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jueves, 20 de julio de 2017

Brasil pidió a EE.UU. que no revele datos del Caso Odebrecht a la Argentina

Brasil pidió a EE.UU. que no revele datos del Caso Odebrecht a la Argentina(Cronista.com) -  VALOR ECONOMICO
Una comitiva local viajó a los Estados Unidos para obtener información que no lograba adquirir de manos de la Justicia Brasileña. Según publicó hoy Valor, el vecino país alega que el Gobierno de Macri no cuenta con un marco legal para cumplir con el acuerdo de delación premiada.

La justicia brasileña pidió a su par de los Estados Unidos que no revele información sobre el caso Odebrecht a la Argentina, al considerar que el país no puede cumplir con el mantenimiento de los secretos tal como exige el acuerdo de delación premiada que permitió al vecino país obtener declaraciones clave de ejecutivos y funcionarios ligados al escándalo.

La Procuraduría general de Brasil argumentó que tiene el deber de velar por el cumplimiento del acuerdo como los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. Asimismo, planteó que no hay un equivalente a una ley de delación premiada en la Argentina.

El presidente Mauricio Macri envió a fin de año pasado al legislativo un proyecto para crear un marco regulatorio para un acuerdo semejantes a los realizados en Brasil, pero la propuesta todavía no fue aprobada.

El contexto político y constitucional también es diferente. Argentina celebrará elecciones legislativas en octubre y la expresidenta Cristina Kirchner, principal opositora a Macri, es candidata al Senado en la provincia de Buenos Aires. Ella es el principal blanco de los requerimientos que están en las manos de los dos jueces argentinos, que actúan de forma descentralizada, sin el equivalente al grupo de trabajo en Brasil.

Hay por otro lado un conflicto entre el Gobierno argentino y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que fue puesta en el cargo por Cristina y que todavía no concluyó su mandato. Macri acusa a Gils Carbó de no actuar con independencia en la búsqueda de informaciones sobre el desenvolvimiento de autoridades argentinas con Odebrecht.

Si los investigadores de otro país no quisieran atenerse a esos límites, ellos pueden intentar armar su propia causa. Por eso, representantes de la justicia argentina fueron a los Estados Unidos para intentar obtener información directamente de los americanos, que, en diciembre, firmaron un acuerdo con Odebrecht.

El asunto fue mencionado en el encuentro del equipo del procurador general de la República, Rodrigo Janot, con autoridades del Departamento de Justicia en esa semana en Washington. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió a las autoridades americanas que no compartan con la Argentina las informaciones obtenidas a partir de delaciones realizadas por ejecutivos de Odebrecht.

La semana pasada, un grupo formado por cuatro jueces y dos procuradores argentinos estuvieron en Washington para requerir información sobre Odebrecht que ellos no estarían conseguido de Brasil.

Janot, que está en la capital americana, se reunió con autoridades de los departamentos de Justicia e Estado. El funcionario considera que que no hay garantías de que las autoridades argentinas vayan a cumplir con las reglas necesarias tras recibir la información.

La Procuraduria general de Brasil tiene que velar por el cumplimiento del acuerdo con los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. En el caso de la compañía, el castigo por otras jurisdicciones debe de tener el límite de imposición de una multa, manteniendo sus actividades en el país. 

Humm...como se cuidan la "colita" entre ellos.

domingo, 16 de julio de 2017

Los robos golpean más en el interior que en municipios del conurbano

Por Daniel Gallo - LA NACION
Se trata de uno de los delitos que provocan la mayor percepción social de inseguridad y registra las mayores tasas en las ciudades de Mendoza, Guaymallén y Córdoba
El pensamiento tranquilizador sobre la posibilidad de una vida más apacible en el interior del país quedó destrozado por la estadística. Fuera del Gran Buenos Aires se encuentran las tasas de robo más altas de la Argentina.

Es una certeza instalada durante años que el conurbano es el centro más extentido de la violencia urbana. Asaltos en colectivos, acciones de motochorros, hurtos de celulares, secuestros y homicidios apuntalan la percepción social sobre el potencial riesgo que puede irrumpir a la vuelta de cada esquina en el primer cordón bonaerense. Pero el desafío del delito expande sus límites.

La información del Ministerio de Seguridad de la Nación referida a robos denunciados en 2016 permite establecer que las tasas de los municipios del conurbano quedan lejos de las consignadas por ciudades y distritos provinciales. Una comparación de esas características señala que en la ciudad de Mendoza se notificaron 4723,9 robos cada cien mil habitantes, mientras que en Tres de Febrero, el partido bonaerense con más peligrosidad en ese rubro, registró una tasa de 1236,2.

Guaymallén, también en la provincia de Mendoza, aparece en segundo lugar de ese ranking de inseguridad con una tasa de 3487 robos cada cien mil habitantes, mientras que la ciudad de Córdoba tiene una tasa de robos de 3349,1, que la ubica en el tercer lugar.

Por su parte, la encuesta nacional de victimización, difundida este mes por el Indec, reveló que en todo el país sólo es denunciado un tercio de los delitos.

La polémica sobre la forma en que se notifican las denuncias en cada distrito apareció rápidamente al conocerse la estadística oficial sobre robos durante 2016, difundida este mes por el Ministerio de Seguridad. Cada provincia entrega los datos y se procura homologar un protocolo para registrar cada delito. Las autoridades de las provincias cuyas ciudades quedaron con mayores tasas de robos buscaron apoyarse en esa explicación.

Así lo indicaron funcionarios mendocinos al asegurar que el delito bajó en su provincia con relación a 2015. La estadística oficial respalda esa posición al hacer constar una merma allí del 28 por ciento de la tasa de robos a nivel provincial. Sin embargo, siete de sus departamentos figuran a su vez entre los diez distritos argentinos con mayor tasa de robos.

Además de la ciudad de Mendoza y Guaymallén, aparecen en ese listado los departamentos mendocinos de Godoy Cruz (con tasa de 2708,2 robos cada cien mil habitantes), San Martín (2674,9), Las Heras (2439,1) y Luján de Cuyo (2346,2).

Las autoridades cordobesas, en tanto, argumentaron que el perfeccionamiento de su sistema de recolección de denuncias elevó el registro de robos y colocó a su capital como tercera entre las ciudades de mayor tasa. Un ministro de Seguridad de otra provincia avaló esa posibilidad en diálogo con la nacion al aceptar que Córdoba logró un registro fiable de delitos.

De todas maneras, las cifras oficiales marcan una diferencia notable. La ciudad de Córdoba tiene algo más de 1.330.000 habitantes, según el censo de 2010, y se notificaron 47.639 robos allí durante 2016. Un municipio del conurbano comparable en cantidad de habitantes es La Matanza, donde se dejó constancia judicial de 7888 robos (la mayor cantidad de hechos en el Gran Buenos Aires), con una tasa de 377,9.

La ciudad de Mendoza, con 115.000 habitantes, podría compararse en población con el municipio de Ituzaingó, que con 961,1 ocupa el segundo lugar al tomarse en cuenta las tasas de robos en el conurbano. Aunque en esa capital provincial se cometieron 5623 robos en 2016 y en Ituzaingó se conocieron judicialmente 1695.

Cambios de sistema

Las cifras oficiales señalan una importante diferencia entre las posibilidades de ser víctima de un robo en ciudades del interior y en el conurbano. Más allá de esos datos, las autoridades bonaerenses buscan conocer si realmente existe una gran diferencia entre los delitos denunciados y los sufridos por los vecinos. Por eso, en los últimos días la gobernador María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lanzaron una reforma en el sistema de recolección de denuncias.

En los casos de robos se podrá realizar la presentación en forma online, aunque no podrá ser anónima y deberá ratificarse luego en la Justicia para que se inicie un expediente. Vidal aseguró que intenta transparentar las estadísticas, aunque eso represente una suba en la tasa provincial de robos y otros delitos. Por el momento, los datos oficiales consignan que en cuarto lugar de inseguridad urbana, según la tasa de robos, aparece el departamento neuquino de Confluencia (3032,4), que integran la capital provincial y varias localidades, como Cutral-Có y Centenario.

Muchas veces visualizada como ciudad emblema de violencia por una miniguerra narco, Rosario salió del ranking de diez distritos con mayores tasas de robos y quedó undécima con 2234,7.

A nivel provincial Mendoza (2467,4 cada cien mil habitantes) y Neuquén (2402,1) tienen las tasas de robos más elevadas, seguidas por la ciudad de Buenos Aires (2374,8).

En el conurbano bonaerense, luego de Tres de Febrero e Ituzaingó figuran Morón (878,2), Avellaneda (821,9), Escobar (760,9), San Martín (740,9), Lomas de Zamora (706,1), Pilar (690,5), Lanús (672,6) y Moreno (668,7).

La estadística debe tomarse en cuenta por otro dato oficial: durante 2016 fueron heridas o asesinadas en robos 10.738 personas en la Argentina.

Reacciones frente a las cifras

- "Mendoza no tiene los problemas de inseguridad ciudadana que tienen las villas principales del conurbano bonaerense", Gianni Vernier, ministro de Seguridad de Mendoza

- "Si todas las jurisdicciones tuvieran el mismo sistema de relevamiento y de análisis, los datos serían comparables, pero eso no existe", Carlos Massei, ministro de seguridad de Córdoba

jueves, 6 de julio de 2017

Desmantelan en Rosario una usina que vendía facturas truchas para 6500 firmas

Resultado de imagen para facturas truchas + rosarioPor Germán de los Santos - LA NACION
Justicia hizo ayer 35 allanamientos en esa ciudad; la AFIP estimó que la evasión llega hasta los $ 2500 millones

ROSARIO.- Una usina de facturas truchas se empezó a desmantelar ayer en esta ciudad, donde la justicia federal ordenó 35 allanamientos. Se sospecha que en Rosario funciona una organización que comercializa en unas 6500 empresas y comercios de todo el país comprobantes apócrifos con los que se evadieron -según calcularon fuentes de la AFIP- unos 2500 millones de pesos.

Durante el operativo ordenado por el juez federal N° 3, Carlos Vera Barros, se allanaron 35 domicilios en Rosario y las fuerzas de seguridad nacionales detuvieron a cinco personas, que serían los principales responsables de la asociación ilícita. La justicia federal restringió la salida del país a otras 15 personas que también habrían participado de la organización, y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los integrantes de la presunta banda delictiva.

Una banda importante

En total fueron identificadas cerca de 80 personas, entre las que se encuentran escribanos, contadores, expertos informáticos y personal de áreas administrativas y comerciales. Sobre ellos se concretaron intervenciones telefónicas para obtener los detalles de la acción delictiva.

La banda se dedicaba a armar empresas con personas insolventes, facturando con 72 CUIT distintos y con diferentes modalidades de facturas apócrifas, que incluyen comprobantes en papel, electrónicas, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.

La causa se originó a partir de una investigación que comenzó en la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP y se trabajó en conjunto con la Fiscalía Federal N° 3. Participaron más de 150 funcionarios de la agencia de recaudación y 200 de Gendarmería, quienes secuestraron documentación y material informático relevante para la causa. Algunos domicilios allanados están en pleno microcentro de Rosario: Córdoba al 645, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500.

Esta organización delictiva se dedicaba a "armar" empresas, que luego de inscribirlas en la AFIP eran utilizadas sólo para emitir "facturas truchas", procedimiento que puede ser identificable a través de herramientas de control que el organismo diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica, y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.

Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes, que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.

No son manifestantes, son delincuentes

Editorial del diario La Nación
Si el Estado deja avanzar sobre el espacio público cercenando el derecho de unos en favor de la violencia de otros, habrá declinado una de sus principales funciones
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Por primera vez en mucho tiempo, la semana pasada se hizo cumplir la premisa de que no existen derechos absolutos, sino que todos deben armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protege a la totalidad de los ciudadanos. La cuestión quedó expuesta con la necesaria intervención de la Policía de la Ciudad para permitir que todos los transeúntes y vehículos que pasaban el miércoles último por la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, pudieran seguir ejerciendo su derecho constitucional de circular libremente.
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Si fue necesario intervenir para que ese derecho pudiera ser ejercido fue porque grupos piqueteros, con el pretexto de que se hallaban haciendo una petición a las autoridades, no sólo ocuparon el espacio público, sino que amedrentaron con palos, amenazando y poniendo en riesgo el patrimonio de todos mediante la quema de neumáticos y la rotura de calles para improvisar proyectiles con piedras arrancadas del piso.
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público
Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

No es admisible defender un derecho pisoteando el de los demás. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo civilizado. Quien esconde su rostro bajo una capucha, esgrime un arma -y un palo lo es-, incendia bienes, daña el patrimonio público -se estiman en $ 2 millones las pérdidas- y enfrenta a la autoridad no es un manifestante; es un delincuente. Así lo entendió el juez Sergio Torres, que dispuso la intervención policial. Hubo siete detenidos por resistencia a la autoridad, daños y lesiones. La policía hizo lo que ordenó la Justicia y el Estado cumplió su misión: preservar el orden público. Haber dejado avanzar a esos forajidos hubiera sido otra declinación clara del Estado respecto de una de sus funciones primordiales. Se trata simplemente de cumplir la ley. Movilizarse con elementos aptos para combates violentos admite una única interpretación: se está dispuesto a generar conflicto y a matar. Acostumbrarnos a la violencia es el peor de los caminos

domingo, 25 de junio de 2017

La tortuosa trama del "negocio" que habrían armado Enarsa y una agencia marítima privada para sobrefacturar millones de dólares

Por Fernando Morales -Infobae.com
La denuncia de un grupo empresario, ya en manos de la Justicia, implicaría 80 viajes por año de barcos gaseros que habrían generado entre 2008 y 2014 72 millones de dólares
Millones de argentinos ignoran que el gas licuado llega al país… en barcos.
Se llaman, claro, barcos gaseros. Otros millones de argentinos suponen que esa operación es tan transparente como el gas. Error. No siempre…

Desde el 2008, el Estado (el país, todos nosotros) habría perdido una fortuna en dólares con cada cargamento. Y como siempre, un negocio a pérdida habría sido, para unos pocos, una ganancia tan ilícita como sideral.

Vamos a los posibles hechos.

La crisis energética que arrastramos es una vergüenza. Hace una década nos autoabastecíamos y hasta exportábamos gas… y ahora llevamos años pagándolo a precio de oro. Pero a río revuelto, pescadores alegres… En ese 2008, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Planificación Federal (cabeza: Julio De Vido), puso en los puertos de Escobar y Bahía Blanca dos grandes barcos. Nombre: regasificadores. Tarea: inyectar gas metano en la red para abastecer a los hogares. En especial, la capital y sus alrededores.

¿Cómo funciona la operación? Esos barcos necesitan ser alimentados por otros más chicos: los gaseros. Esa tarea, grande, compleja y onerosa, instaló a la Argentina en el primer puesto del ranking mundial de clientes de empresas navieras que proveen gas. No es un mérito: es un barril sin fondo… Porque al precio del cargamento se agregan servicios: zarpada y atraque de barcos, remolque, tasas migratorias y aduaneras, practicaje y pilotaje, etcétera.

En el mercado naviero internacional, toda operación de un barco fuera del alcance de su empresa propietaria se hace a través de empresas locales. Se llaman agencias marítimas. Y aquí habría nacido el gran negocio denunciado por el grupo empresario Servicios Marítimos SA en la Oficina Anticorrupción (expediente 12514/16), que lidera Laura Alonso, quien luego pasó ese clavo ardiente al juzgado federal de Claudio Bonadío.
Laura Alonso lleva adelante la denuncia presentada por el grupo empresario Servicios Marítimos S.A. ante la Oficina Anticorrupción  (NA)
Laura Alonso lleva adelante la denuncia presentada por el grupo empresario Servicios Marítimos S.A. ante la Oficina Anticorrupción  (NA)

Ese grupo empresario naviero maneja diversas operaciones: buques de carga, lanchas para transporte de personal, practicaje, remolque. Su cabeza es el capitán Miguel Doñate, el denunciante –primero de modo individual y dos meses después representado al grupo–, su CEO es Joaquín Salas, y sus oficinas están en Puerto Madero, donde Doñate fue entrevistado por Infobae, único medio que tuvo acceso a la denuncia y sus detalles.

La agencia cuestionada se llama Marítima Meridian. Desde su creación en 1985, es una típica empresa familiar. Su titular es Jorge Samarín, y los directores titulares sus dos hijos: Lucas y Matías. Que, según la denuncia, habría facturado, para un solo viaje 597.963 dólares (con 92 centavos). Viaje que se tomó como leading case de la que sería, presuntamente, una vasta maniobra ilícita, y que fue hecho por el barco gasero Exel.

Fuera de contexto, y para el público común, esa suma no es mucho ni poco dinero. Pero en contexto, sería un gravísimo asalto al Estado. Porque el contrato modelo que redactó la empresa de gas Enarsa para los vendedores de gas licuado fijó un tope, para toda la operación, de 60.000 dólares.

Diferencia a favor de la agencia Marítima Meridian: apenas 537.963 dólares, de los cuales una parte sustancial sería -según los denunciantes- non sancta. Importante: por contrato, toda suma mayor a 60.000 dólares sería absorbida por Enarsa.

Vamos llegando al presunto escándalo…

Porque según la denuncia, el sistema de facturación y cobro "se alteró en forma dolosa y con grave perjuicio para el Estado".

¿De qué modo? ¿Con qué trama? Vamos paso a paso…

El barco gasero llega a puerto, y la agencia marítima local contrata todos los servicios de llegada, estadía y zarpada. La suma promedio de esos servicios roza los 600.000 dólares por cada viaje. Según la frecuencia de los viajes, los prestadores de servicios ofrecen tentadores descuentos a sus clientes más fieles, que pueden llegar al 25%. Y es en este punto de la trama donde Marítima Meridian habría logrado una suculenta diferencia…

¿Cómo? Según el contrato de Enarsa (empresa nacional: no olvidarlo) con las proveedoras de gas, éstas no debían pagar por el costo de los servicios locales más allá de… 60.000 dólares.

¿Qué servicios? Portuarios de todo tipo. Si superaban esa cifra, la diferencia debía ser pagada por Enarsa… a través de Marítima Meridian. Que sobre esa base se habría ideado una astuta trama de corrupción…

¿De qué modo? Al final de cada viaje –y de ser cierta la denuncia–, Marítima Meridian le facturaba a las proveedoras navieras el total del costo operativo.  Los cargos eran enviados a la agencia internacional Morgan Stanley, de Londres. Ésta los pagaba, depositaba el dinero en una cuenta de Marítima Meridian en el extranjero, y de inmediato le facturaba a Enarsa… toda suma que superara los 60.000 dólares de tope. Y Enarsa pagaba…

Pero Marítima Meridian, al parecer, se limitaba a pagar los importes netos… luego de deducidos los descuentos de premio a los clientes fieles.

Conclusión. Para un viaje tipo (el del barco Exel costó 597.963 dólares), entre lo pagado por Enarsa y lo realmente pagado por Marítima Meridian, la bonificación para ésta habría sido de 154.738 dólares (con 98 centavos).
El juez Claudio Bonadio  investiga la causa que implicaría a Enarsa y Marítima Meridian (NA)
El juez Claudio Bonadio  investiga la causa que implicaría a Enarsa y Marítima Meridian (NA)
Para ponerlo blanco sobre negro, o viceversa: Marítima Meridian se habría embolsado dinero del Estado (de todos nosotros…). Una cifra pavorosa que no sabe qué destino final tuvo o a qué manos fue a parar. Punto crucial que hoy está investigando la justicia.

Entre 2008 y 2014, promedio, hubo 80 viajes al año. Multiplique, lector, 80 por 150.000 dólares (redondeando…). Sí: 72 millones de dólares.

Entre 2014 y 2015, por gestión de Axel Kicillof, Marítima Meridian perdió el control del puerto de Escobar. Sólo le quedó el de Bahía Blanca.

A partir del triunfo y el gobierno de Cambiemos, los ministros de Energía y de Transportes revisaron la oscura trama del negocio. Sospechando que uno de los focos de los sobrecostos eran los servicios de practicaje y remolque, Enarsa licitó el servicio de remolque, y contrató para ello a la empresa danesa Maersk.

Pero Maersk armó una UTE (Unión Transitoria de Empresas), recurriendo a su propia filial (Svitzer)… e increíblemente, ¡al grupo Marítima Meridian! Que de ese modo habría vuelto a manejar el mismo negocio anterior. Sólo cambió su nombre: hoy se llama Logística y Servicios. Y logró así el monopolio de la entrada y salida de barcos en ambos puertos.

Pero nadie tuvo en cuenta la ley 26659/11… que prohíbe a las empresas que exploran la existencia de hidrocarburos (petróleo, en fin) operar en cualquier zona del Atlántico Sur controlada por la administración británica, y prestar servicios en aguas argentinas por cuenta y orden del Estado nacional. Exactamente lo que hacía Maersk, la empresa elegida en la licitación por los ministros Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren. Ambos sostienen que la ley es anacrónica. Pero es la ley (Dura lex, sed lex…)

Hasta ahora, la justicia contencioso administrativa mantiene interdictos los barcos de Maersk hasta que demuestre que no violaron esa ley.

Y nada fácil tarea le espera al juez Bonadío si decide desentrañar la madeja de los barcos gaseros. Madeja que, de confirmarse la denuncia en todos sus términos, se parece más a las turbias aguas del Riachuelo que al volátil, transparente, incoloro e imprescindible gas. El mismo que alguna vez nos sobraba…

Las bandas de la feria se asociaron con el Estado para tener impunidad

Por Matías Dewey - LA NACION
La Salada es el exponente de una economía tan ilegal e informal como necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. La clase política hace rato que conoce sus beneficios. Intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio, gobernadores y hasta presidentes han financiado sus campañas y carreras políticas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa.
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En estos días, La Salada parece reducirse a un empresario detenido; el representante de un mundo que parece estar en otro planeta y no a metros de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie parece muy interesado en averiguar cómo ese mercado ha perdurado tanto tiempo. Para empezar, habría que decir que la feria de La Salada es el "mercado central" de la indumentaria en la Argentina.

La Salada es el lugar al cual miles de talleristas informales de indumentaria llevan a vender lo que producen y otros miles, provenientes de todos los rincones del país, llegan a comprar para revender. La razón es simple: la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente. Eso es La Salada: un shopping de ropa de bajo costo que, gracias a extendidas redes de comercio, viste a gran parte del país.

Todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero.

Y los partidos gobernantes, tanto a nivel municipal como provincial y nacional han renunciado a su obligación de normalizar y formalizar esa economía a cambio de que La Salada genere puestos de trabajo informales, desaliente protestas y permita el acceso a la ropa a millones de personas.
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Pero los socios del líder de La Salada no han sido únicamente políticos. Paradójicamente, quienes lo detuvieron, la policía bonaerense, han sido sus socios durante los últimos veinte años. Han sido las fuerzas de seguridad las que, hasta los últimos días, se dedicaban a coimear tanto a compradores como a fabricantes de ropa. Mediante esa metodología promovían la recaudación ilegal de dinero, que luego terminaba en manos de inspectores, comisarios, jefes de brigadas y del poder político.

Por todo esto, nada de lo que sucede en las dieciocho hectáreas que ocupan los mercados de La Salada se entiende sino se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos.

Negocios policiales

En 2013, un altísimo funcionario, luego de relatarme cómo iban a pedir dinero para campañas, señalaba la intendencia lomense y me advertía: "Allá, en La Salada, no se mueve un pelo si no dan la orden acá." En los pasillos de las ferias hay mesas de juego controladas por comisarios y legiones de policías recorren los pasillos buscando ropa falsificada y cobrando un impuesto ilegal. Hay grupos de las ahora famosas "mecheras" que trabajan con guardaespaldas y roban para policías.

Y entre todo esto, inspectores y policías ceden a barrabravas la instalación de estructuras metálicas, algo más de 2900 puestos externos, a cambio de una porción de los alquileres. Esa es, en resumidas cuentas, la lógica que ha instaurado el Estado en La Salada y sus alrededores: una constante liberación de zonas a cambio de una porción del dinero recaudado ilegalmente. La consecuencia de esto es tremenda: una incesante invitación a cometer delitos, a la formación de bandas que se asocian al Estado para delinquir.

No son las fuerzas policiales estatales aquellas que velan por la seguridad de los compradores y vendedores de La Salada sino los ejércitos de policías privados contratados por los líderes de las ferias. Ellos intentan instaurar un orden defectuoso ante un Estado que participa tercerizando sus obligaciones y recaudando ilegalmente.

La feria de La Salada está emplazada en Ingeniero Budge, distrito de Lomas de Zamora, una de las zonas más relegadas del país y a tan sólo un kilómetro de la capital del país. En esa zona del conurbano, la política y el Estado muestran su cara más despiadada y atroz: el índice de homicidios quintuplica al de la ciudad de Buenos Aires; prácticamente no existen los títulos de propiedad; el consumo de paco y cocaína es regenteado por la policía; no entran las ambulancias y apenas existe un hospital desvencijado; la policía detiene y encarcela ilegalmente a jóvenes; mujeres, hombres y niños adolecen de enfermedades extrañas y el agua suele estar contaminada.
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Y sin embargo, aunque parezca inexistente, el Estado y la política están ahí, presentes, dirigiendo diariamente los destinos de miles de personas. Ambos han fomentado y aprovechado esta estructura de la que ahora se horrorizan y denuncian. Ambos han frecuentado a los líderes de las ferias que ahora parecen desconocer. Y ambos se espantan al enterarse de que existe "violencia de género" cuando en esa zona, como señala Javier Auyero y María Fernanda Berti, existe todo tipo de violencia.

Este es el contexto en el cual, para bien o para mal, La Salada se ha convertido en la única posibilidad de futuro; la única manera que tiene una porción de la población de lidiar con la precariedad y pensar que otra vida es posible.

Para que el "golpe a las mafias" sea algo creíble, y no tan sólo una gestión de la opinión pública de cara a las elecciones, sería deseable que no todo termine con el líder de La Salada. Sería una buena ocasión para que los políticos transparenten un problema con el que se encuentran una y otra vez: cómo financiar sus carreras políticas y sus elecciones. Y finalmente sería una gran oportunidad para impulsar un debate acerca de cómo transformar la economía que lidera La Salada. Cerrar este mercado puede ser tan perjudicial para millones de personas como dejar que todo siga así, hasta que vuelva a ser noticia.

El autor es sociólogo e investigador en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina (Katz Editores)

Procesaron a los Levy por lavado con la embajada paralela en Venezuela

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La embajada paralela con Venezuela que lideró en las sombras Julio De Vido durante la década Kirchnerista sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por presunto lavado a ocho integrantes del grupo Levy, a los que también embargó por montos multimillonarios y extendió su prohibición de salir del país.

El juez Aguinsky consideró que el grupo vinculado a De Vido blanqueó decenas de millones de dólares en la Argentina. Foto: Archivo 

Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.

"El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo.

El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.

Aguinsky consideró probada una presunta defraudación contra el Estado venezolano, con efectos directos en la Argentina, y detalló otras zonas oscuras de la operación. Desde el uso de facturas truchas al giro de remesas por montos inflados a las Islas Caiman y a una sociedad en Hong Kong, Frolem Corporation, de Juan José Levy.

Aguinsky apoyó así la requisitoria de la fiscal María Luz Rivas Diez, quien sin embargo había llegado más lejos, al sostener que los Levy también habían cometido el delito de contrabando agravado. Pero el juez estimó que no contaba con datos suficientes para procesar o sobreseer al grupo por ese delito y solicitó nuevos informes a la AFIP antes de tomar una decisión.

La resolución representa un duro revés para los Levy, que siempre negaron haber delinquido y adjudicaron sus problemas judiciales a un supuesto "ensañamiento" mediático, desde que LA NACION informó por primera vez, en marzo de 2014, sobre sus negocios y sus vínculos con De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti.

Los Levy siempre negaron mantener vínculos personales, comerciales o societarios con el entonces ministro, mientras que acotaron la relación con Olazagasti a una simple coincidencia en el mismo colegio de sus hijos, el Northland's. Y calificaron la investigación de LA NACION como meras "conjeturas" y "falsedades acusatorias".

Desde su cuenta en Twitter, De Vido también negó toda relación: "Quiero aclarar que no tengo ni tuve ningún tipo de relación ni personal ni de ninguna otra índole con el empresario Juan José Levy".

Juan José LevySin embargo, los propios hermanos Levy alimentaron las sospechas sobre sus negocios al cruzarse acusaciones sobre el verdadero origen y destino de las ganancias familiares, con afirmaciones incriminatorias que plasmaron por escrito sobre el "pago de reintegros y comisiones indebidas" a "terceros" que no llegaron a identificar.

Foto: Juan José Levy

Esa disputa fraternal derivó primero en varios juicios cruzados en la justicia comercial, que designó dos veedores. Fue uno de ellos, Francisco Cárrega, quien alertó sobre posibles delitos e irregularidades -como sobreprecios del 300% y adelantos del 60% del dinero de ciertos contratos por parte del gobierno de Venezuela-, lo que conllevó la apertura de la causa penal que terminó en las manos de Aguinsky y la fiscal Rivas Diez.

A las acusaciones cruzadas entre los Levy y lo recabado por la justicia en lo comercial se sumó luego un informe que las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviaron a la Justicia. Allí alertaron, por ejemplo, que Juan José Levy viajó tres veces a Venezuela en el mismo avión que De Vido y seis veces con Olazagasti entre 2010 y 2013. Y que los tres coincidieron en al menos ocho ocasiones en territorio venezolano, entre 2009 y 2014, a donde ingresaron y de donde salieron en las mismas o similares fechas, en ciertos casos con diferencias entre sí de minutos.

Aguinsky también dispuso completar un análisis de los llamados entrantes y salientes del grupo Levy entre los seis meses previos a la firma del primer contrato y hasta la actualidad. Buscará determinar de ese modo si aparece algún nuevo indicio sobre un vínculo entre los ex funcionarios y los empresarios.

La defensa de los Levy entreabrió la puerta para avanzar otro paso sobre la embajada paralela. Porque argumentaron que sus contratos con Venezuela no tenían nada de inusual. Por el contrario, dijeron que eran "similares" a los firmados por otras empresas que se operaron dentro del fideicomiso bilateral. Eso llevó a Aguinsky a ordenarle a Nación Fideicomisos que preserve toda la documentación con Venezuela. "Ello para el caso de un eventual requerimiento judicial que tenga como propósito una investigación de casos análogos".

sábado, 24 de junio de 2017

Creció el decomiso de mercaderías con más operativos en rutas del Norte

Por Daniel Gallo - LA NACION (Extractado)
En el primer semestre de este año fueron incautados productos valuados en más de $ 290 millones que se trasladaban rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora
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La caída del llamado "rey de La Salada" abrió nuevamente la polémica sobre el funcionamiento de ese inusual predio de ventas. Jorge Castillo y sus principales colaboradores fueron arrestados por extorsionar a puesteros y se los investiga por lavado de dinero. Pero detrás de esa causa aparece la sombra de ilegalidad que rodea siempre a esa feria comercial. El incierto origen de las prendas allí comercializadas es eje de una lucha paralela contra organizaciones que adoptan los métodos del narcotráfico para traficar sus productos. En el Gobierno se apuntó al objetivo de disminuir ese comercio irregular. Y en el primer semestre de este año se decomisó un volumen de contrabando de ropa mayor al incautado durante todo 2016.

Fue incautado anteayer un cargamento de calzado en Ituzaingó, CorrientesLos operativos en las rutas contra la circulación de mercadería ingresada de contrabando sumó este año capturas estimadas en 290 millones de pesos. Durante 2016 se habían confiscado productos valuados en 180 millones de pesos. De todas maneras, ese crecimiento de los decomisos impactó, por ahora, más en las zonas de frontera que en el destino de los cargamentos: La Salada.

Fue incautado anteayer un cargamento de calzado en Ituzaingó, Corrientes. Foto: Gendarmería

"Tratamos de convertir a los bagayeros en importadores que van a tener un límite de importación por día y la mercadería que va a venir va a tener un sello de la AFIP", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El problema planteado por quienes obtienen su sustento diario a partir del cruce de mercaderías desde Bolivia es un desafío importante para las economías regionales. Una de las localidades más implicadas en esa forma de vida es la salteña Aguas Blancas. Allí viven 3000 personas y no hay actividad económica más allá del cruce de bultos a través del río Bermejo desde la homónima ciudad boliviana. El paso en balsas no demanda más de tres minutos. Ante la vista de todos circulan los bagayeros. En la mirada oficial poco puede hacerse allí hasta que se logre la radicación de industrias.

Aguas Blancas, Salvador Mazza y Orán forman el triángulo de acopio de las mercaderías que terminarán comercializadas en La Salada. Es la misma zona donde se almacena la mayor parte de la cocaína que ingresa en la Argentina. Las rutas de traficantes de drogas y de contrabandistas de ropa es la misma.

"La mayoría de la ropa y la mercadería viene por Bolivia, y es mercadería china en un 90 por ciento. Esos son los grandes camiones y ómnibus que vienen desde la zona de Orán y nosotros también empezamos a trabajar ahí, poniendo límites a la entrada irregular de mercadería", comentó Bullrich tras los allanamientos en La Salada.
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Insólita protesta

Ese endurecimiento del control de mercaderías generó en Salta una protesta insólita: los bagayeros cortaron varias rutas este mes para reclamar el cese de los operativos de la Gendarmería. Para ellos el contrabando es una forma aceptada.

Para el comercio en La Salada y su derivación posterior en las 660 saladitas que operan en la Argentina, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los decomisos no implican aún un inconveniente mayor. Los secuestros de mercaderías rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora durante este semestre, récord de decomisos incluido, representan sólo el monto de venta de dos días en La Salada.

Se estima que en las tres zonas autorizadas, denominadas Punta Mogotes (regenteada por Castillo), Urkupiña y Ocean se instalan los lunes, miércoles y jueves unos 30.000 puestos de venta. Cada noche llegan a ese predio unos 600.000 visitantes. El movimiento comercial allí es estimado en los 120 millones de dólares mensuales. De todas maneras, la incautación en las rutas de productos de origen incierto permite visualizar los métodos de las organizaciones que están detrás del negocio.
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Uno de los casos más llamativos sobre las rutas del contrabando de mercaderías sucedió este mes en Santa Fe. Un camión fue perseguido durante más de 200 kilómetros por policías y gendarmes. Sólo pudo ser detenido cuando se armó un retén con máquinas viales a la altura de Ceres. El conductor transportaba bultos valuados en unos 30 millones de pesos. Pero los llevaba desde La Salada hacia Jujuy.

Esa situación resultaría anormal en la circulación de cocaína, con un movimiento que siempre desciende desde el lugar de ingreso hacia los mercados locales. Pero el caso de la ropa que hacia el camino inverso hacia Jujuy puede marcar que el gran centro de distribución está en La Salada y que los revendedores no logran abastecerse en otro lugar.

martes, 20 de junio de 2017

Declaran la quiebra de la Fundación de las Madres

Declaran la quiebra de la Fundación de las Madres y la justicia prohibió a la presidenta del consejo de administración, Hebe de Bonafini, a salir del país(La Nación) - La Justicia le prohibió a Hebe de Bonafini salir del país.

Declaran la quiebra de la Fundación de las Madres y la justicia prohibió a la presidenta del consejo de administración, Hebe de Bonafini, a salir del país. Foto: Archivo 

La Justicia decretó la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y le prohibió a Hebe de Bonafini, presidenta de su consejo de administración, salir del país.

La quiebra fue dispuesta por el juez comercial Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel Ortiz Benítez. La entidad le debe a Benítez $ 123.678,30 que no pudo pagarle. La Justicia constató que hubo una "insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de cesación de pagos imputado". Benítez, que fue despedido, promovió la acción contra la fundación el 19 de abril de 2016, después de haber obtenido una sentencia favorable en el fuero laboral. Todavía no se sabe quién será el síndico de la quiebra. Será sorteado mañana.

En su decreto de quiebra, el juez dispuso también la "constatación y eventual clausura de los inmuebles sitos en Hipólito Yrigoyen 1432/36/38/40/42 planta baja, azotea y piso 1º e Hipólito Yrigoyen 1578/82/84/86/90 planta baja, sótano y entrepiso".

Para resolver sobre la situación de la Universidad de las Madres, también solicitó que la sindicatura le informara "si el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se encuentra actualmente escindido de la fundación fallida".

El mes pasado, la justicia federal procesó a Bonafini como responsable de un fraude al Estado cometido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; José López, ex secretario de Obras Públicas, y otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo.

Todos ellos, acusados de haber defraudado al Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $ 1250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $ 749 millones, pero $ 206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras.

Los procesamientos los firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que entendió además que no había pruebas suficientes contra otros acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.

Hoy, marcha por la Justicia
A partir de las 15, en los tribunales del Comodoro Py, tomará cuerpo hoy la convocatoria que hace semanas viene alentándose por las redes sociales: "Sin Justicia no hay república". La consigna comenzó en Twitter y es apoyada públicamente por figuras como Elisa Carrió y Paula Oliveto, para reclamar más Justicia a los jueces federales.

lunes, 19 de junio de 2017

Odebrecht admitió haber pagado sobornos por las obras del Sarmiento

Marcelo Odebrecht hizo la revelación bajo la figura de "delación premiada"Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El principal ejecutivo de la empresa dijo a la justicia brasileña que hubo pagos millonarios para acceder al proyecto en la Argentina; habrían abonado US$ 20 millones.

Marcelo Odebrecht hizo la revelación bajo la figura de "delación premiada". Foto: Archivo 

Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato a los que accedió LA NACION. Habrían abonado unos US$ 20 millones.

El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.

Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó LA NACION como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior.

Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.

En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.

No sólo eso. La constructora también debió contratar los supuestos "servicios de consultoría" de Jorge "Corcho" Rodríguez. Y el propio Odebrecht, según reconstruyó LA NACION, identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Pero a partir de marzo de este año, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un "fondo de contingencia" -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas.

¿Cómo habría sido la operatoria delictual por el soterramiento del Sarmiento? Al confesar sus crímenes, Odebrecht explicó que las siglas "DGI" no eran más que un rubro de la "Caixa 2", la frase con la que en su país se conoce al dinero negro que mueven las empresas brasileñas por fuera de sus balances para pagar coimas y financiar campañas electorales.

Otro protagonista del lado más oscuro de la compañía, Hilberto Mascarenhas, incluso detalló a los investigadores los porcentajes que, por lo general, se consideraban habituales para ese rubro "DGI". Entre el 5% y el 8%, dijo, "dependiendo de las negociaciones", aunque ese valor se redujo, en ciertas operaciones específicas, al 3 por ciento.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, en tanto, las coimas se pagaron en la Argentina, pero también en Brasil, para destrabar el financiamiento. Le pagaron 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño, Fernando Pimentel, según confesó el ex ejecutivo de Odebrecht Joao Carlos Mariz Nogueira -hoy uno de los delatores premiados- y publicó ayer el diario Perfil.

Ése y otros desembolsos ilegales, explicaron los investigadores brasileños en uno de los documentos del Lava Jato que ya fueron desclasificados, se autorizaban con un único objetivo: obtener "ventajas indebidas" para el emporio Odebrecht. Y fueron "ejecutados por el sector de operaciones estructuradas", y reafirmaron que esos "pagos se realizaban e incluso eran autorizados por Marcelo Bahía Odebrecht".

Pero el heredero del imperio que lleva su apellido no fue el único que vinculó las siglas "DGI" con el pago de coimas. Al referirse a la Argentina, al menos dos ejecutivos de la división de operaciones estructuradas -el lado oscuro de la compañía-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, también aludieron a pagos ilegales, de manera específica por el soterramiento del Sarmiento, en mails que recuperaron los investigadores.
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La tuneladora encargada del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en Haedo. Foto: Archivo
En uno de esos correos, por ejemplo, Couri Ribeiro aludió a su reunión de junio de 2010 con un ingeniero, Héctor Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa, para debatir el supuesto pago de sobornos, según reveló el diario brasileño Estadao el 17 de febrero.

Lugarteniente de Calcaterra en Iecsa durante años, Sánchez Caballero actuó como director titular de la constructora hasta el 16 de marzo, cuando Mindlin ingresó a la empresa, la rebautizó Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) y reemplazó todo el directorio por gente de su confianza.

Ahora, cuando le resta un mes para cumplir 62 años, Sánchez Caballero continúa cerca de Calcaterra y presta servicios de asesoramiento al equipo de Mindlin mientras completan la transición. Y les dice a sus íntimos que él nada sabe de pagos de sobornos y que, al menos delante de él, "nunca se habló de eso", según reconstruyó LA NACION.

Odebrecht dio otra versión durante su confesión. Planteó que a menudo eran los socios locales los que se encargaban de canalizar las "contribuciones políticas", ya fueran lícitas o ilícitas.

Apoyado en fuentes de la Policía Federal brasileña, Estadao aportó más datos sobre la operatoria de Odebrecht en la Argentina. Reveló la aparición de "al menos cinco mensajes relacionados con el pago de sobornos para las obras del tren Sarmiento", siempre enmarcados bajo el eufemismo de las siglas "DGI".

Así, en otro de los correos electrónicos de Couri Ribeiro -titulado "Reunión Sarmiento"- que recuperó la Policía Federal brasileña, el ejecutivo consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a "DGI". ¿Suma total? US$ 20 millones.

La Policía Federal brasileña también detectó un intercambio de correos entre Couri Ribeiro y Migliaccio, en los que aludían a distintas transferencias bancarias que se canalizaron en el exterior por el proyecto del Sarmiento. Algunas de ellas con el operador Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.
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