Crecen los robos a mano armada en la Provincia: hay 160 casos por día

Por Natalia Iocco - Clarin.com - Lo indican los números oficiales de los primeros 5 meses de 2017. En 2016 había 142 en promedio y 131 en 2015. La cantidad de crímenes se mantiene: 3 cada 24 horas.

Protesta contra la inseguridad en Villa Ballester, esta semana.

Agustín Bustamante tenía tres años. Lo asesinaron de un tiro en la espalda hace diez días en un robo en Lomas de Zamora. A su papá, Martín, le sacaron 200 pesos y un celular. El crimen fue uno de los más resonantes de los últimos tiempos, conmovió a todos y volvió a poner la inseguridad en el tope de la indignación de los bonaerenses. Las nuevas estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, a las que Clarín accedió en forma exclusiva, confirman que se trata de una bronca sostenida por la realidad: los robos a mano armada no paran de crecer, al punto que hay unos 160 casos por día. Esto es, un 10% más que el año pasado (cuando había 142 por día) y un 17% más que en 2015 (eran 131 diarios).

Las cifras también marcan que, aunque en los últimos tres años los números tienden a la baja, en la provincia de Buenos Aires asesinan -en promedio- a tres personas por día, según los datos oficiales de los homicidios dolosos (con intención).

Las estadísticas surgen de los expedientes iniciados en los 18 departamentos judiciales de la Provincia por homicidios dolosos y robo agravado por el uso de arma de fuego. Clarín tuvo acceso a estas cifras de 2016 y los primeros 5 meses de 2017, todas desconocidas hasta ahora. Fueron recabadas por la Procuración General de la Suprema Corte.

Así, en 2016 hubo 1.129 homicidios (3,09 por día ) y 52.065 robos agravados por el uso de arma de fuego (142 por día). Esa tendencia se sostuvo en los primeros cinco meses de 2017: entre enero y mayo se registraron 24.088 robos a mano armada (160 al día), un 10% más que el año pasado y un 17% más que en 2015 (cuando hubo 47.897). Los hurtos también tienen un aumento sostenido.

Esa tendencia se palpa en los barrios del Conurbano, donde todos tienen un caso cercano para contar. Es que, en estos cinco meses, seis personas por hora fueron víctimas de un asalto en el que les apuntaron con un arma para hacerlo. A ellas hay que sumarles las 7.500 que denunciaron intentos de robo (50 por día), en los cuales también hubo amenazas con armas pero algo externo a la voluntad del ladrón frustró el asalto.

Las estimaciones oficiales hablan de alrededor de tres millones de armas en circulación sin registrar. Mientras la cantidad de asaltos no paró de crecer en los últimos años, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas estuvo suspendido durante 2016 y se reactivó recién el 22 de mayo pasado.

El asesinato de Carlos Sánchez, chofer de la linea 514 en Claypole. FOTO MARIO SAYES

En las entraderas, según aseguran las víctimas, los asaltantes no sólo piden dinero, joyas y electrodomésticos: también exigen “los fierros”, aunque no tengan ningún indicio de que los haya.

“¡Basta!”, “¡Justicia” y “Más seguridad” son los tres gritos más repetidos en las marchas que proliferan en el Conurbano cuando los casos se concentran en algún barrio.

La Matanza, los departamentos judiciales de Lomas de Zamora (que incluye Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora), Morón (Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo) y San Martín (José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel y Tres de Febrero) concentraron el 61% de los robos a mano armada el año pasado y el 71% en lo que va de 2017. En esos partidos vive el 44% de la población provincial, según datos de censo 2010.

En esos mismos departamentos del sur y el oeste del GBA se cometieron el 54% de los homicidios de toda la Provincia en 2016 y el 60% de los de 2017. Los números totales dan 1.129 homicidios en territorio bonaerense en 2016 y 440 en lo que va de 2017.

A esto hay que sumarle que sólo en los primeros 13 días de junio -mes que no entra en las estadísticas- hubo nueve asesinatos en medio de robos y secuestros en Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Martín, según un relevamiento realizado por Clarín. En el partido de Lomas de Zamora ocurrieron más de la mitad de esos casos en siete días.

Víctima. Jorge Enrique Migueli, 35 años, camionero asesinado en Llavallol

En ese departamento judicial, el que más se calentó en el último tiempo, en 2017 ya suman 113 los homicidios (0,75 por día), lo que marca un aumento respecto a 2016 (cuando hubo 231, un 0,64 por día). Con los robos a mano armada, la progresión en Lomas de Zamora indica lo mismo: un fuerte aumento. En 2015 hubo 10.540 (28 por día); en 2016 hubo 11.269 (30 por día); y en 2017, 5.279 (35 por día).

La tendencia se aceleró durante junio, mes que no registran los datos disponibles. El domingo 4 de junio, Mirta Graciela Alegre (40) cayó de un colectivo durante un asalto al colectivo en el que iba por Villa Fiorito y murió; el miércoles 7 de junio mataron a Agustín Bustamante (3) en Villa Centenario: el sábado siguiente, a la madrugada, el camionero Jorge Migueli fue asesinado de un balazo en Llavallol; ese mismo día, a las 19.40, Josefa Carrozzieri (67) y Braulio Herrera (71) murieron en Villa Galicia al chocar el auto en el que los llevaban secuestrados. Por esos hechos hubo dos marchas multitudinarias y por redes sociales convocan a otra para el martes a las 15 frente a la Municipalidad, de la que participarían familiares y amigos de esas víctimas.

La furia vecinal derivó en el anuncio de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, de un refuerzo de vigilancia. Según informaron en la cartera, ya suman 2.700 policías entre la Local y la Bonaerense en ese distrito del sur del GBA. Con esa incorporación, alcanzarían los 438 agentes por cada 100 mil habitantes, algo que parece no ayudar a prevenir los hechos.

En mayo, los ojos se habían posado en La Matanza, donde hubo cuatro asesinatos en sólo 13 días, todos en medio de hechos de inseguridad. El distrito ocupa el 19° lugar en el “ranking” de policías del Conurbano, con 299 agentes por cada 100 mil habitantes. Eso a pesar de ser uno de los lugares más calientes de la Provincia y el que más población tiene.

Lázaro Báez tiene 1.355 bienes valuados en $2.734 millones

Por Federico Mayol - fmayol@infobae.com

La información surge de un informe que el Tribunal de Tasaciones de la Nación le envió al juez Sebastián Casanello y al que accedió Infobae

El empresario está detenido en el penal de Ezeiza (NA)

Estancias, departamentos, baldíos, talleres, constructoras, casonas, galpones, cocheras, concesionaria de autos, terrenos, oficinas, un club deportivo, locales comerciales, un hotel, vehículos y maquinaria vial. Lázaro Báez tiene 1.355 bienes valuados en $2.734 millones, unos 186 millones de dólares. Es la tasación a la que llegaron los técnicos del Tribunal de Tasaciones de la Nación al que accedió Infobae, y que esta semana fue enviado por el organismo al juez federal Sebastián Casanello, que tramita la causa 3017/2013, conocida como la "ruta del dinero K", por la que el zar de la obra pública K está preso desde abril del año pasado. El jueves, Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Cristina Kirchner, según el fiscal por ser coautora de maniobras de lavado de dinero junto al empresario.

Según el informe, el patrimonio de Báez asciende a 418 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y 937 vehículos -varios de alta gama- y maquinaria vial de Austral Construcciones S.A, la empresa insignia del supuesto testaferro del ex presidente Néstor Kirchner que acaparó gran parte de la obra pública de Santa Cruz. Los autos y las máquinas viales suman $160.761.000. Desde la Justicia no descartan que, en futuros allanamientos, puedan aparecer más bienes.

La fortuna del empresario está compuesta en gran medida por las propiedades que posee en El Calafate, la villa preferida de la ex Presidenta. Báez tiene allí 107 inmuebles, valuados en $688.197.700, que incluyen desde una gomería, baldíos y departamentos, hasta las ocho estancias que entre todas suman decenas de miles de hectáreas por un total de $184.371.000. Se trata de Cruz Aike -$46.000.000-, La Julia -$27.650.000-, Río Bote -$16.000.000-, El Campamento -$19.117.000-, La Santafesina -$20.128.000-, Ana -$15.793.000-, El Rincón -$21.804.000- y La Porteña -$17.879.000-. Hay otra chacra que no pudo ser tasada porque "no se ubicó".

Una de las estancias del empresario, valuada en 15 millones de pesos

En El Calafate se encuentra la propiedad mejor valuada del patrimonio del ex empleado bancario: el Hotel Bahía Calafate, ubicado en el centro de la villa homónima -en la calle De los Frenos 3055-, que Báez construyó pero que nunca inauguró, y cuyo valor es de $156.400.000, según el Tribunal de Tasaciones. La información sobre el emprendimiento hotelero fue aportada a la Justicia por la diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez. De acuerdo a la denuncia, presentada a mediados del año pasado, el complejo, de cinco plantas, le pertenecería a los Kirchner. Y formaría parte de un grupo de hoteles de los ex presidentes bajo la administración de Báez.

En Río Gallegos, el zar de la obra pública K tiene 80 inmuebles que ascienden a $903.576.000. Hay de todo. Desde la chacra de la calle Nicolás Giglio al 1400, valuada en $99.941.000 -cuenta con varios recintos para el cultivo de plantas-, hasta un estudio contable en la calle Libertad, un galpón de autos sobre Guer Aike al 100, tasado en $9.027.000, la empresa Austral Construcciones y la sede del club Boca de Río Gallegos, sobre la avenida Kirchner al 200, de $49.255.000. También figura la estancia Alquinta, de varios lotes, valuada en $101.944.000.

La fortuna del empresario patagónico también se expandió hacia la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad, Báez adquirió decenas de departamentos y más de 150 cocheras en los barrios de Belgrano y Palermo, que ascienden a más de $150 millones. En la Provincia, en tanto, hizo lo propio: departamentos y lotes en barrios privilegiados como Ayres del Pilar, en la localidad homónima del Conurbano bonaerense, que en total suman más de $32 millones.

En las localidades de 28 de Noviembre, El Chaltén, Río Turbio, Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Santa Cruz, Guer Aike, Río Chico y Deseado, en Santa Cruz, el empresario también ramificó sus bienes. Invirtió en complejos de cabañas, en estancias, en parajes, depósitos y galpones por cientos de millones de pesos. En Río Chico, por ejemplo, uno de los departamentos santacruceños, la Justicia encontró cinco estancias -Laguna Asador, Manantial Alto, La Irenita, Los Gurises y Río Olnie- que fueron valuadas por el Tribunal de Tasaciones en $240.839.000. También se expandió en Chubut.

Uno de los casos más emblemáticos del crecimiento patrimonial del supuesto testaferro de Kirchner es el de Pinamar, la ciudad balnearia de la costa bonaerense que el ex empleado bancario jamás pisó. La tasación del organismo oficial, según la documentación que está en manos de la Justicia, se hizo en base a cinco casonas en la zona norte de la ciudad costera, la más selecta, cuyo valor es de $21.698.000. Están ubicadas sobre las calles Troya, Del Libertador, Helades, Goleta Hércules y Poseidón, todas cerca del club de golf. En realidad, dichas propiedades, que habían sido escrituradas por Austral Construcciones, habían sido adquiridas por uno de los ex contadores de la empresa. En la piscina de una de las casas había, en el fondo y pintado, un escudo de Boca Juniors.

Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator; fue para destrabar el acceso de la constructora a una obra gasífera

El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras "prácticas no convencionales" a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña Odebrecht a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.

La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez como interlocutor determinante.

Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como "consultor" durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo con el material al que accedió LA NACION como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros desde hace un año y medio.

LA NACION consultó a Rodríguez y a Wagner, quienes rechazaron las sospechas. "Eso que dicen es falso", contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. "No facilité ninguna reunión", abundó.

Foto: LA NACION

Rodríguez también rechazó los dichos de los delatores brasileños. "Es mentira", replicó. "¡Me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidas!", añadió, sin dar nombres.

De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. "Nunca podrán imputarme nada con seriedad", contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer por LA NACION, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo "entre privados".

Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Mario Faria da Silva, se acogió al régimen de "delación premiada" para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.

El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país, según reveló LA NACION en abril pasado.

Según reconstruyó desde entonces LA NACION, Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.

Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.

Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora "delator premiado" Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.

El rol de Wagner

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su paso por la cárcel. Y detalló quiénes son los otros ejecutivos de Odebrecht que saben sobre las coimas que se pagaron al entorno directo del entonces ministro y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). Contó que uno de ellos es Flavio Bento e Faría, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina.

Flavio Bento e Faría -sin parentesco alguno con Marcio Faria- fue quien se reunió con Wagner, de Esuco, quien expuso el pedido de coimas requerido por los funcionarios públicos. Indicó que si querían hacer negocios en la Argentina, debían pasar por él, lo que Wagner negó de manera tajante a LA NACION.

Sin embargo, Marcio Faria también señaló a ex otro ejecutivo de Odebrecht como negociador directo de esa coima por US$ 25 millones. Dijo que fue Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada y contó ante los investigadores brasileños que la empresa pagó cerca de US$ 3340 millones en coimas y aportes ilegales a campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países entre 2006 y 2016. Es decir, lo que en Brasil se conoce bajo el paraguas de "Caixa 2".

¿Cómo fue la negociación delictiva? Cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar, desde 2007, en la licitación para la ampliación de ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas, su entonces superintendente en el país, Flavio Bento e Faria, fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pero expresó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad.

Con su nombre en la "ruta del dinero K" -causa en la que está imputado- y en al menos seis sociedades offshore que aparecen en los Panamá Papers, Wagner fue directo. Según Marcio Faroa, "le pidió coimas" a Bento e Faria, pero se cuidó de darles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.

Fue entonces cuando uno de los máximos responsables de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -es decir, el área dedicada a las coimas de la empresa-, Hilberto Mascarenhas ajustó los detalles para el pago de los sobornos. A partir de allí, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que sólo recibió elogios de De Vido durante dos reuniones que mantuvo con el ahora delator premiado.

Sin embargo, el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas con la ejecución y cobro del multimillonario contrato. Esos problemas sólo se solucionaron con la aparición del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero de las coimas.

Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Rodríguez actuó más como emisario de De Vido ante Odebrecht que como lobbista de la constructora brasileña ante el entonces ministro. Y los datos públicos que se conocen sobre él como operador alientan la confusión.

Así, como lobbista de Odebrecht, el "Corcho" recibió a varios empresarios en las oficinas de la compañía, pero al mismo tiempo viajó a China con De Vido. Lo hizo como operador de la empresa brasileña, aunque también produjo los discos del hijo guitarrista del entonces ministro.

Consultado por LA NACION, Rodríguez rechazó las sospechas. "Nunca estuve en ninguna negociación de ninguna obra", replicó. "Hasta por una cuestión de tiempos no es posible. Ese contrato se negoció años antes. Mi relación con la empresa comenzó en 2011", retrucó.

Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por US$ 25 millones se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema.

A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la "Petición N° 6712". Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.

En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.

Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales

(Clarin.com) - Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los doctores simulaban discapacidades y conseguían acuerdos extrajudiciales. Hay nueve personas investigadas

Los accidentes laborales están bajando pero suben los juicios. FOTO JUAN MANUEL FOGLIA

El fiscal de la justicia provincial, Enrique Gavier, pidió hoy la elevación a juicio de la causa por presuntos fraudes a Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales en la que están imputadas nueve personas.

Según fuentes judiciales, Gavier solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados cinco médicos, dos abogados y dos empleados hospitalarios por fraudes mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales, más el delito de asociación ilícita.

Los acusados son los abogados Marcelo Fernando y Oscar Alejandro Chiarini, imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita. También están acusados los médicos Daniel Eduardo Nates, José Eduardo Pacho, Hugo Mario Parente, David Javier Salvi y Oscar Alberto Visconti, quienes están imputados por estafa procesal continuada y de certificado médico falso reiterado en concurso real.

La acusación también alcanza a Mónica Rosana Oliva y Carlos Raúl Toranzo, empleados hospitalarios y delegados sindicales al momento de cometerse los hechos.

Los imputados están acusados de consumar falsedades documentales y fraudes procesales que causaron un grave perjuicio a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) Liberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA, hechos ocurridos de 2008 hasta el 12 de agosto de 2010.

Según el diario especializado Comercio y Justicia, los abogados Chiarini, asesores de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), aprovechando el acceso a bases de datos de empleados de distintos nosocomios de la provincia de Córdoba, conseguían captar a clientes que eran empleados en relación de dependencia de los hospitales Italiano, Psiquiátrico de Oliva y de otros nosocomios y entidades o empresas relacionadas con la salud.

Toranzo y Oliva, por su parte, eran quienes colaboraban para "reclutar" a estos potenciales clientes.

Una vez contactados, los convencían de que tenían derecho a demandar indemnizaciones por supuestas enfermedades laborales y el siguiente paso era llevarlos al consultorio del médico Pacho, quien realizaba una entrevista al paciente y confeccionaba allí el primer certificado médico falso.

Posteriormente, los clientes concurrían al estudio jurídico de los imputados Chiarini, donde se firmaba la demanda y, una vez interpuesta en la Justicia, los abogados contactaban a las ART para ofrecerles un acuerdo por un monto sustancialmente menor al demandado y de esta manera conciliar al inicio del juicio.

Una vez aceptada la oferta, se confeccionaba un segundo certificado falso, al que se le otorgaba el valor de peritaje médico extrajudicial, en el cual se reducía el porcentaje de incapacidad consignado en el primer certificado.

El segundo certificado era confeccionado por los otros médicos acusados en la causa y luego de obtener las homologaciones de los acuerdos por parte de los distintos jueces de Conciliación, tanto las ART como los clientes debían pagar a los abogados los honorarios correspondientes.

Predio Papa Francisco: un preso por la usurpación

(La Nación) - La Fiscalía de la Ciudad logró una condena de prisión efectiva para uno de los responsables de la usurpación del predio Papa Francisco, situado en en Villa Lugano. Claudio Roberto Jiménez, imputado por la toma de tierras públicas ocurrida en 2014, reconoció su participación como organizador mediante un juicio abreviado. 

Por eso, el fiscal de la causa, Carlos Rolero, acordó la pena de un año de prisión efectiva, que fue homologada por el juez Rodolfo Ariza Clerici. Como Jiménez tenía condenas previas -sin cumplir por estar prófugo-, recibió la pena única de cuatro años de prisión efectiva.

Para manejar el juego ilegal les pagaba sobornos a 27 seccionales

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

El jefe de la maniobra destinaba $ 150.000 por mes para que sus levantadores de quiniela no fueran detenidos por la policía

Un capitalista del juego destinaba al menos 150.000 pesos por mes a 27 dependencias policiales de la zona norte y noroeste del conurbano. No eran otra cosa que coimas para evitar que sus cien levantadores de quiniela clandestina, que recaudaban hasta $ 800.000 en jornadas en que había cuatro sorteos, fuesen molestados durante sus quehaceres o, eventualmente, detenidos por las operaciones ilegales.

Esta red de corrupción policial fue desbaratada a partir de una investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal de San Martín en julio del año pasado. Durante los allanamientos fueron apresados tres jefes policiales y el organizador de la maniobra: Carlos Alberto Fernández, que murió mientras estaba detenido. Su abogado era Jorge Cancio, actual subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas.

Los faxes con los extractos de las jugadas. Foto: LA NACION

Durante los operativos, los detectives abocados al caso secuestraron computadoras y soportes informáticos que contenían archivos encriptados, es decir, cifrados con una clave secreta.

Hace una semana, los peritos informáticos oficiales lograron desencriptar esos archivos. Encontraron una planilla donde el capitalista detallaba todo el dinero que pagaba en concepto de sobornos.

Allí figuran las siguientes dependencias policiales: Don Torcuato, Del Viso, Alberti 1 y 2, Departamental Don Torcuato, Los Polvorines, Dirección de Investigaciones de Pilar, Dirección de Investigaciones de San Martín, Comando de Patrullas, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Garín, Departamental Pilar y Distrital Escobar. Figuran, también, al menos cinco policías que se desempeñan en jefaturas departamentales de la zona.

Los sobres con dinero que se destinaban a esos policías corruptos sumaban $ 120.000, a los que se agregaban $ 30.000 que eran entregados a ocho uniformados que aparecen con distintos sobrenombres y en diversas dependencias.

En la planilla figura un ítem titulado "adicionales", en el que, además de los honorarios del jardinero, figura un apellido: Cancio.

Ese apellido se repite en una de las actas en las que se detalla cuáles fueron los elementos secuestrados en los allanamientos. Dentro de una caja fuerte había 76.800 pesos repartidos en fajos que llevaban los nombres de "Cancio", "Alberto", "Rosa" y "Walter". Ese cofre guardavalores fue encontrado en un inmueble situado en José Martí al 1400, de la localidad de Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas.

El propietario de ese local era Fernández, señalado como el capitalista de juego más importante de la zona, con más de cien levantadores de quiniela que operaban en el eje de la vieja ruta 8, la ruta 202 y la autopista Panamericana.

Su hija, Mirta, había sido secuestrada en 2003, en la época más crítica de ese tipo de delitos. Estuvo 27 días cautiva. Los secuestradores le cortaron un dedo y se lo mandaron a Fernández para que pagara el rescate. La mujer fue liberada luego de que su padre abonó 400.000 pesos, más de 100.000 dólares de la época. La banda de secuestradores, encabezada por Sergio Orlando Leiva, alias "Negro Sombra", fue condenada en 2007. Entre los sentenciados figuraba un policía bonaerense.

Además del dinero, dentro del inmueble los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense encontraron un centro de cómputos donde se procesaban las apuestas clandestinas de quiniela. Los investigadores secuestraron 15 computadoras y siete faxes en los que se recibían las planillas con las jugadas.

Al revisar la propiedad, los funcionarios de Asuntos Internos encontraron programas con apuestas de todas las quinielas nacionales y provinciales, anotaciones de jugadas de quiniela, de levantadores y corredores que trabajaban en combinación con el dueño del local. Toda esta actividad ilegal fue desarrollada por Fernández en el inmueble de Malvinas Argentinas.

Al ser consultado por LA NACION, el subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, admitió que había sido abogado del capitalista de juego detenido en una causa en la que había sido acusado de un homicidio culposo ocurrido en el cruce de la avenida 9 de Julio e Independencia, en el centro porteño.

"Hace mucho tiempo que no hablaba con Fernández, así que no sabía que todavía desarrollaba esa actividad. Pensé que había dejado hace tiempo. Voy a presentarme cuanto antes ante la Justicia para aclarar todo esto", dijo a LA NACION el funcionario municipal.

Fernández falleció mientras estaba detenido. Fueron procesados el oficial Damián Campero y el comisario de Los Polvorines Andrés Fabián Condes. El juez de San Martín Mariano Gramático Mazzari los acusó de cohecho activo.

La causa comenzó hace once meses a partir de una llamada anónima que recibió el fiscal de Investigaciones Complejas de San Martín, Edgardo Ledesma. Le dijeron que "policías de las comisarías de "Pablo Nogués, Los Polvorines Jefatura Departamental y Comando de Patrullas pasaban a retirar sobres con dinero por el inmueble situado en José Martí al 1400, de Malvinas Argentinas. Allí, el dueño de la propiedad entregaba dinero para que no lo persiguieran y lo dejaran continuar con la actividad de apuestas clandestinas de quinielas".

Ante esta denuncia, el fiscal ordenó una vigilancia de ese domicilio que derivó en las detenciones de los jefes policiales y en el allanamiento de la propiedad de José Martí al 1400, donde estaba montado el centro de cómputos de las apuestas clandestinas.

El análisis del contenido de los discos rígidos y de los servidores asociados a las computadoras del lugar fue arduo. En especial, costó desentrañar las claves de los archivos encriptados. Finalmente, los expertos informáticos de la Dirección General de Asuntos Internos lograron, la semana pasada, abrir la caja de Pandora. Así tuvieron el detalle de las coimas que Fernández pagaba para que sus corredores levantaran $ 800.000 por día en apuestas clandestinas.

A partir de la desclasificación de los archivos habrá, seguramente, nuevos nombres en la causa.

Del editor: Qué significa. Las contabilidades paralelas han empezado a dar detalles de las coimas que agujerean la credibilidades de la policía.

El otro favor de Kirchner a los fondos buitre

Por Ricardo Roa - Editorial del diario Clarin

La operación Kirchner-Ducler para apoderarse de YPF ha terminado alimentando un reclamo contra la Argentina.

Más que se sospechaba, se sabía conociendo al personaje: Néstor Kirchner estaba detrás de la compra del 25% de YPF a Repsol aunque en las formas el comprador había sido el grupo Esquenazi, dueño del Banco de Santa Cruz. Ahora empiezan a aparecer las pruebas. Y de un modo que pinta tenebroso.

Kirchner siempre fue un jugador a todo o nada y desde bastante antes de llegar a la Rosada. En sus tiempos en el Sur solía cruzarse a Chile de noche y secretamente para apostar en un casino. Esa compulsión a ir al límite marcó también su paso por la política. Y por los negocios: para él el dinero equivalía a poder.

Fue una verdadera bendición que le llegaran más de 600 millones de dólares por la privatización de YPF. Así como los recibió los mandó al exterior. En esa operación estuvo la mano de Aldo Ducler, que entonces le escribía discursos a Menem. Antes había militado en el nacionalismo y pasado por los gobiernos de Onganía y de Isabel Perón. También fue funcionario de la dictadura.

Un demócrata de toda la vida y un personaje de segunda fila que supo estar en lugares clave en el entresijo de la política y la economía. Ducler era un operador financiero todo terreno. De esa cabeza y de la cabeza de Kirchner salió una operación fantástica: quedarse con un pedazo de YPF y tomar el control de la petrolera sin poner un peso. Obvio, con la complicidad de los españoles que vendieron a muy buen precio y se aseguraron el apoyo del poder político para girar sin traba alguna cada año a Madrid sus dividendos, lo que para otros estaba vedado. Y sin preocuparse por su consecuencia: la descapitalización de la empresa.

La primera fase de la compra consistió en montar Petersen Energía en España y Petersen Energía PTY en Australia. A menos de tres semanas de creada y contra todas las normas, Petersen en España recibió créditos de un consorcio bancario encabezado por el Credit Suisse. A sola firma y con el aval de las mismas acciones. Todos creen que la garantía real y oculta de esas acciones fueron los intereses de los 600 millones de dólares de Santa Cruz. Back to back. Petersen compró el resto de acciones de YPF con un préstamo de la propia Repsol.

El pago de los créditos es mucho más conocido: cuotas anuales que Esquenazi pagaba con los dividendos de YPF. O sea: con la misma caja de YPF. Duró hasta que muerto Kirchner y con el gobierno de Cristina Kirchner necesitado de dinero decidió expropiar YPF como si fuera una gesta antiimperialista. Cayó el valor de las acciones y los bancos se vieron obligados a liquidarlas y reclamar por la pérdida a Petersen, que quebró. La situación fue aprovechada por fondos buitre.

Las acciones soñadas por Kirchner terminaron en esas manos que le reclaman a la Argentina miles de millones de dólares por la expropiación que decidió su viuda. Otro capítulo para esta oscura historia: Ducler murió buscando vender los datos de la operación Kirchner-YPF a través de su abogado y abogado también de Cristóbal López. El Club K de Estafadores de Santa Cruz que arrancó en los 90 sigue haciendo historia. Trágica.

Los papeles de Ducler revelan la trama oculta de los fondos de Santa Cruz

Por Nicolás Wiñazki - Clarin

Dos días antes de aparecer muerto, el financista anunció que revelaría cómo manejó Kirchner los millones santacruceños con cuentas off shore. Clarín accedió a los documentos.

Los papeles de Ducler revelan la trama oculta de los fondos de Santa Cruz - Aldo Ducler. Foto Enrique García Medina

Aldo Luis Ducler murió en las vísperas. Acababa de denunciar ante el Gobierno a sus clientes más poderosos, los Kirchner, pero no llegó a hacerlo de forma pública, o judicial. El jueves 1 de junio pasado caminaba por donde caminó siempre, la cuadra de la calle Corrientes al 400, cuando todo se terminó.

Fue en esas mismas veredas en las que todo, de alguna manera, también había empezado: en Corrientes 415 piso 6 funcionaba la financiera que el hoy jubilado de setenta y cinco años fundó y llegó a ser un banco, llamada “Mercado Abierto”. Allí donde gozó de la plenitud del éxito económico, siempre ligado al poder, empezó a perder también su vida. Ese jueves algo le pasó, aún no se sabe qué, pero una ambulancia lo llevó al Hospital Argerich, donde falleció.

El 30 de mayo, Ducler había presentado una carta ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que pedía protección para él y para su familia. A cambio, aseguraba que iba a “colaborar” con “documentación” para que la Justicia revelara la trama desconocida de las estructuras bancarias internacionales que usaron los Kirchner para crear una “asociación ilícita”: Ducler estaba dispuesto a entregar papeles que ayudarían conocer como “los fondos” que recibió Santa Cruz por regalías petrolíferas mal liquidadas en 1993 fueron usados de forma irregular por los K.

Según el denunciante, hoy muerto, los K tomaron control privados de esos 630 millones de dólares del Estado y los desviaron para hacer política, sanear un banco, y después para comprar un paquete de acciones de YPF, a través de la familia Eskenazi. Clarín accedió a parte de la documentación que demuestra que Mercado Abierto efectivamente había manejado los “fondos de Santa Cruz” vía bancos de los Estados Unidos y Suiza.

Ducler dijo que entre los “datos” que podría aportar estaban de los “números de cuenta” algunos de esos bancos que protagonizaron esta trama, aunque los ubicó únicamente en los países ya nombrados y en Luxemburgo.

Clarín accedió a documentación de “Mercado Abierto” donde se encuentran esas especificaciones, y otras más. Parte de esa documentación de Mercado Abierto fue publicada por Clarín en septiembre del 2016. Ahora más de los detalles de esos papeles, antes no mencionados en los artículos de este diario, se reactualizan.

Por ejemplo: a través de documentación de una cuenta del banco Credit Suisse queda explícito que los “fondos de Santa Cruz” también “giraron” por financieras de Holanda, Francia y el Reino Unido, entre otros países.

Según los papeles de “Mercado Abierto”, la financiera de Ducler, la principal cuenta que vehiculizó los millones santacruceños pertenecía al banco Morgan Stanley, ubicado en la calle Eye Street 1775 NW, Suite 200, en Washington, la capital de los Estados Unidos.

El “Financial Advisor” (asesor financiero) que durante meses envió resúmenes de los balances, inversiones, débitos y transacciones realizadas con ese dinero estatal a “Corrientes 415” era una persona identificada como “Masci/Tarr/Atkinson”. El número de esa cuenta (Account Number) del Morgan Stanley era el “642 213721 058”.

Un documento de ese banco enviado a “Mercado Abierto” a fines del mes de diciembre del 2003 (con Kirchner ya en la Presidencia de la Nación), los “Total Custodial Holdings” (o tenencias totales en custodia) ascendían a esa fecha a 549.971.618, 75 dólares.

Otra de las entidades de los Estados Unidos que manejó parte de los “Fondos de Santa Cruz” se llama “Dean Witter Reynolds Inc”. Existen pruebas escritas sobre cómo en 1995 el entonces gerente adscripto del banco de la provincia, el hoy preso por lavado de dinero Lázaro Báez, ordenaba que se hagan transferencias de esa cuenta neoyorquina, con dinero público, a otras pertenecientes a sociedades comerciales privadas con dueños desconocidos.

Ducler había escrito en su carta a la UIF que uno de los bancos que participó de las maniobras para garantizarle a los Kirchner la posibilidad de comprar acciones de YPF vía la familia Eskenazi había sido el Credit Suisse, de Suiza.

Ese banco también hizo operaciones con los millones de dólares que desde el sur del mundo terminaron por dar vueltas por varios bancos europeos. Los “Fondos de Santa Cruz” fueron depositados y usados distintos modos desde la sucursal del Credit Suisse ubicada en la calle Zurich-Paradelplatz, 8070, en la ciudad de Zurich, Suiza.

Por esa cuenta pasaron cientos de millones de dólares que estaban a cargo de un agente de ese banco identificado como “Mr Schoch Frank”. De esos papeles suizos surge, también, que varios millones de dólares de Santa Cruz tuvieron como “depositario” al Rabobank Nederlan, Utrech”, de Holanda.

El de noviembre de 2003, por ejemplo, se produjo una operación de la plata estatal de la hoy quebrada Santa Cruz desde el Credit Suisse al Rabobank holandés. Kirchner era Presidente de la Argentina.

Desde el Credit Suisse se vehiculizó, entre muchas otras más maniobras, una transacción por “US$” por “100,000”, fechada el 10 de julio del 2003. El “Depositary” (depositario) de la plata está identificado como “CSPB Deposit Centre, ST Peter Port”. El “CSPB” es la sigla que corresponde a “Credit Suisse Private Banking.

La localidad de Saint Peter Port es la capital de un distrito del Reino Unido llamado Guernesey. Según Wiklipedia, los habitantes del lugar “reciben el mote de ‘villanos’” en la lengua que se habla en esa zona, el Dgernèsias. También desde el Credit Suisse se transfirieron fondos santacruceños al “Bayerische Landesbank, Paris”. Como siempre, el operador fue “Mr Frank Schoch”.

En su escrito ante la Unidad de Información Financiera (UIF) Ducler aclaró que quería colaborar con la Justicia buscando, un gran objetivo: “hacer caer” una demanda judicial contra la Argentina que se tramita en Estados Unidos vinculada a un reclamo por alrededor de 4 mil millones de dólares.

Es un pleito generado gracias a la “expropiación” del paquete accionario de YPF que perteneció a la familia Eskenazi, una acción impulsada por el propio Gobierno de Cristina Fernández en 2012, en medio de una promocionada gesta destinada -según las declaraciones- a promover la defensa de los intereses nacionales. Pero eso es otra historia, que se cuenta en estas páginas, en una nota aparte.

Investigan una estafa a Vialidad de sus propios directivos

Por Diego Cabot - LA NACION - Expropiaban terrenos de una futura autopista; el perjuicio es por $ 100 millones

La traza de la Autopista Perón, en el partido bonaerense de Merlo. Foto: Maxie Amena

Enquistada y de modo silencioso. Así trabajaba dentro de Vialidad Nacional la llamada "banda de los expropiadores", una organización que operó sobre todo en 2014 y 2015 y que ahora es investigada por haber causado un perjuicio al Estado por alrededor de $ 100 millones. La metodología era burda, pero efectiva. Burócratas del organismo conocían de antemano la traza de las líneas viales proyectadas, se presentaban en terrenos aledaños y los expropiaban a precios fuera de mercado.

En este caso, se trató de la autopista Perón, una continuación del Camino del Buen Ayre que será un tercer cordón circunvalar del conurbano bonaerense. A esos territorios llegaban aquellos burócratas viales con la ley de expropiaciones en mano y la lapicera de quienes decidían cuánto pagar por cada terreno expropiado. Hicieron romerías en tierra bonaerense, especialmente en Merlo y en Ezeiza, donde el camino corre por zonas más urbanas.

El método empezaba con el conocimiento de la línea expropiatoria. Entonces, integrantes de la banda iniciaban la negociación con los tenedores de los terrenos. La principal irregularidad que cometieron fue que en gran cantidad de los casos jamás contactaron al dueño real de la propiedad, es decir, al titular del dominio. Livianos de formalidades, optaban por negociar directamente con el superficiario, que en la gran mayoría de los casos eran ocupantes ilegítimos. Así empezaba a tejerse la maniobra, que terminaba con ponerle al inmueble un valor por encima del mercado, firmar la salida de la gente del lote y no pedir antecedentes sobre la cantidad de años que habían permanecido en ese lugar.

La alarma saltó cuando, a principios de 2016, algunos dueños de los terrenos ocupados y expropiados golpearon la puerta de Vialidad. Decían que por su propiedad pasaba una autopista y que nunca habían sido notificados ni indemnizados. Los nuevos funcionarios empezaron a escarbar expedientes y encontraron que entre 2014 y 2015 se habían expropiado la gran mayoría de las tierras.

El 8 de abril de 2016 se inició el expediente 5330 de Vialidad Nacional, caratulado "Revisión de proceso de expropiación vigente a diciembre de 2015 y resoluciones 1642/2012 y 3076/2012". Una auditoría, que se adjuntó desde la página 36 del trámite, relata cómo funcionó en Vialidad el esquema, que se completaba con dos normas firmadas por el entonces número uno del organismo, Nelson Periotti.

La primera establecía un procedimiento que se apartaba de los vigentes (la ley de expropiaciones y la llamada "Ley Pierri") y que flexibilizaba los requisitos para demostrar la permanencia como ocupante del lugar. La segunda, clave para realizar la maniobra, establecía una fórmula para calcular el valor, por encima de lo que establecía el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo encargado de ponerle precio al bien. El herramental estaba listo.

Según consta en la investigación interna, que pasó a la Oficina Anticorrupción, en el expediente 2486/14 se estableció un precio de 129.000 pesos por una vivienda, pero Vialidad pagó, gracias a una de las resoluciones, 531.437 pesos. En otro ejemplo, en el expediente 12.843/14, la casa fue tasada por el TTN en $ 129.000 y se canceló en $ 725.204. El boom inmobiliario a pleno en el conurbano bonaerense.

Roberto Gonçálvez, uno de los damnificados. Foto: Maxie Amena

El que paga mal paga dos veces, dice el refrán. Y así fue, se pagó dos veces. "Yo vivo lejos de aquí y acá había un terreno en el que me habían ocupado la casa. Una vez pasé a ver cómo estaba todo, y me encontré con que mi casa ya no estaba más. Por ahí pasaba la autopista", dice Roberto Gonçálvez, parado en el que alguna vez fue su lote. "Jamás me notificaron. Me dijeron que le habían pagado al ocupante de la casa. Fui a Vialidad y tuve que llevar toda la documentación que me acreditaba como dueño, y recién entonces, pude cobrar", agrega.

La estafa se terminó de configurar con la instalación de conocidos en terrenos de la traza para luego expropiarlos como ocupantes. Los funcionarios de Vialidad implicados, en varios casos, habían colocado personas cercanas pocos meses antes de la expropiación.

Casualmente, se encontró a varios empleados de la constructora que tenía a su cargo la obra, CPC -una empresa de Cristóbal López-, como ocupantes de terrenos, y obviamente se los indemnizó. Además, hubo empleados de Vialidad que también fueron sujetos de un pago por vivir sobre la traza. Coincidencias.

Hicieron de todo. En varios expedientes de terrenos distintos se encontró la foto de la misma casa y se repitieron testigos que explicaban la antigüedad de otros ocupantes. Amantes del desarrollo inmobiliario, varios expropiados tenían dos domicilios en diferentes lugares y fueron indemnizados por ambos.

Todo el andamiaje que terminaba con el Estado pagando más por estos terrenos estaba revestido de la legalidad que le daban las normas que Periotti había firmado. Por decisión de los propios funcionarios de Vialidad, el Tesoro pago hasta cinco veces el valor establecido por el TTN.

La operatoria duro hasta diciembre de 2015, cuando la nueva administración se hizo cargo y los antecedentes terminaron en una auditoría que inmediatamente se adjuntó y se remitió a la Oficina Anticorrupción. Según las cuentas del organismo vial, la maniobra le costó al Estado alrededor de $ 100 millones y aún queda más del 90% de la traza urbana ocupada y por expropiar. Años perdidos y millones malgastados.

La red funcionaba en las entrañas mismas de Vialidad Nacional. Una maraña de complicidades intervenían estos expedientes para desviar dinero público, que retornaba a los ahora millonarios burócratas viales. Fue una fiesta que terminó en una denuncia judicial.

Dinero público, negocios privados

Conocimiento - En Vialidad Nacional sabían por dónde iba a pasar la traza de la autopista Perón, un anillo que será la continuación del Camino del Buen Ayre

Al territorio - Burócratas del organismo iban a los terrenos sujetos a expropiación. Pagaban hasta cinco veces más a sus ocupantes y no se constataba la antigüedad en la vivienda

Conocidos - Además de que los propietarios no recibían dinero, varios expropiados eran empleados de la constructora CPC, de Cristóbal López, y de Vialidad Nacional

Sospecha - Se sospecha que toda la operatoria se hacía en connivencia entre el expropiado y los funcionarios

Investigación - El expediente interno se remitió a la Oficina Anticorrupción para hacer la denuncia penal

Empleados de Vialidad se hacían pasar por dueños de terrenos y cobraban dinero por expropiación

(La Nación) - La estafa se realizó en la gestión anterior; los mismos trabajadores del organismo conocían las traza de los nuevos caminos y se presentaban como damnificados de la obra.

Vialidad Nacional puso al descubierto una maniobra de sus propios empleados en la gestión kirchenrista por la que los mismos trabajadores del organismo, con la información del trazado de un camino, se hacían pasar por damnificados de la obra y solicitaban el dinero correspondiente a la expropiación.

La estafa, que incluía a empleados de Vialidad y trabajadores de las empresas constructoras, ronda los 100 millones de pesos.

El periodista Diego Cabot contó el procedimiento. "Vialidad en teoría había sacado a los ocupantes del terreno y no había informado a los dueños. Se sospecha que Vialidad colocaba sus alfiles y los expropiaban", indicó.

Ver: http://www.lanacion.com.ar/2026784-empleados-de-vialidad-se-hacian-pasar-por-duenos-de-terrenos-y-cobraban-dinero-por-expropiacion

"Reciclaban" alimentos vencidos

(La Nación) - Una banda que se dedicada a la venta de alimentos y mercadería vencida, en su mayoría recuperada de los rellenos sanitarios de la Ceamse, fue desbaratada al cabo de 36 allanamientos en los que hubo nueve detenidos y 14 aprehendidos, entre ellos, un policía de la ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia. 

La investigación reveló que la banda recolectaba mercadería de los basurales, adulteraba las etiquetas y fechas de vencimiento, y revendía los productos en comercios. Los procedimientos se hicieron en Malvinas Argentinas, Tigre, Pilar, José C. Paz y en galpones de la Ceamse donde operan cooperativas de recicladores.

Bagayeros: el contrabando paga su peaje con sangre

Por Germán de los Santos - LA NACION

Enfrentamientos entre "pasadores" en las ciudades salteñas de Orán y Aguas Blancas se saldan hoy con atentados y ajustes de cuentas que multiplican los muertos y heridos en la ruta 50

Después de 20 cruces diarios de la frontera, un “pasador” puede ganar $ 1000. Foto: Marcelo Manera

ORÁN, Salta.- En medio de la penumbra Raúl "Coya" Martínez no tuvo tiempo para huir ni resistir. Despreocupado, comía un sándwich apoyado en su Toyota Hilux cuando toda la ciudad de Orán, en Salta, ubicada a 32 kilómetros de la frontera con Bolivia, estaba a oscuras por un extraño corte de luz.

Dos motos clavaron los frenos en la esquina de la rotisería Lela, en pleno centro, y tres sicarios, sin sacarse los cascos, comenzaron a disparar. Su esposa trató de alcanzarle a Martínez, de 37 años, una pistola Bersa de la guantera, donde había 10 cargadores de balas 9mm, pero su escasa agilidad no la hizo llegar a tiempo.

Al bagayero, como llaman a los contrabandistas de la frontera entre Argentina y Bolivia, lo ejecutaron de cinco tiros, tres de ellos en la cabeza. Unos días antes había recibido amenazas de que iba a ser blanco de la venganza por otro atentado, tramado por él, contra un colega del ramo de Orán, que fue acribillado de diez balazos.

Desde hace unos meses empezó a recrudecer en esa ciudad la guerra entre los bagayeros. Son más de 5000 en Orán y Aguas Blancas, un punto estratégico de la frontera entre Argentina y Bolivia, que desde hace décadas se transformó en un centro de acopio de todo aquello que traspone el límite geográfico: ropa, electrodomésticos, drogas y hasta personas.

Es una actividad ilícita, pero permitida, que creció de manera vertiginosa durante los últimos cinco años. "Calculamos que más de un tercio de la comunidad se dedica a esta actividad que va en ascenso", señala el fiscal José Luis Bruno.

Hasta ahora esa forma de vida era aceptada por las autoridades, pero el narcotráfico y la trata de personas hizo más oscuro y violento ese negocio ilegal, que ya dejó de ser un factor de subsistencia de parte de la comunidad de la zona para transformarse en una mafia que mueve millones.

Otro engranaje del negocio es el tráfico de ciudadanos chinos que cruzan la frontera de manera ilegal. Son "aguantados" en viviendas del barrio Caballito de Orán para después enviarlos en remises a distintas zonas del país, fundamentalmente Buenos Aires.

El tráfico es una maquinaria que no se detiene. Funciona sin feriados ni fines de semana. Y ese trajín se observa diariamente sobre todo a la tarde en la ruta 50, que es el conducto que une los dos países.

Unas horas antes de que Martínez fuera asesinado, Gendarmería secuestró 63 kilos de cocaína y una ametralladora Halcón en un auto que trasladaba bultos desde Bolivia a Orán por la ruta 50. Desde hace un año, la Justicia investigaba por narcotráfico a los dos detenidos.

"En el contrabando todo está mezclado en esta zona, pero cada vez tiene mayor peso el narcotráfico y la violencia que generan estos grupos que se enfrentan para tener el control", aseguró Bruno, fiscal de Orán, en diálogo con LA NACION.

Control de pasos ilegales

El Ministerio de Seguridad de la Nación pretende ordenar por primera vez este complejo entramado. El secretario de Fronteras Luis Green adelantó que se pretende cerrar este año 25 pasos ilegales, en un trabajo coordinado con las provincias.

Más de 5000 personas viven de sus ganancias como bagayeros en Aguas Blancas. Foto: Marcelo Manera

Pero en Orán y Salvador Mazza, dos puntos estratégicos del arribo de droga a la Argentina, no será sencillo. Allí gran parte de la población vive del tráfico ilegal y cuando se ha querido cambiar este esquema se producen conflictos, piquetes en la ruta y enfrentamientos, como ocurrió hace tres años cuando un grupo de bagayeros tomó de rehenes a un grupo de gendarmes hasta que los efectivos de esa fuerza no les devolvieran la mercadería de contrabando secuestrada. Luego se gestó un enfrentamiento en plena ruta 50, donde murió de un balazo un bagayero que vivía en el barrio Néstor Kirchner, de Orán.

No es fácil entrar en el rubro, controlado por representantes de Manuel Barrios, presidente de la Cooperativa 15 de Abril que agrupa a los "pasadores". Tiene dos causas abiertas en la justicia federal por contrabando.

Barrios es quien cobra por el traspaso de los bultos y el que paga a los bagayeros. Este hombre maneja la cooperativa desde fin del año pasado, cuando intentaron desplazar a una mujer de unos 50 años llamada Estefanía que manejaba con exclusividad el traspaso de mercadería desde hacía una década. Entonces, comenzó una guerra que se libra en las calles de Orán y en la ruta 50.

La disputa detonó en una feroz pelea entre bagayeros a palazos y machetazos, que dejó una decena de heridos. Ni la policía ni la gendarmería, que está ubicada a menos de 500 metros del predio, intervinieron. Fuentes de la justicia federal indicaron que no se metieron porque están en inferioridad de condiciones: "Son 20 contra 500".

Rubén Pereyra, un bagayero de 35 años, dice que desde hace unos meses comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Otros bagayeros empezaron a robar los cargamentos en la ruta 50. Se vieron obligados a hacer el trayecto hasta Orán, que son unos 20 kilómetros, con una especie de custodia informal que va armada.

Un alto funcionario de la justicia provincial explicó que el bagayero dejó de ser un rebusque, y se transformó en una mafia. Y cada vez tienen mayor peso e influencia en esta ciudad.

Ransomware: ¿qué debe hacer un usuario común ante el ciberataque?

Por Ricardo Sametband - LA NACION

Consejos para evitar que un software malicioso se apodere de nuestros archivos.

Un ransomware anuncia que ha encriptado archivos y que sólo los descifrará con un pago. Foto: Christiaan Colen bajo licencia CC BY SA 

El mundo amaneció con la noticia de un ciberataque masivo, que afecta a varios países, y que pone las computadoras de empresas e instituciones a merced de malhechores, que lograron capturar esos equipos, encriptar todo su contenido y que exigen un pago a cambio de brindar la contraseña necesaria para recuperar el acceso a la información que almacenan esas computadoras.

Ese tipo de software malicioso se conoce como ransomware (por ransom, rescate en inglés) y está lejos de ser un suceso nuevo, o ser ajeno a nuestro país; y es particularmente peligroso porque las técnicas de encriptación son las mismas que se usan para proteger archivos en forma legal; es decir, es casi imposible romper ese cifrado. Es algo que mucha gente ha sufrido, aunque no en la escala que vemos hoy en todo el planeta.

Consejos

¿Cómo puede evitar un usuario caer en esta trampa? Aplicando los mismos consejos que se dan cuando se habla de seguridad informática :

• Tener el sistema operativo actualizado (y sobre todo, sin posponer la instalación de actualizaciones)
• Tener actualizado el navegador, el mensajero, el cliente de correo
• Tener un antivirus activo, para detectar un ataque, y actualizado
• No abrir cualquier adjunto que llega por mail, sobre todo si el remitente es desconocido; confirmar con quien lo envió que efectivamente lo hizo (y que no fue un virus el que generó el mail)
• No cliquear en cualquier link en un mail o mensaje de chat, sobre todo si el pretexto del mail es actualizar datos personales, si promete un premio, etcétera
• Ignorar las ventanas que aparecen al navegar, afirmando que nuestro equipo está en peligro, o desactualizado, y que ofrecen alguna solución con un clic
• No entrar a sitios que el navegador considera que son peligrosos
• Tener una copia de seguridad actualizada de los archivos valiosos, fuera de esa computadora, sea en un disco externo o una carpeta online

¿Y si me encuentro con que no tengo acceso al contenido de mi equipo y que, en efecto, me piden un rescate? Las opiniones están divididas; hay quien aconseja pagar, y quien recomienda no hacerlo, porque no hay garantías.

En cualquier caso se debe dar aviso a las autoridades y recurrir a un experto; por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene el BA-CSIRT, un centro de ayuda para ciudadanos comunes sobre delitos informáticos; también está la UFECI, Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

La mayoría de los proveedores de antivirus, además, tienen herramientas gratis que intentan vulnerar el cifrado del ransomware (o encontrar un agujero de seguridad en ese mismo software malicioso) para recuperar el acceso a los archivos, pero lo hacen después de que este malware está circulando. El que afecta a compañías de 74 países, por ejemplo, no era detectado por todos los antivirus, y aprovechaba una vulnerabilidad que fue resuelta por Microsoft en marzo último; quienes esperaron para aplicar ese parche son los que ahora pagan las consecuencias.

Penas de cárcel para piqueteros violentos

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste "no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse". Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Se hicieron desde tres cuentas manejadas por el contador Pérez Gadín y Fabián Rossi, el ex esposo de Iliana Calabró. Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Lázaro Báez más complicado. Suiza confirmó operaciones vinculadas a él. Foto Marcelo Carroll.

La Confederación Helvética envió información clave vinculada a la Ruta del Dinero K, al juzgado del juez Sebastián Casanello, confirmando el movimiento de fondos millonarios del entorno de Lázaro Báez. Los datos corroboran un circuito utilizado para el lavado de activos. La cifra que figura en la documentación consigna 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares. Son dos las empresas mencionadas en el informe: SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Entre los nombres reiterados en las operaciones figuran Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín -contador del empresario K-, al igual que los dos administradores de la financiera "La Rosadita". Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, están asociadas “a cuentas de la familia Báez”.

Fuentes vinculadas al juzgado de Sebastián Casanello se excusaron de confirmar o desmentir la información obtenida por Clarín en fuentes oficiales. Las fuentes señalaron que Casanello respetará el compromiso de confidencialidad asumido por Suiza.

La Ruta del Dinero K reconstruye otro circuito de lavado que se suma a la operación de 33 millones de dólares ya corroborada y que le valió a Báez un procesamiento por lavado de dinero. Suiza envió información bancaria suministrada por los bancos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, radicados en Lugano y Ginebra respectivamente, donde dos empresas radicadas en Panamá: SGI y Marketing and Logistic Managment SA abrieron cuentas corrientes.

Las cuentas vinculadas a Báez no perduraron abiertas más de seis meses y operaron prácticamente en simultáneo entre 2012 y 2013. Se utilizaron para realizar 139 operaciones por 20 millones de dólares, según consignó la Confederación Suiza. Los principales administradores de dichas cuentas fueron los ejecutivos de la financiera SGI Argentina conocida como “La Rosadita”: Eduardo Castro, Gustavo Fernández y Fabián Rossi. 

Tras su constitución en octubre de 2010 en Panamá, SGI dispuso dos años después, otorgar un poder de representación a Fernández (presidente y dueño del 60 % de las acciones), a Castro (director y dueño del 40% de las acciones). Ambos eran para ese entonces, directores de SGI Grupo Financiero en Argentina. Además, también se autorizó a Fabián Rossi sin un puesto formal en la estructura de la empresa, pero que fue firmante autorizante en las cuentas bancarias.

Con el poder otorgado, decidieron abrir una cuenta corriente -de la que figuran como beneficiarios- en el Banco PKB de Lugano en mayo de 2012, donde después comenzaron a realizar diversas operaciones. ¿Cuál era el objetivo de esta cuenta? Manejar de manera “off shore” operaciones del Grupo SGI con sede en Argentina, cuya dirección registrada se encuentra en el edificio Madero Center.

Esta cuenta, según supo Clarín, registró 37 créditos por una suma de 3.004.979 dólares, entre mayo de 2012 y marzo de 2013. En ese momento la cuenta corriente fue cerrada sin registrar ningún saldo.

Las operaciones continuaron cuatro meses después, pero a través de otra cuenta en el Banco J. Safra Bank, cuya titularidad correspondía a SGI Argentina SA, una vez más. Castro y Fernández figuraban como beneficiarios y Rossi como firmante autorizado. El banco suizo en función de la pauta “conozca a su cliente” (KYC) consignó en la información remitida al magistrado, que esta cuenta tenía por objetivo realizar tareas de consultoría y servicios vinculados “a los intereses industriales de la familia Báez”.

En este punto, se estaría ante un nuevo circuito para el ingreso y movimiento de dinero a Suiza, las operaciones se vinculan con las cuentas que la familia del empresario K tenía en ese mismo banco: N° 608663, 608741, 608743, 608744. En este entramado de cuentas y nombres, se consignó que Rossi era un persona de “absoluta confianza de Lázaro Báez” y de Daniel Pérez Gadín, contador del dueño del Grupo Austral.

Dicha cuenta registró 33 créditos por 5.040.650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013. También fue cerrada en dicho mes, sin ningún saldo.

Otras de las empresas involucradas y que abrió una cuenta corriente en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA. Esta sociedad de origen panameño fue creada en septiembre de 2011 con un poder de administración, otorgado el mismo día de su constitución, a favor de Castro, Fernández y Rossi -nuevamente con firma autorizante-. Una vez más, la información proveniente de Suiza vincula dicha firma con SGI Argentina resaltando la relación comercial con Báez y Pérez Gadín, ambos presos desde el 5 de abril de 2016.

Fue la cuenta que más créditos registró: 69 en total por 12.002.541 dólares. Las operaciones fueron en un período similar a las anteriores: agosto de 2012 hasta mayo de 2013. La maniobra concluyó de igual manera, se cerró la cuenta el 27 de mayo de ese año sin registrar saldo.

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Martín Báez y el contador Pérez Gadín cuentan dólares y euros en la financiera "La Rosadita".

Esta documentación fue utilizada para citar a ampliación de indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez, imputados por lavado de activos por Casanello, después que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) señaló la existencia de una serie de cuentas de las que serían beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina y con las que se movieron 25 millones de dólares a través de firmas radicadas en Panamá y Uruguay.

Poco después, el organismo antilavado remarcó -tras pedir la detención de los hijos del empresario K- que el informe de inteligencia no podía usarse como prueba en la causa. Después de una serie de exhortos y un viaje a Lugano en 2016, ingresó una parte de una gran causa abierta en Suiza que permite ir cerrando uno de los circuitos de lavado de dinero, complicando la situación judicial de la familia Báez.