Desbaratan un desarmadero "mayorista" con negocios millonarios en tres países

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Un operativo entre la provincia y la Nación permitió el secuestro de 500.000 autopartes robadas en todo el país; hay tres detenidos y el hermano de un concejal fue demorado.

Una Toyota Hilux con el motor de un vehículo que había sido robado a mano armada en la Capital. Foto: Ministerio de Seguridad.

La maquinaria investigativa comenzó a moverse a partir de los datos que aportaron informantes de la policía de Misiones. Y después de varios meses de pesquisa la fuerza de seguridad provincial secuestró la friolera de medio millón de autopartes, producto del desguace de vehículos obtenidos ilegalmente, listas para su comercialización en la Argentina y en Brasil.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y del gobierno de Misiones confirmaron que en las últimas horas hubo una serie de allanamientos, en los que además del secuestro del lote de autopartes valuado en 200 millones de pesos fueron detenidos tres sospechosos y otro quedó demorado.

Los operativos fueron ordenados por el juez de instrucción de la ciudad misionera de San Vicente Gerardo Casco. Los policías misioneros trabajaron con la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) del Ministerio de Seguridad nacional. Según dijeron a LA NACION fuentes del caso, las autopartes correspondían a 150 autos y 50 camiones.

Uno de los talleres mecánicos allanados pertenece a la familia del presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Ernesto Muchewicz (Frente Renovador de la Concordia). "En Misiones no hay contemplación para nadie", sostuvo una fuente del gobierno provincial.

Se trata de un taller mecánico de chapa y pintura situado en Dorrego y la avenida Tejada, en San Vicente, cuyo titular es Hernán Muchewicz , hermano del edil. En el lugar, el personal policial secuestró una camioneta Toyota Hilux verde que tenía un motor con pedido de secuestro de la comisaría 47» de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "A raíz de ello el juez Casco ordenó la inmediata detención del propietario del local y el secuestro del celular del apresado, para peritarlo", explicaron voceros de la investigación.

En una entrevista con Radioactiva 100.7, el concejal había negado que alguien de su familia estuviese detenido y sostuvo: "Conocemos el rubro. Mi familia tiene talleres en San Vicente desde hace 33 años; sabemos del tema. Se puso todo a disposición de la Justicia. Hicieron la requisa del comercio y de los depósitos. No nos dedicamos al desguace, hacemos chapa y pintura. En todo taller queda alguna puerta chocada, algún paragolpes chocado. Hay una reglamentación vigente que se respeta. El juez verá qué hace". Anoche tuvo que reconocer que su hermano había sido demorado por la policía y puesto a disposición del magistrado.

En la parte posterior de otro taller mecánico de San Vicente se descubrieron gran cantidad de piezas de motores, cajas de velocidad, extremos de dirección, diferenciales, puertas, capots y ópticas usadas. Entre la mercadería decomisada había tapas de baúl, amortiguadores, butacas, paragolpes, faros, cortes de autos y tapas de cilindros sin obleas de certificación de origen.

Origen múltiple

Ahora los investigadores intentan determinar de dónde eran los vehículos desguazados; se sospecha que se trataba del "botín" de robos cometidos en distintos puntos del país. Uno de los autos desmantelados tenía pedido de captura de la provincia de Buenos Aires y el motor encontrado en la camioneta Toyota Hilux hallada en el taller de Muchewicz era de un vehículo robado a mano armada en la Capital.

"Encontramos cajas repletas de autopartes listas para su envío a diferentes puntos de la Argentina, Brasil y Paraguay. Luchamos contra estas organizaciones de las cuales se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas. Sabemos que detrás de este negocio ilegal muchas veces hay hechos de sangre fruto del robo de vehículos", sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich .

Fuentes de la investigación explicaron a LA NACION que parte de la mercadería ilegal era vendida en un depósito y otra parte era comercializada vía Internet. El comercio de las autopartes ilegales destinadas a Brasil dependía mucho del tipo de cambio, agregaron los informantes.

"Estamos analizando documentos y equipos informáticos secuestrados para intentar determinar la ruta de las autopartes ilegales. Desde hace un tiempo estamos en un combate fuerte contra el narcotráfico y el crimen organizado", dijo a LA NACION el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.

Como se dijo, si bien los allanamientos fueron ejecutados por personal de la policía de Misiones, la fuerza provincial contó con la colaboración de peritos de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes nacional.

"El delito complejo desafía al Estado y lo lleva a aplicar investigaciones inteligentes y colaborativas entre los distintos organismos y estados [municipales, provinciales y nacionales] con el fin de desalentar la criminalidad organizada", explicó Rodrigo Bonini, director nacional de Investigaciones federal.

Lava Jato: las obras de las empresas brasileras tenían sobreprecios de 300 millones de dólares

Por Matias Di Santi y Federico Poore - Perfil.com.

Cinco constructoras que protagonizan el escándalo de corrupción obtuvieron obras del gobierno kirchnerista y de administraciones provinciales por un total de US$ 9.600 millones. Es más del 40% de la red vial de la Argentina.

De Vido. Durante su gestión, las constructoras de Brasil ganaron contratos por gasoductos y el soterramiento del Sarmiento. Foto:Cedoc Perfil 

Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina. Así surge de una investigación del sitio Chequeado. PERFIL publica un estracto del trabajo periodístico.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

Este análisis de Chequeado resultó de extraer datos de las licitaciones de los boletines oficiales de Nación y de la Ciudad, del portal de la empresa AySA y de la página especializada El Constructor. El cálculo de los sobreprecios es conservador: surge de los montos de licitaciones, obras adicionales que se agregaron mediante adendas y actas acuerdo, y de las auditorías, formen parte o no de causas judiciales en curso.

Ver historia completa en: http://www.chequeado.com/investigacion/lava-jato-en-la-argentina-las-constructoras-sospechadas-ganaron-contratos-con-sobreprecios-de-us-300-millones/

Escándalo en el puente Posadas-Encarnación: qué dicen las escuchas por las que metieron presos a los aduaneros

(MisionesOnline) - Aduaneros presos en Posadas: la historia completa de una investigación que apunta a desnudar los negocios turbios en el puente internacional.

Las escuchas telefónicas que sustentan la acusación contra los cinco aduaneros imputados por “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho” son un manual del folklore fronterizo, pinceladas de lo que todo posadeño sabe que sucede en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz entre los funcionarios encargados del control, los paseros paraguayos que intentan traer de todo desde la vecina orilla y los pedigüeños locales que necesitan la luz verde de corruptos de Aduanas para evitar pagar los cánones vigentes para distintos productos.

Lo que sigue son fragmentos de desgrabaciones que hicieron expertos de la Policía Federal Argentina, a pedido de la jueza Federal María Verónica Skanata, en base a horas de escuchas de los teléfonos de los acusados, cuatro de los cuales aún permanecen detenidos:

– De un aduanero implicado a otro: “Fijate que sea la notebook nada más. Miralo bien, si tiene algo más, que pague”.

– De un aduanero a un pasero: “No bajen en el puesto, porque lo van a ver de todos lados”.

– De un sospechoso a otro: “Va ir un muchachito para verlo a hablar con vos, ya que quiere traer un equipo de aire”.

– De una conocida a unos de los aduaneros: “Recién me llamó M. y me dijo que te diga que le están por secuestrar unas sábanas y manteles y que le van a cobrar 5.000 pesos. Y, no sé, me dijo que te diga si podías hablar”.

– De uno de los aduaneros a un conocido que había ido a Encarnación a comprar cubiertas: “Si tenés algún problema pegá la vuelta y esperame del otro lado de la casilla”. A los pocos minutos, ese amigo le dice que lo había parado otro aduanero. Entonces el implicado llama a su colega y le pide: “Dejalo pasar, que es compinche mío”.

– De un pasero a un aduanero: “Todo legal?, mañana está ‘blindada’ la frontera?”

– De un aduanero a un pasero: “Hoy no, porque está A. Otro día, de 1 a 7, con los jugadores preparados”.

– De un aduanero a un pasero: “Hoy no, porque estoy en la salida. Está el gordo de jefe ahora, cambiaron”.

– De un desconocido a un aduanero sospechado: “Lo único que tengan cuidado con los de la Federal, están muy metidos”.

En el expediente también está el trabajo pericial hecho sobre los teléfonos de contrabandistas paraguayos arrestados por otra causa, pero que fueron anexadas porque aparecen los mismos funcionarios que están bajo la lupa. Allí hay comunicaciones de ciudadanos paraguayos que arrojan datos sobre cómo es el movimiento en el puente. “Se paga 500 y te adelantás”, dice una mujer en relación a la fila para ingresar a Posadas, a lo que otra le responde que pudo hacer eso luego de pagar “apenas 100”. De los dichos también se desprende que los traficantes conocían a todos los aduaneros (los amigos y los que no lo eran), en qué horarios trabajaban y a quién se podía “manguear”.

Millonario contrabando en Formosa

(La Nación) - Más de 63.150 cartones de cigarrillos de procedencia paraguaya, un cargamento valuado en más de 30 millones de pesos, fueron secuestrados en Formosa por personal de la Gendarmería, que detuvo a un hombre por el hecho. 

Foto: LA NACION 

Los efectivos interceptaron un camión con semirremolque; el conductor exhibió documentación que decía que llevaba bolsas de almidón. Pero en la inspección se advirtieron soldaduras y pintura reciente en la compuerta del acoplado. Personal de Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) comprobó que los papeles eran apócrifos y se encontró la verdadera carga.

Aduana: complican a tres funcionarios por operaciones ilegales

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Piden citar a directivos de Echegaray en la AFIP, vinculados con la mafia de los contenedores.

Complican a tres directivos vinculados con la mafia de los contenedores. Foto: Archivo.

La fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron ayer las indagatorias de tres altos funcionarios de la Aduana y un puñado de empresarios, sospechados de integrar "un grupo criminal" abocado a contrabandear mercadería con protección aduanera entre 2014 y 2015, por montos multimillonarios.

Los investigadores solicitaron, además, al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que ordene una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.

Los fiscales concentraron su acusación en tres miembros de la familia Paolantonio -Alejandro César, Miguel Fernando y Diego Raúl-, como así también a los representantes de un puñado de sociedades que participaron en la supuesta operatoria delictual: Transportes DTM SRL, Corport SA, Different Imports SA, New Unique Imports SA, Sicem BA SRL, Las Cortaderas SRL, Oslona SRL, Origini RM SRL y Lion Trade SRL.

Los pedidos de indagatoria también alcanzaron a tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi -el ex titular de la Aduana de Buenos Aires al que le encontraron US$ 500.000 sin declarar al allanarle su casa-, aunque los fiscales adelantaron que citarán a tribunales "a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria" cuestionada, entre enero de 2014 y diciembre de 2015.

Por último, los investigadores también requirieron indagar a la agente de transporte aduanero, Liliana Leguiza, los despachantes Juan Manuel Benavides, Edgardo Mingrone, José Mocciola y Silvina Otturi, y los máximos responsables de dos depósitos fiscales: Terminal Carga Tigre SA y Carestiba SA, de Jorge Lambiris, el empresario que vacacionó con Echegaray en Río de Janeiro.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que inició con datos aportados por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y la investigación que, desde el diario Clarín, desarrolló el periodista Matías Longoni, que lo publicó a lo largo de 2016.

Durante su investigación, Longoni detectó cómo los Paolantonio, en connivencia con la Aduana en tiempos de Echegaray, gestionaron el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida, hasta convertirse en, acaso, la banda más importante de contrabandistas que operó en el área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos años.

"Grupo criminal"

Apoyados esos aportes y el trabajo conjunto posterior, la fiscal Ruiz Morales y la Procelac, liderada por Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, reconstruyeron un presunto entramado de operaciones ilícitas y encubrimientos, que abarcaría, al menos, tres tipos de maniobras: importaciones con documentación apócrifa para "ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto" a la declarada; contenedores trasladados a depósitos fiscales, también con "diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado", y contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques Value y Valiant.

Para los fiscales, el dictamen de casi 200 páginas que entregaron al juez Aguinsky resultó, además, un avance en sí mismo: "Es un logro producto de un muy intenso trabajo coordinado entre la fiscalía, el juzgado y la Procelac, una buena muestra de cómo se puede avanzar en una investigación compleja cuando se trabaja en forma articulada", indicaron.

Articuladas alrededor de los Paolantonio, las sociedades sospechadas comparten rasgos comunes: todas se constituyeron durante los últimos años, las personas que aparecen en los papeles viven en zonas humildes del conurbano bonaerense y la mayoría de esas sociedades ni siquiera tienen empleados. Son sólo empresas "de fachada" para operar.

Los fiscales también apuntaron contra los aduaneros Paolucci, Bernardi y Santanna, quienes habrían brindado, según el dictamen, "un marco de cobertura genérica ilegal a sus dependientes, quienes debían realizar sus tareas de fiscalización de manera sólo aparente, para que no entorpecieran la estructura delictual que se estaba llevando adelante".

Los investigadores urgieron, además, al juez Aguinsky a tomar todas las medidas necesarias para proteger documentos, mercaderías y otros activos del supuesto "grupo criminal" dada, según remarcaron, "la amplia capacidad de la organización para ocultar su origen delictual y aparentar varias fuentes legales".

"Es razonable conjeturar la posibilidad de que la asociación (criminal) continúe utilizando sus potencialidades y herramientas para sustraer los bienes producidos del dominio" de la Justicia, afirmaron los fiscales Ruiz Morales, Pérez Barberá y Roteta, para así "frustrar el éxito de la presente causa como la eventual responsabilidad patrimonial que podría caberles".

Suiza y Panamá ratificaron que Báez canalizó millones de dólares en las offshore

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Remitieron 1000 hojas de documentación detallada sobre las operatorias; también involucran a su hijo Martín, a Fariña y a Elaskar

Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Suiza y Panamá enviaron a la justicia argentina más de 1000 hojas con documentación bancaria que prueba que Lázaro Báez, su hijo Martín y su entorno, incluido Fabián Rossi -el ex novio de Eliana Calabró-, manejaron empresas offshore constituidas en esos países, por donde circularon millones de dólares que terminaron en cuentas de bancos helvéticos. Se trata de dinero de la corrupción que intentaron blanquear con estas transferencias.

Estos datos fueron enviados al juez Sebastián Casanello y confirman los informes de inteligencia financiera que determinaron que Báez y sus hijos Martín, Luciana, Leandro y Melina quedaran procesados por lavado de dinero. Los nuevos documentos que llegaron de Suiza y Panamá están listos para ser usados como prueba de cargo en un futuro juicio oral y público.

En el caso de Panamá se trataba de información relacionada con 23 sociedades. Entre los datos que fueron enviados a la Argentina figura información de cuentas bancarias gestionadas por el entorno de Báez en los bancos Balboa Bank & Trust y Transatlántico de Panamá, donde se gestionaron activos que terminaron depositados en cuentas suizas.

También Panamá envió información que corrobora que el dueño de la firma Teegan Inc, de Panamá, desde donde se mandó dinero a Suiza, es Martín Báez, como se mencionó en la primera emisión del programa PPT donde se reveló la ruta del dinero K. La fiscalía especializada en delincuencia organizada de Panamá recibió el pedido de colaboración que les envió Casanello en 2013 y les preguntó a los bancos panameños sobre cuentas y productos bancarios de las 23 sociedades y de los familiares de Báez.

Así, el Balboa Bank & Trust informó que tenía dos cuentas registradas, una de la empresa Marketing & Logistics Management SA y otra a nombre de Cono Sur Properties and Real State Corp. Los panameños enviaron los legajos bancarios y los movimientos de esas cuentas.

Además Unibank de Panamá informó que Fabián Rossi está relacionado con las cuentas a nombre de All Fashion Jewellery & Accesories, Import and Export Corp y de Cono Sur Properties and Real Estate Corp. El Banco Transatlántico remitió los documentos de la cuenta que tenía registrada la empresa Marketing and Logistic Management SA. Todas esas empresas están vinculadas con los acusados Fabián Rossi, Guillermo Castro y César Fernández, todos involucrados en las maniobras de lavado.

También la Justicia recibió los registros de constitución de Teegan Inc, Weathon corporación y SGI, constituidas en Panamá y las constancias de Migraciones que prueban los viajes a Panamá de Fariña, Elaskar, Martín Báez, Pérez Gadín y Rossi.

Los panameños enviaron 754 páginas de documentación que corroboran el entramado de sociedades por los que el juez procesó a los acusados. Suiza respondió también con generosidad: envió datos de cuentas bancarias de dos sociedades. Una es de Teegan Inc, radicada en Belice con cuenta en el banco Lombard Odier. Esta información corrobora que Martín Báez controlaba la cuenta, era el firmante autorizado en 2011 y por allí pasaron las transferencias que son parte de la maniobra de lavado. A fin de marzo de 2011, el saldo de la cuenta era de 854 dólares.

Por su parte, también se recibió documentación del Banco PKB, con respecto a la sociedad Solvex SA, que tenía una cuenta en ese banco.

Sólo la información de esa cuenta está contenida en 248 carillas, de donde surgen movimientos efectuados entre 2010 y el 28 de diciembre de 2015. Se destaca allí una transferencia recibida por 520.000 dólares desde la cuenta registrada en el mismo banco por una de las empresas atribuidas a Lázaro Báez. Los argentinos Numo Iván Werthein, Fernando Javier Tello y Pablo Pagani figuran como firmantes autorizados, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En agosto de este año, Casanello procesó en una megarresolución de 750 páginas a 23 acusados, entre ellos los hijos de Báez. Embargó a Báez hasta cubrir el monto de $ 10.500 millones. Casanello investiga más de una veintena de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore con cuentas bancarias en Suiza de la que ahora llegó información documental oficial.

Una discusión entre dos automovilistas permitió atrapar a contrabandistas

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Dictaron la prisión preventiva a 14 sospechosos de comercializar vehículos de lujo con documentación adulterada

Los investigadores incautaron motos y autos de alta gama. Foto: Archivo / Silvana Colombo.

Los dos jóvenes estaban al volante de automóviles Volkswagen (VW) Bora, ambos estacionados en la avenida Juan B. Justo y Lope de Vega, en Villa Luro, y discutían acaloradamente. La pelea llamó la atención de detectives de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina (PFA). No se trataba de un altercado de tránsito.

El problema había comenzado porque uno de los conductores le había vendido el auto al otro, pero no quería ir a la planta verificadora para hacer los trámites correspondientes. Los protagonistas de la discusión terminaron en una dependencia policial, donde se comprobó que el comprador había sido engañado: la patente y la numeración del vehículo estaban adulteradas y la documentación entregada era apócrifa. El número de chasis correspondía a un automóvil con pedido de secuestro.

Ese episodio ocurrió el 22 de septiembre del año pasado y la diligencia policial que había comenzado por una pelea entre dos automovilistas dio origen a una investigación judicial que puso al descubierto una organización criminal que comercializaba automóviles con documentación adulterada o impedimentos para circular.

Los delincuentes también ingresaban en la Argentina desde los Estados Unidos y España vehículos de lujo bajo un régimen fiscal y aduanero de importación (equipaje no acompañado) distinto del que correspondía, "maniobra mediante la cual se pretendió engañar el correcto control del servicio aduanero".

En las últimas horas, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó con prisión preventiva a 14 sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita.

"Los procesados, previa división de tareas, roles y jerarquías, en forma coordinada, sostenida en el tiempo y con ánimo de lucro, protagonizaron activamente la comisión sistemática de delitos indeterminados, principalmente dirigidos contra la propiedad, la administración y la fe pública, como también el lavado de activos de origen ilícito a través del ingreso al mercado de vehículos y/o motos, o por medio de maniobras de blanqueo de dinero", afirmó en su resolución el juez Martínez de Giorgi, a la que tuvo acceso LA NACION.

La banda no protagonizaba sólo delitos vinculados con el contrabando de vehículos y su posterior venta irregular. Además, a algunos integrantes de la organización el magistrado los acusó de haber protagonizado estafas en la modalidad conocida como secuestros virtuales.

Identificación de contactos

Como se consignó, la investigación, que fue delegada al fiscal federal Juan Pedro Zoni, comenzó el 22 de septiembre del año pasado, después de que se comprobó que un joven, identificado por fuentes judiciales como Ezequiel Ivanoff Ramacho, vendió un VW Bora con documentación apócrifa y la patente adulterada. El comprador había adquirido el vehículo de buena fe, sin conocer las irregularidades que existían, según se pudo determinar durante la pesquisa.

A partir del teléfono celular secuestrado a Ivanoff Ramacho, los peritos de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA obtuvieron información valiosa para la causa.

"El peritaje sobre el aparato telefónico logró reunir elementos de prueba que crearon la sospecha de que Ivanoff Ramacho era un engranaje que se ensamblaba en una organización delictiva destinada a la obtención de autos robados y con impedimentos legales, para luego enmascararlos como legítimos y así venderlos", afirmó Martínez de Giorgi en la resolución firmada en las últimas horas.

El fiscal Zoni pidió la intervención de varias líneas telefónicas para profundizar la investigación y el juez hizo lugar a la solicitud. De las escuchas telefónicas se pudo identificar a otros integrantes de la organización criminal.

Después de 11 meses de investigación, el 29 de agosto pasado el juez federal Martínez de Giorgi ordenó la detención de 14 sospechosos y una serie de allanamientos, entre ellos en el barrio privado San Isidro Labrador, en el complejo Villa Nueva, en Dique Luján, Tigre.

En el procedimiento, bautizado por la PFA "Operativo Daytona", se secuestraron 79 autos y motos de lujo, deportivos, sedán y autopartes.

También se encontró en los allanamientos documentación apócrifa que era utilizada para adulterar los papeles de los vehículos para facilitar su comercialización.

Entre los vehículos de lujo, la Policía Federal Argentina secuestró un Dodge Viper, un BMW M3, un Porsche 911 Carrera, una camioneta Hummer H3, un BMW 320, una camioneta Jeep Gran Cherokee, un Audi RS5, un Chrysler 300, un Mitsubishi Eclipse, un Audi Q7, un Porsche Boxster, un BMW X6 y una moto Harley Davidson, entre otros rodados.

Los automóviles de lujo eran ingresados en la Argentina después de un engaño aduanero: simulaban que sus titulares regresaban de los Estados Unidos o de España para radicarse en el país y de esta manera no pagaban los impuestos de importación.

Además, en la resolución de Martínez de Giorgi se explicó cómo uno de los integrantes de la asociación criminal, cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente "lavaba dinero". Según el expediente judicial, el sospechoso simulaba falsas apuestas en casinos para la obtención de certificados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Un policía comandaba una banda de entraderas

(La Nación) - Además del suboficial, fueron detenidos los cuatro cómplices, entre los que figuran una mujer y un enfermero.

SAN MARTÍN.- Un suboficial de la policía bonaerense fue detenido y acusado de comandar una banda que se dedicaba a cometer entraderas en San Martín y en el barrio de Villa Pueyrredón. El uniformado fue apresado luego de una persecución en la zona de la villa La Carcova cuando circulaba a bordo de una camioneta Renault Kangoo que había sido robada tras una entradera en Villa Pueyrredón. 

El policía fue apresado junto a otros cuatro cómplices cuando el vehículo robado fue observado por un operador del Centro de Monitoreo del Municipio de San Martín a través de una cámara de seguridad, instalada en la esquina Carcova y Yapeyú. La búsqueda del Renault Kangoo a través del Centro de Monitoreo Municipal comenzó a partir de un requerimiento de una comisaría porteña. Los policías encontraron la camioneta y dieron la voz de alto a los ocupantes, quienes intentaron escapar. 

En ese momento comenzó una persecución que terminó con la captura de los dos sospechosos. Al identificar a los dos acusados, los policías advirtieron que uno de ellos era un suboficial de la comisaría de Malvinas Argentinas. Además de la camioneta, los efectivos secuestraron varios elementos robados al propietario del vehículo cuando llegaba a su casa.

Desalojaron el restaurante del Cabildo: llevaba más de cuatro años sin pagar el canon

Por Víctor Pombinho Soares - LA NACION

Funcionaba desde 2002 con un permiso precario; ahora harán excavaciones para buscar elementos de la época colonial

Los restos de la cocina del restaurante. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El uso del espacio público para ganancias privadas tenía hasta hace muy poco un increíble ejemplo: en el Cabildo de Buenos Aires funcionó durante 15 años gracias a un permiso precario un restaurante que, desde enero de 2013, había dejado de pagar el canon para usar las instalaciones del histórico solar. Como la empresa que explotaba el lugar judicializó el tema, recién el bar recién pudo ser desalojado el martes 19 de septiembre.

Allí se servían, entre otros platos, el Bife Revolución (con panaché de verduras), la Tabla 25 de Mayo (con bondiola, salame, jamón cocido y quesos) y la Tabla Patricios (que incluía mortadela italiana y dips de caviar). Todo muy patriótico.

El menú patriótico quedó pegado en la pared. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

La historia comenzó en noviembre de 2002, cuando se le asignó el espacio por un convenio entre el Museo Nacional del Cabildo y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares a la fundación Fondo para el Patrimonio Argentino "para ser destinado a actividades inherentes al objeto de dicha institución".

La fundación le otorgó a la firma Food and Drinks S.A. la explotación del espacio a través de un emprendimiento gastronómico (Restó Bar Del Cabildo). Este plazo se fue extendiendo provisoriamente hasta enero de 2009. Sin embargo, la empresa Food and Drinks dejó de pagar el módico canon de 10 mil pesos por el espacio que ocupaba en forma ilegal en enero de 2013.

"Dejaron de pagar cualquier alquiler, era gratis, estaban colgado de la luz, era todo trucho. En cualquier momento supuestamente los podíamos desalojar, pero presentaron reclamos judiciales. Ahora se pudo retirar todo y estamos trabajando", aseguró el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, en diálogo con LA NACION.

El restaurante ocupaba mucho espacio. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

"Para nosotros fue un gran triunfo. Son cosas que parecen menores pero que no lo son. Son sectores que quieren tener un privilegio y se enquistan ahí. Tenían acceso por las dos calles, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Y el Cabildo no está para eso. Era un restaurante con mesas, con conexión de gas clandestina. Un ejemplo de lo que está mal en la Argentina. Nos costó dos años que la Justicia actuara", señala Avelluto.

Suciedad y patrimonio en riesgo

El restaurante, para el que se había construido una cocina y baños, provocaba una reducción importante del espacio descubierto y dificultaba la circulación del público por las mesas que estaban dispuestas en el patio, que se extendían mucho más allá de los 156 m² acordados.

Además, el mal manejo de desperdicios provocaba problemas de suciedad y plagas. Al encontrarse dentro del predio del edificio histórico, el bar representaba un riesgo tanto para el patrimonio arquitectónico como para sus bienes culturales.

La instalación eléctrica era muy precaria. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

Marcelo Panozzo, secretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación asegura que lo que se quiere es "facilitar la experiencia para el visitante, que no se choque con sillas". "La confitería se extendía por el patio. Hay que mejorar la circulación, recuperar la espacialidad. Hay un proyecto arqueológico que estaba demorado por esto. Queremos hacer una pequeña excavación. Vamos a instalar un ascensor de vidrio, porque hoy no hay acceso para discapacitados", señala Panozzo a LA NACION.

"En una excavación se encontraron restos de distintas épocas. Tenemos otros casos de museos donde hay concesiones a particulares. No estamos en contra de que haya bares, pero hay bares y bares. En un lugar como el Cabildo, que está rodeado de bares lindos, no era necesario", asegura Panozzo.

Una vista desde el primer piso. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El Cabildo tiene un problema de espacio: es pequeño para la cantidad de visitas que recibe. Los lugares de administración, guarda y conservación de su patrimonio se han reducido a la mínima expresión, a fin de facilitar la visita de los asistentes, que fueron cerca de 280,000 en 2016 pero que ya habían superado los 250,000 a fines de agosto. Se cree que el año cerrará con 300 mil visitantes. La mayoría son chicos de escuelas primarias, que recorren el histórico edificio y observan con asombro las pinturas y los uniformes que allí se exhiben.

Gabriel Di Meglio, historiador y director del museo del Cabildo se muestra conforme con el desalojo: "Es un museo que tiene muy poco espacio para el trabajo del personal. Necesitamos más espacio para restauración, depósitos, oficinas y para tareas educativas. Tener la cocina ahí al lado del museo no era lo mejor. Era algo perturbador".

Los restos del restaurante. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

Una excavación que promete

Federico Fischbarg, director nacional de Museos, explicó a LA NACION cuáles son los planes para el lugar que ocupaba el restaurante: "Vamos a recuperar todo el espacio que ocupaba la confitería y se van a hacer excavaciones. Vamos a monitorear si debajo existe una cisterna que se usó para tirar la basura cuando dejó de funcionar. Ahí se pueden encontrar utensilios de la vida cotidiana y desperdicios que sirven para estudiar la época. Sabemos que está, necesitamos ubicarla. También estamos viendo la posibilidad de que existan túneles de la época de la colonia que conecten con la iglesia de San Ignacio, en la Manzana de las Luces.

Una task force del Gobierno para hacer frente a la ilegalidad

(La Nación) - Inspeccionan "puntos calientes" mediante operativos conjuntos de varios organismos.

Constitución. Inspección del Ministerio de Seguridad en el Paseo de La Estación. Foto: Marcelo Gómez

¿Cómo se combaten las ferias ilegales, las "cuevas", la comercialización de cosas robadas, o truchas, o de contrabando? "Con una task force", piensan en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que lleva adelante grandes operativos en "puntos calientes" con inspectores de la AFIP, Aduana, Migraciones y Seguridad Social, en coordinación con la Ciudad y la provincia. Y el despliegue de una fuerza de seguridad.

La metodología empezó a ponerse en práctica durante la jefatura de Mauricio Macri en la Capital y después la llevaron al gobierno nacional. Al menos una vez por semana, la task force desembarca en locales o centros comerciales sobre los que hay sospechas de irregularidad. Los llaman "operativos de control preventivo integral" y pueden llegar a involucrar a decenas de personas.

"Llegamos y empezamos a pedir facturas, documentos, habilitaciones -explica Rodrigo Bonini, director nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad-. Cada organismo se ocupa de lo suyo. El resultado siempre es muy impresionante: descubrimos mercadería falsificada, empleados en negro, extranjeros sin documentos, locales que no tienen autorización, venta de celulares robados..."

Bonini dice que lo más innovador es que de esa forma el Estado se hace presente y toma la iniciativa. "No tenemos que esperar a que llegue una denuncia o la orden de un juez. Simplemente se trata de una inspección. Si encontramos algo que no está en regla, procedemos. Y si se está cometiendo un delito, damos parte a la Justicia."

LA NACION asistió días atrás a uno de esos procedimientos, en el Paseo La Estación, que se presenta en su fachada como "el shopping más grande de Constitución". Está a metros de la terminal de trenes. Decenas de tiendas chicas, además de restaurantes y bares, se distribuyen en dos enormes plantas, unidas por escaleras mecánicas. En unos pocos minutos, agentes de la Prefectura Naval ("Hicimos inteligencia previa", contó uno) e inspectores ya se habían desplegado por todo el predio.

El primer efecto de su llegada fue que en un abrir y cerrar de ojos varios locales bajaron la cortina. Se dieron situaciones insólitas, como un joven que estaba sentado detrás de un mostrador, en un puesto de ropa deportiva, y cuando personal de uno de los organismos le preguntó si era el encargado, contestó: "No, no... Pasaba por acá, no había nadie y me senté".

¿Saldo del operativo? Cierre de ocho locales por falta de habilitación y violaciones a las normas de seguridad e higiene, decomiso de mucha mercadería de contrabando (zapatillas, ropa, anteojos, relojes, perfumes), secuestro de más de 20 teléfonos celulares con denuncia de robo y detección de 10 empleados sin registrar y de 10 extranjeros (seis peruanos, tres dominicanos y un paraguayo) sin papeles, entre otras irregularidades.

Después de varias horas de inspección, las autoridades decidieron clausurar el centro comercial. Pero en la Argentina nada es sencillo. Al día siguiente ya estaba sin faja, abierto y lleno de gente.

Piden detener a Julio De Vido por la destrucción de pruebas en Río Turbio

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El titular de YCRT estima que faltan o se borraron unos 100 expedientes con pruebas de corrupción.

Cristina Kirchner cuando firmó el contrato para el inicio de la obra de Río Turbio. Foto: Télam.

La imagen se repitió un par de oportunidades. A la oficina principal de Omar Zeidán interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) la empresa minera que denunció a Julio De Vido por malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un perjuicio de 265 millones de pesos, ingresó un trabajador con un expediente en la mano, “me dieron la orden de destruirlo pero no lo hice”.

La orden provino de la anterior gestión. YCRT estima que se destruyeron alrededor de 100 expedientes para “borrar rastros de los hechos de corrupción”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

Julio De Vido durante la primera audiencia del juicio por la Tragedia de Once. Foto Pedro Lázaro Ferández.

“Julio De Vido tiene que estar preso porque el modus operandi de su gestión fueron los actos de corrupción y la destrucción de pruebas, y esto último aún puede continuar”, dijo Zeidán a este diario. YCRT ya realizó trece denuncias en los Tribunales de Comodoro Py contra el exministro de Planificación Federal.

La causa más importante es la que expone irregularidades en el manejo de los fondos que debían destinarse a la mina de Río Turbio entre 2005 y 2015. La acusación es por malversar fondos por 26.000 millones de pesos. Esto incluyó la construcción de la Usina de Río Turbio, que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo un sobrecosto del 90,28%.

También contempla la puesta en valor del Tren Turístico, por el que se firmaron 453 convenios y 90 adendas por 443 millones de pesos. La obra se pagó parcialmente, y no se concluyó.

La Mina de Río Turbio YCRT con peligros de derrumbe cuando la recibió la actual gestión. Foto Maxi Failla.

Reconstruir los circuitos administrativos de estas obras llevó meses. En el transcurso del trabajo, las autoridades de YCRT detectaron que muchos expedientes estaban incompletos. “Faltaban órdenes de compra, fojas en los cuerpos, incluso en muchos faltaban cuerpos enteros”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.

La primera sospecha en medio de las denuncias impulsadas contra el extinto ministerio de Planificación, encabezado por De Vido, fue “la destrucción de pruebas claves para las causas de corrupción”. Este argumento fue utilizado por el fiscal Carlos Stornelli para reiterar su pedido de detención del exministro denunciado por el desvío de fondos.

El planteo no quedó sólo en una sospecha. Hace dos semanas, en la oficina se Zeidán se presentó un trabajador de YCRT de apellido Rodríguez. En sus manos tenía un expediente cuyo contenido tramitaba una indemnización para ampliar el objeto de adjudicación de obra a favor de Isolux Corsán, la firma española que tiene a su cargo la construcción de la Central Térmica. 

El monto era por mil millones de pesos. “El dinero nunca se pagó y nunca hubo justificación para que se pagara”, explicaron a Clarín.

La Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

Ese expediente no estaba en YCRT, por lo que no puedo ser objeto de la auditoría que realizó la SIGEN. ¿La explicación? “Hubo una orden de destruirlo”, remarcaron desde la empresa minera.

Rodríguez relató que desde la gestión anterior “me dijeron ´llevátelo, destruilo, me dijeron que lo queme´”. Su relato ya está en la justicia, después de que el interventor de YCRT declaró ante el fiscal Carlos Stornelli, quien decidió enviar a sorteo dicho testimonio para que se investige el posible delito de “destrucción de pruebas”. La administración actual ya está analizando el expediente.

Pero no es el único caso. De otro expediente de 37 cuerpos, aún falta el cuerpo 33, “que puede tener información importante para las causas que denunciamos”.

En otra causa hubo una sustitución de facturaciones. Se adjudicó a la firma Chilicote SA la importación de bandas transportadoras por 1.180.000 dólares. Al analizar el expediente, se detectó un adelanto de 585.00 dólares y la firma pidió que YCRT (bajo la anterior gestión) realice los pagos a una Offshore Jerald Machineri. La empresa solicitó que la transferencia se haga en dólares o libras esterlinas en pleno cepo cambiario. “Todo se hizo sin ninguna contraprestación”, indicaron fuentes oficiales.

Se descubrieron además, cinco órdenes de compra por 65.000 libras esterlinas, “que no cuenta con antecedentes documentales”. En esta caso, el expediente “está incompleto y con sustitución de facturas”, aclararon.

Mafia de los contenedores: detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Está sospechada de haber ordenado sacar un contenedor con contrabando y de participar de maniobras con declaraciones juradas de importación falsas.

Patricia Fernández con una Hummer roja

En un operativo relámpago, la Justicia detuvo ayer a una puntera K, que exhibe fotos con Néstor y Cristina Kirchner en su página de Facebook e intentó sacar uno de los 900 contenedores con contrabando retenidos en la Aduana de Buenos Aires. Se trata de Gladys Fabiana Fernández alias "Patricia", quien anoche fue apresada por la Policía Federal en su mansión estilo Hollywood en el country Saint Thomas de la localidad bonaerense de Hurlingham junto a autos importados de alta gama y una camioneta Hummer, entre otras excentricidades, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En el allanamiento de esa mansión y otras viviendas, unos 30 efectivos a cargo del jefe de la División Delitos Federales de la Policía Federal, comisario Alejandro Ñamandú, secuestraron documentos y computadoras que demostrarían la vinculación de la puntera K, que se presenta como empleada de la Presidencia de la Nación, con esa mafia y con maniobras con declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). En principio, en fuentes judiciales se considera a Fernández como una de las ramas de la banda que encabezaban Oldemar "Cuky" Barreiro Laborda y Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Fernández fue detenida por orden del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a partir del arresto, el viernes, de dos hombres que intentaron sustraer uno de los 900 contenedores que tiene embargados desde el año pasado por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Fernández tendría, además, vinculaciones, con un actual empleado de la AFI cuyo nombre se desconoce pero estaría a punto de caer detenido. Clarín llamó ayer a voceros de la AFI pero no obtuvo respuesta.

El operativo comenzó el jueves pasado, cuando la prefectura detuvo al ex funcionario de la Oncca (la oficina de subsidios agrícolas K) llamado Víctor Palomino y su compañero Rodolfo Costas mientras pagaban 30 mil dólares en efectivo en el depósito fiscal Exolgan para intentar sacar un contenedor con productos de electrónica con un documento de embarque (Bill of Landing, en inglés) falso. El documento estaba a nombre de la empresa AMBIKA, investigada en la causa de la mafia de los contenedores. Por este motivo, el juez dio inmediatamente la orden de detener inmediatamente a los poseedores de ese documento trucho que habían llevado en un Fiat 500 Abarth. En un Mercedes Benz estacionado en el depósito ubicado en el Dock Sud dejaron los 30 mil dólares dentro de una campera para un funcionario aduanero que se estaba buscando al cierre de esta edición al igual que el supuesto empleado de la AFI.

Los abogados de los detenidos negociaron con la fiscal Gabriela Ruiz Morales acogerse al régimen del arrepentido y dieron información a cambio de una reducción de penas. Fuentes judiciales afirmaron que Palomino y Costas habrían sido contratos por otros dos hombres, uno que se presentó como empleado de la AFI e hijo de un juez. que responden a la puntera política K Fabiana Gladys Fernández. Las fuentes dicen que Fernández es investigada por supuestamente haber participado de la mafia de los contenedores y de las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) creadas en la época del cepo cambiario del ex secretario K de Comercio Guillermo Moreno. Esta segunda causa la tiene el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.

Patricia Fernández con su hijo, en un viaje a Roma.

En su cuenta en Facebook, Fernández también se muestra en aquella mansión con camionetas Hummer y autos importados de alta gama, mientras su hijo viaja por el mundo, juega en casinos y se saca fotos con fajos con un millón de dólares. Sin embargo, no figura en ninguna empresa ni tiene antecedentes laborales bajo relación de dependencia ante la AFIP. Exhibe fotos con Néstor y Cristina durante la primera presidencia del ex primer mandatario bajo consignas como "exitosamente exitosa". Y escribió un libro titulado "El Génesis Néstor Kirchner" que lo ofrece en Mercado Libre. En otra parte de su Facebook, escribió "comenzando arduamente el año electivo... todos a la cancha... yo amo el proyecto nacional y popular... solo quien lo respete ahí estaremos con fuerza apoyando la decisión de la jefa", en alusión a la candidata a senadora de Unidad Ciudadana. Pese a que en la AFIP no aparece como parte de ninguna empresa, dice ser parte de un supuesto grupo empresario MDVITA. La novia de su hijo posteó una foto en una cama con un millón de dólares en efectivo.

Según las fuentes, Fernández habría intentado sacar el contenedor para un empresario llamado Gabriel Garcés que es socio de Gabriel Traficante -nombrado por arrepentidos en la causa de la mafia de los contenedores. Gabriel Garcés y Traficante son socios en una empresa llamada Mapeis Export inc, registrada en Miami y con sede en un paraíso fiscal. Traficante ya había sido nombrado como participando, supuestamente, de la mafia de los contenedores por varios de los imputados, entre ellos el hermano del ex juez Guillermo Tiscornia. El juez Aguinsky indagará mañana a Fernández pero antes seguramente la preguntará también se quieren acoger al régimen del arrepentido para señalar quienes eran sus jefes en esta maniobra que fue detenida a tiempo y muestra la presión de los contrabandistas sobre los 900 contenedores retenidos en el puerto de Buenos Aires

Ordenan al ex titular de Astilleros Rio Santiago devolver al Estado $90 millones

(La Brujula.com) - Según el diario EL DIA, el ex presidente de Astilleros Río Santiago (ARS) durante el gobierno de Daniel Scioli, Héctor Scavuzzo, deberá devolver a las arcas del Estado provincial más de 90 millones de pesos por las irregularidades que fueron detectadas en los gastos de esa empresa en su gestión.

Así surge del fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, al que tuvo acceso EL DIA, sobre los movimientos presupuestarios de Astilleros durante 2015, último año de la administración Scioli.

Scavuzzo fue detenido en marzo del año pasado junto a cinco funcionarios que formaban parte de su gestión en la planta naviera, acusados de promover entre 2012 y 2014 una maniobra con contratos truchos para hacerse de significativas sumas de dinero.

Pero las irregularidades administrativas y contables se extienden más allá, hacia el ejercicio del año 2015, que fue analizado por el Tribunal de Cuentas, que emitió el fallo en los últimos días. Allí, el organismo de control encontró una larga serie de irregularidades, que van desde gastos sin amparo legal (como pagos a la filial Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado) hasta la liquidación de sueldos a empleados “ñoquis” que, en algunos casos, se llevaban más de $400 mil al año. Por eso, el Tribunal formuló cargos contra Scavuzzo por 90.779.046 pesos, que el ex titular de la firma deberá restituir “para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal”.

Héctor Scavuzzo

La medida también alcanza al ex coordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros Rodolfo Elisetch, quien también fue detenido el año pasado junto a Scavuzzo y otros funcionarios en el marco de la causa que investiga la UFI 15 del fiscal Jorge Paolini.

En el fallo de más de 100 fojas, el Tribunal de Cuentas puso la lupa en varios movimientos, entre los que destacó el acta acuerdo firmada entre la presidencia de ARS y ATE Ensenada de la que surgieron una serie de pagos desde la empresa al gremio “en exceso de los aportes retenidos mensualmente a los empleados” y con faltante de documentación de respaldo.

En una declaración ante el organismo de control, Elisetch afirmó que los gastos objetados “se generaron por decisión del presidente del Ente, quien firmó un convenio con el sindicato ATE Ensenada, convenio del cual he sido completamente ajeno en todo sentido”. En ese marco, el organismo de control formuló cargos por 22.027.543 pesos contra Scavuzzi y Elisetch.

Otro de los ejes del fallo es las irregularidades detectadas en el pago de sueldos, donde se encontró una planilla con 34 empleados “ñoquis” que no concurrían a trabajar y cobraban sueldos que, en algunos casos, superaban los 400 mil pesos anuales.

En este caso, la formulación de cargos fue por 14.916.000 pesos, según lo dispuesto por el Tribunal.

Investigación en la Justicia

Scavuzzo, Elisetch y otros ex funcionarios de su gestión al frente de Astilleros son hoy investigados por el fiscal Jorge Paolini por el pago de altos sueldos a empleados ficticios, en una maniobra por más de 16 millones de pesos.

La causa se inició cuando una vecina de Pringles, de donde Scavuzzo fue intendente, denunció que le había sido dada de baja la Asignación Universal por Hijo ya que su esposo -un trabajador rural- aparecía en la nómina de Astilleros cobrando un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

En su declaración ante el fiscal Paolini, Scavuzzo (hoy excarcelado bajo fianza) apuntó contra el ex ministro de la Producción de la gestión de Scioli Cristian Breitenstein. Según trascendió, dijo que el ex funcionario se presentaba “en persona” en la dirección de pagos de sueldos y jornales de Astillero para llevarse los haberes de los “ñoquis”.

Detienen a una pareja por la bomba en la sede de la empresa Indra (II)

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Se rastreó la ruta del explosivo para llegar a los sospechosos; tenían mensajes contra Macri

Mariano Fresco es simpatizante kirchnerista. Foto: Facebook

Un simpatizante kirchnerista y su mujer fueron detenidos acusados de enviar el paquete bomba que explotó tres días antes de las elecciones en las oficinas de la empresa Indra, encargada de realizar el escrutinio, y la Justicia busca a un tercer sospechoso que se cree que encargó a la pareja el armado del explosivo, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

El arresto fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas y se produjo ayer a la madrugada en la casa del matrimonio en Claypole, una vivienda humilde de ladrillos sin revocar, piso de tierra, sobre un calle sin asfaltar.

Los detenidos por la Policía Federal fueron identificados por el juzgado como Mariano Fresco y su pareja, Analía Altamirano, ambos de 30 años, y los investigadores no encontraron en la casa ninguna referencia a que tuvieran una afiliación con grupos violentos. Fresco en sus redes sociales difundió mensajes en favor de Cristina y Néstor Kirchner, criticando al gobierno de Mauricio Macri.

Los investigadores creen que Fresco fue contratado por una tercera persona que le encargó armar el artefacto explosivo y enviarlo por correo privado a la sede de Indra. Allí, el paquete explotó y provocó heridas de consideración a dos personas.

Antes de su detención, Fresco tenía el teléfono intervenido y una de las comunicaciones interceptadas podría referirse al atentado.

Las filmaciones del lugar donde se entregó la bomba, en Paraná y Santa Fe, registraron a un hombre a bordo de una moto que entregó el paquete. Desde esa dirección luego fue mandado por correo interno a las oficinas de Puerto Madero. Los investigadores dieron con la empresa de mensajería El Líder, desde donde había partido el envío. Tras determinar que no estaban vinculados con el ataque, se descubrió que el motoquero Teófilo Soto Guerra, peruano, había sido quien llevó la caja, sin saber que su contenido era letal.

La empresa recibió por WhatsApp un pedido para llevar el paquete que provenía de un teléfono celular desconocido, donde un tal Gustavo -que dijo ser sordomudo- manifestó que quería hacer un envío, y que se lo iba a dejar a un colaborador suyo de nombre Mariano, que era quien iba a entregar el paquete. Soto Guerra fue en moto al hotel Garay, en Constitución. En la puerta lo esperaba Mariano, que le entregó el paquete y le pagó el servicio. Quien envió el mensaje de WhatsApp a la mensajería tenía llamadas previas de personas no ligadas entre sí, pero todas tenían en común a Mariano Fresco, según sus relaciones de Facebook. La misma tarjeta SIM había sido usada en otro aparato por su pareja, Analía Altamirano. La línea telefónica de Altamirano y la usada para encargar el envío del explosivo tenían al menos cinco llamadas con abonados en común.

Desde el Gobierno aseguraron que Altamirano y su mujer trabajaban con el referente de La Cámpora del barrio Don Orione.

Un caso de terrorismo K, al cual se le debe aplicarse todo el peso de la ley. Lo más importante es investigar quien le ordenó hacer el atentado...

Robaron celulares por $ 50.000.000 mediante una estafa cibernética

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

La banda operaba en el Norte y simulaba dar oportunidades laborales en una compañía de telefonía móvil para quedarse con costosos equipos de comunicaciones

Encontraron evidencias de la estafa en Tucumán. Foto: Policía Federal

El plan criminal funcionó sin mayores problemas durante siete años. Los delincuentes, después de engañar a personas que buscaban trabajo y de ingresar en forma ilegítima a la base de datos de la empresa Movistar, lograron apoderarse de teléfonos celulares de última tecnología por una cifra cercana a los 50.000.000 de pesos.

Pero en las últimas horas, después de cinco allanamientos en Tucumán, Salta y Jujuy, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a los dos principales organizadores de la red criminal.

Los operativos fueron ordenados por el juez criminal y correccional porteño Manuel de Campos, a cargo de la causa. En los procedimientos, los detectives de la PFA recuperaron teléfonos celulares robados a Movistar, computadoras, pendrives y varias cajas de aparatos celulares que, se presume, fueron enviados a Bolivia. "Se sospecha que esta organización criminal logró apoderarse de, en promedio, 20 teléfonos celulares de última generación por semana", sostuvo un jefe policial.

Desde Movistar resaltaron que la investigación comenzó por una denuncia hecha por la empresa. "La estafa no se originó por una falla de nuestros sistemas informáticos. Los delincuentes obtenían datos genuinos de la compañía, situación que les permitió concretar su plan criminal", explicaron fuentes de la empresa.

La causa comenzó cuando la empresa advirtió un faltante de equipos de telefonía celular. En la División Delitos Tecnológicos de la PFA resaltaron la colaboración de la compañía, que permitió agilizar la información.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la PFA, el plan criminal consistía en captar a personas que buscaban empleo para ofrecer trabajo como vendedores de teléfonos celulares para Movistar. La búsqueda se hacía por medio de páginas de Internet. 

"Nunca hubo entrevistas personales. Todas las comunicaciones se hacían por medio de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Los supuestos empleadores hasta daban por Internet un curso de capacitación de 15 días que los interesados debían abonar con tarjeta de crédito", explicó una fuente de la investigación. Una vez que los interesados "aprobaban" el curso de capacitación se pasaba al segundo paso: la prueba en una operación venta.

"De alguna manera que todavía está en plena investigación, los delincuentes ingresaban a la base de datos de Movistar y registraban a los supuestos nuevos empleados y obtenían un usuario y una clave", afirmó un detective de la PFA.

La gente, agregaron los informantes, estaba convencida de que había sido contratada por Movistar. "Los delincuentes enviaban una autorización para que se retirase de oficinas de la empresa los teléfonos que, supuestamente, debían ser vendidos", sostuvieron las fuentes policiales consultadas.

Cuando ya tenían en su poder los teléfonos celulares de última tecnología, los supuestos empleados recibían una nueva indicación: enviar los equipos por encomienda a la ciudad de Concepción, en Tucumán.

"Después del envío de los celulares, los delincuentes desaparecían. Ya no contestaban los correos electrónicos y tampoco respondían los mensajes de WhatsApp. En algún caso, para que la estafa no fuera descubierta llegaron a pagarle comisión a las personas que creyeron que habían sido contratados por Movistar", sostuvo un jefe policial. Los teléfonos celulares que desaparecían del stock de Movistar quedaban registrados a nombre de los supuestos nuevos empleados.

Venta online

"Los equipos de telefonía celular de última tecnología se vendían a nivel nacional por tiendas virtuales. Pero también hubo casos de aparatos que terminaron comercializados en Bolivia. Cuando hicimos los allanamientos, encontramos cajas originales vacías, pero con el número de IMEI del equipo y otros códigos de identificación que permitieron establecer que se trata de los aparatos robados de las dependencias de Movistar", afirmó el detective consultado.

Después de la denuncia de la empresa de telecomunicaciones, los especialistas de la PFA comenzaron con el rastreo de las llamadas. Las antenas de telefonía celular se activaron en distintos puntos de Tucumán, Salta y Jujuy. "En los operativos hechos en las últimas horas en el norte del país se logró detener a dos sospechosos, que serían los principales organizadores de las estafas", explicaron las fuentes consultadas.

Más de tres millones de teléfonos funcionan en forma irregular

La comercialización de celulares robados es uno de los mayores problemas para la seguridad pública. Incluso el hurto o arrebato de un equipo de telefonía móvil puede parecer un delito menor en comparación con otros crímenes más violentos, pero su repetición transforma ese robo mínimo en una complicación importante a la que pone atención el Gobierno.

Es que las autoridades determinaron que actualmente hay más de tres millones de líneas móviles utilizadas en forma irregular con aparatos que fueron adquiridos en el mercado negro. Un promedio de cinco mil celulares son robados cada día en las calles argentinas. Los funcionarios pretenden bloquear esos aparatos al sólo habilitarse su uso con un único chip identificado. Quienes están al tanto de ese proyecto afirman que es fuerte el debate con las prestatarias del servicio y los fabricantes de celulares. Mientras tanto, crece el comercio ilegal.

Un ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero K

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

¿Documentos? En esta valija que Martínez Rojas dice se llevó al exterior habría informes de operaciones de lavado.

“Si la Justicia me da las garantías de seguridad suficientes, voy a revelar los nombres de ex funcionarios K de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco, de la Aduana y del Banco Central que lavaban dinero de la obra pública”, dijo ayer Mariano Martínez Rojas a su entorno en EE.UU. donde se encuentra, según revelaron fuentes empresarias a Clarín. Martínez Rojas fue el comprador de los medios K Tiempo Argentino y Radio América en una sospechosa negociación con Sergio Szpolski.

Martínez Rojas, quien desde hace un año se fue del país por "amenazas e intento de secuestro de su mujer", está dispuesto a declarar como arrepentido, con un régimen parecido al que usó el ex valijero Leonardo Fariña, contó, por otra parte, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a este diario. Como primera medida, el letrado solicitará hoy la eximición de prisión del empresario y medidas de seguridad para su cliente si llegara a volver al país. “Vivo con custodia permanente porque soy una boleta que camina”, relató el empresario a sus allegados.

Martínez Rojas mostró su disposición a colaborar con la justicia luego de que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó ayer su captura nacional e internacional en la causa por lavado de dinero en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) por 300 millones de dólares durante el gobierno K.

En esta causa está imputado el ciudadano coreano conocido como “Mister Korea”, entre otros. Meirovich también detuvo a una mujer y ordenó la indagatoria de un ex gerente del banco Patagonia. Las DJAI fueron implementadas por el ex secretario de Comercio K Guillermo Moreno durante el cepo cambiario para permitir el pago en dólares de importaciones. Pero varias bandas simulaban importaciones para sacar dólares a 8 pesos cuando ya valían más de 12 en el exterior. La causa se abrió por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Según las fuentes, el empresario correntido contó a su entorno que tiene “una valija con 70 kilos de documentación” para respaldar su eventual confesión y que “yo era solo un empleado que recibía órdenes y ejecutaba”. “Esa valija es mi seguro de vida”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo era la operación, contó que “yo recibía, por ejemplo, cheques de refacturaciones de obras públicas de Formosa que se depositaban en cuentas de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y luego se sacaba en los bancos el dinero en efectivo”. Entre el 2014 y el 2015, afirmó que con ese procedimiento se movieron “50 millones de pesos por semana”. Precisó que una de esas operaciones se hizo a través de la “empresa Monky”. El juez Meirovich investiga a 56 empresas truchas usadas para fugar los dólares a a través de las DJAI.

Antes las dudas, precisó que parte de esas supuestas operaciones “eran líneas que bajaba el empresario Roberto Erusalimsky quien llegó a mi conocimiento a través de mi ex amigo y vendedor de autos de alta gama Malek Fara”. Erusalmsky es el mismo empresario que le compró un campo en Mendoza a Fariña quien lo había adquirido en comisión por 5 millones de dólares para, según dijo, el empresario K Lázaro Báez. Fara le vendió autos de alta gama a Fariña y al ex director de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Propuso que la Justicia pida las grabaciones de las cámaras de seguridad del garage del ex museo Renault donde tenía una “cueva” financiera y afirmó que “verán entrar muchas camionetas y a Fariña”.

En su descripción, de la supuesta operatoria de lavado aseguró que “también cambiaba cheques de la Lotería de Buenos Aires cuando estaba en manos del sciolista Luis Peluso o de la lotería del Chaco”.

Enojado con la situación que está viviendo, señaló “no quiero ser el payado de la fiesta, mientras ex funcionarios de la Aduana como “Barros, un socio de Mr. Korea, lo vieron tomando sol en el hotel Ritz de Miami como si nada”.

Denunció que se fue del país en noviembre del año pasado “porque me amenazaron de muerte, balearon mi camioneta y efectivos de la policía bonaerense trataron de secuestran a mi mujer”.

“Si yo hablo, saltan negocios de ex funcionarios K”, les dijo cuando le pidieron que documentara lo que denunciaba a fin de no quedar solo como un “mensaje” para terceros, en vez de terminar con una verdadera colaboración eficaz con la Justicia como hizo Fariña. En todo momento, Martínez Rojas buscó de aclarar que “no estoy fugado, ni escapado, solo quiero que me den las garantías de seguridad necesarias para declarar”. En caso de no conseguirlas, dice que está dispuesto a pedir asilo político en Estados Unidos a cambio de la información que tiene que dice involucra a ex funcionarios, empresas y bancos.

Un operativo conjunto de Aduana y Prefectura Naval desbarató contrabando en buques del puerto de Zárate

Por Fernando Morales - Infobae.com

La maniobra consistió en importar irregularmente repuestos marinos

"Vibrador y Forjador" son dos de los barcos remolcadores que pertenecen a la empresa naviera nacional "Maruba" y prestan el servicio de asistencia en la entrada y salida de los grandes buques que operan en el complejo portuario de Zárate.

En horas de la tarde de este viernes , en circunstancias en que el buque remolcador "Vibrador" procedente del puerto uruguayo de Nueva Palmira ingresó al complejo portuario de Zárate, la Prefectura Naval en su carácter de policía auxiliar aduanera, junto a una gran cantidad de agentes de Aduana y perros antinarcóticos, abordaron esta nave y el remolcador "Forjador", amarrado también en el mismo puerto, respondiendo a una denuncia que indicaba que en ambas naves habría material de contrabando.

Como resultado de la inspección realizada, se constató que a bordo del "Vibrador" se transportaba una considerable cantidad de material naval que presuntamente sería utilizado para la reparación de otras naves de la empresa.

El Forjador, otro buque implicado

Los primeros testimonios del Capitán -que quedó detenido junto al agente marítimo y a otros dependientes de Maruba- indican que recibió la orden de sus superiores de dirigirse al puerto uruguayo y cargar material para la empresa en forma directa.

Siempre según los dichos del marino, "desde la jefatura de personal le indicaron que procediera a cargar una cajas que eran para la empresa". No obstante, la normativa en vigencia es de por sí explícita sobre los procedimientos que el capitán de un buque debe exigir antes que un bulto sea embarcado en su nave. Por lo que desde la Prefectura Naval se juzga la situación procesal del Capitán como "delicada".

Allegados a Maruba consultados por Infobae, indicaron "que se pensaba dar parte a las autoridades de la llegada del material, pero que solo se quiso ganar tiempo para no demorar la zarpada de otras naves".

En cuanto a la mercadería ilegal, la misma ha sido remitida por las autoridades aduaneras a un depósito fiscal, y se trabaja por estas horas en la valorización de las mismas.