Suiza y Panamá ratificaron que Báez canalizó millones de dólares en las offshore

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Remitieron 1000 hojas de documentación detallada sobre las operatorias; también involucran a su hijo Martín, a Fariña y a Elaskar

Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Suiza y Panamá enviaron a la justicia argentina más de 1000 hojas con documentación bancaria que prueba que Lázaro Báez, su hijo Martín y su entorno, incluido Fabián Rossi -el ex novio de Eliana Calabró-, manejaron empresas offshore constituidas en esos países, por donde circularon millones de dólares que terminaron en cuentas de bancos helvéticos. Se trata de dinero de la corrupción que intentaron blanquear con estas transferencias.

Estos datos fueron enviados al juez Sebastián Casanello y confirman los informes de inteligencia financiera que determinaron que Báez y sus hijos Martín, Luciana, Leandro y Melina quedaran procesados por lavado de dinero. Los nuevos documentos que llegaron de Suiza y Panamá están listos para ser usados como prueba de cargo en un futuro juicio oral y público.

En el caso de Panamá se trataba de información relacionada con 23 sociedades. Entre los datos que fueron enviados a la Argentina figura información de cuentas bancarias gestionadas por el entorno de Báez en los bancos Balboa Bank & Trust y Transatlántico de Panamá, donde se gestionaron activos que terminaron depositados en cuentas suizas.

También Panamá envió información que corrobora que el dueño de la firma Teegan Inc, de Panamá, desde donde se mandó dinero a Suiza, es Martín Báez, como se mencionó en la primera emisión del programa PPT donde se reveló la ruta del dinero K. La fiscalía especializada en delincuencia organizada de Panamá recibió el pedido de colaboración que les envió Casanello en 2013 y les preguntó a los bancos panameños sobre cuentas y productos bancarios de las 23 sociedades y de los familiares de Báez.

Así, el Balboa Bank & Trust informó que tenía dos cuentas registradas, una de la empresa Marketing & Logistics Management SA y otra a nombre de Cono Sur Properties and Real State Corp. Los panameños enviaron los legajos bancarios y los movimientos de esas cuentas.

Además Unibank de Panamá informó que Fabián Rossi está relacionado con las cuentas a nombre de All Fashion Jewellery & Accesories, Import and Export Corp y de Cono Sur Properties and Real Estate Corp. El Banco Transatlántico remitió los documentos de la cuenta que tenía registrada la empresa Marketing and Logistic Management SA. Todas esas empresas están vinculadas con los acusados Fabián Rossi, Guillermo Castro y César Fernández, todos involucrados en las maniobras de lavado.

También la Justicia recibió los registros de constitución de Teegan Inc, Weathon corporación y SGI, constituidas en Panamá y las constancias de Migraciones que prueban los viajes a Panamá de Fariña, Elaskar, Martín Báez, Pérez Gadín y Rossi.

Los panameños enviaron 754 páginas de documentación que corroboran el entramado de sociedades por los que el juez procesó a los acusados. Suiza respondió también con generosidad: envió datos de cuentas bancarias de dos sociedades. Una es de Teegan Inc, radicada en Belice con cuenta en el banco Lombard Odier. Esta información corrobora que Martín Báez controlaba la cuenta, era el firmante autorizado en 2011 y por allí pasaron las transferencias que son parte de la maniobra de lavado. A fin de marzo de 2011, el saldo de la cuenta era de 854 dólares.

Por su parte, también se recibió documentación del Banco PKB, con respecto a la sociedad Solvex SA, que tenía una cuenta en ese banco.

Sólo la información de esa cuenta está contenida en 248 carillas, de donde surgen movimientos efectuados entre 2010 y el 28 de diciembre de 2015. Se destaca allí una transferencia recibida por 520.000 dólares desde la cuenta registrada en el mismo banco por una de las empresas atribuidas a Lázaro Báez. Los argentinos Numo Iván Werthein, Fernando Javier Tello y Pablo Pagani figuran como firmantes autorizados, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En agosto de este año, Casanello procesó en una megarresolución de 750 páginas a 23 acusados, entre ellos los hijos de Báez. Embargó a Báez hasta cubrir el monto de $ 10.500 millones. Casanello investiga más de una veintena de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore con cuentas bancarias en Suiza de la que ahora llegó información documental oficial.

Una discusión entre dos automovilistas permitió atrapar a contrabandistas

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Dictaron la prisión preventiva a 14 sospechosos de comercializar vehículos de lujo con documentación adulterada

Los investigadores incautaron motos y autos de alta gama. Foto: Archivo / Silvana Colombo.

Los dos jóvenes estaban al volante de automóviles Volkswagen (VW) Bora, ambos estacionados en la avenida Juan B. Justo y Lope de Vega, en Villa Luro, y discutían acaloradamente. La pelea llamó la atención de detectives de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina (PFA). No se trataba de un altercado de tránsito.

El problema había comenzado porque uno de los conductores le había vendido el auto al otro, pero no quería ir a la planta verificadora para hacer los trámites correspondientes. Los protagonistas de la discusión terminaron en una dependencia policial, donde se comprobó que el comprador había sido engañado: la patente y la numeración del vehículo estaban adulteradas y la documentación entregada era apócrifa. El número de chasis correspondía a un automóvil con pedido de secuestro.

Ese episodio ocurrió el 22 de septiembre del año pasado y la diligencia policial que había comenzado por una pelea entre dos automovilistas dio origen a una investigación judicial que puso al descubierto una organización criminal que comercializaba automóviles con documentación adulterada o impedimentos para circular.

Los delincuentes también ingresaban en la Argentina desde los Estados Unidos y España vehículos de lujo bajo un régimen fiscal y aduanero de importación (equipaje no acompañado) distinto del que correspondía, "maniobra mediante la cual se pretendió engañar el correcto control del servicio aduanero".

En las últimas horas, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó con prisión preventiva a 14 sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita.

"Los procesados, previa división de tareas, roles y jerarquías, en forma coordinada, sostenida en el tiempo y con ánimo de lucro, protagonizaron activamente la comisión sistemática de delitos indeterminados, principalmente dirigidos contra la propiedad, la administración y la fe pública, como también el lavado de activos de origen ilícito a través del ingreso al mercado de vehículos y/o motos, o por medio de maniobras de blanqueo de dinero", afirmó en su resolución el juez Martínez de Giorgi, a la que tuvo acceso LA NACION.

La banda no protagonizaba sólo delitos vinculados con el contrabando de vehículos y su posterior venta irregular. Además, a algunos integrantes de la organización el magistrado los acusó de haber protagonizado estafas en la modalidad conocida como secuestros virtuales.

Identificación de contactos

Como se consignó, la investigación, que fue delegada al fiscal federal Juan Pedro Zoni, comenzó el 22 de septiembre del año pasado, después de que se comprobó que un joven, identificado por fuentes judiciales como Ezequiel Ivanoff Ramacho, vendió un VW Bora con documentación apócrifa y la patente adulterada. El comprador había adquirido el vehículo de buena fe, sin conocer las irregularidades que existían, según se pudo determinar durante la pesquisa.

A partir del teléfono celular secuestrado a Ivanoff Ramacho, los peritos de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA obtuvieron información valiosa para la causa.

"El peritaje sobre el aparato telefónico logró reunir elementos de prueba que crearon la sospecha de que Ivanoff Ramacho era un engranaje que se ensamblaba en una organización delictiva destinada a la obtención de autos robados y con impedimentos legales, para luego enmascararlos como legítimos y así venderlos", afirmó Martínez de Giorgi en la resolución firmada en las últimas horas.

El fiscal Zoni pidió la intervención de varias líneas telefónicas para profundizar la investigación y el juez hizo lugar a la solicitud. De las escuchas telefónicas se pudo identificar a otros integrantes de la organización criminal.

Después de 11 meses de investigación, el 29 de agosto pasado el juez federal Martínez de Giorgi ordenó la detención de 14 sospechosos y una serie de allanamientos, entre ellos en el barrio privado San Isidro Labrador, en el complejo Villa Nueva, en Dique Luján, Tigre.

En el procedimiento, bautizado por la PFA "Operativo Daytona", se secuestraron 79 autos y motos de lujo, deportivos, sedán y autopartes.

También se encontró en los allanamientos documentación apócrifa que era utilizada para adulterar los papeles de los vehículos para facilitar su comercialización.

Entre los vehículos de lujo, la Policía Federal Argentina secuestró un Dodge Viper, un BMW M3, un Porsche 911 Carrera, una camioneta Hummer H3, un BMW 320, una camioneta Jeep Gran Cherokee, un Audi RS5, un Chrysler 300, un Mitsubishi Eclipse, un Audi Q7, un Porsche Boxster, un BMW X6 y una moto Harley Davidson, entre otros rodados.

Los automóviles de lujo eran ingresados en la Argentina después de un engaño aduanero: simulaban que sus titulares regresaban de los Estados Unidos o de España para radicarse en el país y de esta manera no pagaban los impuestos de importación.

Además, en la resolución de Martínez de Giorgi se explicó cómo uno de los integrantes de la asociación criminal, cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente "lavaba dinero". Según el expediente judicial, el sospechoso simulaba falsas apuestas en casinos para la obtención de certificados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Un policía comandaba una banda de entraderas

(La Nación) - Además del suboficial, fueron detenidos los cuatro cómplices, entre los que figuran una mujer y un enfermero.

SAN MARTÍN.- Un suboficial de la policía bonaerense fue detenido y acusado de comandar una banda que se dedicaba a cometer entraderas en San Martín y en el barrio de Villa Pueyrredón. El uniformado fue apresado luego de una persecución en la zona de la villa La Carcova cuando circulaba a bordo de una camioneta Renault Kangoo que había sido robada tras una entradera en Villa Pueyrredón. 

El policía fue apresado junto a otros cuatro cómplices cuando el vehículo robado fue observado por un operador del Centro de Monitoreo del Municipio de San Martín a través de una cámara de seguridad, instalada en la esquina Carcova y Yapeyú. La búsqueda del Renault Kangoo a través del Centro de Monitoreo Municipal comenzó a partir de un requerimiento de una comisaría porteña. Los policías encontraron la camioneta y dieron la voz de alto a los ocupantes, quienes intentaron escapar. 

En ese momento comenzó una persecución que terminó con la captura de los dos sospechosos. Al identificar a los dos acusados, los policías advirtieron que uno de ellos era un suboficial de la comisaría de Malvinas Argentinas. Además de la camioneta, los efectivos secuestraron varios elementos robados al propietario del vehículo cuando llegaba a su casa.

Desalojaron el restaurante del Cabildo: llevaba más de cuatro años sin pagar el canon

Por Víctor Pombinho Soares - LA NACION

Funcionaba desde 2002 con un permiso precario; ahora harán excavaciones para buscar elementos de la época colonial

Los restos de la cocina del restaurante. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El uso del espacio público para ganancias privadas tenía hasta hace muy poco un increíble ejemplo: en el Cabildo de Buenos Aires funcionó durante 15 años gracias a un permiso precario un restaurante que, desde enero de 2013, había dejado de pagar el canon para usar las instalaciones del histórico solar. Como la empresa que explotaba el lugar judicializó el tema, recién el bar recién pudo ser desalojado el martes 19 de septiembre.

Allí se servían, entre otros platos, el Bife Revolución (con panaché de verduras), la Tabla 25 de Mayo (con bondiola, salame, jamón cocido y quesos) y la Tabla Patricios (que incluía mortadela italiana y dips de caviar). Todo muy patriótico.

El menú patriótico quedó pegado en la pared. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

La historia comenzó en noviembre de 2002, cuando se le asignó el espacio por un convenio entre el Museo Nacional del Cabildo y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares a la fundación Fondo para el Patrimonio Argentino "para ser destinado a actividades inherentes al objeto de dicha institución".

La fundación le otorgó a la firma Food and Drinks S.A. la explotación del espacio a través de un emprendimiento gastronómico (Restó Bar Del Cabildo). Este plazo se fue extendiendo provisoriamente hasta enero de 2009. Sin embargo, la empresa Food and Drinks dejó de pagar el módico canon de 10 mil pesos por el espacio que ocupaba en forma ilegal en enero de 2013.

"Dejaron de pagar cualquier alquiler, era gratis, estaban colgado de la luz, era todo trucho. En cualquier momento supuestamente los podíamos desalojar, pero presentaron reclamos judiciales. Ahora se pudo retirar todo y estamos trabajando", aseguró el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, en diálogo con LA NACION.

El restaurante ocupaba mucho espacio. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

"Para nosotros fue un gran triunfo. Son cosas que parecen menores pero que no lo son. Son sectores que quieren tener un privilegio y se enquistan ahí. Tenían acceso por las dos calles, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Y el Cabildo no está para eso. Era un restaurante con mesas, con conexión de gas clandestina. Un ejemplo de lo que está mal en la Argentina. Nos costó dos años que la Justicia actuara", señala Avelluto.

Suciedad y patrimonio en riesgo

El restaurante, para el que se había construido una cocina y baños, provocaba una reducción importante del espacio descubierto y dificultaba la circulación del público por las mesas que estaban dispuestas en el patio, que se extendían mucho más allá de los 156 m² acordados.

Además, el mal manejo de desperdicios provocaba problemas de suciedad y plagas. Al encontrarse dentro del predio del edificio histórico, el bar representaba un riesgo tanto para el patrimonio arquitectónico como para sus bienes culturales.

La instalación eléctrica era muy precaria. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

Marcelo Panozzo, secretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación asegura que lo que se quiere es "facilitar la experiencia para el visitante, que no se choque con sillas". "La confitería se extendía por el patio. Hay que mejorar la circulación, recuperar la espacialidad. Hay un proyecto arqueológico que estaba demorado por esto. Queremos hacer una pequeña excavación. Vamos a instalar un ascensor de vidrio, porque hoy no hay acceso para discapacitados", señala Panozzo a LA NACION.

"En una excavación se encontraron restos de distintas épocas. Tenemos otros casos de museos donde hay concesiones a particulares. No estamos en contra de que haya bares, pero hay bares y bares. En un lugar como el Cabildo, que está rodeado de bares lindos, no era necesario", asegura Panozzo.

Una vista desde el primer piso. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El Cabildo tiene un problema de espacio: es pequeño para la cantidad de visitas que recibe. Los lugares de administración, guarda y conservación de su patrimonio se han reducido a la mínima expresión, a fin de facilitar la visita de los asistentes, que fueron cerca de 280,000 en 2016 pero que ya habían superado los 250,000 a fines de agosto. Se cree que el año cerrará con 300 mil visitantes. La mayoría son chicos de escuelas primarias, que recorren el histórico edificio y observan con asombro las pinturas y los uniformes que allí se exhiben.

Gabriel Di Meglio, historiador y director del museo del Cabildo se muestra conforme con el desalojo: "Es un museo que tiene muy poco espacio para el trabajo del personal. Necesitamos más espacio para restauración, depósitos, oficinas y para tareas educativas. Tener la cocina ahí al lado del museo no era lo mejor. Era algo perturbador".

Los restos del restaurante. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

Una excavación que promete

Federico Fischbarg, director nacional de Museos, explicó a LA NACION cuáles son los planes para el lugar que ocupaba el restaurante: "Vamos a recuperar todo el espacio que ocupaba la confitería y se van a hacer excavaciones. Vamos a monitorear si debajo existe una cisterna que se usó para tirar la basura cuando dejó de funcionar. Ahí se pueden encontrar utensilios de la vida cotidiana y desperdicios que sirven para estudiar la época. Sabemos que está, necesitamos ubicarla. También estamos viendo la posibilidad de que existan túneles de la época de la colonia que conecten con la iglesia de San Ignacio, en la Manzana de las Luces.

Una task force del Gobierno para hacer frente a la ilegalidad

(La Nación) - Inspeccionan "puntos calientes" mediante operativos conjuntos de varios organismos.

Constitución. Inspección del Ministerio de Seguridad en el Paseo de La Estación. Foto: Marcelo Gómez

¿Cómo se combaten las ferias ilegales, las "cuevas", la comercialización de cosas robadas, o truchas, o de contrabando? "Con una task force", piensan en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que lleva adelante grandes operativos en "puntos calientes" con inspectores de la AFIP, Aduana, Migraciones y Seguridad Social, en coordinación con la Ciudad y la provincia. Y el despliegue de una fuerza de seguridad.

La metodología empezó a ponerse en práctica durante la jefatura de Mauricio Macri en la Capital y después la llevaron al gobierno nacional. Al menos una vez por semana, la task force desembarca en locales o centros comerciales sobre los que hay sospechas de irregularidad. Los llaman "operativos de control preventivo integral" y pueden llegar a involucrar a decenas de personas.

"Llegamos y empezamos a pedir facturas, documentos, habilitaciones -explica Rodrigo Bonini, director nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad-. Cada organismo se ocupa de lo suyo. El resultado siempre es muy impresionante: descubrimos mercadería falsificada, empleados en negro, extranjeros sin documentos, locales que no tienen autorización, venta de celulares robados..."

Bonini dice que lo más innovador es que de esa forma el Estado se hace presente y toma la iniciativa. "No tenemos que esperar a que llegue una denuncia o la orden de un juez. Simplemente se trata de una inspección. Si encontramos algo que no está en regla, procedemos. Y si se está cometiendo un delito, damos parte a la Justicia."

LA NACION asistió días atrás a uno de esos procedimientos, en el Paseo La Estación, que se presenta en su fachada como "el shopping más grande de Constitución". Está a metros de la terminal de trenes. Decenas de tiendas chicas, además de restaurantes y bares, se distribuyen en dos enormes plantas, unidas por escaleras mecánicas. En unos pocos minutos, agentes de la Prefectura Naval ("Hicimos inteligencia previa", contó uno) e inspectores ya se habían desplegado por todo el predio.

El primer efecto de su llegada fue que en un abrir y cerrar de ojos varios locales bajaron la cortina. Se dieron situaciones insólitas, como un joven que estaba sentado detrás de un mostrador, en un puesto de ropa deportiva, y cuando personal de uno de los organismos le preguntó si era el encargado, contestó: "No, no... Pasaba por acá, no había nadie y me senté".

¿Saldo del operativo? Cierre de ocho locales por falta de habilitación y violaciones a las normas de seguridad e higiene, decomiso de mucha mercadería de contrabando (zapatillas, ropa, anteojos, relojes, perfumes), secuestro de más de 20 teléfonos celulares con denuncia de robo y detección de 10 empleados sin registrar y de 10 extranjeros (seis peruanos, tres dominicanos y un paraguayo) sin papeles, entre otras irregularidades.

Después de varias horas de inspección, las autoridades decidieron clausurar el centro comercial. Pero en la Argentina nada es sencillo. Al día siguiente ya estaba sin faja, abierto y lleno de gente.

Piden detener a Julio De Vido por la destrucción de pruebas en Río Turbio

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El titular de YCRT estima que faltan o se borraron unos 100 expedientes con pruebas de corrupción.

Cristina Kirchner cuando firmó el contrato para el inicio de la obra de Río Turbio. Foto: Télam.

La imagen se repitió un par de oportunidades. A la oficina principal de Omar Zeidán interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) la empresa minera que denunció a Julio De Vido por malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un perjuicio de 265 millones de pesos, ingresó un trabajador con un expediente en la mano, “me dieron la orden de destruirlo pero no lo hice”.

La orden provino de la anterior gestión. YCRT estima que se destruyeron alrededor de 100 expedientes para “borrar rastros de los hechos de corrupción”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

Julio De Vido durante la primera audiencia del juicio por la Tragedia de Once. Foto Pedro Lázaro Ferández.

“Julio De Vido tiene que estar preso porque el modus operandi de su gestión fueron los actos de corrupción y la destrucción de pruebas, y esto último aún puede continuar”, dijo Zeidán a este diario. YCRT ya realizó trece denuncias en los Tribunales de Comodoro Py contra el exministro de Planificación Federal.

La causa más importante es la que expone irregularidades en el manejo de los fondos que debían destinarse a la mina de Río Turbio entre 2005 y 2015. La acusación es por malversar fondos por 26.000 millones de pesos. Esto incluyó la construcción de la Usina de Río Turbio, que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo un sobrecosto del 90,28%.

También contempla la puesta en valor del Tren Turístico, por el que se firmaron 453 convenios y 90 adendas por 443 millones de pesos. La obra se pagó parcialmente, y no se concluyó.

La Mina de Río Turbio YCRT con peligros de derrumbe cuando la recibió la actual gestión. Foto Maxi Failla.

Reconstruir los circuitos administrativos de estas obras llevó meses. En el transcurso del trabajo, las autoridades de YCRT detectaron que muchos expedientes estaban incompletos. “Faltaban órdenes de compra, fojas en los cuerpos, incluso en muchos faltaban cuerpos enteros”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.

La primera sospecha en medio de las denuncias impulsadas contra el extinto ministerio de Planificación, encabezado por De Vido, fue “la destrucción de pruebas claves para las causas de corrupción”. Este argumento fue utilizado por el fiscal Carlos Stornelli para reiterar su pedido de detención del exministro denunciado por el desvío de fondos.

El planteo no quedó sólo en una sospecha. Hace dos semanas, en la oficina se Zeidán se presentó un trabajador de YCRT de apellido Rodríguez. En sus manos tenía un expediente cuyo contenido tramitaba una indemnización para ampliar el objeto de adjudicación de obra a favor de Isolux Corsán, la firma española que tiene a su cargo la construcción de la Central Térmica. 

El monto era por mil millones de pesos. “El dinero nunca se pagó y nunca hubo justificación para que se pagara”, explicaron a Clarín.

La Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

Ese expediente no estaba en YCRT, por lo que no puedo ser objeto de la auditoría que realizó la SIGEN. ¿La explicación? “Hubo una orden de destruirlo”, remarcaron desde la empresa minera.

Rodríguez relató que desde la gestión anterior “me dijeron ´llevátelo, destruilo, me dijeron que lo queme´”. Su relato ya está en la justicia, después de que el interventor de YCRT declaró ante el fiscal Carlos Stornelli, quien decidió enviar a sorteo dicho testimonio para que se investige el posible delito de “destrucción de pruebas”. La administración actual ya está analizando el expediente.

Pero no es el único caso. De otro expediente de 37 cuerpos, aún falta el cuerpo 33, “que puede tener información importante para las causas que denunciamos”.

En otra causa hubo una sustitución de facturaciones. Se adjudicó a la firma Chilicote SA la importación de bandas transportadoras por 1.180.000 dólares. Al analizar el expediente, se detectó un adelanto de 585.00 dólares y la firma pidió que YCRT (bajo la anterior gestión) realice los pagos a una Offshore Jerald Machineri. La empresa solicitó que la transferencia se haga en dólares o libras esterlinas en pleno cepo cambiario. “Todo se hizo sin ninguna contraprestación”, indicaron fuentes oficiales.

Se descubrieron además, cinco órdenes de compra por 65.000 libras esterlinas, “que no cuenta con antecedentes documentales”. En esta caso, el expediente “está incompleto y con sustitución de facturas”, aclararon.

Mafia de los contenedores: detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Está sospechada de haber ordenado sacar un contenedor con contrabando y de participar de maniobras con declaraciones juradas de importación falsas.

Patricia Fernández con una Hummer roja

En un operativo relámpago, la Justicia detuvo ayer a una puntera K, que exhibe fotos con Néstor y Cristina Kirchner en su página de Facebook e intentó sacar uno de los 900 contenedores con contrabando retenidos en la Aduana de Buenos Aires. Se trata de Gladys Fabiana Fernández alias "Patricia", quien anoche fue apresada por la Policía Federal en su mansión estilo Hollywood en el country Saint Thomas de la localidad bonaerense de Hurlingham junto a autos importados de alta gama y una camioneta Hummer, entre otras excentricidades, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En el allanamiento de esa mansión y otras viviendas, unos 30 efectivos a cargo del jefe de la División Delitos Federales de la Policía Federal, comisario Alejandro Ñamandú, secuestraron documentos y computadoras que demostrarían la vinculación de la puntera K, que se presenta como empleada de la Presidencia de la Nación, con esa mafia y con maniobras con declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). En principio, en fuentes judiciales se considera a Fernández como una de las ramas de la banda que encabezaban Oldemar "Cuky" Barreiro Laborda y Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Fernández fue detenida por orden del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a partir del arresto, el viernes, de dos hombres que intentaron sustraer uno de los 900 contenedores que tiene embargados desde el año pasado por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Fernández tendría, además, vinculaciones, con un actual empleado de la AFI cuyo nombre se desconoce pero estaría a punto de caer detenido. Clarín llamó ayer a voceros de la AFI pero no obtuvo respuesta.

El operativo comenzó el jueves pasado, cuando la prefectura detuvo al ex funcionario de la Oncca (la oficina de subsidios agrícolas K) llamado Víctor Palomino y su compañero Rodolfo Costas mientras pagaban 30 mil dólares en efectivo en el depósito fiscal Exolgan para intentar sacar un contenedor con productos de electrónica con un documento de embarque (Bill of Landing, en inglés) falso. El documento estaba a nombre de la empresa AMBIKA, investigada en la causa de la mafia de los contenedores. Por este motivo, el juez dio inmediatamente la orden de detener inmediatamente a los poseedores de ese documento trucho que habían llevado en un Fiat 500 Abarth. En un Mercedes Benz estacionado en el depósito ubicado en el Dock Sud dejaron los 30 mil dólares dentro de una campera para un funcionario aduanero que se estaba buscando al cierre de esta edición al igual que el supuesto empleado de la AFI.

Los abogados de los detenidos negociaron con la fiscal Gabriela Ruiz Morales acogerse al régimen del arrepentido y dieron información a cambio de una reducción de penas. Fuentes judiciales afirmaron que Palomino y Costas habrían sido contratos por otros dos hombres, uno que se presentó como empleado de la AFI e hijo de un juez. que responden a la puntera política K Fabiana Gladys Fernández. Las fuentes dicen que Fernández es investigada por supuestamente haber participado de la mafia de los contenedores y de las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) creadas en la época del cepo cambiario del ex secretario K de Comercio Guillermo Moreno. Esta segunda causa la tiene el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.

Patricia Fernández con su hijo, en un viaje a Roma.

En su cuenta en Facebook, Fernández también se muestra en aquella mansión con camionetas Hummer y autos importados de alta gama, mientras su hijo viaja por el mundo, juega en casinos y se saca fotos con fajos con un millón de dólares. Sin embargo, no figura en ninguna empresa ni tiene antecedentes laborales bajo relación de dependencia ante la AFIP. Exhibe fotos con Néstor y Cristina durante la primera presidencia del ex primer mandatario bajo consignas como "exitosamente exitosa". Y escribió un libro titulado "El Génesis Néstor Kirchner" que lo ofrece en Mercado Libre. En otra parte de su Facebook, escribió "comenzando arduamente el año electivo... todos a la cancha... yo amo el proyecto nacional y popular... solo quien lo respete ahí estaremos con fuerza apoyando la decisión de la jefa", en alusión a la candidata a senadora de Unidad Ciudadana. Pese a que en la AFIP no aparece como parte de ninguna empresa, dice ser parte de un supuesto grupo empresario MDVITA. La novia de su hijo posteó una foto en una cama con un millón de dólares en efectivo.

Según las fuentes, Fernández habría intentado sacar el contenedor para un empresario llamado Gabriel Garcés que es socio de Gabriel Traficante -nombrado por arrepentidos en la causa de la mafia de los contenedores. Gabriel Garcés y Traficante son socios en una empresa llamada Mapeis Export inc, registrada en Miami y con sede en un paraíso fiscal. Traficante ya había sido nombrado como participando, supuestamente, de la mafia de los contenedores por varios de los imputados, entre ellos el hermano del ex juez Guillermo Tiscornia. El juez Aguinsky indagará mañana a Fernández pero antes seguramente la preguntará también se quieren acoger al régimen del arrepentido para señalar quienes eran sus jefes en esta maniobra que fue detenida a tiempo y muestra la presión de los contrabandistas sobre los 900 contenedores retenidos en el puerto de Buenos Aires

Ordenan al ex titular de Astilleros Rio Santiago devolver al Estado $90 millones

(La Brujula.com) - Según el diario EL DIA, el ex presidente de Astilleros Río Santiago (ARS) durante el gobierno de Daniel Scioli, Héctor Scavuzzo, deberá devolver a las arcas del Estado provincial más de 90 millones de pesos por las irregularidades que fueron detectadas en los gastos de esa empresa en su gestión.

Así surge del fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, al que tuvo acceso EL DIA, sobre los movimientos presupuestarios de Astilleros durante 2015, último año de la administración Scioli.

Scavuzzo fue detenido en marzo del año pasado junto a cinco funcionarios que formaban parte de su gestión en la planta naviera, acusados de promover entre 2012 y 2014 una maniobra con contratos truchos para hacerse de significativas sumas de dinero.

Pero las irregularidades administrativas y contables se extienden más allá, hacia el ejercicio del año 2015, que fue analizado por el Tribunal de Cuentas, que emitió el fallo en los últimos días. Allí, el organismo de control encontró una larga serie de irregularidades, que van desde gastos sin amparo legal (como pagos a la filial Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado) hasta la liquidación de sueldos a empleados “ñoquis” que, en algunos casos, se llevaban más de $400 mil al año. Por eso, el Tribunal formuló cargos contra Scavuzzo por 90.779.046 pesos, que el ex titular de la firma deberá restituir “para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal”.

Héctor Scavuzzo

La medida también alcanza al ex coordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros Rodolfo Elisetch, quien también fue detenido el año pasado junto a Scavuzzo y otros funcionarios en el marco de la causa que investiga la UFI 15 del fiscal Jorge Paolini.

En el fallo de más de 100 fojas, el Tribunal de Cuentas puso la lupa en varios movimientos, entre los que destacó el acta acuerdo firmada entre la presidencia de ARS y ATE Ensenada de la que surgieron una serie de pagos desde la empresa al gremio “en exceso de los aportes retenidos mensualmente a los empleados” y con faltante de documentación de respaldo.

En una declaración ante el organismo de control, Elisetch afirmó que los gastos objetados “se generaron por decisión del presidente del Ente, quien firmó un convenio con el sindicato ATE Ensenada, convenio del cual he sido completamente ajeno en todo sentido”. En ese marco, el organismo de control formuló cargos por 22.027.543 pesos contra Scavuzzi y Elisetch.

Otro de los ejes del fallo es las irregularidades detectadas en el pago de sueldos, donde se encontró una planilla con 34 empleados “ñoquis” que no concurrían a trabajar y cobraban sueldos que, en algunos casos, superaban los 400 mil pesos anuales.

En este caso, la formulación de cargos fue por 14.916.000 pesos, según lo dispuesto por el Tribunal.

Investigación en la Justicia

Scavuzzo, Elisetch y otros ex funcionarios de su gestión al frente de Astilleros son hoy investigados por el fiscal Jorge Paolini por el pago de altos sueldos a empleados ficticios, en una maniobra por más de 16 millones de pesos.

La causa se inició cuando una vecina de Pringles, de donde Scavuzzo fue intendente, denunció que le había sido dada de baja la Asignación Universal por Hijo ya que su esposo -un trabajador rural- aparecía en la nómina de Astilleros cobrando un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

En su declaración ante el fiscal Paolini, Scavuzzo (hoy excarcelado bajo fianza) apuntó contra el ex ministro de la Producción de la gestión de Scioli Cristian Breitenstein. Según trascendió, dijo que el ex funcionario se presentaba “en persona” en la dirección de pagos de sueldos y jornales de Astillero para llevarse los haberes de los “ñoquis”.

Detienen a una pareja por la bomba en la sede de la empresa Indra (II)

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Se rastreó la ruta del explosivo para llegar a los sospechosos; tenían mensajes contra Macri

Mariano Fresco es simpatizante kirchnerista. Foto: Facebook

Un simpatizante kirchnerista y su mujer fueron detenidos acusados de enviar el paquete bomba que explotó tres días antes de las elecciones en las oficinas de la empresa Indra, encargada de realizar el escrutinio, y la Justicia busca a un tercer sospechoso que se cree que encargó a la pareja el armado del explosivo, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

El arresto fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas y se produjo ayer a la madrugada en la casa del matrimonio en Claypole, una vivienda humilde de ladrillos sin revocar, piso de tierra, sobre un calle sin asfaltar.

Los detenidos por la Policía Federal fueron identificados por el juzgado como Mariano Fresco y su pareja, Analía Altamirano, ambos de 30 años, y los investigadores no encontraron en la casa ninguna referencia a que tuvieran una afiliación con grupos violentos. Fresco en sus redes sociales difundió mensajes en favor de Cristina y Néstor Kirchner, criticando al gobierno de Mauricio Macri.

Los investigadores creen que Fresco fue contratado por una tercera persona que le encargó armar el artefacto explosivo y enviarlo por correo privado a la sede de Indra. Allí, el paquete explotó y provocó heridas de consideración a dos personas.

Antes de su detención, Fresco tenía el teléfono intervenido y una de las comunicaciones interceptadas podría referirse al atentado.

Las filmaciones del lugar donde se entregó la bomba, en Paraná y Santa Fe, registraron a un hombre a bordo de una moto que entregó el paquete. Desde esa dirección luego fue mandado por correo interno a las oficinas de Puerto Madero. Los investigadores dieron con la empresa de mensajería El Líder, desde donde había partido el envío. Tras determinar que no estaban vinculados con el ataque, se descubrió que el motoquero Teófilo Soto Guerra, peruano, había sido quien llevó la caja, sin saber que su contenido era letal.

La empresa recibió por WhatsApp un pedido para llevar el paquete que provenía de un teléfono celular desconocido, donde un tal Gustavo -que dijo ser sordomudo- manifestó que quería hacer un envío, y que se lo iba a dejar a un colaborador suyo de nombre Mariano, que era quien iba a entregar el paquete. Soto Guerra fue en moto al hotel Garay, en Constitución. En la puerta lo esperaba Mariano, que le entregó el paquete y le pagó el servicio. Quien envió el mensaje de WhatsApp a la mensajería tenía llamadas previas de personas no ligadas entre sí, pero todas tenían en común a Mariano Fresco, según sus relaciones de Facebook. La misma tarjeta SIM había sido usada en otro aparato por su pareja, Analía Altamirano. La línea telefónica de Altamirano y la usada para encargar el envío del explosivo tenían al menos cinco llamadas con abonados en común.

Desde el Gobierno aseguraron que Altamirano y su mujer trabajaban con el referente de La Cámpora del barrio Don Orione.

Un caso de terrorismo K, al cual se le debe aplicarse todo el peso de la ley. Lo más importante es investigar quien le ordenó hacer el atentado...

Robaron celulares por $ 50.000.000 mediante una estafa cibernética

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

La banda operaba en el Norte y simulaba dar oportunidades laborales en una compañía de telefonía móvil para quedarse con costosos equipos de comunicaciones

Encontraron evidencias de la estafa en Tucumán. Foto: Policía Federal

El plan criminal funcionó sin mayores problemas durante siete años. Los delincuentes, después de engañar a personas que buscaban trabajo y de ingresar en forma ilegítima a la base de datos de la empresa Movistar, lograron apoderarse de teléfonos celulares de última tecnología por una cifra cercana a los 50.000.000 de pesos.

Pero en las últimas horas, después de cinco allanamientos en Tucumán, Salta y Jujuy, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a los dos principales organizadores de la red criminal.

Los operativos fueron ordenados por el juez criminal y correccional porteño Manuel de Campos, a cargo de la causa. En los procedimientos, los detectives de la PFA recuperaron teléfonos celulares robados a Movistar, computadoras, pendrives y varias cajas de aparatos celulares que, se presume, fueron enviados a Bolivia. "Se sospecha que esta organización criminal logró apoderarse de, en promedio, 20 teléfonos celulares de última generación por semana", sostuvo un jefe policial.

Desde Movistar resaltaron que la investigación comenzó por una denuncia hecha por la empresa. "La estafa no se originó por una falla de nuestros sistemas informáticos. Los delincuentes obtenían datos genuinos de la compañía, situación que les permitió concretar su plan criminal", explicaron fuentes de la empresa.

La causa comenzó cuando la empresa advirtió un faltante de equipos de telefonía celular. En la División Delitos Tecnológicos de la PFA resaltaron la colaboración de la compañía, que permitió agilizar la información.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la PFA, el plan criminal consistía en captar a personas que buscaban empleo para ofrecer trabajo como vendedores de teléfonos celulares para Movistar. La búsqueda se hacía por medio de páginas de Internet. 

"Nunca hubo entrevistas personales. Todas las comunicaciones se hacían por medio de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Los supuestos empleadores hasta daban por Internet un curso de capacitación de 15 días que los interesados debían abonar con tarjeta de crédito", explicó una fuente de la investigación. Una vez que los interesados "aprobaban" el curso de capacitación se pasaba al segundo paso: la prueba en una operación venta.

"De alguna manera que todavía está en plena investigación, los delincuentes ingresaban a la base de datos de Movistar y registraban a los supuestos nuevos empleados y obtenían un usuario y una clave", afirmó un detective de la PFA.

La gente, agregaron los informantes, estaba convencida de que había sido contratada por Movistar. "Los delincuentes enviaban una autorización para que se retirase de oficinas de la empresa los teléfonos que, supuestamente, debían ser vendidos", sostuvieron las fuentes policiales consultadas.

Cuando ya tenían en su poder los teléfonos celulares de última tecnología, los supuestos empleados recibían una nueva indicación: enviar los equipos por encomienda a la ciudad de Concepción, en Tucumán.

"Después del envío de los celulares, los delincuentes desaparecían. Ya no contestaban los correos electrónicos y tampoco respondían los mensajes de WhatsApp. En algún caso, para que la estafa no fuera descubierta llegaron a pagarle comisión a las personas que creyeron que habían sido contratados por Movistar", sostuvo un jefe policial. Los teléfonos celulares que desaparecían del stock de Movistar quedaban registrados a nombre de los supuestos nuevos empleados.

Venta online

"Los equipos de telefonía celular de última tecnología se vendían a nivel nacional por tiendas virtuales. Pero también hubo casos de aparatos que terminaron comercializados en Bolivia. Cuando hicimos los allanamientos, encontramos cajas originales vacías, pero con el número de IMEI del equipo y otros códigos de identificación que permitieron establecer que se trata de los aparatos robados de las dependencias de Movistar", afirmó el detective consultado.

Después de la denuncia de la empresa de telecomunicaciones, los especialistas de la PFA comenzaron con el rastreo de las llamadas. Las antenas de telefonía celular se activaron en distintos puntos de Tucumán, Salta y Jujuy. "En los operativos hechos en las últimas horas en el norte del país se logró detener a dos sospechosos, que serían los principales organizadores de las estafas", explicaron las fuentes consultadas.

Más de tres millones de teléfonos funcionan en forma irregular

La comercialización de celulares robados es uno de los mayores problemas para la seguridad pública. Incluso el hurto o arrebato de un equipo de telefonía móvil puede parecer un delito menor en comparación con otros crímenes más violentos, pero su repetición transforma ese robo mínimo en una complicación importante a la que pone atención el Gobierno.

Es que las autoridades determinaron que actualmente hay más de tres millones de líneas móviles utilizadas en forma irregular con aparatos que fueron adquiridos en el mercado negro. Un promedio de cinco mil celulares son robados cada día en las calles argentinas. Los funcionarios pretenden bloquear esos aparatos al sólo habilitarse su uso con un único chip identificado. Quienes están al tanto de ese proyecto afirman que es fuerte el debate con las prestatarias del servicio y los fabricantes de celulares. Mientras tanto, crece el comercio ilegal.

Un ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero K

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

¿Documentos? En esta valija que Martínez Rojas dice se llevó al exterior habría informes de operaciones de lavado.

“Si la Justicia me da las garantías de seguridad suficientes, voy a revelar los nombres de ex funcionarios K de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco, de la Aduana y del Banco Central que lavaban dinero de la obra pública”, dijo ayer Mariano Martínez Rojas a su entorno en EE.UU. donde se encuentra, según revelaron fuentes empresarias a Clarín. Martínez Rojas fue el comprador de los medios K Tiempo Argentino y Radio América en una sospechosa negociación con Sergio Szpolski.

Martínez Rojas, quien desde hace un año se fue del país por "amenazas e intento de secuestro de su mujer", está dispuesto a declarar como arrepentido, con un régimen parecido al que usó el ex valijero Leonardo Fariña, contó, por otra parte, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a este diario. Como primera medida, el letrado solicitará hoy la eximición de prisión del empresario y medidas de seguridad para su cliente si llegara a volver al país. “Vivo con custodia permanente porque soy una boleta que camina”, relató el empresario a sus allegados.

Martínez Rojas mostró su disposición a colaborar con la justicia luego de que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó ayer su captura nacional e internacional en la causa por lavado de dinero en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) por 300 millones de dólares durante el gobierno K.

En esta causa está imputado el ciudadano coreano conocido como “Mister Korea”, entre otros. Meirovich también detuvo a una mujer y ordenó la indagatoria de un ex gerente del banco Patagonia. Las DJAI fueron implementadas por el ex secretario de Comercio K Guillermo Moreno durante el cepo cambiario para permitir el pago en dólares de importaciones. Pero varias bandas simulaban importaciones para sacar dólares a 8 pesos cuando ya valían más de 12 en el exterior. La causa se abrió por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Según las fuentes, el empresario correntido contó a su entorno que tiene “una valija con 70 kilos de documentación” para respaldar su eventual confesión y que “yo era solo un empleado que recibía órdenes y ejecutaba”. “Esa valija es mi seguro de vida”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo era la operación, contó que “yo recibía, por ejemplo, cheques de refacturaciones de obras públicas de Formosa que se depositaban en cuentas de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y luego se sacaba en los bancos el dinero en efectivo”. Entre el 2014 y el 2015, afirmó que con ese procedimiento se movieron “50 millones de pesos por semana”. Precisó que una de esas operaciones se hizo a través de la “empresa Monky”. El juez Meirovich investiga a 56 empresas truchas usadas para fugar los dólares a a través de las DJAI.

Antes las dudas, precisó que parte de esas supuestas operaciones “eran líneas que bajaba el empresario Roberto Erusalimsky quien llegó a mi conocimiento a través de mi ex amigo y vendedor de autos de alta gama Malek Fara”. Erusalmsky es el mismo empresario que le compró un campo en Mendoza a Fariña quien lo había adquirido en comisión por 5 millones de dólares para, según dijo, el empresario K Lázaro Báez. Fara le vendió autos de alta gama a Fariña y al ex director de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Propuso que la Justicia pida las grabaciones de las cámaras de seguridad del garage del ex museo Renault donde tenía una “cueva” financiera y afirmó que “verán entrar muchas camionetas y a Fariña”.

En su descripción, de la supuesta operatoria de lavado aseguró que “también cambiaba cheques de la Lotería de Buenos Aires cuando estaba en manos del sciolista Luis Peluso o de la lotería del Chaco”.

Enojado con la situación que está viviendo, señaló “no quiero ser el payado de la fiesta, mientras ex funcionarios de la Aduana como “Barros, un socio de Mr. Korea, lo vieron tomando sol en el hotel Ritz de Miami como si nada”.

Denunció que se fue del país en noviembre del año pasado “porque me amenazaron de muerte, balearon mi camioneta y efectivos de la policía bonaerense trataron de secuestran a mi mujer”.

“Si yo hablo, saltan negocios de ex funcionarios K”, les dijo cuando le pidieron que documentara lo que denunciaba a fin de no quedar solo como un “mensaje” para terceros, en vez de terminar con una verdadera colaboración eficaz con la Justicia como hizo Fariña. En todo momento, Martínez Rojas buscó de aclarar que “no estoy fugado, ni escapado, solo quiero que me den las garantías de seguridad necesarias para declarar”. En caso de no conseguirlas, dice que está dispuesto a pedir asilo político en Estados Unidos a cambio de la información que tiene que dice involucra a ex funcionarios, empresas y bancos.

Un operativo conjunto de Aduana y Prefectura Naval desbarató contrabando en buques del puerto de Zárate

Por Fernando Morales - Infobae.com

La maniobra consistió en importar irregularmente repuestos marinos

"Vibrador y Forjador" son dos de los barcos remolcadores que pertenecen a la empresa naviera nacional "Maruba" y prestan el servicio de asistencia en la entrada y salida de los grandes buques que operan en el complejo portuario de Zárate.

En horas de la tarde de este viernes , en circunstancias en que el buque remolcador "Vibrador" procedente del puerto uruguayo de Nueva Palmira ingresó al complejo portuario de Zárate, la Prefectura Naval en su carácter de policía auxiliar aduanera, junto a una gran cantidad de agentes de Aduana y perros antinarcóticos, abordaron esta nave y el remolcador "Forjador", amarrado también en el mismo puerto, respondiendo a una denuncia que indicaba que en ambas naves habría material de contrabando.

Como resultado de la inspección realizada, se constató que a bordo del "Vibrador" se transportaba una considerable cantidad de material naval que presuntamente sería utilizado para la reparación de otras naves de la empresa.

El Forjador, otro buque implicado

Los primeros testimonios del Capitán -que quedó detenido junto al agente marítimo y a otros dependientes de Maruba- indican que recibió la orden de sus superiores de dirigirse al puerto uruguayo y cargar material para la empresa en forma directa.

Siempre según los dichos del marino, "desde la jefatura de personal le indicaron que procediera a cargar una cajas que eran para la empresa". No obstante, la normativa en vigencia es de por sí explícita sobre los procedimientos que el capitán de un buque debe exigir antes que un bulto sea embarcado en su nave. Por lo que desde la Prefectura Naval se juzga la situación procesal del Capitán como "delicada".

Allegados a Maruba consultados por Infobae, indicaron "que se pensaba dar parte a las autoridades de la llegada del material, pero que solo se quiso ganar tiempo para no demorar la zarpada de otras naves".

En cuanto a la mercadería ilegal, la misma ha sido remitida por las autoridades aduaneras a un depósito fiscal, y se trabaja por estas horas en la valorización de las mismas.

La maquinaria nuclear de Corea del Norte, financiada por una batería de delitos

Por Luisa Corradini - LA NACION

El régimen de Pyongyang se dedica a falsificar dólares y yuanes, a ciberatracos y a exportaciones ilegales, alejadas del radar internacional. 

PARÍS.- Para financiar el programa nuclear que podría llevar al mundo al borde de un cataclismo, Corea del Norte recurre a múltiples formas de delito: imprime dólares y yuanes, comete "asaltos bancarios cibernéticos", realiza un intenso comercio internacional ilegal, fabrica mercancías falsas y exporta mano de obra.

"El régimen norcoreano consagra 10.000 millones de dólares anuales a su programa nuclear. Esa cifra representa entre el 20% y el 25% del PBI, que oscila entre 30.000 y 40.000 millones", afirma la geoestratega francesa Valérie Niquet, experta en cuestiones asiáticas de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS). "La mayor parte proviene de actividades ilícitas", agrega.

Como el ciberatraco perpetrado por un grupo de hackers contra el Banco Central de Bangladesh en 2016, que les permitió apoderarse de 81 millones de dólares. Dos tercios de esa suma (51 millones) fueron "lavados" por los chinos Ding Shizue y Gao Shuhua en las mesas VIP de baccarat de dos casinos de Manila.

La reputada empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab logró averiguar que ese "golpe" fue realizado por Bluenoroff, filial especializada en ciberataques del grupo Lazarus, que opera al servicio de Pyongyang. Corea del Norte también estuvo implicada en el ataque informático gigante con el virus WannaCry -destinado a obtener el pago de un rescate millonario-, que paralizó más de 300.000 computadoras en 150 países a mediados de mayo, según Symantec, otro especialista en seguridad.

Hasta las nuevas sanciones económicas votadas la semana pasada por la ONU, las restricciones impuestas se limitaban a pocos productos y, por lo demás, eran burladas por el régimen de Kim Jong-un. Pyongyang obtenía 3000 millones de dólares por sus exportaciones y nunca tuvo problemas para conseguir en el exterior las materias primas y componentes necesarios para sus programas nucleares y balísticos.

Kim, por ejemplo, habría podido desarrollar en tiempo récord sus misiles intercontinentales, capaces de transportar una cabeza nuclear hasta California, gracias a los motores vendidos ilegalmente por una empresa de Ucrania, según denunció esta semana el prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres.

Esos artefactos equipan desde hace relativamente poco tiempo los nuevos cohetes de alcance intermedio Hwasong-12 y el misil balístico intercontinental Hwasong-14.

"Ningún otro país hizo una transición [de esa índole] en un periodo tan corto", estimó el experto estadounidense Michael Elleman, que trabaja desde 2009 para el IISS. La incógnita, reconoce, es saber si contó con la ayuda del gobierno de Kiev. La clave del misterio se encuentra al parecer en la empresa KB Iujnoie, que cuenta con el conocimiento técnico heredado de la época soviética en que Ucrania tenía una parte del arsenal balístico de la ex URSS.

En todo caso, el país sigue exportando mineral de hierro, arena y piedra a China, su principal cliente, y productos químicos, aceite de soja, textiles y productos del mar hacia Malasia y otros países de la región. "Además, el total de sus exportaciones ilegales asciende a 2000 millones de dólares por año", precisa el investigador Kent Boydston, en un trabajo para el Peterson Institute for International Economics.

La CIA y varias agencias de inteligencia europeas sospechan, incluso, que el régimen norcoreano exportó hacia Paquistán e Irán materiales "sensibles" utilizados en sus programas nuclear y balístico.

Entre otras actividades ilícitas figura la exportación de mano de obra. El año pasado, unos 60.000 obreros viajaron a China, Rusia y Medio Oriente para trabajar en construcción, fábricas textiles o en explotación forestal. Sus salarios, que representaron unos 200 millones de dólares, son girados a entidades controladas por el Estado, asegura Go Myong-Hyun, analista del Asian Institute for Policy Studies.

Otro sector importante es la fabricación de mercancías falsas textiles, perfumes o marroquinería de grandes firmas, que se venden en todo el mundo. La industria norcoreana también fabrica piezas de recambio para automóviles, máquinas agrícolas y aviones, artículos electrónicos, productos alimentarios envasados y falsos medicamentos.

Pero el rubro más productivo es la fabricación de moneda falsa. "Corea del Norte se especializó en hacer billetes de 100 y 500 dólares", denunció el grupo disidente North Korea Intellectuals Solidarity. La nueva especialidad de esas imprentas es la fabricación de yuanes, que comenzaron a testear en países asiáticos antes de introducirlos en China.

Detuvieron al otro gran referente de La Salada

(La Nación) - Es "Quique" Antequera, dueño de la feria Urkupiña; también cayó un barrabrava de Boca.

Enrique "Quique" Antequera, dueño de la feria Urkupiña y autodenominado "fundador" de La Salada, fue detenido anoche en un operativo conjunto entre la Gendamería, la policía bonaerense y la de la Ciudad, acusado como su viejo rival, Jorge Castillo, de integrar una asociación ilícita que manejaba la venta clandestina en el enclave lindero al Riachuelo en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

Al cierre de esta edición seguían los operativos y había otros siete detenidos. Entre ello s, uno de los líderes de la barra brava de Boca, Marcelo Aravena, también conocido como "Marcelo de Lomas". El barra está acusado de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que se dedicaba a cobrar ilegalmente alquileres a comerciantes informales que armaban sus puestos clandestinos en el Camino de la Ribera, adyacente a la feria La Salada.

Según fuentes de la investigación, anoche había procedimientos destinados a atrapar a otros miembros de una facción de la barra xeneize vinculados con esta organización delictiva.

Antequera fue apresado en el mismo predio que ocupa su feria, Urkupiña, minutos después de las 21.30 cuando se celebraba una misa. Junto con él fueron aprehendidos Roberto Alejandro Ríos y Ramiro Edwin Saravia Rodríguez, señalados por la Justicia como presuntos organizadores de la asociación ilícita.

Los operativos fueron ordenados por el grupo especial de fiscales de Lomas de Zamora supervisado por Sebastián Scalera a partir de una investigación que comenzó en 2014 por la ocupación ilegal del espacio público y luego de los desalojos dispuestos por el juez de Garantías de ese distrito, Gabriel Vitale.

Por una causa análoga está procesado y con prisión preventiva Jorge Castillo, autoproclamado "Rey de la Salada".

La banda de la Aduana que contaba con protección política

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION - @halconada

Claudio "Mono" Minnicelli pasó a la clandestinidad el 25 de octubre de 2016. Ese martes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó su captura local e internacional por considerarlo miembro de una banda conocida como la "mafia de los contenedores", dedicada al presunto contrabando agravado de mercaderías.

¿Cómo operaba? Según Aguinsky, la banda detectaba contenedores bloqueados o en situación de rezago con mercadería proveniente de China, les cambiaba el CUIT o el conocimiento de embarque y los reinsertaba en los canales oficiales para destrabar su ingreso al país, con destino final en La Salada.

Para lograrlo, contaba con la connivencia de agentes aduaneros. Eso le permitía falsear la información volcada en los formularios informáticos que presentaban en las áreas de control de la Aduana "o se habría presentado documentación apócrifa ante dichas dependencias con el objetivo de ingresar a territorio nacional las mercaderías que, se presume, conducían a una maniobra de contrabando", según explicó Aguinsky al ordenar todos los arrestos.

¿Quiénes integraban esa supuesta banda? Además de Minnicelli, el fundador de Lo Jack, Oldemar Carlos "Cuki" Barreiro Laborda; Federico Tiscornia Salort, hermano del ex juez Guillermo Tiscornia, y el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci, entre otros.

Para los investigadores, sin embargo, Paolucci, Barreiro Laborda y Tiscornia asumían los roles principales, mientras que "el Mono" se abocaba al trabajo "en el terreno".

Tiscornia Salort confirmó esa hipótesis al acogerse a la figura del "arrepentido". "Barreiro Laborda me decía que en caso de no poder comunicarme con él lo efectuara con Claudio Minnicelli, quien era su mano derecha", declaró.

Aguinsky también detectó que la banda ocultó sus operaciones a la Justicia. De alguna forma, sus miembros sabían que había otra investigación penal en marcha contra ellos, en manos del juez federal Ariel Lijo, pero continuaron adelante, confiados en sus habilidades y su supuesta protección política.

"Por acá podés hablar tranquilo", llegó a ufanarse Barreiro Laborda en una de las conversaciones telefónicas que interceptó la Justicia. "Además, a ver, soy el rey de la tecnología, como vos sos rey de la Aduana. Bueno, ya sabés, Mauro, soy el que fundó y el ex dueño de Lo Jack, el pionero de la tecnología en la Argentina. Si yo te digo por la radio [que] podés hablar tranquilo, podés hablar tranquilo", afirmó.

El cuñado de De Vido también se mostró confiado gracias a la protección política de la que gozó durante décadas, desde que vivía en Río Gallegos. "Yo nunca voy a quedar detrás de las rejas porque saben que puedo abrir un cajón con los contratos de todos", amenazó Minnicelli en otra escucha.

Esa supuesta cobertura se combinaba con coimas. Entre otros, según los investigadores judiciales, al entonces jefe de la Terminal Portuaria N° 5, Mauro Delmastro, o a la despachante de Aduana Vanesa Calamante.

"Ciertos pasajes de las conversaciones -explicó el juez Aguinsky- dan cuenta de los pagos que se les hacían a Calamante, Delmastro, a la persona a la que se le encargaba la firma de las multinotas «rectificatorias» e incluso al despachante que debía reclutarse a fin de que el montaje del engaño, es decir la «apariencia de licitud» de la operatoria, fuese completo."

En la Argentina, Odebrecht pagó más coimas que las que confesó en EE.UU.

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El monto podría superar los US$ 59 millones, según revelaron los delatores ante la justicia de Brasil.

Foto: Archivo 

El gigante brasileño Odebrecht pagó más coimas en la Argentina de las que admitió ante la justicia de Estados Unidos.

La cifra oficial que informó en Washington ascendió a US$ 35 millones, pero el verdadero monto ya llega a US$ 42 millones y podría superar los US$ 59 millones. Según surge de los documentos que durante las últimas semanas analizó la nacion, buena parte de lo pagado en sobornos continúa todavía en las sombras.

La operatoria que desplegó Odebrecht en el país muestra varios rasgos comunes a todos sus proyectos: la participación de "socios locales" con buena llegada al Ministerio de Planificación Federal, la injerencia de lobbistas que se encargaron del dinero negro y el uso intensivo de sociedades offshore para transferir millones desde y hacia paraísos fiscales.

Esos mismos documentos no revelan, sin embargo, cuánto habría sido el dinero pagado en efectivo, valijeros mediante, dentro de la Argentina o en el exterior.

Sus probables protagonistas, a los que contactó LA NACION, aún callan, aunque el nuevo jefe de Compliance de Odebrecht, Michael Munro, también cree que la cuenta final de los sobornos será mucho más elevada. "Esos números van a cambiar, no estamos tratando de esconder nada", afirmó Munro. Esa posibilidad se debe, explicó, a que sellaron "en seis meses" el acuerdo con el Departamento de Justicia. "No tuvimos tiempo para una investigación completa, por lo que acordamos sobre la base de la mejor información disponible en ese momento, la que era correcta y honesta, pero antes de que se completara una revisión completa en esos países", sostuvo durante una entrevista con el portal peruano IDL-Reporteros, líder del proyecto de investigación sobre el Lava Jato que integra LA NACION.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la base de los documentos analizados? Primero, que Odebrecht desembolsó US$ 25 millones por el contrato para la extensión de las redes troncales de gas; otros US$ 14 millones por el proyecto Aysa-Paraná de las Palmas y US$ 3,3 millones para soterrar el tren Sarmiento. Total: US$ 42,3 millones. ¿Es ése el monto final de las coimas? No. En el Sarmiento, por ejemplo, hay indicios de que las coimas en la Argentina pudieron trepar a US$ 20 millones, más otros US$ 5 millones para un ministro brasileño que destrabó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes).

Según declararon los delatores de Odebrecht ante la justicia brasileña, además, esas cifras sólo corresponden a su participación porcentual en cada proyecto. En el caso del Sarmiento, sólo controlaba el 30% del consorcio durante la primera fase y el 50% durante la segunda. De respetarse esos porcentuales, la cifra total entonces podría superar los US$ 10,6 millones. O llegar a los US$ 28 millones en el de Paraná de las Palmas. Pero esa hipótesis es negada por todos sus socios locales.

La información que analizó LA NACION expone, además, el supuesto rol del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez para canalizar retornos en los tres proyectos. Aunque él niega toda ilicitud, delatores premiados de Odebrecht -Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri, entre otros- lo marcaron en Brasil y su nombre llegó a Estados Unidos. ¿Qué declararon? Que tras la muerte de Néstor Kirchner, Rodríguez se ofreció para destrabar las deudas del Gobierno a cambio de "pagos indebidos" para Planificación Federal, ministerio del que dio un nombre en particular: Roberto Baratta, el lugarteniente de Julio De Vido.

Si el "Corcho" apareció en los tres proyectos, en dos de ellos -redes de gas y Paraná de las Palmas- también intervino el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de aceitados vínculos con el kirchnerismo. Según los delatores de Odebrecht, Wagner les planteó cuáles eran las reglas de juego para ganar negocios en la Argentina: asociarse con empresas locales como la suya -la constructora Esuco- y aportar el dinero negro que él les dijera, cuando les dijera, como les dijera y a quien les dijera. Pero Wagner lo niega.

Siempre según esos arrepentidos, el número dos de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero, asumió el mismo rol que Wagner en el proyecto para soterrar el Sarmiento. A él le atribuyen fijar montos y fechas. Pero Sánchez Caballero también niega ese rol. Iecsa y Esuco no eran las únicas empresas locales con las que Odebrecht se asoció. También Benito Roggio, Supercemento, Cartellone y BTU, una empresa a la que Faria definió como "altamente indicada por el cliente estatal", es decir, Planificación Federal, mientras que Mameri los calificó como parte de las "reglas de juego" argentinas. Reglas que no eran una "imposición legal", sino de la "corrupción" y la "cartelización".

¿Qué más surge de los documentos? Que las coimas en los tres proyectos se pagaron pari passu. Esto es, a medida que el Estado pagaba cada etapa concluida.

De esos documentos también aflora el uso intensivo de cuentas offshore para pagar coimas desde el Credicorp Bank, de Panamá, y el Meinl Bank, de Antigua. Desde allí operaron las firmas fantasma Select Engineering Consulting and Services, Trident Inter Trading y Klienfeld Services, que transfirieron millones a una cuenta en Uruguay de la firma Sabrimol Trading, cuyo ex director Carlos Dentone atribuyó al "Corcho" Rodríguez.

Por contraste, esos documentos evidencian también el material que aún resta conocer sobre la Argentina. Faltan datos sobre quiénes son los funcionarios que recibieron coimas y que aparecen como "Festanca" -"fiestero" o "festivo" en portugués- y "Duvidoso" -"dubitativo"-. Y faltan precisiones sobre el acuerdo espurio que la constructora brasileña selló con Manuel Vázquez, testaferro confeso del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y del que hasta ahora sólo salieron a la luz US$ 80.000 que Vázquez reclamó por mail. En la misma línea, el "doleiro" Leonardo Meirelles declaró ante los fiscales argentinos y brasileños sobre las transferencias que hizo desde su sociedad "pantalla" RFY Import & Export al actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Por todos esos rubros pendientes -a los que podrían sumarse los supuestos aportes de campaña en negro o datos sobre las obras en YPF y en Córdoba-, la suma negra de Odebrecht podría superar con creces los US$ 59 millones y dejar aún más atrás la cifra oficial de US$ 35 millones que admitió en EE.UU.

Odebrecht admitió millonarias coimas por el Sarmiento

Por Alconada Mon - La Nación.

Los delatores de la constructora dijeron que pagaron al menos US$ 3,3 millones al entorno de De Vido, pero la cifra podría trepar a los US$ 20 millones; involucraron a un ejecutivo de Iecsa y al "Corcho" Rodríguez

El circuito delictivo de los fondos para la obra fue detallado por los ejecutivos de Brasil. Foto: 

La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó coimas por, al menos, US$ 3,3 millones al entorno directo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el fin de ganar el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, aunque la cifra total en la Argentina podría incluso trepar a los US$ 20 millones.

Según surge de nuevos documentos secretos con delaciones de la investigación Lava Jato, a los que accedió LA NACION, la empresa detalló que coimeó por etapas y que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez actuaron como intermediarios, .

La primera etapa de los "pagos indebidos" se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido.

La segunda etapa fue distinta. Con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Es decir, el mismo rol que le atribuyeron en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas (AySA).

Los datos que aportaron los delatores cifran las coimas del Sarmiento en US$ 3,3 millones. Pero el monto podría rondar los US$ 20 millones repartidos entre funcionarios argentinos y otros US$ 5 millones en Brasil.

Los montos de las coimas surgen de los nuevos documentos que analizó LA NACION como parte de la investigación periodística regional liderada por el equipo peruano de IDL Reporteros.

Esa operatoria delictual comenzó a salir a la luz en Brasil, donde ejecutivos de Odebrecht se acogieron a la delación premiada, declararon ante los investigadores y aportaron evidencias con la esperanza de que el juez Sérgio Moro les reduzca su estancia en prisión. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el ex número uno de la compañía, y Luiz Antonio Mameri, su ex número dos para América latina.

Odebrecht y los aportes a las campañas políticas

Mameri declaró que durante la primera etapa del proyecto, el lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero, les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y según Mameri, les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar "pagos indebidos" a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas "reglas de juego", como las calificó, Mameri admitió que autorizó "pagos indebidos" por US$ 2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. "No lo conozco a ese señor", replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. "Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso", remarcó.

Las otras empresas que integran el consorcio -Iecsa (30%), Ghella (30%) y Comsa (10%)- también negaron cualquier conocimiento o participación en las coimas y descargaron toda la responsabilidad en Odebrecht, ante la consulta de LA NACION. Los brasileños, sostuvieron, se movían sin siquiera comunicarles sus planes o decisiones. "Eso generó discusiones durísimas, porque nos trataban más como empleados que como socios, para bien y para mal", indicó un ex alto ejecutivo de una de las consorcistas.

LA NACION también consultó a la oficina de Odebrecht en Buenos Aires. "La constructora Norberto Odebrecht ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidas a su ofrecimiento para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", fue la respuesta.

Mameri no fue, por su parte, la única columna probatoria que complica en el Lava Jato al consorcio y, en particular, a Iecsa, la constructora que Calcaterra vendió este año al empresario Marcelo Mindlin, ni tampoco el único delator que admitió el pago de sobornos por ese proyecto.

La Policía Federal brasileña recuperó mails de junio de 2010 en los que dos alfiles de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -el área de la compañía creada para el pago de sobornos y aportes ilegales de campaña-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a una reunión con Sánchez Caballero para discutir "DGI", el eufemismo que utilizaban para referirse al pago de coimas, según confirmó Marcelo Odebrecht a la justicia de su país.

Los sabuesos de la policía brasileña también detectaron cinco mensajes adicionales relacionados con las obras del Sarmiento, en los que siempre aparecieron las siglas DGI. Así, en un mail que tituló "Reunión Sarmiento", Couri Ribeiro anotó tres cifras por un total de US$ 20 millones.

Nueva etapa; otros jugadores

A partir de 2013, sin embargo, comenzó otra etapa en el proyecto del soterramiento. Odebrecht expandió del 30 al 50% su participación en el consorcio, y asumió el liderazgo exclusivo en la dirección y ejecución de las obras tras obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Y para eso también coimeó a funcionarios de su país. Según confesó otro ex ejecutivo de Odebrecht João Carlos Mariz Nogueira -también delator premiado-, Odebrecht le pagó 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño Fernando Pimentel. Lo sobornaron, dijo, para que destrabara el crédito del Bndes para el Sarmiento. Pero como ocurrió en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y por la planta de Paraná de las Palmas, la muerte del ex presidente Néstor Kirchner a fines de 2010 trastocó los acuerdos con Planificación Federal, que comenzó a atrasarse en los pagos.

Fue entonces que, también al igual que en los proyectos para la expansión de las redes troncales de gas y de AySA, los delatores de Odebrecht afirmaron que apareció el "Corcho" Rodríguez. Y que se presentó ante el director de Infraestructura de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como "interlocutor" de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido. Consultado por LA NACION, el "Corcho" Rodríguez negó ese rol. "Rodney es mi amigo. Pero juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como así también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima", afirmó.

En Brasil, Mameri dio otra versión ante los investigadores: "Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue abordado por un empresario local llamado Jorge Rodríguez, quien se decía interlocutor del señor Roberto Baratta", relató el ex vicepresidente para América latina de Odebrecht, que calificó al ladero de De Vido como "el responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas por el Gobierno".

Según Mameri, el "Corcho" Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar "una contrapartida" por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de "pagos indebidos" también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles. Ascendieron a US$ 180.000 entre enero de 2011 y enero de 2014, durante la gestión de Rodney Rodrigues de Carvalho, más otros US$ 290.000 durante los siguientes diez meses, cuando a Rodrigues lo reemplazó Ricardo Vieira, quien hasta ahora sigue en Buenos Aires como el número uno de la compañía.