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domingo, 19 de febrero de 2017

Un Estado excedido de peso

Por Néstor O. Scibona - LA NACION
Una política fiscal coherente debería abordar problemas estructurales del sector público, que agregan costos y complican la vida cotidiana.
Foto: Alejandro Agdamus

Las metas fiscales que se apresta a anunciar Nicolás Dujovne exceden el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, en la medida en que no abarquen los problemas estructurales del sector público a nivel nacional, provincial y municipal agravados en los últimos años hasta convertirse en una hipoteca para el futuro económico.

El año electoral no es el más propicio para acordar políticas sustentables de mediano y largo plazo, aunque se hayan reanudado contactos con gobiernos provinciales para esbozar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, pendiente desde 1994 cuando se incluyó como objetivo constitucional. A su vez, la reforma tributaria integral prometida por la Casa Rosada deberá esperar por lo menos hasta 2018. Mientras tanto, la reducción del peso del Estado en la economía depende del incipiente repunte del PBI que está condicionado por la alta presión impositiva en todas las jurisdicciones y aun así no alcanza para cubrir la fuerte expansión del gasto público generado por el populismo de la era K. Si bien fue reorientado, tampoco disminuyó nominalmente en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

En medio de las polémicas políticas de los últimos días por la deuda del Correo y la movilidad jubilatoria, quedó relegado a segundo plano un revelador informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) a propósito del plan oficial de modernizar el Estado a través de la capacitación de 80.000 empleados públicos. Idesa pone de relieve que en el período 2012/2016 fueron sumados 483.000 empleados públicos a los tres niveles de gobierno (con un incremento de 16,1% sobre un plantel de 3 millones), mientras que en el sector privado la creación de empleos registrados alcanzó a 120.000 (apenas 2% sobre 6 millones). 

O sea que por cada nuevo empleo privado se crearon 4 en el sector público, donde el gasto salarial representa 14% del presupuesto nacional y 65% promedio en provincias y municipios. La entidad sostiene que en este periodo incidió el uso del Estado para premiar la militancia política o congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos, con lo cual se agravaron los problemas estructurales de sobredotación de empleo público. "No hay conciencia de que incorporar al Estado gente que no se necesita es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública", sentencia. De hecho, el exceso de gasto público implica altos impuestos e inflación, pero no se traduce en mejores prestaciones en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia.

A partir de esta realidad, Idesa advierte que el primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear funciones, para evitar la superposición de programas nacionales con provinciales y el derroche de recursos. También propone revisar la garantía de estabilidad laboral en el empleo público, cuya aplicación extrema -señala- excede el espíritu de evitar manipulaciones y arbitrariedades e incentiva la falta de compromiso.

Por cierto que una reforma estructural de estas características demandará tiempo y amplio consenso político. No sería viable reducir a corto plazo la sobreocupación estatal, que operó como un virtual seguro de desempleo, sin consecuencias sociales. Pero dejar todo como está equivaldría a no aggiornar obsoletos convenios laborales anteriores a la era digital; ni eliminar rigideces para reasignar recursos humanos, ni suprimir trámites burocráticos que muchas veces suponen ingresos para "cajas" políticas.

Si bien el Congreso Nacional debería ser el ámbito para este debate, su vocación de austeridad es dudosa: cada diputado o senador es desde hace años una suerte de pyme, con un promedio de 35 empleados entre secretarias, choferes y asesores rentados. Uno de los acuerdos para votar el Presupuesto 2017 asignó unos $ 2000 millones al gobierno de Córdoba para cubrir parte del déficit de la caja jubilatoria provincial, que paga jubilaciones de privilegio de hasta $ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados. El Poder Judicial resiste el pago del impuesto a las ganancias, limitado ahora a nuevos jueces. Y el gobierno de Macri debió superponer una capa burocrática propia para manejar el Poder Ejecutivo, con la designación o contratación de funcionarios más allá de los cargos políticos.

De todos modos, el año electoral podría ser aprovechado por la Casa Rosada para diseñar y proponer nuevas reglas a mediano plazo. Hay sondeos con gobernadores para acordar una ley de responsabilidad fiscal con horizonte hasta fin de 2019. Más complicado será reducir o reemplazar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que en promedio ya representan el 75% de los recursos propios de las provincias.

Mientras tanto, también podría avanzarse en otras correcciones donde el Estado complica la vida cotidiana.

El último ajuste de peajes en el AMBA, que coloca a las tarifas en horas pico por encima de Estados Unidos y países europeos, no fue justificado en futuras obras. No es la única penuria que deben padecer automovilistas y transportistas. Quien compra un 0 km no sólo debe pagar por patentamiento el 6/7% del precio total. Al vender y transferir su modelo usado, tiene que llenar varios formularios manuscritos y por triplicado. Y aunque el libre deuda de infracciones puede bajarse de la Web, no es válido sin un timbrado de $ 125. Como la transferencia no siempre es registrada a tiempo, es posible que reciba citaciones por multas o deudas posteriores y demostrar personalmente que el vehículo ya no le pertenece. Además, el gobierno porteño obliga a grabar la autopartes, a un costo de $ 650 y sin noticias de que esa obligación sea fiscalizada hasta el momento de venta. Resultado: una innecesaria pérdida de tiempo y dinero. Por otro lado, prevé extender las multas fotográficas por mal estacionamiento pese a la escasez de espacios públicos y privados. Pero mantiene en pie una ordenanza de 1977 que permite la construcción de edificios de varios pisos y no más de 4/5 cocheras, pese al boom inmobiliario y el crecimiento del parque automotor.

A la hora de transitar, en la CABA las obras de repavimentación suelen incluir el cartel "Juntos seguimos avanzando". Pero rara vez otro que advierta con algunas cuadras de anticipación sobre el corte de calles o avenidas. En lugar de avanzar, hay que desviarse hacia un inesperado embotellamiento, o bien retroceder para evitar más pérdidas de tiempo.

nestorscibona@gmail.com

jueves, 16 de febrero de 2017

Tras alentar la llegada de las low-cost, quitan subsidios a micros de larga distancia

Ayer, las empresas recibieron $ 200 millones en subsidios correspondientes a los últimos tres meses de 2016
Por  NURIA REBÓN - Cronista.com

El Ministerio de Transporte justificó que con el alza de 20% en los precios en 2016 pueden absorber los costos. De todos modos, ayer giró $ 200 millones al sector


Ayer, las empresas recibieron $ 200 millones en subsidios correspondientes a los últimos tres meses de 2016. 
Los micros de larga distancia manifestaron ayer su fuerte preocupación por la decisión del Gobierno de quitar los subsidios que venía recibiendo el sector, medida que afectaría a los pasajeros, que no suelen ser de altos recursos, y también complicaría la negociación salarial de marzo, al no poder contar con ese dinero extra.

El Gobierno fijó ayer la quita de los subsidios que recibía el sector, a través del cambio de una norma en el Boletín Oficial, porque "los incrementos de tarifa autorizados durante 2016, de un 20%, permitieron que los ingresos globales de las empresas les permitieron absorber los costos del servicio", explicó un vocero a El Cronista.

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), explicaron que, con esta medida, los micros de larga distancia serán el único medio de transporte público en no recibir subsidio. Según la entidad empresaria, el sector es el que menor porcentaje de subsidio venía percibiendo en función del valor final que abona el pasajero. "En las negociaciones salariales de marzo tendremos problemas para solventar los aumentos. El fin de los subsidios afecta al usuario, que tendrá que pagar todo el costo del boleto", explicaron desde la Cámara.

Y aseguraron que "en los colectivos urbanos cerca del 70% del pasaje es subsidiado; en el tren llega al 90% y en el transporte aéreo, de 40% en el caso de Aerolíneas, pero todas las aéreas cuentan con subsidio en el combustible JP1". En larga distancia, aseguraron que "apenas" llegaba al 10% del pasaje. Es decir. es el transporte en donde mayor porcentaje abona el pasajero. "No tenemos ningún subsidio de combustible, insumo que representa el 37% de nuestros gastos. Estamos en condición de desigualdad", se quejaron.

En tanto, el Gobierno sólo seguirá abonando a los micros una compensación por los boletos de personas discapacitadas y transplantadas, o en lista de espera para recibir transplante, pasajeros que viajan gratis en los ómnibus. "Transportamos tres millones de personas al año en forma gratuita, sobre 37 millones de pasajeros, pero ese dinero que nos da el Estado apenas cubre el 25% del valor del boleto. Mientras tanto, los aviones no ofrecen pasajes gratis a personas con discapacidad", denunciaron desde la Celadi a El Cronista.

Los reclamos comenzaron con la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Resolución 53-E/2017 del Ministerio de Transporte, que modifica la Resolución 513 de 2013. La norma establece el pago de $ 201 millones como forma de compensación "única" por octubre, noviembre y diciembre del año pasado para la reconversión de ciertas rutas donde la competencia de las aéreas "hacen inviable" que las tarifas de los micros se trasladen hacia "la banda tarifaria superior". Pero la resolución aclara que será la "única compensación" por este concepto. En Transporte explicaron que se cambió la fórmula para esos meses porque "no todos los operadores pudieron incorporar los incrementos de tarifas de la misma manera y en el mismo tiempo". Agregó que, en este sentido, existen ciertos corredores en los que la incidencia de la competencia intermodal con el transporte aéreo requirió un plazo de tiempo mayor para incorporar dichos incrementos.

Según la Celadi, hasta septiembre de 2016 los fondos se destribuían según la cantidad de empleados de cada firma, rutas con alta competencia de aéreas y por las personas discapacitadas que viajan gratis. En el caso de los últimos tres meses abonados se repartirá en función de las rutas y por personas con discapacidad trasladadas, pero no por empleados. Las firmas dicen que así sólo algunas podrán compensar los pasajes gratuitos. Es más, este año, se mantendrá nada más que la compensación a los boletos gratuitos a personas con discapacidad por hasta $ 15 millones por mes para garantizar la disponibilidad de las plazas.

Pero no habrá más que eso. En la resolución se argumenta haberse acreditado el equilibro de la "ecuación económica" de las empresas. Por eso, se concluye "que la asistencia del Estado Nacional podría retirarse, una vez finalizado un período prudencial de recaudación con la nueva tarifa, estimado en 45 días" (de octubre a diciembre de 2016)". En noviembre se fijó la posibilidad de futuros ajustes, como la fluctuación dentro del ancho de la banda tarifaria, por lo cual este año "no sería necesaria la asistencia del Estado para garantizar la sustentabilidad económica del servicio".

martes, 14 de febrero de 2017

El Gobierno quiere atar el reparto a las provincias a su desempeño fiscal

Por Jaime Rosemberg - LA NACION
Frigerio y Dujovne propondrán hoy a los ministros de Hacienda provinciales un nuevo esquema de distribución; estará basado en sus necesidades, pero también en sus mejoras en materia de recaudación y equilibrio fiscal.
Quintana, Frigerio, Peña, Macri, Triaca y Lopetegui, ayer, en Olivos, durante una reunión de coordinación
Quintana, Frigerio, Peña, Macri, Triaca y Lopetegui, ayer, en Olivos, durante una reunión de coordinación. Foto: Presidencia.
Se prevé una discusión intensa, con varios puntos por tocar y temas sensibles que provocarán escozor en más de un gobernador. El Gobierno, en la voz de los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), recibirá hoy en la Casa Rosada a los ministros y secretarios de Hacienda de las 24 provincias para avanzar en el proyecto para una nueva ley de coparticipación, un debate que lleva más de dos décadas sin resultados concretos desde que el mandato constitucional de 1994 estableció la necesidad de una nueva norma para regular el reparto.

Según confirmaron a LA NACION en Interior, la Casa Rosada tiene previsto incluir hoy en el temario una reforma tributaria, modificaciones sustanciales a la actual ley de responsabilidad fiscal y hasta temas calientes de agenda nacional, como las paritarias docentes y el proyecto para las ART que se discute en la Cámara baja y que el Gobierno espera ver convertido en ley mañana.

Pero la discusión por la coparticipación tendrá un eje polémico: el Gobierno quiere que las "capacidades" de recaudación de cada provincia sean tomadas en cuenta tanto como sus necesidades de gasto indispensable para obtener de esa ecuación el reparto del dinero coparticipable. En otras palabras, y como lo detalló uno de los funcionarios que accedieron al borrador que presentarán a los ministros, "que ya no sea negocio fabricar pobres para recibir mayor porcentaje de dinero del Estado nacional".

En principio, desde el Gobierno confirmaron las presencias de todas las administraciones provinciales, aun las que mantienen relaciones tirantes con el Gobierno, como Formosa (donde gobierna Gildo Insfrán), La Pampa (gobernada por Carlos Verna) y San Luis. La base para un nuevo reparto de fondos saldría del esquema actual de "coeficientes fijos", por los cuales hoy LA NACION recibe el 41 por ciento de la torta total, mientras que las provincias se reparten el 55,36%, sin contar ATN y otros ingresos.

Según el nuevo régimen, estos números podrían ser modificables "periódicamente" según las necesidades de cada provincia y sus mejoras en la recaudación de impuestos y control del gasto. La propuesta, a la que accedió LA NACION, se basa en un estimativo de lo "que cada jurisdicción necesita gastar para propender a la igualación en la calidad de los servicios ofrecidos y en los niveles de desarrollo". El otro punto a tener en cuenta es "lo que cada una debiera recaudar de recursos propios realizando, todas, el mismo esfuerzo fiscal (en función de sus bases tributarias)". La diferencia entre una y otra determinaría la cifra a percibir por cada provincia.

Sabedores de las críticas que podrá despertar el proyecto, en el Gobierno aclararon que "las decisiones de gasto y política tributaria local siguen estando en poder de cada jurisdicción", como para aventar sospechas de intervencionismo en las cuentas provinciales.

En relación con las propuestas anteriores, que se discuten desde el gobierno de Carlos Menem, en el Gobierno creen que todos los intentos fracasaron "porque cada jurisdicción pensó en sus beneficios y no se trabajó en una propuesta de consenso". Para reparar la falta de consultas a otros poderes y sectores involucrados, estará en la reunión el senador peronista Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), titular de la Comisión de Coparticipación de la Cámara alta. También formarán parte de la discusión las universidades nacionales y provinciales y los consejos profesionales.

"Queremos cerrar una propuesta técnica hacia fin de año y, si se puede, firmar un nuevo acuerdo pasado el ruido que siempre generan las elecciones", afirmó a LA NACION el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.

Además de la coparticipación, el Gobierno prevé dar el debate por una reforma tributaria y modificaciones sustanciales de la actual ley de responsabilidad fiscal, en las que también se pide "esfuerzo".

No será una reunión fácil. Habrá quejas de los gobernadores peronistas, reclamos por los $ 25.000 millones girados a la provincia de Buenos Aires y viejas deudas, como la que reclama Santa Fe en concepto de fondos indebidamente retenidos por la Anses, un reclamo respaldado por la Corte Suprema. "Es bueno que se nos convoque para discutir en serio y construir consensos en torno a la coparticipación. También esperamos que el Gobierno cumpla con los fallos judiciales", afirmó el ministro de Hacienda de Santa Fe, Gonzalo Saglione.

Acuerdo por el blanqueo

La AFIP avanza en acuerdos con las provincias para incentivar a sus contribuyentes a entrar en el blanqueo. El viernes pasado, el titular del organismo, Alberto Abad, suscribió el primer convenio con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El mismo está destinado al intercambio de información fiscal y a la simplificación de trámites impositivos, informaron.

Los ejes de la discusión con los gobiernos provinciales

Leyes tributarias - La Casa Rosada prevé discutir además una reforma tributaria y modificaciones en la ley de responsabilidad fiscal. La ley de ART y la paritaria docente también estarán en la mesa de negociaciones

Deudas y beneficios - Algunas provincias, como Santa Fe y San Luis, sostienen reclamos por viejas deudas. Otras piden que se beneficie a sus administraciones como a la provincia de Buenos Aires, que recibió $ 25.000 millones

Esfuerzo provincial - El Gobierno propondrá hoy a las provincias un nuevo esquema de reparto que tome en cuenta las necesidades de cada distrito, pero también su "esfuerzo fiscal"; determinará así la cifra para cada administración

miércoles, 8 de febrero de 2017

Misiones: les quitan la jubilación a mil extranjeros que jamás vivieron en la Argentina

Por César Sánchez Bonifato - LA NACION
Fueron otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con la provincia

POSADAS. El jefe de la Unidad de Atención Integral de Posadas (Udai), dependiente de la Anses, Marcelo Julien, confirmó que tras un exhaustivo sondeo realizado aquí en conjunto con los filiales locales de la Dirección de Migraciones, pudo comprobarse que más de 1.000 extranjeros "que nunca vivieron en la Argentina", percibían jubilaciones, las que fueron dadas de baja automáticamente.

Las actuaciones continúan, estimándose que las pensiones y jubilaciones truchas exceden las 3.000, en su mayoría otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con Misiones.

Las jubilaciones fueron dadas de baja. Foto: Misiones CuatroEl trabajo surgió de un acuerdo entre la Anses y la Dirección Nacional de Migraciones "a los efectos de verificar el domicilio real de aquellos beneficiarios de prestaciones sociales. Con esta medida -precisó- se busca evitar abusos o falta de transparencia en el otorgamiento de tales prestaciones, las que el Estado eroga utilizando dineros públicos provenientes del aporte de sus contribuyentes".

Las jubilaciones fueron dadas de baja. Foto: Misiones Cuatro.

Numerosas irregularidades

A renglón seguido, el funcionario expresó: "En esta depuración de padrones, encontramos numerosas irregularidades cometidas por autoridades que respondían a la anterior Gobierno, como abonar jubilaciones a quienes no correspondían, tanto por no vivir en el país o por no tener la edad establecida por Ley. Fueron dadas de baja mil y pico de prestaciones a extranjeros que declararon bajo juramento que residían en el país y se comprobó que no es así. Con seguridad habrá más en los próximos meses".

Respecto a la labor encarada por la UDAI local, Marcelo Julien destacó: "se mejoró la velocidad en la atención del afiliado, especialmente gente del interior provincial que viene a efectuar sus trámites en Posadas, viajando en precarias condiciones. Existen normativas vigentes para jubilar a la mayor cantidad de personas que cumplen con la edad y el tiempo de trabajo efectuado, tanto argentinos como extranjeros".

Por otra parte, lleva adelante un accionar conjunto con los municipios misioneros, a fin de acercarles a los vecinos de cada pueblo la posibilidad de efectuar diferentes trámites, conforme los programas nacionales actualizados que apunta especialmente a transparentar la nueva gestión", reiteró.

Algo para pensar: Jubilaciones por votos...

sábado, 4 de febrero de 2017

El Gobierno evalúa proyectos para bajar algunos impuestos

Por Florencia Donovan - LA NACION
Contrató como asesora a FIEL, una fundación de origen liberal que propone disminuir el IVA de 21% a 19%; es crítica de los tributos que gravan el trabajo.

La semana pasada, en su primera reunión de gestión con el presidente Mauricio Macri , el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , obtuvo luz verde para avanzar con lo que serán los grandes lineamientos de la reforma fiscal. La idea, confiaron a LA NACION fuentes de Hacienda, sería poder someter el proyecto a votación del Congreso después de octubre.

Para ello, Hacienda contrató en los últimos días a la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas, FIEL, el think tank de extracción liberal que hoy dirige Juan Luis Bour, y que cuenta entre sus economistas principales a Daniel Artana, Fernando Navajas y Santiago Uribiztondo.

"Es un asesoramiento por tres meses. Armamos distintos equipos de trabajo y FIEL participará en uno de esos equipos", confirmaron a LA NACION voceros de Hacienda.

FIEL es una fundación que nació a comienzos de los años 60, a instancias de la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. En ese grupo, la cuestión fiscal es motivo de estudio desde hace años. Tiene libros y documentos publicados sobre el sistema tributario argentino. El más reciente, de agosto de 2015, parece hecho a medida de la tarea que ahora le encomendó el equipo económico de Macri, ya que contiene un "análisis y evaluación de las propuestas para reformarlo".

Según el documento, un mejor sistema tributario podría ayudar a resolver la baja tasa de inversión que tiene la Argentina y el alto grado de evasión y elusión, sobre todo, en el mercado laboral. Advierte que no será fácil para el Gobierno de Macri hacer una reforma con una economía que crece poco y que tiene un déficit primario, en el mejor escenario, del 4,2% para este año. Ceder ingresos en pos de un sistema eficiente podría terminar siendo una tarea gradual, anticipa FIEL.

Su propuesta se basa en incrementar la base imponible -la cantidad de gente que paga impuestos- y reducir las alícuotas -bajar la presión tributaria-. Con respecto al IVA, el principal impuesto que apunta al consumo, la organización plantea eliminar los tratamientos especiales, que le generarían al Estado una pérdida del 0,1% del PBI, y plantear una única alícuota del 19% (hoy es del 21%, salvo excepciones).

A su vez, el estudio señala que debería eliminarse el impuesto interno a las ventas de automotores y reducir los aranceles que cobran los registros (del 30 y 50% al 10% de precio de venta). Lo que recauda el Estado por este tributo, afirma, se verá más que compensado por la venta de un mayor número de unidades. En la Argentina, la carga tributaria promedio para los autos es del 33,7%, cuando en la mayoría de los países desarrollados y de la región es de poco más del 20 por ciento.

También propone eliminar el impuesto interno a la venta de productos electrónicos, lo que permitiría, dice, "aumentar la recaudación hoy privatizada en las empresas que producen en Tierra del Fuego". Los ingresos podrían crecer no menos de 0,2% del PBI si se hiciera, estima el documento. Sugiere eliminar impuestos "de bajo potencial recaudatorio" y que en algunos casos financian fondos con asignación específica, como el 15 por 1000 a la transferencia de inmuebles por parte de personas físicas; el impuesto del 4% a la telefonía celular, y el del 1% que se destina al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard); la tasa del 10% que recae sobre las entradas de cine, o el impuesto que se destina al Fondo de Energía Eléctrica.

En línea con el pensamiento de Dujovne, que planteó la necesidad de bajar los impuestos al trabajo, FIEL propone modificar las contribuciones patronales, bajándolas al 12% (hoy van del 17 al 21%), pero eliminando las diferencias previstas en el régimen actual, que contempla una alícuota distinta en función del tamaño o la región de la empresa.

Según sus cálculos, cada punto de reducción de las contribuciones tiene un costo fiscal de 0,2% del PBI. "Este costo -aclara- puede acotarse bastante si la reducción se limita a los trabajadores más jóvenes." El Estado podría así poner incentivos para el empleo entre los menores de 30, una franja con informalidad y la precarización laboral mayor.

"El impacto positivo sobre el empleo formal o sobre los salarios netos que generaría una rebaja de contribuciones patronales es mayor si se reduce la rigidez de las normas laborales argentinas que en algunos casos introducen costos innecesarios para las empresas que no benefician a los trabajadores", concluye.

Se muestra, asimismo, en contra de los incentivos impositivos sectoriales o regionales y considera que el del impuesto al cheque o Ingresos Brutos, por el gran peso relativo que tienen en las cuentas públicas, hacen difícil su eliminación. "Una posibilidad es aumentar proporcionalmente la proporción que puede descontarse a cuenta de Ganancias", sugiere. Dice que "sería muy conveniente" sustituir el impuesto a los ingresos brutos por un IVA provincial o un impuesto a las ventas minoristas, compensando a las provincias "perdedoras" por el cambio en la base no imponible.

En todos los casos está a la vista que al equipo económico no le espera una tarea fácil.

Nicolás Dujovne - Ministro de Hacienda - "Hay que cambiar el sistema tributario, que es muy malo, con impuestos ineficientes e inequitativos. Queremos que todos paguen, pero un poco menos"

sábado, 28 de enero de 2017

Gómez Centurión: "La ilegalidad era brutal"

El titular de la Aduana estuvo ayer en PM Rodrigo Néspolo(La Nación) - El funcionario aseguró que había una red "masiva y sistemática" de corrupción.

El titular de la Aduana estuvo ayer en PM. Foto: Rodrigo Néspolo.
El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , aseguró que la mercadería incautada y recientemente destinada a fines sociales formaba parte de una cadena de "contrabando masiva, brutal, monstruosa y sistemática a 15 cuadras del obelisco". "De acuerdo a los tiempos, esta es mercadería que fue encargada y comprada en China entre mediados de julio de 2015 y octubre de ese año. Los que la adquirieron supusieron que no iba haber cambios en el gobierno y que iban a poder ingresarla con la misma modalidad con lo hicieron en los últimos 10 años. Al cambiar el gobierno se encontraron con otros controles. Y ahí decidieron no abrir los contenedores", aseguró el funcionario a LA NACION.

La Aduana puso el miércoles en marcha un operativo conjunto con los ministerios de Defensa y Desarrollo Social para distribuir los productos entre los sectores más vulnerables. Del lanzamiento de la medida participaron Gómez Centurión y los ministros Julio Martínez, de Defensa, y Carolina Stanley, de Desarrollo Social.

En total son 4700 contenedores los que serán repartidos entre las personas de menores recursos. El valor del cargamento asciende a 750 millones de dólares, según especificó el titular de la Aduana.
De acuerdo con sus estimaciones, la distribución de toda la mercadería demandará seis meses. La semana próxima recién abrirán los primeros 40 contenedores en la sede de Defensa.

Se calcula que entre el 70 y el 80 por ciento del contenido corresponde al rubro textil. "Un estudio de la fundación Protejer señala que entre el año 2010 y 2014 un 35 por ciento del material textil que ingresó a la Argentina lo hizo en negro y que en 2015 ese número llegó al 45 por ciento", explicó.

En relación con el avance de las causas por contrabando que impulsó en su momento, el funcionario estimó que su denuncia vincula a una amplia red de personas, lo que explica la demora en el avance.
"Creo que era un sistema que beneficiaba a mucha gente. Nadie puede haber hecho esto solo. Son muy pocas las personas que quieren avanzar y llegar a que tengan sentencia los funcionarios implicados", señaló Gómez Centurión, quien consideró que puede inclusive alcanzar a cargos de segunda línea del gobierno anterior.

El funcionario señaló que el contrabando en la Argentina durante los ultimos años arrojó cifras muy grandes. "Fue tan alto el grado de fraude fiscal que impactó en la balanza comercial de un país con China", dijo.

Gómez Centurión, que también tiene bajo su órbita el control tráfico de drogas por vía fluvial, aseguró que "el contrabando tiene otra dimensión además del fraude fiscal; es el canal por donde el narcotráfico ha logrado sacar la cocaína procesada a Europa".

Luego de su apartamiento y reincorporación a la función pública, el titular de Aduana implementó un nuevo sistema de control, que incluye un procedimiento por oposición, es decir que la verificación de lo que ingresa no queda sólo en manos de las institución. 

"Señales como éstas nos apalanca un modelo de control, porque manifiesta un resultado que tiene el apoyo político para terminar con la tarea" aseguró.

Juan Pablo Carranza

viernes, 27 de enero de 2017

Reservas, en el nivel más alto en cuatro años y medio

Resultado de imagen para reservas internacionales del Banco Central(La Nación) - Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) subieron ayer US$ 46.632 millones, el nivel más alto en cuatro años y medio, informó la autoridad monetaria. 
La cifra representa un incremento de US$ 6748 millones ante el cierre del día anterior, agregó la entidad. "Las reservas internacionales finalizaron en US$ 46.632 millones, aumentando US$ 6748 millones respecto del día hábil anterior", precisó el BCRA en su informe diario sobre cotizaciones de monedas extranjeras y nivel de stock de divisas.

Se trata, también, del mayor nivel de reservas desde la asunción de Mauricio Macri como presidente. "En el día de la fecha se produjo un ingreso por emisión de bonos internacionales de la República Argentina con vencimiento 2022 y 2027 por US$ 6859,3 millones", explicó la institución que preside Federico Sturzenegger.

El BCRA informó también que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 18 millones", pero se aclaró que "en el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación". El Central añadió que el dato se encuentra sujeto a ajustes.

46.632 Millones de dólares - Acumularon ayer las reservas del BCRA por el ingreso de 6748 millones de dólares por emisión de duda a cinco y 10 años

sábado, 21 de enero de 2017

Luis Caputo: "A partir de ahora queremos depender cada vez menos del financiamiento externo"

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
El ministro de Finanzas afirmó que en 2017 se tomará más deuda en el mercado local que en el internacional y que ya está cubierto el 70% de las necesidades
Foto: Ricardo Pristupluk.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo , se bajó ayer del avión que lo trajo de los Estados Unidos, después de la exitosa colocación de la deuda, y fue directo a su despacho. Junto a su jefe de gabinete, Pablo Quirno, y al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, recibieron a la nacion y a Clarín para una entrevista, en la que afirmó que la voluntad del Gobierno a partir de ahora es depender cada vez menos del financiamiento externo. Por esa razón, precisó que la semana próxima habrá una licitación de bonos en pesos.

-¿Por qué tomaron deuda por US$ 7000 millones en vez de los 5000 millones que anunciaron a priori?
-En principio pensábamos en 5000 millones, pero como los inversores estaban muy contentos con el plan financiero y el plan económico nos pidieron 7000 millones, que son los dólares que necesitábamos para todo el año. Esa satisfacción se reflejó en el hecho de que, desde que empezamos el road show, los bonos subieron cinco puntos.

-¿O sea que no harán más colocaciones en dólares este año?
-No, a menos que podamos anticipar el repago de los cupones ligados al PBI, del Repo, o de los vencimientos del 2018 si en unos meses el mercado tuviera mucho apetito.

Otro tema importante es el efecto del posblanqueo, junto con Vaca Muerta; son dos aspectos fundamentales de lo que viene.
- Es probable que una parte del blanqueo empiece a volver al país. Y eso es importante para el desarrollo del mercado local. Ahora queremos depender cada vez menos del financiamiento externo. Y por eso por primera vez tomaremos más fondos acá que afuera. Si el mercado local se desarrolla, veremos más créditos a buenas tasas.

-¿Y la emisión en pesos?
-Será la semana próxima, por el equivalente en dólares a un monto entre 1000 millones y 1500 millones; resta definir si será con bonos ajustables por inflación o con tasa fija, o una combinación de ambos.

-¿A qué atribuye la alta demanda que recibieron afuera?
-Cayó muy bien entre los inversores el cambio en los niveles de emisión, porque pensaban que habría una emisión fenomenal de bonos argentinos este año, pero resulta que, si se cuenta también a las provincias y a las empresas, será la mitad que en 2016. El gobierno nacional emitió en 2016 19.250 millones de dólares y este año 7000 millones; las provincias 7000 millones y ahora 4000 millones y las empresas repetirán los 5000 millones del año pasado. Les explicamos que la suba de la tasa en los bonos de Estados Unidos podía compensarse con la baja del riesgo argentino. Por eso para nosotros lo más importante es seguir haciendo las cosas bien.

-¿De dónde vinieron las ofertas para la emisión?
-De Londres, Nueva York, Los Ángeles y de Asia.

-¿Se despejó el panorama de este año?
-El refinanciamiento podría haber sido un problema desde la elección de Trump; por eso estamos más que contentos por haber removido esta incertidumbre. Ya cubrimos el 70% de las necesidades del año.

-¿Entonces por qué no tomaron más dólares?
-Es parte de la credibilidad que queremos transmitir; si dijimos que íbamos a tomar hasta US$ 7000 millones y después tomamos US$ 12.000 millones, eso no te juega a favor. Vamos a enfrentar un año en el que los indicadores económicos van a ser todos mejores que 2016, en un contexto en el que la emisión será cada vez menor. Eso hace que nuestro riesgo país caiga.
La deuda del año pasado de las empresas era para refinanciar vencimientos; este año es para invertir.

-¿Cuándo bajará el riesgo país al nivel del resto de la región?
-No nos ponemos metas con eso, nuestro trabajo es hacer lo que ayude a que las tasas sigan bajando.

-¿Recomprarán cupones del PBI?
-Nos gustaría comprarlos, mucho más a estos precios, pero hay que armar una estrategia administrativa para que no haya problemas.

-¿Si la economía crece más del 3,25% pagarán el cupón en 2018?
-Sí.

Las claves de los pagos de deuda de este año

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, precisó que el programa financiero de este año implica pagos por US$ 40.000 millones, 20.000 millones de amortizaciones y 20.000 millones de deuda nueva.

Las fuentes serán US$ 3800 millones de entidades multilaterales, 6000 millones del crédito de los bancos, 14.000 millones del mercado doméstico, 10.000 millones de afuera, 2000 millones del sector público y 4500 millones de renovación de Letes.

viernes, 20 de enero de 2017

Fondos como para atravesar un año sin sobresaltos financieros

Resultado de imagen para sobresaltos financierosPor Miguel A. Kiguel - LA NACION
Con la colocación de ayer de 7000 millones de dólares en bonos a 5 y 7 años, el Gobierno logró despejar las dudas respecto de su capacidad de conseguir los fondos para cumplir sin sobresaltos el programa financiero de este año.

Este no es un tema menor, ya que desde la elección de Trump en noviembre del año pasado comenzaron a alzarse voces que expusieron dudas sobre las posibilidades de conseguir los fondos. Las preocupaciones eran fundadas, dado que según nuestros cálculos había que ir a buscar al mercado externo unos 20.000 millones de dólares y otros 15.000 millones en el mercado local.

El principal temor era, y en alguna medida sigue siendo, que una política fiscal expansiva en Estados Unidos aumente la demanda de fondos y la tasa de inflación y que, en consecuencia, haya una suba en las tasas de interés tanto de corto como de largo plazo. Esto generaría una menor oferta de fondos para los países emergentes y en un caso extremo incluso podría llevar a que se cierren los mercados financieros, como ha pasado muchas veces en el pasado, y que no haya financiamiento a ninguna tasa de interés (¿Se acuerdan de la crisis de Lehman Brothers?).

Ante ese panorama, el Gobierno se anticipó, ya que a la colocación de los 7000 millones le sumó un crédito con bancos por 6000 millones de dólares a 18 meses. De esta forma, apenas comenzado el año, se aseguró más de la mitad de los fondos externos, que era la principal fuente de preocupación.

El resto del programa se podrá ir cumpliendo en forma gradual aprovechando las oportunidades que vayan surgiendo tanto local como internacionalmente, aunque el grueso del financiamiento debería venir del mercado local, que es más previsible y donde los montos que el Tesoro busca debería ser relativamente fácil de obtener dada la base inversora que hoy existe en el país.

Si este diagnóstico es correcto, es de esperar una nueva baja del riesgo país durante este año, que irá ocurriendo a medida que los inversores se convenzan de que el programa financiero es manejable y que el Gobierno muestre su compromiso de cumplir la reducción del déficit fiscal.

El autor es economista

jueves, 19 de enero de 2017

Inversiones, pymes y créditos obsesiones del nuevo jefe del Nación

Javier González Fraga, el nuevo presidente del Banco Nación foto: Archivo Por José Luis Brea - LA NACION
González Fraga asumirá el lunes al frente de la entidad y ya definió estos tres ejes como sus prioridades.
El nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, llega a la institución para poner el acento en la financiación a la inversión, a las pequeñas y medianas empresas, y a la vivienda. Esos tres rubros serán "su obsesión", según pudo saber LA NACION.

De extracción radical -acompañó a Ricardo Alfonsín en la fórmula presidencial para las elecciones de 2011 por la Unión para el Desarrollo Social-, González Fraga tiene como economista una larga experiencia en el sector financiero y la gestión pública.

El Gobierno, tan preocupado por atraer inversiones (que hasta ahora no han llegado en el nivel esperado), tomó nota de esta visión. González Fraga quiere que el perfil del Nación se asemeje al de un banco de inversión y aclaró, ante los funcionarios que lo convocaron, que eso no significa prestar a pérdida.

El modelo del economista es el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Considera que se puede prestar a tasa de mercado, pero orientando los fondos a la inversión y el largo plazo. "El gran fomento es el plazo. En un banco con la liquidez como la que tiene, el Nación se puede correr el riesgo de prestar a 15 años", explicó durante las reuniones con funcionarios.

Fraga tiene 68 años, es graduado en Economía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y también estudió en Harvard y en la London School of Economics. Durante el gobierno de Carlos Menem ocupó en dos oportunidades la presidencia del Banco Central.

Además fundó la consultora GF Macroeconomía, fue director del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y ejerció la vicepresidencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 1994 y 1999.

De origen radical, González Fraga también incursionó en la política. En las elecciones presidenciales de 2011 fue candidato a vicepresidente, acompañando a Ricardo Alfonsín en la fórmula de la Unión para el Desarrollo Social.

En sus encuentros con Melconian -donde delineó la transición- y jefatura de Gabinete (quien lo convocó fue Mario Quintana), el ex presidente del Banco Central dijo estar convencido de que no se puede crecer solamente impulsando el consumo, tal como hizo el kirchnerismo en los últimos años, porque genera inflación y huida de capitales. "Estoy convencido, tal como decía Juan Sourrouille [el ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín], de que a los ministros hay que medirlos por la inversión que generan", habría dicho.

El economista tiene experiencia en el mundo empresario. Además de haber ejercido como director del grupo automotor PSA Peugeot Citroën, en 1991 fundó la empresa alimenticia La Salamandra, reconocida por su dulce de leche y su producción de queso. Lideró la compañía hasta 2002, cuando la vendió a la empresaria Cristina Miguens. En tanto, en octubre de 2016 fue designado director de Papel Prensa en representación del Estado nacional.

Préstamos para vivienda

En cuanto a la vivienda, pondrá la lupa en los préstamos hipotecarios del Nación, que tienen un esquema diferente a los que impulsa el Banco Central, basado en los créditos con UVA (indexan por inflación) que adoptaron otros bancos.

En el largo plazo, González Fraga intentará llevar a la práctica su idea de plan de vivienda económica, que ya presentó en 2011, cuando fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Alfonsín.

La idea es presentar créditos a muy largo plazo (incluso a 50 años), que tengan una cuota tan baja como un alquiler, de manera tal que muchos accedan al préstamo hipotecario. "Hay un 20% de pobreza estructural, un núcleo duro que sólo puede bajar recreando la familia, y allí juega un papel importante la vivienda", suele explicar.

Planes en carpeta

Vivienda - Intentará llevar a la práctica un plan de créditos a muy largo plazo (incluso a 50 años), que tengan una cuota tan baja como un alquiler para acceder a un préstamo hipotecario

Modelo - El modelo es el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Considera que se puede prestar a tasa de mercado, pero orientando los fondos a la inversión y el largo plazo

Inversión - Está convencido de que no se puede crecer impulsando sólo el consumo, sino que es necesario apostar por la inversión.

viernes, 13 de enero de 2017

Congelan la contratación de empleados en el Estado

La red del empleo público nacionalPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Regirá para las dependencias del Poder Ejecutivo, que no podrán superar la plantilla de fines de 2016; también hay nuevas exigencias para que los ministros rindan cuentas.

La obsesión por reducir el gasto público que manifestó Mauricio Macri en los últimos días ya toca a los empleados del Estado: por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016. Las reparticiones que quieran hacerlo deberán iniciar un enrevesado camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Gráfico: La red del empleo público nacional.

Los límites a la contratación de personal se aplicarán de manera directa sobre la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En total, suman unos 208.000 empleados. Ése es el número que se mantendrá congelado este año.

En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

Una fuente oficial reconoció. ante la consulta de la nación, que en el futuro el Gobierno intentará avanzar en medidas similares para el resto de la administración pública nacional, donde hay organismos que suman otros 560.851 empleados y por el momento no tienen restricciones de contratación.

El año pasado terminó con 8000 concursos para incorporar personal al Estado, que esperan la designación final. Según fuentes oficiales, Modernización analizó los casos y continuarán en la administración pública.

Los límites a la contratación de personal están consignados en la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y distribuye los recursos del presupuesto de la Nación para este año.

La norma expone sus objetivos de manera expresa. En los considerandos sostiene "que es oportuno establecer" que las entidades que componen el PEN "no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016".

Además de la firma de Peña, la norma lleva la del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien anticipó poco después de ser nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de "mirar finito" en qué se están gastando los recursos del Estado. Esta norma parece un producto de esa inspiración.

Si bien Dujovne es el que más habla de ajuste fiscal, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el principal auditor del empleo estatal. Todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo deberán enviarle en no más de 30 días el detalle de los cargos ocupados por personal permanente y temporario hasta el 31 de diciembre pasado.

Después de evaluar la cantidad y el perfil del personal en tareas, Modernización establecerá y distribuirá las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el último día del año pasado.

En la primera parte del año pasado, Ibarra lideró un proceso de depuración del Estado que ocasionó aproximadamente 10.000 despidos. "Está claro que hay una política fiscal más restrictiva. Antes se podía decir que la baja del gasto se limitaba a la reducción de los subsidios, en especial a la energía, pero ahora da la sensación de que hay voluntad de controlar el gasto en términos generales. Esto incluye controlar a los trabajadores del Estado", analizó Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Según el especialista en cuentas públicas, está a contramano de lo que ocurrió el año pasado, cuando hubo una ampliación del gasto en estructura administrativa por la creación de ministerios, que a su vez demandaron nuevos cargos.

"La voluntad de hacer la restricción está en el discurso. Vamos a ver si efectivamente logran ir al detalle y reducir el gasto sin que implique un peor funcionamiento del Estado", se planteó Flores.

Control de gestión

Las restricciones al gasto dispuestas en la norma que se conoció ayer van más allá de la contratación de personal. Por ejemplo, los ministros y el resto de las dependencias del PEN no podrán contratar obras o comprar bienes sin la autorización de la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.

La administración de Mauricio Macri también será más dura al momento de pedirles a los ministros la rendición de cuentas sobre la marcha de su gestión. Por caso, deberán informar cada tres meses la ejecución física de cada programa (así se mide el uso de los recursos del Estado para las tareas asignadas) y explicar eventuales desvíos cronológicos en el uso de los fondos (por encima o por debajo de las previsiones originales).

En la práctica, la decisión de profundizar la reducción del gasto público se decidió antes de la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por eso está contemplada en el presupuesto para este año. Según la ley aprobada a fines de 2016, casi todas las carteras tendrán menos recursos que en 2015, en términos reales (el aumento de sus recursos estará por debajo de la inflación) e incluso nominales (tendrán menos fondos en comparación con 2016, pese al encarecimiento de los precios). Macri, por caso, tendrá un 0,5% menos de recursos para manejar las actividades directamente relacionadas con la Presidencia, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, contará con un 17% menos en comparación con 2016, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el Estado. En parte, ese ahorro está dado porque caerán las erogaciones en subsidios debido a los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Otro grupo que tendrá menos fondos está compuesto por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud, entre otros.

La lupa sobre el gasto

Despidos - Poco después de asumir, el presidente Mauricio Macri le ordenó al Ministerio de Modernización revisar la plantilla del Estado, que había crecido en los últimos años del kirchnerismo. Fueron despedidos unos 10.000 trabajadores.

Nuevos límites - El Gobierno dispuso ayer que este año las principales dependencias del Esado nacional no podrán sumar trabajadores por encima del número de diciembre de 2016.

Señal - La intención es que otras dependencias que no fueron abarcadas sigan el mismo camino.

domingo, 8 de enero de 2017

El fin a las retenciones petroleras llega con aumentos en la nafta

Resultado de imagen para fin a las retenciones petrolerasPor Diego Cabot, Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Después de 15 años, suspenden el cobro de derechos a la exportación de crudo; subas de 8% promedio en combustibles.

La administración de Mauricio Macri comenzó en las últimas horas a dar nuevos movimientos para continuar con la normalización de la economía, que comenzó a principios de la gestión con la salida del cepo cambiario y el fin del default y continuará a principios de esta semana con la vuelta del sector petrolero a las reglas del mercado.

El primer paso de esa maniobra ocurrió a las 0 horas del sábado. Después de 15 años, el Gobierno suspendió la aplicación de retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Según les informaron a las empresas petroleras, el sistema María, con el que se maneja la Aduana, no aplicará más los derechos a la exportación.

Se trata de uno de los últimos resabios de la crisis de 2001 y las decisiones económicas que dispuso a principios del año siguiente el ministro de Economía Roberto Lavagna, en la presidencia de Eduardo Duhalde. En concreto, aquel esquema empezó con el decreto 310/2002 y continuó con la ley 26.217 y la resolución del Ministerio de Economía 394/2007. Todas esas normas fijaron retenciones para mercaderías que se exportan, puntualmente petróleo crudo y combustibles, entre otros. A partir de las 0 del sábado, el sistema María de Aduana, mediante el que se maneja gran parte del comercio exterior, ya no hará más retenciones.

El ex presidente Néstor Kirchner mantuvo las retenciones a las exportaciones, algo que luego profundizó el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Con la caída de los precios internacionales del petróleo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof redujo los derechos de exportación, pero no los eliminó por temor al costo político de una medida de ese tipo.

En los años de Lavagna y Kirchner, el por entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, participó de las negociaciones en representación del sector privado. El mismo, ahora como ministro de Energía, anunciará el fin de ese gravamen.

El paquete de medidas relacionadas con la actividad petrolera es más amplio. Incluso se espera que el presidente Mauricio Macri se encargue de una parte de los anuncios. Este martes, según el calendario que manejaban hasta el viernes por la tarde en la Casa de Gobierno, participará de una reunión en la que dará a conocer una adenda al convenio colectivo de trabajo del sector petrolero que regulará la actividad en los yacimientos de los denominados recursos no convencionales de crudo y de gas (Vaca Muerta y otras reservas).

La agenda se negoció entre el Gobierno, las empresas y los gremios en el marco de la crisis del sector debido a los bajos precios, que condujo a despidos en los últimos meses. Contempla que el personal en condición de jubilarse deberá adherirse, la posibilidad de reubicar trabajadores a tareas distintas a las que venían realizando, la posibilidad de montar y desarmar equipos también a la noche y un mayor control de ausentismo, entre otras cosas.

Por otra parte, desde este mes comenzó a regir un nuevo precio interno del petróleo, que será el primer eslabón de una cadena que lo conducirá a valores internacionales a más tardar a mediados de año. Si la variación de los valores en el mundo acompaña, el acople podría ocurrir antes.

El Gobierno mantuvo en el primer año de gestión el denominado barril criollo, una variedad creada por Kicillof para sostener de manera artificial los valores del crudo por encima de los internacionales y apuntalar la actividad.

En las últimas semanas, la cotización internacional del crudo comenzó a subir, de manera que el barril criollo, que también genera múltiples distorsiones, dejó de ser una alternativa interesante para las petroleras.

Los anuncios petroleros también incluyen una decisión antipática para los consumidores. En las próximas horas volverán a aumentar los combustibles. El incremento será de 8% en promedio y alcanzará a todas las marcas (las principales son YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil). De manera que el litro de nafta súper en la ciudad de Buenos Aires en las estaciones de YPF pasaría a costar $ 18,44. Así, llenar un tanque de 50 litros costará unos $ 920.

El último aumento había sido en mayo del año pasado. En 2016, los precios de los combustibles treparon 31 por ciento. La cifra está por debajo de los retoques de otros ítems de la economía (la inflación anual fue cercana al 40%).

Las petroleras se quejan de que esos incrementos le hicieron perder rentabilidad. Sucede que la principal materia prima de los combustibles es el petróleo, que se paga en pesos, pero según la cotización del dólar, por lo que la devaluación impactó sobre sus costos.

Según las empresas, incluso luego de los aumentos, los precios de las naftas y el gasoil estarán, en dólares, 10% por debajo de la paridad de importación.

Precios cada vez más altos

18,44 Pesos - Será el precio, en promedio, del litro de nafta súper en la ciudad de Buenos Aires. La suba tendrá lugar en las próximas horas. Cargar 50 litros costará así unos 920 pesos

31% Aumento - Es lo que creció el precio de los combustibles durante el año pasado

15 Años - Estuvo vigente el impuesto a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Se trata de uno de los últimos resabios de la crisis de 2001 y las decisiones económicas que dispuso a principios del año siguiente el ex ministro de Economía Roberto Lavagna

Lista ampliada y nuevos valores

Con un alza promedio del 3% y tal como se había anunciado, comenzó a regir ayer, en todo el país, el nuevo listado con 545 productos del programa "Precios Cuidados".

Según informó la Secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun, se añaden al listado 72 productos, entre los que se encuentran protectores solares, repelente en crema y aerosol, pañales, sales sin sodio, y nuevas presentaciones de harina de trigo. El programa continuará vigente, al menos, hasta el próximo 6 de mayo.

martes, 3 de enero de 2017

En varias áreas, el año terminó con fuerte subejecución del presupuesto

Resultado de imagen para subejecución del presupuestoPor Laura Serra - LA NACION
Mientras el Gobierno busca reducir el nivel de gastos, hubo programas que no usaron todos los fondos asignados; el mayor incumplimiento se registró en Modernización y Comunicaciones
El funcionario, de alto rango, se desplomó en el sillón de su escritorio. Acababa de finalizar una reunión con su superior en el ministerio. "Me dice que no hay plata. ¿Y yo cómo hago para cerrar los gastos del año?", preguntó, tomándose la cabeza con las manos. Las desventuras de este funcionario se replican en numerosas áreas de la administración pública. La orden fue tajante: hay que controlar y, en lo posible, bajar el gasto. Y esta orden se refleja en los números fríos del presupuesto, donde, ya en la finalización del ejercicio fiscal, se observan notorias y -en algunos casos- abultadas subejecuciones, que se ubican cerca del 50 por ciento.

La causa: cumplir, como sea, con la pauta de déficit fiscal prometida por el gobierno de Mauricio Macri para este año del 4,8 por ciento del PBI, en momentos en que el Presidente quiere fusionar áreas para recortar el gasto estatal.

En líneas generales, la ejecución del gasto fue, hasta el 25 de diciembre pasado, del 88% de los créditos vigentes, porcentaje que se ubica por debajo del nivel teórico en el cierre de cada año, advirtió Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). "Hay una subejecución notoria del presupuesto que denota una decisión política del Gobierno de controlar mucho más el gasto", aseveró.

Según el último informe de la ASAP, los atrasos más significativos se observan en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Modernización, de Comunicaciones, de Turismo, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Producción y de Cultura. "En algunos casos se evidencian desfases del orden de los 20 puntos porcentuales o superiores respecto del porcentaje «teórico» a esta altura del ejercicio", se indicó.

Si bien es cierto que el actual presupuesto fue diseñado por el gobierno anterior, a lo largo del año la administración de Macri instrumentó más de cincuenta modificaciones presupuestarias, vía decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, que modificaron sustancialmente la pauta de gastos y explican la subejecución en algunas áreas. En virtud de la política «gradualista» de la actual gestión, el gasto primario, lejos de bajar, subió de manera explosiva: en los primeros once meses del año sumaron $ 1,48 billones, un 33,7% de incremento interanual, señaló la ASAP. Al 25 de diciembre pasado, esa cifra trepó a $ 1,82 billones.

Destinos de los fondos

¿Adónde fue a parar semejante suba del gasto? Básicamente, a pagar gastos corrientes: transferencias (subsidios -sobre todo al transporte- y aportes a las provincias), pago de jubilaciones y pensiones, gastos en personal y servicios de la deuda. Aquí vale agregar un párrafo respecto de los fondos girados a las provincias y municipios: en los primeros once meses del año, el gobierno nacional distribuyó $ 100.500 millones a los gobernadores e intendentes, en su mayoría para atender gastos corrientes. Pero a esta cifra hay que sumar otros $ 26.719 millones que el Gobierno giró la semana pasada a las provincias por decreto.

Sin embargo, los gastos de capital (básicamente, obras de infraestructura), que son los verdaderos promotores de empleo, siguen sin mostrar un repunte notorio. Pese a las promesas oficiales de una inminente reactivación de la obra pública, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda es una de las áreas de mayor nivel de subejecución presupuestaria: el 73% de su crédito, cuando faltaban pocos días para terminar el año. Con la única excepción del programa de desarrollo de la infraestructura habitacional Techo Digno, que tenía gastado el 90% de su crédito, todos los demás muestran bajos niveles de gasto: el programa de recursos hídricos, 53%; el de urbanización de villas y asentamientos precarios, 51%, y el de acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica, 73%.

En el Gobierno explican que la cartera que conduce Rogelio Frigerio está instrumentando una reformulación de los programas heredados del gobierno anterior para evitar la dispersión del gasto, lo que explicaría algunas subejecuciones. De hecho, por medio de un decreto de modificación presupuestaria, se le recortaron $ 1276 millones al proyecto para generar "acciones para la provisión de tierras para el hábitat social". También se les quitó presupuesto a distintas obras -algunas cuestionadas, como la torre única de comunicaciones- por un total de $ 158,2 millones, tal como publicó LA NACION. Todo ese dinero fue redireccionado a provincias y municipios.

Donde sí se nota un avance en la ejecución de gastos es en vialidad, con un 80% a esta altura del año: el programa de construcciones muestra una ejecución del 83 por ciento. Sin embargo, las obras públicas en las provincias, que los gobernadores ansían como el agua, tardan en llegar.

Según el último informe de la ASAP, pese al aumento en las transferencias para gastos corrientes en estos once meses de 2016, los gastos de capital para el interior continúan retraídos, con una baja de casi el 10% interanual.

Presupuesto (por Mariano de Vedia)

Llamado de atención

Cada vez más controles requiere el uso de los recursos. El informe de la ASAP que inspecciona el primer año de Macri en materia presupuestaria muestra que el Gobierno recurrió a la reasignación de partidas para ajustar a la realidad un presupuesto diseñado y votado por el gobierno anterior. Así, saltan a la vista las distorsiones y peculiaridades que caracterizaban el manejo de los números en el kirchnerismo, aunque también el informe es un llamado de atención a la gestión actual, frente a un año electoral, que siempre de caracteriza por el dispendio de los fondos.

lunes, 2 de enero de 2017

Aceleran un plan para lograr más eficiencia en las empresas públicas

Resultado de imagen para lograr más eficiencia en las empresas públicasPor Mariano Obarrio - LA NACION
El déficit conjunto asciende a unos $ 50.000 millones y el Gobierno busca reducirlo; Aerolíneas es un caso testigo. 
Uno de los mayores objetivos del presidente Mauricio Macri para 2017 en el recorte de gastos improductivos pasa por reducir la burocracia y la ineficiencia en las 53 empresas del Estado. 
Le ordenó al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lograr eficiencia y reducir paulatinamente los 50.000 millones de pesos de déficit que tienen.

El ejemplo paradigmático para el macrismo es la situación de Aerolíneas Argentinas . Si bien Isela Costantini, la ex CEO, logró reducir el déficit de 1000 millones de dólares en diciembre de 2015 a 400 millones al cierre de 2016, en la Casa Rosada la responsabilizaron de no encarar con mayor énfasis el ajuste. "Aerolíneas era el paradigma de La Cámpora e Isela arregló con muchos directivos de la agrupación y con los sindicatos", aseguraron en la Casa Rosada a LA NACION.

Cerca de Costantini señalaron que ella proponía un ajuste progresivo en el tiempo y no quería comenzar a reducir personal ni militantes de La Cámpora en forma drástica para evitar problemas sindicales. "La empresa tenía que comenzar a volar a horario y debíamos evitar que se frenen los vuelos, para que gane dinero y así comenzar a sanearla. Se hicieron ajustes en renegociación de contratos, compras, simplificación de trámites y se trabajó muchísimo", dijo un allegado a la ex CEO. De hecho, se redujo el déficit en un 60%.

Sin embargo, en la Casa Rosada le criticaron su inclinación a "no trabajar en equipo" y discutía más de la cuenta con el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich. Se estima que el actual CEO, Mario Dell'Acqua, llegará con una meta de acelerar los recortes en Aerolíneas, aunque no en forma tan drástica.

Más allá de estos conflictos, el vicejefe de Gabinete y secretario de Coordinación Ministerial, Mario Quintana, le dio la orden a un equipo dedicado a las empresas públicas dirigido por el joven Abbott José Reynal de que acelere el plan de rediseño de las sociedades del Estado.

Desde febrero último, Reynal es coordinador de Enlace Ministerial bajo la órbita de Quintana y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es un funcionario de estrecha confianza de Quintana. "Su objetivo es reducir con mayor eficiencia y progresivamente los 50.000 millones de pesos que nos cuestan empresas públicas como Aerolíneas, YPF, Fadea, Tandanor y cincuenta más", dijo un allegado a Quintana.

Esos 50.000 millones significan un 0,6% del PBI. Se trata de un porcentaje significativo si se tiene en cuenta que el rojo fiscal de 2016 será de 4,8% del PBI, unos $ 390.000 millones, y la meta para 2017 es el 4,2%, unos 340.000 millones. Como parámetro se puede consignar que el total de subsidios a la energía (luz, gas, petróleo) y al transporte implica un 3% del PBI, unos $ 240.000 millones, que el Gobierno prevé ir reduciendo paulatinamente vía aumento de tarifas en un período de tres o cuatro años, hasta 2021.

Hace unos dos meses, en la Casa Rosada, Marcos Peña encabezó junto con Quintana y Reynal un congreso de presidentes de empresas públicas o sociedades del Estado. Se habló, precisamente, de los distintos caminos para mejorar la eficiencia. La reunión fue multitudinaria, habida cuenta de que allí estaban los presidentes y directivos de una larga lista de empresas, muchas de ellas deficitarias. De las 53 compañías del Estado, las más conocidas son YPF, Aerolíneas Argentinas, Fadea (fabrica aviones), Tandanor (buques), Correo Oficial, Fabricaciones Militares, Enarsa, AySA, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Fiscales (Río Turbio), Casa de Moneda, Arsat y Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).

También están en esa lista Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa); Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa); Intercargo; Administración General de Puertos SE; Empresa Argentina de Navegación Aérea SE; Operadora Ferroviaria SE; Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios; Belgrano Cargas; Corporación Antiguo Puerto Madero; Banco de Inversión y Comercio Exterior; Mercado Central; Vehículo Espacial Nueva Generación SA; Lotería Nacional; Radio y TV Argentina; Télam; Educar, y Banco Nación, entre otras.

En la Casa Rosada consideran este núcleo de empresas parte de la "herencia K" y también allí revistan muchos empleados y directivos que provienen de las líneas kirchneristas. En el gobierno de Macri aseguran que no existe por ahora la idea de privatizar ninguna de estas empresas, como frecuentemente denuncian desde el kirchnerismo.

El plan de "reducción de pérdidas" está en manos de Reynal, mano derecha de Quintana, a quien denominan simplemente "coordinador de empresas estatales".

La mejora en las sociedades del Estado no sólo es un objetivo fiscal. También es u requisito para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Otro ejemplo de ineficiencia es la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea): en 2015 perdió $ 1400 millones y no produjo ningún avión, algo que el ministro de Defensa, Julio Martínez, quiere revertir.

Macri quiere fusionar áreas para recortar el gasto estatal

Caputo y Dujovne, el viernes pasado en la Casa RosadaPor Mariano Obarrio - LA NACION
La reestructuración alcanzará secretarías, organismos y empresas del Estado; apunta a suprimir funciones duplicadas y bajar subsidios; la meta es lograr un ahorro de 0,8% del PBI

Caputo y Dujovne, el viernes pasado en la Casa Rosada. Foto: Reuters 

Más allá de reactivar la economía, generar empleo y bajar los índices de pobreza, el principal objetivo del presidente Mauricio Macri para 2017 será reducir el gasto público mediante la fusión de organismos, secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones, ajustes en empresas públicas y reducción de programas superpuestos o de bajo impacto social.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Macri, en eso pondrá el foco el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , que hoy asumirá su cartera junto con su par de Finanzas, Luis Caputo.

El plan consiste en ahorrar 65.000 millones de pesos, un 0,8% del PBI. La meta para 2017 es un déficit fiscal de 4,2% del PBI. Pero Macri aspira a superarla con el incremento de ingresos por el exitoso blanqueo de capitales. Cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confiaron que la poda no pasará por la obra pública; al contrario, se incrementará la inversión de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Tampoco se tocarán planes de desarrollo social ni gastos en salud y educación. Incluso se acentuará el plan El Estado en tu Barrio. Los pilares del recorte serán tres: reordenamiento del gasto en la administración pública y en las empresas del Estado; rebaja de subsidios a la energía y el transporte (por suba de tarifas), y crecimiento económico, para generar más ingresos y diluir el déficit. El equilibrio fiscal llegaría en 2021.

El objetivo de Macri y Dujovne es marcar un "sendero" u "hoja de ruta" que sirva como señal a los mercados para conseguir financiamiento a baja tasa, de lo que se encargará Caputo, y hacia los inversores, para que apuren la llegada de capitales y la creación de empleo.

Macri corre contra los tiempos electorales. Por eso el ajuste tendrá una contracara: más ejecución en la obra pública y una fuerte reforma tributaria para eliminar impuestos distorsivos, para bajar la presión fiscal y generar trabajo. "En el primer trimestre habrá un boom de ejecución de obra pública", prometen en la cartera de Frigerio. Una señal de ello sería el desplazamiento del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, que se iría a mediados de este mes.

Se prevé asimismo reducir organismos. Por ejemplo, todos los ministerios tienen un área de asuntos internacionales. Se podrían fusionar en un solo ente para ahorrar en alquileres de oficinas, papeles, luz, gas, agua, directores y empleados, a los que se les reasignarían funciones. Lo mismo ocurriría con la fusión de secretarías, subsecretarías de Estado y direcciones, muchas de las cuales no tienen funciones específicas, se superponen o fueron divididas en el pasado y se volverían a reagrupar. "La reducción de la planta política es una señal. Menos secretarios y subsecretarios y más eficiencia", dijo un funcionario.

Sin embargo, en esta etapa no se suprimirían ministerios, tal como se evaluó hace meses. Pero no se descarta que futuras renuncias de ministros para competir en las elecciones puedan torcer esa premisa.

También se fusionarán o eliminarán programas con idénticas finalidades que coexisten en los ministerios, tal como adelantó LA NACION el 24 de diciembre pasado. Dentro de ellos podrían incluirse giros a las universidades nacionales. Existen infinidad de planes de capacitación laboral o beneficios sociales que conviven en Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación y la Anses, o en las carteras económicas. Pero tienen escaso impacto en la gente y se anulan entre sí. Podrían tender a la fusión o a un rediseño.

También allí habría ahorros indirectos en alquileres, servicios, luz, agua, gas o recursos humanos.

Además, se buscará más eficiencia en las 53 empresas del Estado. Tienen un rojo anual de $ 50.000 millones, lo cual explica un 0,6 % del déficit fiscal actual de 4,8% del PBI.

Por debajo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, existe desde febrero último un equipo liderado por Abbott José Reynal, coordinador de Enlace Interministerial, que recibió la orden del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de acelerar los ajustes.

Tienen en la mira a YPF, Aerolíneas, Fadea, Tandanor, el Correo Oficial, Fabricaciones Militares, Enarsa, AySA, Nucleoeléctrica Argentina, Canal 7, Radio Nacional y Télam, entre las 53 compañías . "No será un ajuste drástico porque no nos votaron para eso; ganamos el ballottage por dos puntos", dijo un alto funcionario.

Buscan que el recorte tenga rostro humano. Un capítulo no resuelto es el desplazamiento de decenas de directores y subsecretarios de Estado que sobreviven del kirchnerismo, sospechados de trabar la gestión. Por allí todavía no pasó el ajuste.

Un sector del macrismo, liderado por Peña, es más contemplativo. Otros funcionarios no quieren más tolerancia con los funcionarios políticos del kirchnerismo que permanecen, por caso, en los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Ambiente, Salud, Interior, Educación, Modernización, Anses, Aerolíneas, YPF, PAMI, Canal 7, Radio Nacional, Télam o el Correo Oficial.

"En la primera parte había que entrar al Estado. Ahora, con el potro atado al palenque, podemos comenzar a sacarlos", dijo uno de los más radicalizados. También la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal, conserva muchos ex funcionarios kirchneristas.

La meta fiscal del presupuesto 2017 es un déficit de 4,2% del PBI. Si se cumple el aumento de la recaudación por el efecto del blanqueo, ese piso podría perforar el 4%, se ilusionan cerca de Macri. No se llegaría al equilibrio fiscal en 2019. La pauta gradualista es un déficit de 3% del PBI para 2018 y 1,5 para 2019. Ese gradualismo se mantendrá.

El segundo eje del recorte es la reducción de subsidios. Del 4,8% de déficit actual hay 3 puntos de subsidios a la energía y el transporte ( 240.000 millones de pesos). El propósito es bajar 3 puntos para 2021 vía aumentos de tarifas paulatinos. No se determinó el ritmo, pero sí el rumbo, como señal a mercados e inversores.

El tercer eje de la reducción del déficit será el crecimiento económico: con la contención del gasto y el crecimiento de la economía se generarían más ingresos por crecimiento.

El recorte no pasará por las áreas de educación, salud o desarrollo social ni por los planes sociales. Se redoblará el plan El Estado en tu Barrio. Un informe oficial consignó 254 operativos en 2016 en 12 provincias y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires y el conurbano.

Se realizaron 770.000 trámites y servicios, a la vez que 95.000 niños participaron en actividades culturales, se otorgaron 169.000 DNI, 133.000 beneficios de la Anses (AUH y asignaciones familiares), 92.000 tarifas sociales y 65.000 vacunas.

Qué significa

Del editor: el gobierno de Mauricio Macri se propone avanzar por un sendero estrecho. La situación económica le deja poco margen para hacer los recortes que cree necesarios a fin de bajar el gasto, y las necesidades electorales del año que comienza angostan aún más ese camino. Así las cosas, la matemática oficial se apoya en una cuota nada menor de optimismo: el crecimiento económico -que muchos pronostican, pero que sigue demorado- le daría al Gobierno el impulso que necesita para atravesar el desfiladero.

viernes, 30 de diciembre de 2016

Biodiésel: el campo podría ahorrarse $ 6000 millones

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Por Fernando Bertello - LA NACION

Impulsan un reemplazo del gasoil por el biocombustible a partir del canje del grano de soja con industrias elaboradoras.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación trabaja en una resolución para que los productores agropecuarios puedan hacer uso propio de biodiésel mediante un sistema a fasón con las industrias.

La iniciativa se está impulsando desde la Secretaría de Agregado de Valor que conduce Néstor Roulet. El productor que tiene el grano de soja podría entregarlo a una industria y recibir a cambio biodiésel.

Sobre unos 2400 millones de litros de gasoil que se consumen para la campaña agrícola, diversas estimaciones indican que si al menos un 30%, equivalente a 720 millones de litros, logra ser todo como uso propio pero de biodiésel, la producción podría ahorrarse en combustible, con números de hoy, casi $ 6000 millones. Esa cifra, calculan sale de la diferencia entre lo que se paga por el biodiésel ($12) y los hasta 20 pesos el litro de gasoil en el interior. El productor podría usar el producto para sus máquinas y vehículos.

"Hasta ahora el uso propio estaba limitado al dueño de una fábrica, pero ahora vamos avanzar en una resolución para que el productor pueda entregar el grano y recibir biodiésel o harina de soja", dijo Roulet a LA NACION.

En Agroindustria están contentos con la performance del biodiésel este año. Sucede que la producción saltó a 2,7 millones de toneladas, un 50% más que el año pasado. De esta manera, la Argentina ocuparía el cuarto puesto en el ranking de producción mundial de este biocombustible, con un 9% sobre un total de más de 30 millones de toneladas elaboradas. La mayor producción sobrevino por más exportaciones (ya superaron el 1,5 millón de toneladas, con los Estados Unidos como principal mercado con más del 90%, contra un total de 800.000 toneladas enviadas el año pasado a todos los destinos) y porque hubo más consumo interno (se ubicó por encima de un millón de toneladas contra menos de ese registro en 2015).

En 2016 se avanzó en el uso para grandes motores, para la generación de electricidad y hay negociaciones para que los motores de las cosechadoras en el país puedan salir para un uso 100% con biodiésel.

"La fluidez del diálogo y la disposición de las carteras de Energía y Agroindustria para promover el consumo de biodiésel en áreas como transporte público de pasajeros, generación eléctrica y encauzar algunos problemas sobre transparencia de la información, y protocolos de certificaciones de sustentabilidad, han contribuido decisivamente para conseguir este récord de producción", expresó recientemente Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a compañías de este rubro.

Más allá del trabajo para que el productor pueda hace uso propio de biodiésel con el esquema a fasón con una industria, Agroindustria está trabajando con el Ministerio de Energía para que haya más controles de seguridad en las plantas. En esta línea, las plantas deberán anotarse para que se puedan realizar esos controles.

A todo esto, mientras la industria exportadora de biodiésel aguarda la reactivación de los embarques a la Unión Europea para los próximos meses, tras haber ganado el país un planteo por aranceles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Corte europea, el sector también busca resolver medidas contra del producto argentino que impuso Perú, el segundo comprador en el último tiempo.
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