeron en el semestre 25% y las oleaginosas en particular, 56%", indica el consultor.

Para Coremberg, va a haber menos divisas por una menor oferta en las exportaciones, efecto de la menor cosecha. "Ahí también hay un tema que escapa al país, que es que no hay una demanda internacional como había en otros años, con precios que están algo a la baja. Va a haber un efecto sobre la balanza comercial, sin dudas", señala el economista.

Eso no es todo. El frente fiscal también se ve afectado. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que las pérdidas en concepto de impuestos que se dejan de cobrar por la mala situación climática ascienden a unos $ 4100 millones, lo que representa el 0,2% de la recaudación prevista para el año.

"La base desde la que se partió es la pérdida de US$ 1700 millones de dólares o $ 30.000 millones, entre lo agrícola y lo ganadero. A partir de ahí, se miró hacia atrás cuánto pagó el sector en 2015 y 2016 por Ganancias, IVA y derechos de exportación, según sus ventas. Ahí ya hay un ratio de impuestos sobre ventas y ese ratio se aplica a las pérdidas de ingresos de este año", explica Sofía Devalle, economista del Iaraf, respecto de cómo se hizo el cálculo.

Foto: Diego Lima

Así, la cuenta da que por Ganancias, IVA y derechos de exportación se dejaría de recaudar un monto de unos $ 2300 millones. En el caso de Ingresos Brutos, es distinto en cada provincia (Córdoba y Santa Fe eximen al agro, mientras que Buenos Aires exime a pequeños productores y grava a los grandes con el 1%). "Se aplicó la alícuota del 1% a la pérdida de $ 30.000 millones, lo que da $ 300 millones", indica Devalle.

En lo que hace al resto de los impuestos de la economía, se usó un indicador promedio de presión tributaria efectiva, con el que se concluye que se dejaría de recaudar $ 1445 millones más. "Es una estimación muy global que incluye los impuestos que se cobran en los tres niveles de gobierno (Nación, provincia y municipios)", aclara la economista.

Menor actividad comercial en los pueblos ubicados en las zonas inundadas, menor contratación de servicios, menor recaudación de impuestos y menor ingreso de divisas. Estos son los efectos que produce el "derrame negativo" de un campo que hoy debe lidiar con un tiempo de vacas flacas.

Foto: Emiliano Lasalvia

Provincias en problemas - El exceso de agua afecta a las principales producciones

Buenos aires - Entre trigo, maíz, soja y girasol, se perdieron en la provincia 1.114.728 hectáreas, por un valor de $ 1051 millones, según un estudio elaborado por Carbap. Solamente en el caso de la soja se perderían 1.969.760 toneladas

La Pampa - Según Carbap, hay 40.000 hectáreas de trigo afectadas, 70.163 de maíz, 66.561 de soja, y 26.700 de girasol. Las pérdidas estimadas en estos cultivos serían de $ 170,5 millones, pero es sólo un piso del perjuicio que podría sufrirse

Córdoba - Las lluvias golpearon fuerte a la provincia en los últimos tres años, provocando que la rentabilidad de un campo de soja cayera 19,4%, mientras que la de un campo de ganadería bovina disminuyera 29 por ciento

Santa Fe - A principios de año hubo decenas de localidades que sufrieron por el agua; ahora está afectado sobre todo el sur de la provincia. Están complicados algunos de 3502 tambos que hay en la región y peligra parte de los cultivos

Los terrenos que les quitan el sueño a los desarrolladores

Por Carla Quiroga - LA NACION

En un mercado con poca tierra disponible, las subastas de las propiedades del Estado son una oportunidad para el sector

Foto: LA NACION 

El Estado se sigue desprendiendo de terrenos. Los desarrolladores están a la caza de las oportunidades y más en un mercado como el porteño con escasa tierra disponible. Hace pocos días, la desarrolladora ABV se quedó con lote del Ejército, lindero al Campo Argentino de Polo; un terreno delimitado por las calles Báez, Dorrego y Clay, en Palermo. La subasta tenía una base de US$ 18,8 millones y la desarrolladora se lo quedó por US$ 33 millones. Allí funciona actualmente una sastrería militar y cuya operación, según indicaron fuentes oficiales, será trasladada a otros inmuebles de esa fuerza para continuar con su actividad comercial y productiva. 

Entre los proyectos en los que avanza ABV se encuentra Deco, un emprendimiento de US$ 55 millones de inversión en Recoleta que se construye en cinco predios, en uno de ellos donde funcionaba el restaurante Lola. Allí levanta una torre de 15 pisos con unidades de 60 a 150 m2 con valores de un fideicomiso al costo que rondan los US$ 4500/m2. Además, la empresa se asoció con Armani/Casa para que se ocupe de la ambientación interior de ese proyecto.

Ware, TGLT, Vizora y Consultatio fueron otras de las empresas que se presentaron en la subasta del terreno en Cañitas organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De esta forma, el Estado avanza con su cronograma de subastas de terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Del total recaudado un 70 por ciento se destinará a la compra de bienes de capital para el Ejército Argentino, según lo anunciado por la AABE. El 30 por ciento restante irá al Tesoro Nacional. Tal como lo especifica el pliego, la parcela cuenta actualmente con 5927 m2 descubiertos y 5698 m2 cubiertos, comprendidos en tres edificios y un espacio de cocheras. El predio subastado con un potencial constructivo de 17.000 m2 será transformado: contará con una plaza pública y hasta una nueva calle de 10 metros de ancho para comunicar Dorrego y Clay que separará la manzana.

Cuando asumió la administración liderada por Ramón Lanús, en diciembre de 2015, el AABE tenía solo 19.600 inmuebles registrados, hoy hay más de 60.000 no sólo en el país sino también en el exterior. La decisión de subastar ciertos terrenos tiene como objetivo un uso más óptimo del Patrimonio del Estado Nacional. La AABE es la que analiza y selecciona para la venta o cesión de uso aquellos inmuebles que se encuentran subutilizados. Entre los motivos, puede que sea por obsolescencia física o funcional, en estado de abandono o mala conservación susceptibles a intrusiones u ocupaciones, o concesionados de manera poco beneficiosa para el Estado.

Hasta el momento, los inmuebles subastados representan menos del 0,02 por ciento sobre el total inventariado. "Por cada peso que recibe el Estado de la venta, se estima que el comprador invierte $ 4", explican en el organismo.

A futuro, las siete parcelas de Retiro son las más esperadas por el sector. La subasta de los cuatro primeras se realizará este año y los fondos que se obtengan se destinarán a la construcción del Paseo del Bajo, la obra de infraestructura de US$ 650 millones de inversión que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Esta obra modificará el perfil de la avenida Madero, dado que el tránsito de carga pasará por otro nivel. Se trata de una vía de 7,1 kilómetros que conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia e incluirá una autopista y carriles rápidos, con más cruces peatonales para solucionar el problema de tránsito. En diciembre último, la Legislatura porteña aprobó la rezonificación de estos terrenos ferroviarios para destinarlos a proyectos integrales de urbanización e inmobiliarios El 26 de octubre se subastarán los dos primeros de 3200 m2 cada uno, que saldrán con un precio base de US$ 40 millones. 

La administración de Macri espera cosechar una buena cantidad de dólares debido a las características del predio, que está sobre la costa, con proximidad a Catalinas Norte y colindante con Puerto Madero. Su cercanía a la estación ferroviaria de Retiro lo convierte en una de las fracciones con mayor potencial de desarrollo dentro de la Ciudad. Los desarrolladores prometen entablar una disputa por esos predios. Eduardo Costantini, creador de Nordelta y presidente de Consultatio, reconoció estar interesado en que se abriera la venta de esas parcelas. 

El 14 de diciembre será el turno de un lote de US$ 40 millones y otro de US$ 45 millones -de 3200 m2 cada uno-, con una particularidad: la AABE intentará primero venderlos en bloque, porque entiende que en la zona faltan plantas de superficies más grandes. Por esa vía, pedirá US$ 125 millones por el conjunto. En el supuesto de que no se presenten oferentes para esa modalidad se subastaría de los inmuebles en forma separada. Los otros tres terrenos se venderán el año próximo. 

La proyección es que ingresen más de US$ 300 millones por la venta de los terrenos en la zona de Retiro. Para este año también están contempladas otras subastas. 

El 28 de septiembre se pone en el mercado la propiedad en General Paz y la avenida Libertador en Vicente López; el 5 de octubre, una tierra en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano, el 2 de noviembre una propiedad ubicada en Godoy Cruz al 2900, Palermo. 

Entre noviembre y diciembre 8267 hectáreas de un campo del Ejército en Ordóñez, en el sudeste de la provincia de Córdoba. El establecimiento se llama General Paz de Remonta y está ubicado sobre la ruta 6. Además de ser buenas tierras, según coinciden los especialistas, está equidistante de diversos puntos como Rosario (246 km), Córdoba (254 km) y Venado Tuerto (182 km).

Larreta quiere hacer un megacanje para reducir la deuda en dólares

Por Marcelo Arias - LPO

Envió a la Legislatura un proyecto de ley para hacer un canje voluntario de 1.500 millones de dólares.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de Gobierno el 95% de las obligaciones de la Ciudad de Buenos Aires estaban en dólares y en lo que va de su mandato redujo ese ratio al 63%. Ahora, con el objetivo de reducir el costo fiscal de la deuda, envió a la Legislatura porteña un proyecto de Ley para canjear 1.500 millones de dólares en bonos que vencen hasta el 2021.

Según informó este miércoles el Ministerio de Hacienda porteño, a cargo de Martín Mura, este proyecto "es parte de la estrategia de administración de los pasivos que se viene llevando adelante desde el inicio de la gestión, con el objeto de reconvertir su perfil financiero".

Como adelantó LPO, el objetivo de Mura es bajar al 50% la deuda porteña en dólares para reducir la exposición al riesgo cambiario. Es una de las condiciones necesarias para mejorar la calificación de la deuda y reducir su costo. De concretarse este canje, en la Ciudad consideran que ya habrán logrado el objetivo.

En efecto, se trata de un canje voluntario de diez bonos por montos de emisión menores. Cinco de ellos en pesos, cuatro son dollar-linked y el restante es un bono bajo ley inglesa en dólares conocido como Tango21.

Y si bien actualmente entre amortizaciones de deuda e intereses se va poco menos del 11% de los ingresos corrientes de la Ciudad, para los funcionarios porteños es conveniente hacer este canje para estar en mejores condiciones a la hora de suscribir a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que impone un techo del 15% para el costo de la deuda. Por eso, las autoridades de la Ciudad buscan reemplazar a estos bonos con otros dos o tres bonos, cuya estructura aún no fue definida, pero que serán en pesos y bajo legislación argentina.

Consultado al respecto, Abel Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas, dijo a LPO que la idea es completar el calendario de vencimientos para que la curva de amortizaciones sea lo más pareja posible. Por lo tanto, estos nuevos bonos deberán ser a cinco, diez o más años, los únicos "huecos" que quedan en el perfil de vencimientos de la Ciudad.

"La idea es hacerlo de forma voluntaria, ya sea mediante canje o emisión de nuevos instrumentos y recompra en el mercado de los que están por vencer. No es incrementar el stock de deuda, sino cambiar su composición para bajar su costo. Menos costo fiscal de la deuda es más presupuesto disponible para otros gastos de la Ciudad", dijo el funcionario.

"De hacerse con emisiones, serían de forma escalonada para poder cosechar la mejora en la calificación de la deuda que esperamos de esta mejora del perfil. No tenemos un plazo para concretar toda la operación porque queremos buscar el mejor timing, como lo hicimos en marzo cuando salimos con el bono a siete años a badlar+3,25%", agregó Fernández Semhan.

En la Ciudad consideran que para los inversores hay dos grandes incentivos a participar del canje. Primero, que los nuevos bonos van a tener mayor liquidez y mayor duration porque el volumen de cada especie va a ser mayor al de los diez bonos actuales y el plazo, más largo. En este sentido, la Ciudad también se vería beneficiada: a mayor liquidez, mayor trading y mejor precio. Y segundo, que conforme mejore la calificación de la deuda porteña, más alto será el precio de los bonos.

Reducción de gastos para bajar impuestos

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION

¿Cómo hacemos para bajar impuestos? Para poder bajar impuestos, aunque sea gradualmente, primero hay que considerar la reducción de los gastos a los cuales financian. Sin esta premisa aplicada a toda reforma impositiva no se puede esperar mucho de la misma. Por lo tanto, se debe tener una idea clara de cuáles serán dichos gastos a reducir, lo que será el elemento diferenciador de la reforma impositiva.

¿Cuáles serán los impuestos a reducir? Nadie sabe exactamente cuáles serán, pero nos podemos manejar con la lista que ha ido trascendiendo hasta ahora: ingresos brutos con su efecto en las diferentes provincias; cargas sociales sobre el trabajo, especialmente cargas patronales; impuestos a las ganancias de las empresas, dado que no hay ajuste por inflación sobre sus balances; impuestos a las actividades financieras, tanto sobre los depósitos como sobre los créditos que en total es de 1,2 % sobre los afectados. Y hay muchos más impuestos que podrían ser de la partida. Este es un aspecto, pero que no será nuestro problema en el día de la fecha.

La gran pregunta es cuánto podremos reducir los gastos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. En esta pregunta se nos va la vida, pues si reducimos poco nos puede pasar como con gobiernos anteriores que no pudieron terminar su mandato o con otros gobiernos que sí lo hicieron y a los que les fue bien.

Nosotros estamos con un gasto consolidado de 46 % del PIB (2016), que ya es un número alto. A lo cual habría que sumarle algunos endeudamientos no registrados en provincias y Nación y algunos otros gastos provenientes de la operatoria del BCRA y otros organismos menores. En total, estamos bastante cerca del 50 % del PIB en cuanto al número a reducir de impuestos, tasas, tarifas y demás gabelas que pesan sobre una empresa que trabaja en nuestra economía, es decir, sobre nosotros mismos.

¿Qué es lo que podemos reducir? Esta pregunta es la clave de nuestra economía: Ya no es cuánto de ingresos brutos o de otros impuestos vamos a bajar, sino cuánto de gastos específicos que tienen un nombre y un apellido vamos a poder bajar.

Como ejemplo podemos citar que, si reducimos tantos millones de pesos menos en gastos corrientes, en el próximo presupuesto de todas las provincias serán tantos millones de pesos menos de ingresos brutos de dichas provincias. Ahí está la clave que simplifica el esquema de gastos que tienen las jurisdicciones sub estatales y eso es cuanto nos permite bajar impuestos. Pero para apoyar estas iniciativas las provincias pedirán más recursos nacionales para hacer un puente, una ruta, un hospital, una escuela. De esta forma se ira conformando un presupuesto para 2018 con sus distintas efectividades conducentes.

También se podría hacer lo mismo con los otros impuestos a reducir y ver de qué forma los podemos compensar con los apoyos directos en dinero para fines específicos. Esta es la forma de ir logrando resultados en materia de Presupuesto Nacional.

Así habría que ir haciendo las cuentas para reducir los diversos gastos corrientes, y de ahí se podrían ir bajando los impuestos que aún tenemos en el presupuesto. Cuánto para reducir las cargas sociales sindicales, cuánto de impuesto corporativo que hoy, en promedio es 52 % de las ganancias, siendo que no hay ajuste por inflación, cuánto para poder bajar el impuesto al cheque, y así con cada uno de los impuestos que quisiéramos bajar.

Después igual nos quedaría el problema de los gastos de las provincias y municipios, pero de esta forma habremos adelantado mucho en las cuentas fiscales.