El relato más brutal de la historia sobre cómo funciona la corrupción en la Argentina

Por Diego Cabot - La Naciòn

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, explicó cómo se arreglaban las licitaciones, cómo se recaudaba el dinero y cuál era el sistema de pago

Hubo un momento de zozobra anteayer por la tarde en Comodoro Py. "Eso ya lo sabemos, no aporta nada nuevo. Los dejo solos para que hablen de lo que necesiten. En una hora nos vemos", dijo el fiscal Carlos Stornelli . Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara de la Construcción, entendió que seguiría en la cárcel. Una hora después, inició el relato más brutal de la corrupción en la Argentina . "Me recibí de ingeniero hace 52 años y ejercí mi profesión hasta hoy. En 1966, ingresé a Esuco. En las obras que se encuentran en ejecución, entre propias y asociadas con otras compañías, trabajan 3500 personas". Fueron sus primeras palabras.

Y entonces sí, decidido, sin esposas y con la custodia del Servicio Penitenciario Federal que lo esperaba afuera, Wagner, un actor protagónico del poder durante el kirchnerismo, inició su confesión: "Todos sabían que yo era el amigo de [Julio] De Vido . En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente [ Néstor Kirchner ] debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo-, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos". Así, Wagner empezó a ganarse su libertad.

Sobre fines de los 90, Esuco llegó a trabajar en Santa Cruz en obra pública. Uno de los primeros contratos fue la ejecución del aeropuerto de El Calafate . De Vido, que había emigrado a Santa Cruz como empleado de Entel, ya era funcionario del gobierno provincial. "Conocí al arquitecto y al gobernador Kirchner en las sucesivas visitas que hicieron a la obra", aclaró respecto de los orígenes de la relación que finalmente terminó por llevarlo la cárcel.

Poco tiempo después, aquel gobernador se convertía en presidente y el arquitecto en su principal ministro. "Yo tenía una actuación de 30 años en la Cámara de la Construcción. En ese momento era vicepresidente tercero", contó Wagner.

Justamente en la entidad empresaria, había que elegir un nuevo mandamás. En 2004 llegó la propuesta de De Vido: Kirchner lo necesitaba en un puesto clave para generar dinero negro que regrese a los funcionarios. "La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador", relató el empresario al fiscal.

Los cuadernos de las coimas: cómo empezó, cuál es la trama y quiénes están involucrados 2:16

Según dijo Wagner, uno de los lugares de reunión era en el tercer piso de Venezuela 736 donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales. Y entonces no anduvo con vueltas. Entre las que iban a ese lugar de reparto de obras y millones, el constructor mencionó a Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. "Me comprometo a aportar el nombre de más empresas a medida que las vaya recordando", agregó.

El relato, entonces sí, desmenuzó el nudo de la corrupción. "Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos", aclaró.

Pero ahí no quedaron los detalles. Wagner dijo que el "porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra: "Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno". Lapidario el constructor.

El esquema que relató el dueño de Esuco también preveía qué pasaba si la obra no tenía adelantos: "Se establecían montos equivalentes que se pagaban de los primeros tres certificados de obra. Quiero aclarar que mi empresa no estaba exceptuada de este mecanismo", señalo por si alguna duda quedaba de que él también pagaba coimas.

Luego llegó el momento de la metodología de pago. Al igual que todos los arrepentidos, el expresidente de la Cámara de la Construcción dijo que los montos de dinero eran entregados a alguno de los recaudadores. " Roberto Baratta disponía quién iba a recaudar; lo mismo el ingeniero [ José] López . Ambos disponían qué persona pasaba a retirar el dinero y por dónde. Eso se mantuvo en el tiempo, siempre fue así", relató al fiscal.

Pero la tarea de Wagner, el alfil colocado allí por Kirchner y De Vido, no se limitaba a ser el anfitrión de aquellas reuniones de reparto de licitaciones. Dijo entonces: "Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagara. Si el contratista no cumplía, me responsabilizaban a mí y me dificultaban los pagos de los certificados de mi empresa. También le dificultaban los pagos a la contratista que no había cumplido (sic)".

Ahora bien, además de gestor de los intereses de los Kirchner en el mundo de la construcción, Wagner también se quedaba con varios proyectos de obra pública. "En el caso de las obras adjudicadas a mi empresa, me avisaban cuándo pasaban a buscar el dinero y por dónde. Siempre los interlocutores eran López y Baratta. A ellos no les interesaba qué empresa ganara [plata], solo que se haga bien el trabajo adjudicado y que pagaran el dinero comprometido. Baratta enviaba generalmente a [Nélson] Lazarte a recaudar el dinero. Por José López no recuerdo quién recaudaba. El sistema de retorno me lo había explicado en aquella reunión que relaté De Vido. Yo le pregunte cuáles eran las pretensiones, y él fijó esos montos", dijo el constructor, uno de los empresarios mimados de la expresidenta Cristina Kirchner .

El retorno a los funcionarios no se limitaba solo al adelanto para iniciar los trabajos. Según lo que confesó Wagner, que estaba bajo juramento de decir la verdad, por cada pago posterior se debía devolver una parte: "Para los adicionales de obra y modificaciones, también exigía a las empresas el mismo porcentaje de retorno".

Cuando era Esuco el "ganador" de la licitación, Wagner dijo que pagaba en lugares como el Café La Puerto Rico, Alsina al 400, a una cuadra de la Casa Rosada; en el Hotel NH, a dos cuadras de Balcarce 50 o en un estacionamiento. "En lugares públicos. A veces venían a San José 151 [donde es la sede de la empresa], pero el grueso lo recaudaban en otros lugares", confesó.

Agregó que las entregas se hacían generalmente en pesos mientras hubo restricción cambiaria. Antes, en dólares. Según el manual de la corrupción en la obra pública que relató uno de los principales actores durante los últimos años, el dinero era acondicionado en paquetes.

"Los confeccionaba una persona de confianza mía. Si se recaudaba en la sede de mi empresa, los paquetes de dinero los entregaba yo al recaudador, y si el lugar de encuentro era fuera de mi empresa, enviaba a algún apoderado, por ejemplo, a Mauro Guatti. La cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra que se debía pagar, se entregaba en uno, dos tres pagos al funcionario que recaudaba", detalló.

Mientras el dinero que se pagaba como anticipo volvía a los bolsillos de los funcionarios, la obra empezaba con apenas un porcentaje mínimo. Wagner dijo que con "el IVA, que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se utilizaba para iniciar la obra". Es decir, por cada 100 pesos más IVA (121 pesos) que se pagaban para que se empleen trabajadores y se compre material, 100 volvían a través de la línea Baratta, De Vido y Kirchner, y solo 21 iban a la obra. Además, quedaba una deuda con la AFIP.

Faltaba un detalle para desmembrar el esquema más corrupto jamás descripto en la Justicia. "¿Para quién era la plata?", se le preguntó. "El sistema interno de los funcionarios una vez que recaudaban el dinero, tengo la impresión de que era para arriba. Eso era lo que decían Baratta y López. Era plata para arriba", contestó.

Wagner firmó el acta y salió en libertad. Dejó en unas cuantas carillas el relato más detallado del "club de la obra pública", ese que lo hizo rico, pero que también lo mandó a la cárcel.

Recomendado: La ausencia del Estado y las nuevas mafias

Excelente e instructivo editorial del diario La Nación

En los últimos tiempos, al amparo de gobiernos que se desentienden de funciones esenciales, han proliferado organizaciones delictivas de toda clase

Las familias argentinas no tienen una cultura mafiosa ni integran la Camorra. Sin embargo, conocen expresiones que sus abuelos ignoraban: "códigos" en lugar de ética; "sicarios" por bandidos y "tumberos" por presos. Oyen de "cocinas" y "búnkeres" mientras sufren coletazos de esa nueva realidad en su vida cotidiana.

Hay padres paralizados de impotencia ante la violencia de sus hijos, atrapados en el mundo de las drogas. Hay comerciantes que no pueden abrir sus negocios sin ser asaltados, precisamente, por aquellos. O que son visitados por policías para cobrar el precio de una protección que, en realidad, es amenaza. O de presos, liberados por mafias del servicio penitenciario, quienes luego comparten el botín obtenido.

Nos hemos habituado a llamar "mafias" a quienes ganan dinero mediante un accionar concertado para ejercer presión o violencia, sellado con un pacto de silencio y garantizado por miedo a la represalia. Corrupción habrá siempre, como ilícitos puntuales. El proceder mafioso, en cambio, implica una organización compleja, capaz de desplazar al Estado o apropiarse de él, a través de una red de dádivas para ganar voluntades, reemplazando el bien común por el acatamiento a la orden facinerosa.

No todas las mafias son iguales. Unas actúan fuera de la ley, creando zonas liberadas para traficar, robar y matar por ausencia del Estado. Son las nuevas mafias: armadas, del submundo criminal. Otras mafias, desde antaño, utilizan al Estado en su provecho. En apariencia actúan dentro de la ley, pero la tuercen con licitaciones amañadas, contratos fraudulentos y sentencias compradas. Son las mafias arraigadas que ahora salen a la luz, a pesar del riesgo de "vendetta" y la promesa de "omertá".

La expansión del narcotráfico es relativamente reciente; del mero tránsito, a la elaboración y el consumo. Fue posible por el deterioro del capital social y la apropiación privada de lo público. Los negocios con el poder y el desvío de recursos hacia bolsillos non sanctos rompieron las reglas del pacto republicano. Cuando se toma como natural que funcionarios oculten bolsas en el baño, las arrojen en conventos, declaren fortunas a nombre de sus esposas, tengan cédulas verdes de autos de alta gama, actúen como dueños de haras de purasangre o trafiquen influencias, el Estado se ausenta. De ese modo, en la Argentina se abandonó el espacio que hoy ocupan narcos y delincuentes.

En la vida cotidiana, la "mafia del narcotráfico" se manifiesta a través de la inseguridad. Muertes a balazos, en asaltos, arrebatos o entraderas. Víctimas de balas perdidas o de atropellos en ejecuciones o persecuciones. Robos de autos, impulsados por la "mafia de los desarmaderos"; robo de recién nacidos, por la "mafia de los bebés"; desaparición de jóvenes, por la "mafia del tráfico de personas". La llamada "mafia policial" cuyo ejemplo más destacado está en la "bonaerense", desprotege al ciudadano, disponiendo zonas liberadas, apañando el narcotráfico y cobrando para los superiores. En Rosario, la banda Los Monos continúa operando desde la cárcel, por la complicidad policial y política.

Las mafias son expertas en no dejar rastros, con muertes "que parecen un suicidio". Como ocurrió con Lourdes Di Natale, exsecretaria de Emir Yoma; con Rodolfo Echegoyen, exadministrador de la Aduana que husmeaba los negocios de Alfredo Yabrán; con Marcelo Cattáneo, del caso IBM-Banco Nación; con el capitán Horacio Estrada, por la venta de armas a Ecuador, o con el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por su investigación del pacto con Irán. La "mafia del tráfico de armas" en el caso de Río Tercero fue menos meticulosa, con la terrible explosión que provocó muertes, heridos y destrucción de viviendas.

Muchas familias venidas de Fujian se esfuerzan en supermercados barriales, pero la "mafia china" las extorsiona para cobrarles "vacunas" y utilizar los fondos en el narcotráfico. Decenas de homicidios atestiguan la sanción a quienes no aceptan el chantaje. Detrás del silencio está el miedo a la venganza, ya que los chinos no confían en la Justicia argentina, siempre laxa al tiempo de liberar delincuentes.

En los barrios precarios de la ciudad, bolivianos y paraguayos son expulsados de sus viviendas a punta de pistola por "mafias de las villas", para luego revenderlas. Cuando ocupan casitas de una planta, los mafiosos les construyen, sin permiso, otra habitación encima para ofrecerla a terceros. En el conurbano, hay mafias de funcionarios y "porongas" que impulsan las tomas de tierras, utilizando personas vulnerables como escudos humanos, para luego cercarlas y lotearlas.

Las "mafias del tráfico de personas" reducen a la servidumbre en talleres clandestinos a quienes ingresan al país, con engaño, en busca de un futuro mejor. Las "mafias de los bebés" realizan un tráfico más inmoral y cruel, robando recién nacidos o comprándolos a sus madres. Si bien la mayoría son acogidos por familias, otros terminan en manos de pederastas o víctimas del negocio de la pornografía infantil.

La "mafia aeroportuaria" de sindicatos variopintos suele paralizar los aeropuertos en los feriados largos, frustrando a quienes carecen de mafia propia para defenderse. Los viajeros descubren sus maletas violadas por "mafias abrevalijas" en el aeropuerto de Ezeiza. Otros las pierden cuando el taxi ilegal o el remise trucho huyen del destino sin sacar el equipaje del baúl. Frente a una mayoría de conductores honrados, la "mafia de los taxistas" excluye a los demás de las "paradas" bajo su control. O la "mafia caza Uber", que usa la violencia para impedir que la tecnología mejore la vida de la gente.

La "mafia del juego" se ha expandido en forma paralela al lavado de dinero o impulsando el flagelo de la ludopatía. Su irrupción más llamativa fue el "casino flotante", invento mafioso para sortear la prohibición de instalarlo en tierra. También fue mafiosa la intimación del gobierno nacional a la empresa de Cristóbal López para que multiplique las tragamonedas del Hipódromo de Palermo "atento a las necesidades del mercado lúdico". Absurda cortina de humo para una prórroga de la concesión por 15 años más de los previstos.

El fútbol, como pasión de multitudes, se presta a los negocios mafiosos, apañados por muchos directivos y sus contactos políticos. Los barrabravas obtienen dinero de los "trapitos", de la reventa de entradas gratuitas y de cupos cobrados a vendedores de merchandising o alimentos. Para no mencionar las mafias a nivel superior, que operan en "pases" de jugadores por sumas millonarias no declaradas al fisco.

El tejido económico de la Argentina está afectado por múltiples distorsiones comúnmente calificadas de mafias. Las hay de todo tipo y color. Hay mafias de la Aduana, de los contenedores, de los juicios laborales, de los accidentes ferroviarios y del juego. Hay mafias empresariales, sindicales y municipales. De los taxistas, de los colectivos, del fútbol y de los barrabravas. De los medicamentos, los troqueles, las obras sociales y los comedores escolares. De los planes sociales, de las viviendas populares y de los subsidios oficiales. Hay mafias de Ezeiza y de La Salada. Mafias de la carne y del oro. De la basura y los cementerios. De las bailantas, de los cuidacoches, de los limpiavidrios y los extras. Y el calificativo también se ha extendido a rubros empresarios donde el accionar concertado ha sido llamativo, como la construcción, los peajes, los promocionados y los protegidos.

De estos nos ocuparemos en el editorial de mañana, cuando analicemos las mafias tradicionales, aquellas sedimentadas por el tiempo y que impiden el crecimiento de la Argentina, condenando a la pobreza con buenos modales y conductas cortesanas.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2161318-la-ausencia-del-estado-y-las-nuevas-mafias

Las obras incumplidas fueron "el gran robo" del kirchnerismo

(identidad correntina) - Los montos de dinero que se nombra en los cuadernos de las coimas es muy inferior al total que se perdió en doce años y medio.

Hace diez años, cuando el kirchnerismo cumplía un lustro en el poder y comenzaba el mandato de Cristina Fernández, viajamos con una pequeña cámara de video por todo el país junto a Cristian Solís para descubrir si la catarata de anuncios que se vertían desde la Casa Rosada tenían algún tipo de anclaje en la realidad. Perfil.com publicó por entonces "Las cien mentiras de los Kirchner" un documental gratuito y por capítulos. Toda una novedad para la red en Argentina. 

Tras la larga recorrida, que incluyó a los 24 estados subnacionales, encontramos que a pesar de haber contado con los mejores términos de intercambio en 200 años; la más feroz presión tributaria en dos siglos y que los K se quedaron con tres de cada cuatro pesos recaudados, los "pingüinos" no podían (y hoy tampoco pueden) mostrar una sola obra de infraestructura de relevancia que hayan comenzado y terminado. 

Perfil anticipó hace diez años el robo de Isolux en Río Turbio 

Veamos diez claros ejemplos de lo ocurrido en nuestro país durante la "década ganada":

1- En Argentina, el Frente para la Victoria no pudo empezar y terminar un solo gasoducto. Apenas, desplegó 50 km del Juana Azurduy, en el NOA pero nunca culminaron el gasoducto que le daría fluido a cuatro estados subnacionales sin ese combustible: Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Culminaron dos obras minúsculas en la Patagonia, el Cordillerano y el Néstor Kirchner, que llegan a pocas decenas de miles de personas. 

2- No edificaron ninguna represa hidroeléctrica de relevancia. Escasamente culminaron Caracoles, en San Juán, una obra que ya estaba muy avanzada hacia 2003. Nunca se empezaron siquiera Garabí, Chihuidos y Barrancosa-Condor Cliff (rebautizada Kirchner-Cepernic).

3- No llevaron adelante de principio a fin ninguna autopista determinante. Exiguamente completaron la Rosario-Córdoba, cuyos primeros cuatro tramos ya había inaugurado el ex presidente Carlos Menem. Además, nunca llegaron con la 14 hasta Posadas, Misiones. Con enorme dificultad cubrieron con doble cinta asfáltica hasta Paso de los Libres, Corrientes. 

4- Los incumplimientos viales fueron absolutos en los siguientes casos: la 11, desde Santa Fe capital hasta Formosa; la 5, hasta Santa Rosa de la Pampa; la 7, hasta San Luis; la 33 de Rosario a Venado Tuerto; la 34, de Rosario a Rafaela; la 9, desde Córdoba hasta Salta; la 8, desde Pilar hasta Pergamino; la 3, desde Caleta Olivia hasta Comodoro Rivadavia. Los K deliraron inclusive con soterrar la 9 de Julio en Capital Federal. Nunca electrificaron el Roca. 

5- En materia de ferrocarriles nunca hicieron el tren rápido a Ezeiza, ni electrificaron el San Martín y el Roca. No extendieron la red de subtes ni recuperaron la red de pasajeros del interior. Con gran culpa, tras la masacre del Once, compraron locomotoras y trenes a China. Jamás soterraron el Sarmiento. Jamás hicieron el tren rápido Retiro-Avellaneda. Jamás se inició el tren binacional Mendoza-Chile o el bioceánico Puerto Deseado-Chile. 

6- Un párrafo aparte para la locura de cuatro trenes balas desde Buenos Aires hacia Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. 

7- La única central nuclear concluida, Atucha II, es una obra que comenzó en la década de los años noventa. 

8- La energía renovable brilló por su ausencia. No hubo parques eólicos en la Costa Atlántica ni parques solares en la Puna. Cómo funcionaba el desvío de fondos de De Vido y Baratta en Yacimiento Río Turbio 

9- El déficit habitacional se agrandó. Pobremente, entregaron 40 mil viviendas por año (lo mismo que en la década menemista). Para engañar a las estadísticas, recurrieron al eufemismo de "soluciones habitacionales" equiparando baños, cocinas o meras ampliaciones con una casa completa. Las ciudades se favelizaron, Los edificios en las villas de emergencia duplicaron su altura.

10- Si hablamos de carbón, gastaron cientos de millones de dólares en una usina ubicada en Río Turbio, Santa Cruz, que aún no ha logrado funcionar. La lista podría extenderse hasta el aburrimiento.

¿Por qué nos enojamos por bolsos con unos pocos palos verdes cuando el robo a lo largo de doce años y medio se acerca a casi un presupuesto anual argentino completo? (Fuente www.perfil.com).

Cigarrillos, armas, ropa falsificada y contrabando de celulares: así opera el peligroso mercado negro en la Triple Frontera

Por Patricio Eleisegui - iProfesional.com

En el triángulo que comparten Argentina, Brasil y Paraguay el lavado de activos, la imitación de marcas y el narcotráfico ya mueven hasta u$s43.000 millones al año. El 40% de los tres millones de celulares que entran ilegalmente al país provienen de esa zona. Radiografía de un territorio "liberado"

Evasión, contrabando de cigarrillos y otras mercaderías. Falsificación de marcas. Presencia de organizaciones que se presumen terroristas, trabajo esclavo, idas y vueltas en el negocio de las armas.

Todos y cada uno de estos elementos se combinan para hacer de la triple frontera -que comparten Argentina, Brasil y Paraguay- una de las zonas más calientes en el mapa de Sudamérica. Se trata de un área de casi 2.500 kilómetros cuadrados habitada por cerca de 800.000 personas de diferentes nacionalidades.

La última novedad que viene a sumar preocupación a lo que ocurre en este lugar sucedió la semana pasada cuando el Gobierno congeló los bienes y el dinero del llamado clan Barakat. Se presume que este entretejido de comerciantes controla el contrabando tecnología y el tráfico de drogas y armas en torno a la paraguaya Ciudad del Este. Liderado por Assad Ahmad Barakat, tiene como base de operaciones la galería Uniamérica en dicha plaza. 

La decisión oficial se sustentó tanto en denuncias por actividades ilícitas que recaen sobre este conglomerado como en nexos que emparentarían al clan con el grupo islámico chiita Hezbollah, del que se sospecha protagonizó los dos atentados que afectaron a Buenos Aires en la década de los 90.

En concreto, la UIF siguió de cerca el cobro de un supuesto premio de u$s10 millones que Barakat habría ganado en un casino de Iguazú.

La unidad activó su protocolo para la neutralización del lavado de activos por recomendación de Fincen, la red de control de delitos financieros del gobierno de los Estados Unidos. En principio, a raíz de la intención del clan de mover el monto sin declarar origen ni destino. Desde hace al menos un lustro, distintos organismos norteamericanos vienen rastreando las vías de financiamiento de Hezbollah en la triple frontera. Todos los caminos, coinciden las fuentes, conducirían al clan Barakat.

No se trata de la única organización vinculada con actividades de este tipo en esa zona. De hecho, unidades y especialistas de la región -y también de Norteamérica- afirman que ya hay cerca de una veintena de grupos desarrollando operaciones ilícitas de mediana y gran escala en la zona. Lo ocurrido con Barakat representa uno de los tantos casos que año a año se repasan en los estudios que abordan lo que acontece a diario en este punto en el que confluyen Brasil, Argentina y Paraguay.

Evasión multimillonaria

Recientemente, una serie de seminarios impulsados por el Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO) y el Foro Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad (FNCP), dieron cuenta de un dato que pone cifras al flagelo.Concretamente, revelaron que sólo el vecino Brasil pierde hasta 9.000 millones de reales por año -u$s2.400 millones- en concepto de evasión de impuestos por actividades como el contrabando de cigarrillos.

De la actividad tomó parte la Asociación Civil Antipiratería Argentina, desde la cual se expuso que la triple frontera es la generadora del 40% de la indumentaria ilegal que se comercializa a nivel nacional. Semejante porcentaje implica una evasión de hasta $12.000 millones en concepto de IVA.

En el tabaco, la pérdida por el mismo concepto merodea los $6.000 millones. Se estima que casi el 15% de los cigarrillos que se venden en el país tiene su origen en el contrabando.

Respecto de las particularidades de estos productos, fuentes que siguen de cerca el movimiento ilegal destacan que las diferencias con la marca original van desde el "packaging" mal impreso hasta la diferencia en el aroma y sabor. "Las advertencias para la salud están inscriptas en otro idioma o bien son inexistentes. Hasta la impresión de la marca en el mismo cigarrillo está mal", comentó una fuente. Marlboro, Lucky Strike, Camel y Philip Morris, encabezan la nómina de las etiquetas más "pirateadas" en ese rubro.

"El ciudadano común no logra imaginar que detrás de todo esto está el crimen organizado y que hay pérdidas millonarias para el Estado", afirma Sergio Piris, vicepresidente de la entidad antes mencionada. "Las pérdidas derivadas del comercio ilegal representan un 50% menos para educación, 30% para hospitales, 25% menos de obras públicas y 40% medido en oportunidades de empleo", añade.

El especialista remarca que el contrabando -que tiene a la triple frontera de base- afecta a toda la sociedad, ya que profundiza la desigualdad, el desempleo, la violencia y la inseguridad. 

Piris da cuenta de otro dato que exime de comentario: en 500 localidades argentinas monitoreadas ya se constató la presencia de casi 89.000 vendedores ilegales. El origen del grueso de la mercadería es el triángulo fronterizo.

En electrónica, ya es moneda corriente el ingreso ilícito de equipos de telefonía móvil. Tanto, que las compañías del sector estiman que el 40% de los 3 millones de celulares que entran a la Argentina por contrabando provienen justamente de la Triple Frontera.

La magnitud de la ilegalidad y el grado de impunidad que ostentan quienes comercian en la zona es tal que funciona casi como un estado paralelo, de acuerdo con Counter Extremism Project (ONG que investiga y denuncia canales de financiamiento del terrorismo internacional).

"La Triple Frontera se ha convertido en un mini Estado que beneficia a una élite corrupta. Mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y grupos terroristas, no sólo en la región, cediendo a organizaciones criminales internacionales unos u$s43.000 millones al año", señala el documento.

Pérdidas que se multiplican

Según Counter Extremism Project, la actividad delictiva en esta zona "caliente" debe en gran medida su origen a la fragilidad legal que ostenta Paraguay. Ese rasgo ha permitido la proliferación de grupos dedicados al blanqueo de productos robados, imitación de marcas, contrabando de cigarrillos, trata de personas y venta ilegal de armas, entre otros asuntos.

Dichas organizaciones también hacen pie en el lado argentino y brasileño de la frontera.

"La Triple Frontera se ha convertido en el epicentro, o centro comercial, de todos los bienes ilícitos y dinero que necesitan estas organizaciones para financiar sus operaciones", destaca Stuart Page, uno de los autores del informe. "Uno puede comprar lo que quiera, se encuentra todo ahí", completa.

Nacida en 1970 como área de libre comercio con flexibilidad impositiva, la zona compartida por Argentina, Paraguay Brasil rápidamente mutó en territorio liberado para el delito. Esto por efecto de funcionarios regionales apalancados económicamente por estas bandas y la existencia de fuerzas de seguridad fronteriza fácilmente corrompibles.

Los expertos en terrorismo que monitorean el lugar aseguran que la corrupción se impone en el triángulo de países. "A las bandas que piratean electrónica o trafican drogas les llevó menos de una década volverse poderosas en ese territorio", señala a iProfesional un analista consultado.

"El lavado de dinero sustenta hasta las actividades más pequeñas en lugares como Ciudad del Este. A la par ocurre el financiamiento para grupos cuestionados en el mundo como es el caso de Hezbollah", completa. Los empresarios libaneses de la zona representan el principal caudal de fondos para la organización, según tareas de monitoreos de Brasil. Dotada de un brazo político y otro militar, Hezbollah surgió a principios de los 80 en El Líbano como una milicia anti israelí. Es considerada por Norteamérica y Europa como una fuerza terrorista.

Vanessa Neumann, también integrante del equipo que elaboró el reciente monitoreo de Counter Extremism Project, apunta que la Triple Frontera es un "centro fácil para el lavado de fondos de todo el mundo". "Los camiones blindados recorren las calles de Foz de Iguazú en Brasil, o Ciudad del Este en Paraguay llevando cargas de efectivo aunque los bancos que ofrecen créditos son escasos", cita a modo de ejemplo. "Está en camino de convertirse en un subestado económicamente independiente y totalmente criminalizado", sintetiza Neumann.

Carteles bolivianos, colombianos, mexicanos, brasileños, como también organizaciones asiáticas, se interrelacionan en un espacio que le quita el sueño a más de un alto funcionario en Argentina, Brasil o Paraguay.

Más allá de los esfuerzos de algunos representantes del segmento político en los tres países, lo concreto es que nada hace suponer que el entramado de ilícitos perpetrados en el área pueda desaparecer en el mediano plazo.

Van a saturar con 12.000 policías los puntos más calientes del Gran Buenos Aires

Por Héctor Gambini - Clarin.com

Habrá operativos sorpresa en los 27 partidos del conurbano más la ciudad de La Plata.

Policías bonaerenses recién egresados de la escuela Juan Vucetich.

Algunas veces tiene efectividad y otras no, pero siempre es una señal política. Más de 12.000 policías bonaerenses van a volver a "saturar" los puntos más calientes del Conurbano para mostrar acción allí donde los delitos que más sufre la gente de a pie están volviendo a golpear fuerte. Primero y principal: los motochorros, en todas sus variantes.

El plan de la Provincia ya fue adelantado a algunos intendentes de los partidos más importantes del GBA y espera la luz verde de la gobernación para su anuncio oficial. Los policías -12.301, según la precisión de los borradores presentados a los jefes comunales- van a saturar por sorpresa esquinas, avenidas, peatonales y rutas estratégicas -esas que conectan a las ciudades más populosas con sus periferias- de acuerdo a un mapa del delito actualizado que el Ministerio de Seguridad de la Provincia hace cada día.

Esos puntos están en los 27 partidos del conurbano más la ciudad de La Plata, y se vigilarán con presencia de agentes de a pie, patrullajes intensivos y retenes sorpresivos en avenidas pero también en calles secundarias. En principio, el despliegue durará un mes.

 Depende de quién cuente la historia, la demanda comenzó en los municipios y terminó haciéndose carne en la Provincia o al revés. Lo cierto es que un grupo grande de intendentes inquietos se reunieron con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, cuando todavía se jugaba el Mundial, unos días después de que Argentina quedara eliminada. 

Algunos pidieron que la Provincia vuelva a interceder ante Nación para que les envíen más gendarmes. Ese punto necesita un careo entre las partes: Nación le dice a Provincia que tiene 6.000 gendarmes en el Conurbano y los intendentes juran y perjuran que no llegan ni a la mitad.

Pero todos presionaron sobre el mientras tanto. Cómo mostrar que el Estado sigue presente para cuidar a los vecinos en los barrios difíciles donde la inseguridad vuelve a golpear con fuerza, sólo que esta vez en un clima de malhumor creciente.

Uno de los intendentes peronistas que participaron de la reunión lo explica con la lógica de la calle: "El planteo es sencillo. Tenemos a la gente agobiada con los precios de los alimentos y las tarifas en estos días de invierno más crudo. Muchos ya dejaron de pagar los impuestos municipales y algunos servicios quedan en peligro. ¿Te imaginás cuando la gente va a esperar el colectivo a la madrugada y encima los asaltan? ¿O cuando les pegan un culatazo para robarles la bicicleta con la que recorren 30 cuadras hasta la estación del tren, para ir a trabajar?". 

El de la inseguridad es el último umbral sobre el que se plantan en algunos de los distritos principales. "Si el semestre va a ser durísimo, como admite el propio gobierno, por lo menos que no aumenten los robos... o que la gente vea que estamos haciendo algo", argumentan desde esa vereda.

Este mismo martes, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó 10 motos que compró para la Policía Local. Y cerca de Alberto Descalzo, el intendente peronista de Ituzaingó, cuentan que el viernes le pidieron más patrulleros a la gobernadora María Eugenia Vidal, que estuvo visitando una fábrica en el distrito.

"Está claro que cuando aumenta el problema social aumenta primero la violencia intrafamiliar, luego el consumo de drogas y finalmente la inseguridad". Esta es la cadena que otro intendente veterano del GBA ve que se cumple en cada crisis. "Estos pasos son siempre así, de manual", grafica.

En la Provincia salieron a atender los argumentos con el armado de esos operativos de saturación que se anunciarán en las próximas horas. Si funcionan luego del "mes de prueba", continuarán, aunque cambiando de destino todo el tiempo.

En paralelo, esperan que la Nación envíe al Conurbano los 1.000 gendarmes que ahora salen de la custodia de lo que el gobierno llama "objetivos estratégicos" -centrales hidroeléctricas, por ejemplo- y que serán reemplazados por militares. Ya les dijeron que sí, pero que lo harán "gradualmente" entre agosto y diciembre próximos. Y aún no se sabe a qué distritos.

En Almirante Brown tienen 41 cuadrículas de patrullaje y la saturación se hará sobre 3. "No es mucho pero es mejor que nada. Y como es un programa focalizado tiene que llevar alivio a muchos barrios", cuentan cerca del intendente del PJ, Mariano Cascallares. Allí dicen que "lo primero que salta cuando se dispara la inseguridad es el robo sin violencia, el de la ropa tendida en los patios de las casas. Y después va gradualmente en aumento".

Ese aumento alcanza, por ejemplo, a Roberto Colombo, un chico de 24 años que el domingo caminaba por Garín hacia la casa de su mamá, a la madrugada. Lo asaltaron, quiso defenderse con un cuchillo hecho por él mismo -era herrero y lo llevaba porque ya lo habían asaltado otras veces- y lo mataron de tres tiros.

La gobernadora Vidal recorre el conurbano escuchando a propios y ajenos, pero en la intimidad siente una paradoja: que tiene que afrontar la batalla contra la inseguridad con una herramienta en la que aún no confía del todo.

"Con los cambios en la Policía todavía nos falta mucho... hay comisarías que siguen igual, pongas a quien pongas. Es un problema de sistema más que de hombres", insiste, cuando se le pregunta si cree que lo peor de la corrupción policial quedó atrás.

Fueron incautados 68 camiones

(La Nación) - Agentes de la Policía Federal realizaron 12 allanamientos. El valor del contrabando fue estimado en $120.000.000.

Más de 60 camiones fueron incautados durante un operativo realizado por la Policía Federal, procedimiento que permitió desbaratar a una organización criminal que contrabandeaba esos vehículos de carga desde los Estados Unidos y los comercializaba aquí con documentación falsa. Las autoridades estimaron que el volumen del contrabando de los 68 camiones alcanza los $120.000.000.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el personal de la División Investigaciones de Delitos Contra el Automotor de la Policía Federal inició la pesquisa a partir de una denuncia anónima. Esa advertencia llevó a los investigadores a un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Bernal, donde se realizaban las maniobras irregulares de comercialización de los camiones.

"Esta organización criminal contrabandeaba los camiones falsificando documentación y, sabiendo que su uso como tractores de carretera están prohibidos, declaraba que serían utilizados para la minería o trabajo agrícola. Una vez nacionalizados, los modificaban con el objeto de venderlos para usarlos en la ruta, obteniendo una ganancia millonaria", según la información suministrada por las autoridades nacionales.

Durante el operativo se concretaron 12 allanamientos en Bernal, San Francisco Solano, El Talar, General Pacheco, Benavidez y la ciudad de Buenos Aires y se logró el arresto de diez sospechosos.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 68 camiones marca Freightliner, modelos Century, Columbia y Argosy, de tracción 6x4, que no cumplen con la reglamentación de nuestro país, donde solo están habilitados aquellos con una tracción de 8x4.

Desbaratan banda de "abrevalijas" que operaba en Ezeiza

(Ambito.com) - Diez miembros de una red de "abrevalijas" que operaba en el Aeropuerto de Ezeiza atacando los equipajes de los pasajeros fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

El procedimiento consistió en 19 allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en los que se secuestraron unos 100.000 dólares y 150.000 pesos en efectivo, además de armas de fuego y unos 150 productos electrónicos, perfumes y relojes.

El líder de la organización era un chofer de Aerolíneas Argentinas. La banda estaba integrada también por funcionarios de Intercargo y AFIP. La modalidad: abrían las valijas de los pasajeros para sustraer dinero en efectivo y elementos de valor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La red fue desarticulada tras 14 meses de inteligencia criminal que permitieron detener a las 10 personas involucradas.

"Este procedimiento tan importante fue fruto de una investigación muy seria que empezó por las denuncias que realizaron los damnificados. Es importante que estos hechos se denuncien, nosotros estamos comprometidos a investigar hasta detener a todos los responsables", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

La banda de los "abrevalijas" fue desbaratada a partir de una exhaustiva pesquisa que llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria -institución que comanda Alejandro Itzcovich- y dio cuenta de la participación de miembros de tres organismos que operan en el aeropuerto Ministro Pistarini.

El cabecilla de esta organización de empleados desleales era un chofer de la aerolínea de bandera, quien se encargaba de la logística: además de robar los bienes, los acopiaba y los vendía o los entregaba para la reventa en locales comerciales de la zona. Asimismo, se detectó que otro trabajador de la compañía había ingresado en reiteradas ocasiones herramientas de forma ilegal.

También fueron acusados siete operarios de Intercargo -empresa dedicada al "handling" ante la llegada o partida de aeronaves- por ser facilitadores y autores de los hurtos, en tanto que un integrante de la AFIP fue aprehendido por actuar en connivencia.

Las detenciones se concretaron en 21 allanamientos que se desarrollaron de forma simultánea en las localidades de Monte Grande, Claypole, El Jagüel, Ezeiza, Lomas del Mirador, Isidro Casanova, Berazategui, Luis Guillón y Lomas de Zamora.

A partir de lo instruido por el Juzgado Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, los policías aeroportuarios también requisaron los armarios y vehículos de los empleados, donde se halló dinero en efectivo (pesos y dólares), un contenedor y un vehículo utilitario de Aerolíneas Argentinas. Este último era un instrumento clave: se detectó un doble fondo que se usaba para trasladar los objetos robados fuera de la jurisdicción aeroportuaria.

En total, se secuestraron tres automóviles; 97.152 dólares estadounidenses; 232.763 pesos; 615 euros; nueve armas de fuego; 1.801 cartuchos; 67.242 gramos de bijouterie de plata; 66 perfumes; 46 relojes; 45 celulares; 29 pares de anteojos; 18 tablets; 12 cámaras; siete notebooks; cuatro GPS; tres televisores; tres balanzas; consolas, pendrives y distintos elementos electrónicos.

Roban los trenes de carga, atacandolos con piedras y bombas de pintura

(Rieles.com) - A los trenes les cruzan ramas de árboles para obligarlos a frenar.

Periodismo para todos fue testigo de las agresiones a las formaciones en sus recorridos por Tucumán, Santa Fe y Rosario. El peligro al que se exponen los motorman.

En los últimos años se incrementó la frecuencia y la cantidad de material transportado en los trenes del Belgrano Cargas. Pero las formaciones, que atraviesan barrios de emergencia, viven una odisea para llegar a destino: son atacadas y robadas. Periodismo para todos viajó en tres recorridos diferentes, por Tucumán, Santa Fe capital y Rosario, donde los vagones son un blanco constante.

“Siempre sufrimos los robos desde los mismos lugares. Es un peligro, porque la gente te apedrea. Si parás, te roban con armas. Viajamos con la custodia pero a veces nos superan. Se para el tren y en un segundo te desvalijan el vagón como si nada”, contó Luis Gómez, uno de los choferes, al equipo encabezado por Gastón Cavanagh. La custodia que viaja es muy numerosa, pero aún así muchas veces no alcanza.

Una cámara de PPT captó el momento en el que en una vía del recorrido de Tucumán, los vecinos de un barrio pusieron ramas de un árbol para que el vagón frenara. Esta es la manera que tienen para parar a los trenes y desvalijarlos. Los choferes llevan azúcar, porotos maíz, cemento, soja, entre otras cargas. “Se detiene el tren y en un segundo te sacan todo como si nada”, comentó Gómez.

Una “bomba de pintura” lanzada a la locomotora de una formación para que se detenga.

A medida que el tren avanzaba, PPT fue testigo de los ataques: piedras, troncos en las vías, ladrillazos y hasta bombas de pintura. Todo vale para intentar frenar la formación y saquearlos. “Se están pasando del límite razonable”, agregó.

Además de Tucumán, en Santa Fe también pasa lo mismo. Santa Fe Capital y Rosario son dos puntos conflictivos. “Ves lo que pasa y te agarra mucha impotencia. Sufrí tres saqueos y muchos descarrilamientos por lo que te tiran por ahí”, contó Jorge Barría, uno de los conductores. Para que no los agredan deben viajar de noche, un horario inusual para llevar material.

Un tren saqueado en San Luis.

Los robos también revelan otro drama: la carencia habitacional. La mayoría de las vías están emplazadas en barrios pobres de las provincias. Incluso, algunas formaciones deben circular a baja velocidad porque las casas están muy pegadas, lo que provoca el riesgo a ser robados, como ocurre en Rosario. Cuando hay algún “tapón”, la máquina no puede reaccionar y es ahí donde se produce el saqueo.

El sacerdote Matías Camussi, del barrio Santa Rosa de Lima, comentó que en ese lugar el principal problema que hay es la falta de trabajo y la ausencia de viviendas. “Las personas construyen donde encuentran lugar. Los terrenos del ferrocarril han sido la solución para la gente donde no sabía donde vivir. Algunas veces pasó que la gente pone cosas en las vías para que descarrile el vagón. Muchos aprovechan para hacer un peso con lo que saca”, cerró.

"Saquean" soja  y llegan en automoviles -segun la foto- una conducta de individuos con anomia...

Procesaron a policías federales por quedarse con dinero narco

Por Gabriel Di Nicola  - La Nación

Se sospecha que los 11 agentes se habrían quedado con US$1.320.000 durante el operativo "Ave rapaz"

En las oficinas policiales todos hablaban de lo sucedido en el operativo. Los diálogos se repetían y se comentaba que "se hicieron ricos". Unos, según los testimonios, habrían comprado ropa de primera marca; otros adquirieron autos, y los más beneficiados escrituraron propiedades en la costa atlántica. Todo con dinero descubierto en un operativo antidroga y que no fue puesto a disposición judicial. 

Habrían sido sustraídos por personal de la Policía Federal Argentina US$1.320.000 durante allanamientos realizados en diciembre pasado en La Matanza y en el barrio porteño de Parque Patricios. En el acta del procedimiento solo dejaron constancia del hallazgo de US$280.000.

En las últimas horas, el juez federal de Salta Julio Bavio procesó con prisión preventiva al subcomisario Gustavo Russo y al oficial principal Cristian Cóceres por los delitos de falsedad ideológica en concurso real con peculado, y este último delito a su vez concurre en forma ideal con las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público, concusión y sustracción de medios de pruebas.

Que recuperar lo robado deje de ser una utopía

Editorial del diario La Nación

La corrupción, aun cuando se la descubre, nos sigue saliendo muy cara; urge que el Senado avance en la ley de extinción de dominio

El lujoso yate que perteneció a Ricardo Jaime, valuado en alrededor de un millón de dólares, y el avión Learjet 35A de Lázaro Báez, cuyo costo ronda los 600.000 dólares, tienen varios puntos en común: sus dueños están presos acusados por corrupción; los dos bienes fueron decomisados por la Justicia, que los puso en manos del Estado para darles un uso público, y en los dos hay que seguir invirtiendo dinero para que no se deterioren. No pueden venderse porque no ha sido sancionada la ley de extinción de dominio y repatriación de patrimonios, una norma que nos permitirá a todos los argentinos recuperar lo robado por quienes -hayan sido funcionarios o no- se valieron de la función pública para sus espurios negocios privados.

Ese yate y ese avión se suman a una larga lista de bienes que fueron confiscados en los últimos tiempos. La nave de Jaime es utilizada por la Prefectura para patrullar el delta del Tigre. Tiene un enorme cartel con la leyenda: "Embarcación recuperada de la corrupción". El avión, en tanto, yace en un hangar. Otros 300 vehículos decomisados en causas por violación de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, asociación e enriquecimiento ilícitos son usados por las fueras de seguridad. Más de 670 automóviles de media y alta gama fueron recuperados del tráfico de estupefacientes. Pero a todos, como a la maquinaria vial secuestrada a Báez en la Patagonia, hay que mantenerlos para que no se degraden, para que no pierdan valor.

Si la ley de extinción de dominio hubiera visto la luz, esos bienes podrían liquidarse y el Estado estaría en condiciones de destinar los fondos a la concreción de diversas políticas públicas. El yate de Jaime, además de costoso, es un engorro: por su gran porte no está en condiciones de patrullar los canales más amplios del Delta.

La corrupción, aun la descubierta, nos sigue saliendo muy cara. La ley de extinción de dominio se encuentra empantanada en el Congreso desde hace muchísimos meses. Diputados sancionó un proyecto que el Senado se niega a aprobar, mientras que el dictamen de la Cámara alta no convence ni a los propios senadores.

Así las cosas, lo robado tarda en recuperarse, la Justicia carece de más elementos para acelerar definiciones y el Estado pierde oportunidades de destinar el producido de esos delitos a educación, salud, seguridad y justicia, entre otros tantos ítems que demandan inversiones urgentes.

Frente a ese panorama hasta hoy sombrío, un acuerdo político nacido en el Senado promete destrabar el debate y avanzar hacia la sanción de la ley. La propuesta corresponde al senador oficialista Federico Pinedo, quien ya mantuvo conversaciones con legisladores de la oposición, como Rodolfo Urtubey y con el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino.

¿Cuáles son los puntos salientes de esa iniciativa tendiente a modificar la sanción de Diputados? Básicamente, los siguientes:

• Que la extinción de dominio sea una acción civil destinada a extinguir la posesión ejercida sobre bienes muebles o inmuebles surgidos del crimen organizado.
• Que cuando el juez penal llegue a un mínimo nivel de convicción sobre la vinculación con el delito, habilite al Ministerio Público a iniciar la acción civil.
• Que pueda ser ejercida mientras se encuentren en trámite los procesos penales o después de la sentencia.
• Que en caso de muerte de la persona, la acción proceda contra sus sucesores.
• Que esos bienes puedan ser liquidados por el Estado con la mayor prontitud posible, y que se lo haga de forma urgente en caso de presentar riesgos de deterioro, desvalorización o cuyo mantenimiento genere erogaciones excesivas para el erario público.

Se trata de agilizar los procesos, de establecer la forma de liquidar los bienes mal habidos, de disponer de vías alternativas para el caso de que el imputado se haya deshecho de ellos y de resarcir a quien fue sospechado si la Justicia lo declara finalmente inocente.

La discusión parlamentaria definirá qué otro tipo de precisiones debe contener la ley, pero estamos ante una nueva oportunidad para retomar el diálogo y destrabar la discusión.

Luchar contra la corrupción, además de ser un imperativo de transparencia en el manejo de la cosa pública y una respuesta a la fuerte demanda de la sociedad civil en ese sentido, importa encarar el presente con la certeza de que no se está hipotecando el futuro. La corrupción mata, se ha dicho con fundamento. También, empobrece tanto en lo material como en lo espiritual. Necesitamos ver en nuestros legisladores un claro y verdadero compromiso tendiente a acercar posiciones con vistas a la sanción de la ley más adecuada para, como hemos reiterado incesantemente, quienes roban al Estado reciban el correspondiente castigo. Y para que lo robado sea destinado a los fines a los que siempre esos dineros debieran ser asignados.

Los ataques piratas crecen en el Caribe y Sudamérica, con Venezuela y Surinam en el tope de lista

(Nuestro Mar) - Los ataques piratas alrededor de las aguas de Sudamérica y el Caribe están creciendo, y la violencia se utiliza cada vez más durante los robos cometidos en buques anclados. Paralelos con la situación de la Piratería en África.

La organización sin fines de lucro Oceans Beyond Piracy (OBP) registró 71 incidentes en América Latina y el Caribe en 2017, un aumento del 163 % con respecto a 2016.

OBP dijo que la mayoría de los ataques ocurrieron en aguas territoriales, con alrededor del 59 % de incidentes relacionados con el robo en yates. Los abordajes en Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Colombia y Santa Lucía fueron los puntos calientes regionales durante 2017, dijo.

"Hemos observado un aumento significativo en incidentes violentos y delitos de anclaje, particularmente en los abordajes de Venezuela y los recientes incidentes violentos en Surinam en la primera parte de este año", dijo la autora principal del informe, Maisie Pigeon.

A finales de abril, un ataque pirata en la costa de Surinam dejó al menos una docena de pescadores de la vecina Guyana desaparecidos, y se teme que hayan muerto, con tres cuerpos hallados, en lo que el presidente de Guyana David Granger, describió como una "masacre".

En otro incidente en mayo, un capitán de un barco pesquero fue muerto a tiros después de que su barco fuera atacado frente a Surinam, mientras el resto de la tripulación sobrevivió.

OBP no pudo dar un costo económico total por los ataques en América Latina y el Caribe, pero dijo que se estima que las mercaderías y pertenencias de la tripulación reportadas robadas, totalizaron casi $ 1 millón en 2017.

Piratería en África

En otro lado del globo, el costo de la piratería en el este de África alcanzó los $ 1.4 mil millones en 2017, frente a los $ 1.7 mil millones en 2016 y $ 7 mil millones en 2010 durante el pico de ataques de las pandillas somalíes.

Desde entonces, la presencia de fuerzas navales internacionales, el despliegue de guardias armados privados a bordo de los buques y las medidas defensivas de los capitanes de los buques han frenado la actividad. OBP dijo que hubo 54 incidentes en 2017 contra 27 en 2016 luego de una oleada de ataques en el primer trimestre de 2017. 

"Ahora hay una amplia gama de amenazas al transporte marítimo cerca del Cuerno de África que se han complicado por el conflicto y la inestabilidad en Yemen", dijo Phil Belcher, director marítimo de la asociación INTERTANKO, que representa la mayoría de la flota mundial de buques tanque.

Los riesgos de piratería se mantuvieron elevados en aguas de África occidental, con 97 incidentes registrados en 2017, frente a 95 en 2016, con un costo total estimado en $ 818,1 millones en 2017 frente a $ 793,7 millones, dijo OBP. "El secuestro por rescate continúa afectando a la región, una tendencia que desafortunadamente ha continuado desde 2016", dijo Pigeon de OBP. (REUTERS/HELLENIC SHIPPING NEWS/ADAPTADO Y TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR NUESTROMAR)

Clausuraron 3000 desarmaderos clandestinos en territorio bonaerense

(La Naciòn) - En los operativos realizados durante doce meses, la policía arrestó a mil sospechosos y secuestró una similar cantidad de vehículos que habían sido robados.

En los operativos realizados durante doce meses, la policía arrestó a mil sospechosos y secuestró una similar cantidad de vehículos que habían sido robados Crédito: Ministerio de Seguridad Bonaerense

Durante un año, desde abril de 2017 al mismo mes de este año, efectivos de la policía bonaerense clausuraron 3000 desarmaderos clandestinos y apresaron a mil sospechosos acusados de integrar grupos delictivos que se dedicaban a robar automóviles y vender los repuestos en el mercado ilegal.

Según fuentes policiales, una parte importante de los imputados fueron detenidos en locales en los que se comercializaban autopartes cuyo origen no se podía demostrar. En esos negocios, los uniformados también hallaron mil automóviles que tenían pedido de secuestro porque habían sido robados.

En un año, los efectivos del área del Ministerio de Seguridad bonaerense que se dedica a combatir los desarmaderos clandestinos realizaron 11.332 inspecciones a comercios de compra y venta de autos usados, agencias de remises, talleres mecánicos, de chapa y pintura y desarmaderos habilitados.

A raíz de diversas irregularidades encontradas en los lugares revisados, los funcionarios clausuraron 3017 locales y secuestraron 1089 vehículos que habían sido denunciados como robados.

Además, durante los operativos, los uniformados encontraron 51 armas de fuego que fueron sometidas a distintos peritajes balísticos con el objetivo de establecer si fueron utilizadas en algún tiroteo o robo seguido de homicidio.

Fuentes policiales indicaron que las inspecciones en los diversos locales surgieron por investigaciones propias o debido a denuncias de los vecinos.

Por ejemplo, uno de los detalles que advirtieron los denunciantes y que llamó la atención de los vecinos para indicar que un taller funcionaba como desarmadero de automóviles robados fue la gran cantidad de vidrios que los encargados del local sacaban entre la basura. Esos cristales rotos pertenecían a las ventanillas o parabrisas de los automóviles que eran desarmados y que, debido a que estaban grabados no podían ser vendidos y, por tanto, eran descartados.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el aumento de las inspecciones en desarmaderos clandestinos y talleres derivó en el descenso de casi 17% en los robos de automóviles en ese distrito.

El hecho de que se clausurarán tantos desarmaderos provocó que los delincuentes que se dedican a robar vehículos a mano armada o que los hurtan de la vía pública mientras están estacionados no tuvieran tantos compradores de los automóviles robados, según analizaron las fuentes gubernamentales. Según la estadística oficial, durante marzo de este año se registraron en el territorio provincial un total de 2856 sustracciones de automotor, mientras que en abril pasado hubo 2500 hechos.

Pesca ilegal: por primera vez, el Estado argentino cobró los gastos de la persecución a un buque chino

(Clarin.com) - La nave fue seguida en febrero por un guardacosta y un avión de Prefectura. Tuvo que pagar $500 mil, además de una multa. Mirá el video.

Un sobrevuelo detectó casi 200 embarcaciones de pesca a la altura de Chubut, en 2017. Foto Daniel Feldman

El Estado Nacional recuperó $ 500 mil que gastó en la persecución del buque chino Jing Yuan 626, detectado por la Prefectura Naval Argentina el 21 de febrero pasado, cuando pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva. Es la primera vez que la Argentina consigue un resarcimiento de estas características.

Durante los primeros días de marzo, la Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, dispuso la captura internacional del buque chino mencionado y de cuatro barcos de la misma bandera que, en una peligrosa maniobra, se acercaron al lugar e intentaron cercar y colisionar al guardacostas de Prefectura, poniendo en riesgo la vida de la tripulación.

Finalmente se efectivizó el pago del medio millón de pesos que la empresa armadora Yantai Jingyuan Fisheries debía abonar a la Prefectura por los gastos ocasionados en el operativo de persecución realizado por el guardacostas GC-24 Mantilla y el avión patrullero marítimo de la institución.

Desde la nave argentina se efectuaron disparos de amedrentamiento sobre la embarcación china.

Además, la empresa había abonado la multa de más $ 7.500.000 impuesta por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

El buque Jing Yuan 626 fue detectado por la Prefectura Naval Argentina el 21 de febrero pasado. Le cobraron $ 7.500.000 de multa por pescar ilegalmente. 

El operativo El Jing Yuan 626 había sido detectado pescando a la altura del Golfo San Jorge, por lo que Prefectura activó rápidamente el protocolo para detenerlo. El buque chino apagó todas sus luces y comenzó a navegar hacia aguas internacionales con la intención de escapar.

El capitán del guardacostas comenzó la persecución del pesquero. Sin embargo este no acató la orden, por lo que se efectuaron disparos intimidatorios para evitar que continuara la navegación.

Cuando se desarrollaba el operativo, se acercaron a la zona otros cuatro buques que realizaron peligrosas maniobras e intentos de colisión para impedir que el Jing Yuan 626 fuera detenido.

Luego de casi ocho horas de un seguimiento, que se extendió por más de 130 kilómetros, se ordenó interrumpir la persecución debido a las malas condiciones meteorológicas y la trayectoria del buque infractor y del guardacostas, y a que, concretamente, la nave china se refugió en la zona de exclusión dispuesta en torno a Malvinas.

Antecedentes

El 14 de marzo de 2016 la Prefectura Naval había hundido un barco chino que pescaba ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina, a la altura de Puerto Madryn, y detuvo a los integrantes de la tripulación.

Esa fue el segundo incidente con barcos chinos en el Mar Argentino en pocas semanas, ya que a fines de febrero de ese mismo año la fuerza de seguridad había tenido que disparar para que otro buque de ese país (identificado como Hua Li 8) que pescaba calamares a la altura del Golfo San Jorge abandonara las aguas nacionales. Al buque hundido se lo detectó en plena tarea de pesca y fue advertido para que detuviera su marcha. Ante la negativa, se inició una persecución que terminó con el hundimiento del pesquero. "Sus tripulantes fueron rescatados con vida", había informado Prefectura.

En esa oportunidad, el operativo estuvo a cargo del guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, que persiguió al buque Lu Yan Yuan cuando pescaba ilegalmente en la zona de Puerto Madryn. Tras dispararle, el buque emprendió su huida hacia aguas internacionales con las luces apagadas.

El capitán detuvo la navegación porque el barco empezaba a hundirse y la tripulación lo abandonó. El Derbes rescató entonces a todos los pescadores.

El costo de la corrupción: pagaron US$ 1.500 millones y $ 13.000 millones por dos gasoductos que no se terminarán

Por Lucía Salinas - Clarin.com - Es lo que le pagó el Gobierno K a Odebrecht. La gestión Macri asegura que no tiene sentido seguir la obra. De Vido está procesado por este caso.

Odebrecht y un presupuesto millonario para una obra que no terminó.

Julio De Vido quedó procesado días atrás por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a la empresa Odebrecht en la ampliación de dos gasoductos obras licitadas entre 2006 y 2008. La licitación oficial se realizó por 2.300 millones de dólares y, según el juez Daniel Rafecas, fue un "proceso direccionado" para otorgar los contratos a la firma brasileña. Hasta 2015, se pagaron por dicha obra 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos, según pudo saber Clarín. Pero la obra que impulsó el ex ministro de Planificación no será terminada. Según el Gobierno, no tiene sentido retomarla. Plata quemada.

Durante la instrucción de la causa, el juez Rafecas determinó desde su rol de Ministro de Planificación Federal, De Vido realizó "una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht" para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–".

Odebrecht es la firma brasileña que reconoció haber pagado -al menos- 35 millones de dólares en la Argentina. También lo hizo en otros países de la región, con consecuencias muchísimo más graves y dimisiones de presidentes incluidas, como en Perú.

En nuestro país, las obras del gasoducto debían ser negociadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), pero "fueron acordadas bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial", remarcó la Justicia, y así terminaron en manos de Odebrecht.

El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72 instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones de dólares: 873 millones de dólares más.

Los pagos a Odebrecht desde el Gobierno kirchnerista, desde 2007 a 2015 fueron en pesos y en dólares. Según pudo constatar Clarín, en el caso del gasoducto, en el expediente judicial se corroboró que se hicieron pagó por 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a De Vido la semana pasada por favorecer a Odebrecht.

La obra, sin embargo, no se concluyó y aunque tuvo un avance considerable, "el mismo no se condice con la cifra desembolsada", explicaron a este medio fuentes judiciales.

Después de la denuncia presentada por Nación Fideicomiso, que participaba de la ingeniería financiera, el expediente avanzó buscando determinar los sobrecostos en la obra. "Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles", señaló una fuente judicial.

Las cifras millonarias que pagó el Gobierno anterior a Odebrecht no fueron únicamente por la obra central que era la ampliación de los gasoductos, sino también por diferentes trabajos complementarios que para la Justicia podrían haber sido el medio "utilizado para modificar los costos originales de obra".

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió en 2016 la obra por diversas irregularidades "y sobreprecios en actuaciones puntuales", como las ofertas de Odebrecht para construir colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal.

La empresa brasileña admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obras. Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182.270.000 dólares. "No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas", señaló el informe pericial. Sólo como muestra "de la falta de controles", indicaron fuentes judiciales.

Según indicaron a Clarín, la obra planteada por el extinto Ministerio de Planificación está suplida con otros proyectos que garantizan la provisión de gas a diferentes sectores del país. Estimando los costos de la obra que tuvo Odebrecht durante la gestión anterior, se planteó que "se podría haber hecho por mucho menos" y al considerar que la obra no era "imprescindible", el Gobierno decidió no volver a relicitarla. Consuelo: al menos se usarán unos caños que quedaron en la Aduana.

Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos

(Clarin.com) - Es por pesca ilegal e intento de colisionar al guardacosta.

Fue una orden de la Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme

La Justicia declaró el pedido de captura internacional a cinco buques chinos, según difundió esta tarde Prefectura Naval Argentina. La Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, dispuso la captura internacional del buque chino Jing Yuan 626, detectado por el guardacostas GC-24 Mantilla de Prefectura, cuando "pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva".

El buque Jing Yuan 626 había sido detectado, el 21 de febrero, pescando ilegalmente, a la altura del Golfo San Jorge. "También se determinó la misma orden para los cuatro barcos, de la misma bandera, que, en una peligrosa maniobra, intentaron cercar y colisionar al guardacostas, poniendo en riesgo la vida de la tripulación", expresa el comunicado oficial.

Y agrega que la Magistrada notificó de esta situación al jefe de la Prefectura Naval Argentina, Eduardo Scarzello, a cargo del procedimiento de persecución del buque.

Chubut: detienen a dos secretarios del gobernador por asociación ilícita

Por  DAVID CAYÓN - Cronista.com

El operativo policial en el que se detuvo a los dos secretarios privados.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no logró atravesar ni 24 horas de tranquilidad. Luego de varios intentos fallidos, el funcionario obtuvo el apoyo de la Legislatura provincial, que aprobó el consenso fiscal y la autorización para emitir deuda con la que pagará a proveedores. Pero casi sin tiempo de festejar, diez horas después, la administración patagónica vuelve a enfrentar una crisis de magnitud.

Dos importantes funcionarios de la provincia fueron llevados esposados de la Casa de Gobierno de Chubut, acusados de conformar una asociación ilícita y defraudar al estado.

Se trata de Diego Correo y Diego Luters, ambos secretarios privados de la Gobernación de Chubut que, según declaró el fiscal de la causa Omar Rodríguez al portal Cholila online, conformarían "un grupo destinado a cometer delitos por eso lo encuadramos en asociación ilícita: básicamente contrataciones directas y otras maniobras que representan montos grandes de defraudación al estado".

En el mismo operativo se detuvo a la esposa de Correa, Natalia McLeod, y a un empresario del rubro de la construcción.

Fuente provinciales explicaron a El Cronista que la lista del pedido de detenciones que maneja el fiscal Rodríguez incluye a "otros funcionarios" provinciales. La causa es consecuencia de un desvio de fondos que se giraron por la emergencia, consecuencia de la inundación que sufrió Comodoro Rivadavia en abril del año pasado. Hay facturas truchas, compras que no llegaron, por ejemplo, hay una compra de 1000 botellas de agua mineral en un kiosco inexistente", agregó otra fuente provincial.

Unas horas antes de las detenciones, sucedió la primera sesión del año de la legislatura provincial y Arcioni conseguía, luego de dos intentos fallidos, los catorce votos necesarios para aprobarlos.

Por la tarde había pasado por la provincia el ministro de Interior, Vivienda y Obra Pública, Rogelio Frigerio, para "apuntalar" las discusiones políticas y dejar un claro mensaje respecto del apoyo de la administración de Mauricio Macri al gobernador patagónico. Además, desde la administración central también querían preservar la "inversión" que hicieron días atrás cuando le giraron $ 708 millones a la provincia.

Sin la aprobación del Pacto Fiscal, con un fuerte conflicto político y con pocos fondos en la caja, el pasado 20 de febrero, la Nación decidió apagar el incendio fiscal que puso a Chubut al borde del default.

Así lo había reconocido el propio Arcioni quien, con otros palabras, había declarado unos días atrás que no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de deuda y pedirá a la Legislatura provincial autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento para "poder avanzar en la reestructuración de la deuda"

Frente a esto, se firmó un acuerdo entre la Nación y la provincia patagónica por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) prestará $ 708 millones para que la provincia pueda llevar a cabo un refinanciamiento de deuda que posee en el mercado financiero con Letras del Tesoro. Con el pacto aprobado, la provincia será alcanzada por los fondos por compensación por coparticipación que en enero repartió la Nación en las provincias por $ 776,9 millones.

Estiman que son ilegales el 21% de las motocicletas secuestradas

Por Daniel Gallo - La Nación

Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles.

Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles Crédito: Ministerio de Seguridad porteño

     

Primero, los operarios vacían el tanque de nafta. Después, el "pulpo" de metal agarra con sus brazos la moto, la reduce y, por último, la coloca en el acoplado de un camión. En los últimos seis meses, los pasos se repitieron 146 veces. Los vehículos, secuestrados en operativos de control en la ciudad de Buenos Aires, terminaron compactados y vendidos como chatarra. La recaudación fue donada a la Fundación Garrahan. Desde septiembre pasado hasta el 2 de este mes, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño secuestró 5322 motos, de las cuales fueron devueltas a sus propietarios 4181 y 1141 permanecen en el playa Hornos, en Villa Soldati. Si después de 60 días de la notificación, los dueños no se presentan a retirarlas terminarán también compactadas y vendidas como chatarra.

Se estima que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay en circulación entre 350.000 y 400.000 motos. En la ciudad de Buenos Aires se realizan cada día, por lo menos, 56 operativos de control en distintos barrios.

Uno de los objetivos principales de la verificación de motos es combatir la actividad de los motochorros. En el primer semestre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo 4986 asaltos donde los delincuentes se movilizaban en moto.

"Hemos reforzado muchos los controles en la calle. A muchas de las motos que se secuestran no las vienen a buscar. Lo que nos hace sospechar que tienen algún tipo de irregularidad. Cada moto que se compacta es una herramienta menos para el delito", sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una compactación de motos que no fueron retiradas por sus supuestos propietarios. El 21% de esos vehículos secuestrados no fue reclamado.

Según fuentes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, los controles de motos se determinan en función del mapa del delito.

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, explicó a LA NACION que uno de los delitos que más cometen los motochorros es el arrebato de teléfonos celulares. "Antes se dedicaban más a la modalidad salideras bancarias, pero con las restricciones que se impusieron se logró controlar y reducir esas acciones protagonizadas por delincuentes que se movilizan en moto", sostuvo el funcionario.

Según información oficial, desde septiembre pasado hasta el 2 del actual, fueron controladas 129.671 motos. Y de las 5322 motos decomisadas, 642 fueron incautadas debido a que el conductor no tenía la licencia de conducir o tenía un registro que lo habilitaba a conducir un vehículo de menor cilindrada; 1158 se decomisaron por la falta del chaleco refractario; en 1067 casos el motociclista circulaba con el seguro vencido o sin seguro; 993 unidades terminaron en el depósito de la ciudad porque el conductor no tenía la cédula verde o si la tenía estaba vencida; en 870 ocasiones se determinó que la chapa patente estaba adulterada o era ilegible; 423 infractores circulaban sin espejos; 138 motos fueron incautadas al no tener casco los ocupantes del vehículo; 31 conductores fueron interceptados al intentar evadir los controles, y una moto fue secuestrada porque tenía la numeración adulterada.

Una modalidad que preocupa

Las motos abandonadas son compactadas y vendidas como chatarra Crédito: Ministerio de Seguridad porteño

Las fuentes consultadas explicaron que hubo dos casos especiales en la persecución de infractores que intentaron evadir un puesto de control; en uno el conductor resultó tener pedido de captura, y en el otro incidente fue detenido el ocupante por violación de la ley de estupefacientes. "Utilizaban el vehículo para hacer delivery de drogas", explicaron.

Rodríguez Larreta sostuvo: "Nos preocupan todos los delitos y la modalidad de motochorros es una preocupación especial que tiene la ciudad".

En diciembre pasado, Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, presentaron el Mapa del Delito de la ciudad de Buenos Aires. Al comparar los hechos protagonizados por motochorros en el primer semestre de 2017 con el mismo período de 2016, esta modalidad delictiva tuvo un crecimiento de un 5,95%: 4986 contra 4706 casos.

Los 4986 hechos protagonizados por motochorros ocurridos el primer semestre de 2017 representaron el 15% de los robos en general. Entre enero y junio pasado se sucedieron 33.457 casos, un 5,27% menos que en el primer semestre del año pasado. Las zonas calientes de los robos protagonizados por motochorros fueron Palermo y Caballito, con 79 y 78 casos, respectivamente. Un mes antes en Palermo, los robos con esa modalidad habían sido 89 y en Caballito, 62.

El kilo de chatarra obtenida de la compactación de motos y autos puede alcanzar un valor de hasta $250. Hay veces que se pueden recaudar $200.000, en esos procedimientos que tienen como destino el apoyo económico a la Fundación Garrahan. "El dinero nos permite sostener y financiar la externación de pacientes que necesitan. Además nos ayuda a mantener a la Casa Garrahan", explicó Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan.