Cooperativas bajo sospecha por lavado

Por Martín Dinatale - LA NACION

El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.

Foto: LA NACION 

Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.

En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.

Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.

"Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios", expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.

Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de "depuración y control a fondo", según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.

Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.

También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.

Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.

Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.

Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.

Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.

Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades. "Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno", reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.

Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.

En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país. Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.

También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios. El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.

En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.

Maniobras generalizadas e irregulares

- Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades

- Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar

- El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas

- Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles

Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias

Descarrilaron el tren para robar el carbón y venderlo

Por Marcelo Rolland / Los Andes
Desde la firma señalaron que poner en marcha la formación Mendoza-La Plata tendrá un alto costo.

Una formación del Trenes Argentinos Cargas, Linea San Martín, terminó fuera de la vías en Gutiérrez. Pérdidas millonarias. Vagones nuevos destruidos.

Cerca de tres meses atrás, la empresa de transporte ferroviario Belgrano Cargas y Logística recibió desde China una serie de vagones nuevos. Ayer a la tarde en Maipú, dos de esos valiosos vagones quedaron arruinados luego de que provocaran su descarrilamiento para, presuntamente, robar el carbón que transportaba.

El siniestro sucedió cerca de las 17 en el distrito de Gutiérrez, entre los barrios Villa Raquel y Parque Norte. Al menos 6 vagones más y la locomotora quedaron fuera de las vías. Incluso, uno de los vagones terminó arriba de otro. Milagrosamente, no hubo heridos.

Personal policial custodió la zona para los peritajes y para evitar los robos. “Es una constante, tenemos muchísimas denuncias. Nos hacen todo tipo de atentados con tal de robarse el carbón”, relató Héctor Rosales, jefe de Unidad de Producción del Belgrano Cargas.

Rosales se lamentó mucho porque estaban “estrenando” los vagones cero kilómetro. “Llegaron hace tres meses al Argentina”, detalló. Para el hombre de la empresa de cargas, las zonas más peligrosas para el tren en Mendoza son Perdriel, el “Bajo Luján” y Gutiérrez, justamente donde ayer descarriló la formación.

Rosales calculó que el operativo para poner en marcha nuevamente la traza ferroviaria será millonario, descontando el valor de los vagones perdidos.

Esta no es la primera vez que hay un siniestro de este tipo, el carbón de coque que lleva periódicamente el tren desde YPF hasta La Plata ha tenido, como dice Rosales, incontables sabotajes para luego revender el carbón. Ni siquiera la presencia policial ha logrado evitar este tipo de ataques.

Según el jefe de Unidad de Producción del Belgrano Cargas, cerca de 8 policías custodian cada formación, incluso con uniformados a bordo,pero parece que no alcanza. “El Estado (Belgrano cargas es una empresa estatal) hace un esfuerzo para comprar estos vagones que salen fortunas”, concluyó apesadumbrado .

Mendoza tiene un llamativa estadística, se producen entre uno y dos accidentes ferroviarios, pero si se la relaciona con la baja frecuencia de los trenes que circulan por las vías locales, el número se torna alarmante.

Un arsenal para la villa 1-11-14

(La Nación) - Al cabo de seis allanamientos realizados en los barrios de Flores y de Montserrat, la Policía Federal detuvo a cinco presuntos integrantes de una banda narco que opera desde la villa 1-11-14 y les secuestró, además de droga, más de 80 armas de fuego, muchas de ellas, largas y de grueso calibre que la organización comercializaba.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad de la Nación precisó que los procedimientos fueron requeridos por el juez federal Sergio Torres y ejecutados por la División Operaciones Antidrogas Urbanas y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). Se pudo comprobar que las armas eran acopiadas en el Bajo Flores y que, desde allí, eran trasladadas a distintos puntos de la Capital y el conurbano para su comercialización. La banda se proveía de armas gracias a un armero e instructor de tiro que tenía contacto con un acopiador ilegal de armamento de guerra. La mayoría de los detenidos cayó en un garaje de México al 1400.

Procesan a ex colaboradores de Randazzo por hacer fraude al Estado y desviar $ 50 millones

Por Iván Ruiz - LA NACION
El propio ex ministro hizo la denuncia ante la Justicia; involucran a 25 ex funcionarios.

Cheques para actividades del Ministerio del Interior, que fueron cobrados por los propios funcionarios, y licitaciones irregulares ganadas por empresas de familiares y amigos con un único fin: desviar $ 50 millones para comprar casas, autos de lujo y hasta un palco de un club de fútbol. El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 25 funcionarios de dicho organismo, que en ese momento era conducido por Florencio Randazzo, por haber incurrido en fraude al Estado, entre 2009 y 2013.

Los funcionarios formaban parte de cuatro proyectos dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la ONU para temas que atraviesan desde la mejora de la administración pública hasta proyectos viales. Las irregularidades aparecieron por primera vez durante una auditoría interna del Ministerio del Interior. Fue el propio Randazzo quien radicó la denuncia ante la Justicia.

"Los encausados -abusando de sus cargos- desviaron en provecho propio o de otras personas el patrimonio asignado. Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares o bien a personas que habían trabajado en la misma dependencia, utilizando la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas para simular contrataciones por bienes o servicios", indica el procesamiento.

Lourdes Giménez, mano derecha de Florencio Randazzo hasta 2013, es una de las más complicadas por la investigación. La ex funcionaria era una de las máximas autoridades en los proyectos PNUD. Sólo ella, Héctor Damián Mazza y Esteban Sáenz Rico tenían la potestad de firmar los cheques que endosaban y después eran cobrados por funcionarios de menor rango o bien, directamente, se falsificaban los endosos y las facturas de los destinatarios de los cheques. Una operación que se repitió sistemáticamente.

Giménez comenzó a trabajar en el Poder Ejecutivo en 2007 y en 2012 fue nombrada subsecretaria de Coordinación por el ex ministro. En 2013, su repentino alejamiento de la función pública generó un cimbronazo en el entorno de Randazzo, pudo saber LA NACION.

La Justicia constató que Giménez tenía una "relación muy cercana" con la firma Callmed SA, sociedad que fue beneficiada con contratos por $ 22 millones en proyectos del PNUD. Giménez y el apoderado de la firma viajaron juntos al exterior en varias ocasiones, acreditó la Justicia. Por otro lado, la entonces funcionaria estaba autorizada a manejar un Audi Quattro, propiedad de la empresa, desde el mismo día en que el vehículo fue adquirido. "Es posible sostener que el rodado entregado a Giménez era parte de los dividendos que le correspondían por el desvío del dinero realizado a la firma", señala la Justicia.

Callmed ganó 11 concursos irregulares con fondos del PNUD de temas que abarcan desde la provisión de uniformes para la Agencia de Seguridad Vial, el armado de oficinas para Tecnópolis, capacitación para prevenir accidentes de tránsito en la costa atlántica hasta el "apoyo logístico" para realizar jornadas sobre el proceso electoral. Después de ganar las licitaciones del PNUD, Callmed SA compró un departamento y dos cocheras por US$ 345.000 en Capital, dos inmuebles en Río Negro por $ 380.000 pesos y 15 autos asegurados por $ 6 millones.

Consultados por LA NACION, en el entorno de Randazzo remarcaron que la denuncia la había realizado el ministro, aunque prefirieron no hacer comentarios sobre la relación con Giménez.

Un palco

Saénz Rico y Mazza, los otros dos responsables del área, se animaron a hacer negocios juntos. On Group SA, una firma que ganó contratos en PNUD por $ 3,2 millones, estaba presidida por el primo de Sáenz Rico y dirigida por la madre de Mazza.

La Justicia determinó, incluso, que Mazza utilizó directamente uno de los cheques provistos por el Estado a una de sus empresas para comprar por diez años el palco N° 65 del estadio de Independiente. La operación se concretó el 5 de julio de 2012 por $ 492.000.

El juez Bonadio pidió la clausura del palco y ordenó intimar a Independiente -presidido por Hugo Moyano- a que devuelva el dinero para que después el palco sea comercializado nuevamente. "Es una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero del Estado que tenían a su cuidado", sentenció.

Las cuatro maniobras para desviar fondos

Cheques - Los funcionarios cobraron unos 50 cheques con dinero del Estado cuyos endosos realizaba los mismos empleados de la dependencia

Licitaciones irregulares - La Justicia contó unas 20 fallas administrativas en los concursos, tendientes a desviar las licitaciones para que ganen las mismas empresas

Familiares y amigos - Las empresas beneficiadas estaban compuestas por primos, madres y otros parientes de los responsables de la administración de los programas PNUD de la ONU.

Lavado de dinero - Los funcionarios compraron casas, cocheras, autos y hasta un palco en Independiente con los cheques de sus empresas que les pagaba el Estado

Aduana de Ezeiza: una auditoría revela graves fallas y complicidades

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El informe de Aeropuertos Argentina 2000 advierte sobre falencias de control y cuestiona el rol de las fuerzas de seguridad e inteligencia


Un operativo del año pasado en un depósito de la Aduana de Ezeiza; todo el personal está bajo la lupa. Foto: Archivo

Un informe reservado cuya elaboración fue ordenada por Aeropuertos Argentina 2000 expuso graves irregularidades y falencias en los sistemas de inteligencia y control aduanero dentro y alrededor del aeropuerto internacional de Ezeiza. El trabajo incluso señaló que el principal obstáculo para combatir el contrabando son los propios empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El informe de la consultora SSI -elaborado por personal que antes pasó por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Aduana de Estados Unidos- se concentró en tres grandes áreas de "prácticas ilícitas" observadas en la importación de mercaderías a través de Ezeiza, donde también se retienen productos por años, como se detectó el jueves con los barriles de pseudoefedrina. A veces es porque se espera el pago de una coima; otras, porque su dueño abandonó a su suerte la mercadería sensible.
El informe de SSI llegó hasta 2014 y provocó el despido de un grupo de ejecutivos y empleados de la Terminal de Cargas Argentina (TCA).

Sin embargo, la alerta del informe sobre la Aduana continúa vigente, según expedientes judiciales, testimonios de aduaneros y despachantes y de efectivos de fuerzas de seguridad que recabó LA NACION. Entre otros motivos, porque también señala a la Aduana de Ezeiza como una zona de alto riesgo, donde se mezclan efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aduaneros que cumplen sus tareas y otros que juegan para el contrabando mientras acumulan fortunas.

La primera "práctica ilícita" que expuso ese informe es "el movimiento de contrabando en cantidad". ¿Qué significa? El traslado de la mercadería que bajó de un avión, sea en embalajes o pallets, a otro predio fiscal -"zona primaria aduanera", en la jerga-, fuera del aeropuerto, para que allí complete los trámites aduaneros. La mercadería sale así de Ezeiza como "en tránsito" en el sistema informático aduanero y en los registros del depósito fiscal del depósito fiscal TCA, sin pasar por una inspección, a bordo de un camión que lo lleve a otro depósito.
¿Cuál es el truco? El más básico -entre muchos- es que las cintas de plástico azul con las que se "sella" la mercadería pueden despegarse y volverse a colocar sin dejar rastros. Es decir, algo muy básico y que sólo es posible si se "aceitó" a todas las áreas a cargo de controlar. En especial al área de "inteligencia aduanera".
Esa maniobra permite que el paquete que se quiere contrabandear abandone el aeropuerto y se desvíe a otro lugar antes de llegar a las instalaciones de la Aduana, alertaron los antiguos expertos de la CIA y la Customs Agency, que trazaron otra opción peor: que la mercadería sea "procesada" por los propios hombres de la Aduana para su inserción en el mercado negro.

Los aduaneros, en rigor, son a menudo parte del problema, no de la solución. Protagonizaron múltiples escándalos durante las últimas décadas. Desde la megacausa de la "Aduana paralela" al "caso Antonini". Y múltiples episodios vergozantes, cuanto menos, como el hallazgo de US$ 500.000 no declarados en la casa allanada de un jerarca aduanero.

O el caso de otro jefe, Damián Serra, vinculado al depósito fiscal TCT, que en 2015 sacó del país a Jaime Stiuso tras declarar por la muerte del fiscal Alberto Nisman. O todo lo que salió a la luz sobre cómo se movió la tonelada de cocaína que los Juliá transportaron luego a España.

Coimas para "liberar". Múltiples empresarios relatan que otra de las prácticas ilícitas más habituales entre los aduaneros es retener mercaderías durante largos períodos -con el costo que conlleva- hasta que el afectado se aviene a coimear para obtener la "liberación de la carga".
Ralph Lauren puede dar fe de eso. En 2013 admitió ante la Comisión de Valores (SEC) y la Fiscalía Federal de Nueva York que pagó sobornos a tres funcionarios argentinos entre 2005 y 2009 "para conseguir la autorización de importación de productos sin documentación, así como para evitar por completo la inspección" aduanera.
Debió pagar una multa de US$ 882.000 y reembolsar US$ 734.846 de ganancias más intereses. Pero no fue la única compañía sancionada en base a la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés). También la petrolera H&P y la metalúrgica Ball Corporation, que pagó US$ 300.000 a la SEC, tras admitir que sobornó a otros aduaneros argentinos.

Los hermanos Paolantonio fueron más agresivos, según la investigación de la Justicia local. Crearon una empresa de transporte de contenedores que se desarrolló a lo grande. Para eso pagaron entre 40.000 y 80.000 dólares por contenedor a aduaneros para contrabandear productos chinos en gran escala. Es decir, algo imposible de desarrollar sin la connivencia de altos funcionarios de la AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA). De hecho, el círculo se completó para los Paolantonio en agosto de 2014, cuando el entonces titular de la AFIP -y jefe máximo de la Aduana-, Ricardo Echegaray, firmó una resolución para liberalizar los depósitos fiscales.

Fue entonces cuando TCA pasó a afrontar la competencia de otros depósitos, como los de Jorge Lambiris -con quien Echegaray vacacionó en Río de Janeiro- y los Paolantonio, en la zona del Mercado Central, cerca de Ezeiza.

Durante las últimas semanas, en tanto, la Aduana quedó otra vez bajo la lupa. Primero por el desplazamiento de su titular, Juan José Gómez Centurión. Segundo, porque el ex funcionario dijo que recibió un anónimo que detallaba dónde se encontraban 12 barriles de pseudoefedrina. Lo denunció a la Justicia, que logró ubicarlos, calificados como "tránsito retenido" desde 2011 y con solicitud expresa de custodia por parte de la Aduana.

La existencia de mercadería "dormida" durante años en los depósitos fiscales no es algo inusual. ¿Qué contienen? ¿Productos "sensibles? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Dinero? Preguntas sin respuesta cierta hasta que no se abran los contenedores o bultos, lo que requiere de un protocolo previo, a veces con intervención judicial. "Entre el 65 y 70 por ciento de la mercadería sale sin problemas, mientras que el resto tiene algún tipo de demora o queda en una suerte de 'limbo', y si en 90 días nadie lo reclama pasa a la categoría de 'disposición final', por lo que la Aduana puede destruirlo, subastarlo, donarlo o devolverlo a su remitente", explican fuentes con experiencia acumulada en Ezeiza desde hace dos décadas. De hecho, de ese porcentaje, la cuarta parte -cerca del 8%- "jamás es reclamado y queda como 'tránsito retenido' en un depósito fiscal". Es decir, como la pseudoefedrina que se detectó este jueves.

"Desaparición" - La última práctica ilícita habitual entre los aduaneros, según el informe secreto que la consultora SSI entregó a las autoridades de TCA y de Aeropuertos Argentina 2000, es la más grotesca de todas: la desaparición de los paquetes (grandes o pequeños) en los depósitos fiscales.

Desde AA2000 cuentan que tras el informe de SSI echaron a personal de TCA y reforzaron sus medidas de seguridad. Pero la "desaparición" de mercadería es una práctica recurrente en todo el país, según surge de los registros cotejados por LA NACION. Y eso, claro, sin computar cuando los funcionarios del Estado operan para provecho propio, como se sospecha que ocurrió con agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, la actual AFI) entre 2012 y 2013, e investiga la justicia federal.

Las tres prácticas ilícitas más habituales - Son los delitos que más detalla la auditoría que encargó Aeropuertos Argentina 2000

Apertura de embalajes - Una de las modalidades delictivas es la apertura de embalajes para la extracción total o parcial de mercaderías que el propio personal aduanero deriva al mercado negro mientras en el depósito conserva el embalaje, en apariencia intacto

Retención de mercadería - Otro mecanismo es la retención de mercaderías durante largos períodos -con el costo que conlleva- hasta que el afectado se aviene a pagar un soborno para obtener la "liberación de la carga"

Desaparición de cargas - La "desaparición" por robo de los cargamentos, ya sea de grandes o pequeñas dimensiones, es otro de los ilícitos más comunes que se cometen en los depósitos fiscales.

Concordia: Tenía decenas de DNI, tarjetas y sus claves para cobrar Planes y Asignaciones

Un sujeto de 52 años, tenía $ 170 mil en efectivo, unos 37 DNI de distintos tipos, 58 tarjetas de débitos, y las mismas, tenían anotada sus claves. Muchas de ellas, pertenecían a cuentas de la Asignación Universal y el plan Progresar.

La Policía de Concordia habría logrado desarticular lo que sería verdadero negocio de un sujeto de 52 años, cuya actividad conocida es la venta de autos, pero también se habría aprovechado de gente humilde para sus oscuros fines. Pese a que los efectivos concurrieron a realizar un allanamiento, debido a denuncias por amenazas, al llegar al lugar encontraron una situación de mayor importancia.

El procedimiento fue realizado ayer por la tarde con funcionarios de la Comisaría Séptima de Concordia, que buscaban armas de fuego en una vivienda ubicada en calle Diamante al 1.800 de la capital del citrus.

Sin embargo, con el avance del allanamiento fueron hallando otros elementos que se relacionaban con lo que en principio configuraría un grave delito, pero que guardaría relación con las amenazas denunciadas en sedes policiales y judiciales.

Impresionante hallazgo

En la casa, los efectivos de la Policía entrerriana encontraron una importante cantidad de documentación perteneciente a varias decenas de personas, supo Elonce.com.

En el operativo, secuestraron 37 Documentos Nacionales de Identidad que identificaban a distintos ciudadanos. Además, incautaron 58 tarjetas de débito de diferentes clientes y bancos, las cuales tenían anotada la clave correspondiente para el cobro de dinero.

Según da cuenta la información policial, muchas de esas tarjetas, pertenecían a cuentas de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar.

En la vivienda de calle Diamante al 1.800 de Concordia, también encontraron 18 boletos de compra venta de vehículos y, ocultos debajo de un mueble, se halló la importante suma de más de 170 mil pesos en efectivo.

En la casa allanada se encontraba un hombre de 52 años, quien fue trasladado a dependencias Policiales para su identificación, pero que tras ese formal acto no quedó detenido, sino que tras labrar las actuaciones correspondientes fue dejado en libertad. Hasta el momento, no trascendió la identidad del sujeto que poseía los DNI, las tarjetas y sus claves.

Fuentes confirmaron a Elonce.com que hasta el momento el sujeto identificado, dedicado a la compra y venta de vehículos, es el único implicado en esta mecánica y que habría montado un sospechoso negocio . Además, el sujeto se habría aprovechado de gente muy humilde, ya que según pudo saber Elonce.com, en principio, los Documentos secuestrados son verdaderos y pertenecen a ciudadanos argentinos reales.

Prestamista y amenazas

Según datos recabados por el periodista Horacio Osorio, del sitio Diario Río Uruguay, el “sujeto implicado en el sospechoso caso descubierto ayer por la tarde, se dedicaría también a realizar préstamos de dinero a particulares, y el violento intento de cobro de una deuda, habría generado la denuncia por amenazas calificadas por el uso de arma fuego y la sorpresa fue hallar los documentos, las tarjetas, y el dinero en efectivo”, explicó.
Por otra parte, Osorio informó a Elonce.com que la causa quedó bajo la instrucción de la fiscal Julia Rivoira y según testimonios de los vecinos de calle Diamante de Concordia, el sujeto compraba y vendía autos de manera informal en su vivienda.

En referencia a las conexiones políticas del sujeto de 52 años implicados en el hecho, el periodista de Concordia sostuvo que “no se trata de una persona que tuviera una exposición política o partidaria que uno conozca en la ciudad, lo que no quita que tenga un familiar, un amigo o lo que fuere que si tenga conexiones políticas”, afirmó Osorio y agregó que “no es común y no cualquier mortal puede a hacerse de esta cantidad de tarjetas para cobrar estos planes sociales”, finalizó.

Fuente: http://concordiadirecto.com/concordia-tenia-decenas-de-dni-tarjetas-y-sus-claves-para-cobrar-planes-y-asignaciones.html

Aerolíneas no tiene los papeles de los pagos al hotel de Cristina

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com
Hay lapsos de meses sin registro sobre la tripulación de la empresa que durmió en el establecimiento.

El Hotel de la familia Kirchner Alto Calafate  Foto: OPI Santa Cruz.

La causa judicial que investiga si los Kirchner usaron su cadena de hoteles para lavar dinero de la corrupción, entre otros delitos, avanza aunque la Justicia pida pruebas y éstas no aparezcan. Parece una paradoja pero no lo es. Así de complicada está la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández, la de sus hijos y la de sus ex socios en esos emprendimientos turísticos, sobre todo, la familia Báez.

La novedad en el expediente conocido como “Hotesur”, debido que así se llama la sociedad comercial con la que los K controlan su hotel más grande, el Alto Calafate, es que la Justicia le solicitó a Aerolíneas Argentinas (AR) que le entregue la documentación donde debió haberse registrado cuántos de sus tripulantes que viajaron a El Calafate entre el 2008 y el 2015 durmieron en el hotel de los Kirchner por un convenio firmado entre el Estado y ese negocio privado en la era K.

La “Línea de Bandera” les pagó a los santacruceños el alquiler de 35 mil habitaciones para esos pasajeros frecuentes en el lapso de tiempo que fue desde el 2008 al 2015. El hotel ganó más de dos millones de dólares con esa operación segura. La Justicia busca los comprobantes que demuestren cuántos tripulantes de Aerolíneas finalmente se alojaron en el Alto Calafate. Pero desde la propia empresa estatal debieron admitir que no cuentan con esa información en forma completa.

La gestión de AR durante la presidencia del “camporista” Mariano Recalde y también bajo mando del dirigente peronista Julio Alak “perdió” esa documentación.

La contabilidad del Alto Calafate-Hotesur, igual que la del resto de las empresas de los Kirchner, son un agujero negro de información.

Los responsables de los registros públicos que no aparecen eran subordinados estatales de los mismos jefes que tenían los subordinados privados que tampoco entregaron esa información fundamental a los investigadores del caso.

¿Cuánto ganaron los Kirchner con el hotel privado gracias a contratos firmados con el propio Gobierno que ellos mismos controlaban?

El 15 de junio pasado, el fiscal del caso Hotesur, Gerardo Pollicita, le pidió a Aerolíneas Argentinas que le entregue copias de las facturas de los pagos que la compañía pública le había hecho al Alto Calafate para que descansen allí los seis tripulantes de AR que llegaban a la ciudad en distintos vuelos.

La respuesta del abogado de AR Mariano Muente llegó a la Justicia el 25 de julio. El texto empieza así: “Ante todo, pedimos disculpas por la demora en responder. Lamentablemente, parte de la información solicitada es de larga data y en su momento fue archivada en depósitos propios y de terceros alejados de nuestras oficinas operativas, circunstancias que dificultaron y dilataron la búsqueda”.

¿Por qué AR alquiló “depósitos” de “terceros”, además, como se ve, ineficaces, para guardar material sensible sobre la compañía?

El abogado Muente dio un detalle inquietante sobre los documentos que dijo que le costó encontrar: hay lapsos de varios meses sin registros sobre cuánta tripulación o pasajeros varados durmieron en el hotel K.

Entre el 4 de septiembre del 2012 y el 7 de enero del 2013, dice Aerolíneas, “no hemos encontrado facturas, de hacerlo serán remitidas a esa fiscalía”.

La misma falta de comprobantes alcanza a los meses que van desde el “1/6/2013 al 6/7/2013”.

Y faltan también los que corresponden a los meses que van "desde 1/8/2013 al 3/10/2013”.

La pérdida de esos comprobantes se repite en períodos en los que el Alto Calafate no era aun propiedad de los Kirchner, o sea, antes de noviembre del 2008.

El fiscal Pollicita pidió el martes 16 de este mes la indagatoria de la ex presidenta en el marco de una causa en la que investiga sus negocios con el principal beneficiario de la obra pública estatal, Lázaro Báez.

Pollicita afirmó en el dictamen sobre el tema que los Kirchner habían creado una “matriz” de corrupción que tenía como objetivo “vaciar las arcas del Estado” con constructoras de obra pública que devolvían parte de los fondos públicos que cobraban a cuentas privadas de la familia K.

Los Báez alquilaron el Alto Calafate a través de su sociedad Valle Mitre.

La tesis judicial de las denunciantes del caso Hotesur, Margarita Stolbizer, y su abogada, Silvina Martínez, es que el alquiler de 35 mil habitaciones del Alto Calafate por 2.548.643 dólares para que duerman, en promedio, seis tripulantes de AR por día, es excesivo, o un ardid para esconder maniobras de lavado de dinero.

Stolbizer y Martínez lograron detectar pruebas sobre períodos de tiempo en los que sí están registrados cuántos tripulantes de AR durmieron en el Alto Calafate. En un escrito presentado por ellas a la Justicia, aseguran que “fácil es advertir a simple vista que la cantidad de habitaciones contratadas excede la cantidad de personas de una tripulación que puede pasar la noche en el Hotel”.

Y denunciaron que “a veces” dormían en el Alto Calafate “6 tripulantes pero se habían contratado habitaciones para 20”.

Matemáticas son matemáticas. Las pruebas oficiales para refutar esos números no se encontraron. Por ahora.

Cartelización: la génesis de la corrupción en la obra pública

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Los empresarios admiten que siempre hubo maniobras para digitar las licitaciones; los mecanismos y los principales actores de los acuerdos.


Todos los viernes, un grupo de empresarios se reúne a comer. Asado, por lo general. Cena "de camadería" -así la definen-, en la que comparten buenos vinos, chistes malos, se alertan sobre riesgos, cruzan información y, de ser necesario, coordinan cómo encarar los proyectos más jugosos. O cómo lidiar con algún funcionario. Es apenas un atisbo de la "cartelización" de la obra pública, según afirman algunos de ellos que aceptaron dialogar con LA NACION.

"Para ciertas licitaciones, el «armado» es a través de la Cámara [Argentina] de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la 'Camarita' la que juega", cuenta un veterano con más de 30 años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.

"Veinticuatro horas antes de una licitación podía armarse una reunión en la oficina de la «Camarita» para coordinar las presentaciones de cada empresa", cuenta otro empresario, que recuerda una vieja anécdota: "En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, protectora de los caminos, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos".

El presidente de la "Camarita", Rodolfo Perales, lo niega, indignado. "No existe la cartelización. Absolutamente no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es imposible", dijo a LA NACION, para luego añadir: "Espero que quienes hablaron con usted no sean socios de nuestra cámara".

-Lo son.

-Lo lamento. No deberían...

Los empresarios consultados, sin embargo, descargaron toda o parte de la responsabilidad por la cartelización -y los sobreprecios- en los funcionarios de turno, a los que algunos constructores aluden con el eufemismo de "el socio" al que no pueden citar por su nombre.

"La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles", argumentó uno. "El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso", añadió otro que recordó el caso de un constructor que se negó a pagar y le secuestraron a un hijo.

Otro empresario ofreció una visión más crítica. "En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato, sí. Pero los empresarios callaron y ahora varios encima hacen lobby para que no salga la ley del arrepentido, no jodamos", se sinceró. "Fueron... fuimos -se corrigió a sí mismo- cómplices".

¿Cómo eran las negociaciones, en la práctica, con los funcionarios?

"Durante el gobierno de Menem los contratos chicos pagaban hasta el 0,5% y los grandes 2%; ya con Duhalde subió al 3%; y con Kirchner, llegó al 10%", detalló un empresario. "La primera obra que recuerdo era para Bariloche, y bajó el mensaje que a partir de entonces había que «poner el Diego». Néstor era un desaforado", agregó.

A partir de ese momento, cuentan, un interlocutor clave pasó a ser el financista Ernesto Clarens, quien recibía a empresarios en oficinas de la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, en Pasaje Carabelas. Luego en otra de la calle Maipú. Después, en Puerto Madero.

"Clarens te recibía y adelante tuyo llamaba a Kirchner para reportarle las novedades", contó un ejecutivo que lidió varias veces con el financista. "Lo llamaba y le decía, 'Lupín, anotá', y le pasaba las novedades".

El presidente de la "Camarita" también lo negó. "Conozco a Clarens. En algún momento trabajamos con él. Es una excelente persona y es falso lo que cuentan sobre él", indicó Perales a LA NACION.

"Además eso del 10% es falso", añadió el referente de Perales Aguiar SA, que en los '90 afrontó una tormenta por un presunto pago de sobornos al entonces ministro de Obras Públicas, Rodolfo Dromi, acusación que se diluyó en Tribunales. LA NACION intentó consultar a Clarens a través de sus abogados, pero no fue posible.

El ex número dos de Vialidad nacional, Sandro Férgola, se convirtió en otro interlocutor habitual de los empresarios. Primero en su oficina de Vialidad y luego en las de Rovella Carranza, donde recibió a más de un ejecutivo con un latiguillo que los descolocó. "¿Esto? Esto es de José", en alusión a José López, su superior de Obras Públicas devenido en depositario de bolsos millonarios en un convento que no es tal.

La constructora Rovella Carranza ya salió al cruce de esas versiones, que investiga la Justicia, y negó toda relación societaria o laboral con López.

A Clarens y Férgola se suman otros nombres. Entre ellos, los del entonces interventor del Occovi, Claudio Uberti, quien "atendía" en el café Volta, sobre avenida del Libertador, y operó para López hasta su caída por el "caso Antonini". Entonces lo reemplazó -en el Occovi y para todo lo demás- un histórico de Vialidad, Gustavo Gentili, que llegó de la mano de su mujer, Laura Andino, a la que ubicó como interventora de Autopistas del Sol, bajo su ala.

A ellos se sumaron otros interlocutores habituales para los empresarios. Entre ellos, el contador Andrés Galera y Guillermo "el ñoqui" Fernández, que solían actuar como emisarios de José López -algo que negaron ante la Justicia-. También, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, el socio y lugarteniente de Cristóbal López, más conocido como "el burrito" -porque decía que la tenía "más larga que todos" los empresarios- y solía atender en el hotel Hilton de la avenida Córdoba.

"Círculo cerrado"

"El reparto de obras es un círculo cerrado en el que se simula una competencia entre las constructoras", simplificó otro empresario. "Al punto de que a veces la empresa que se acuerda que va a ganar -añadió-, se encarga hasta de preparar los sobres que las otras empresas van a presentar para perder la licitación".

Otro constructor cuenta que cada empresa primero calcula su oferta, en la que incluye su costo directo (materiales, equipos y otros rubros), indirecto (capataces, jefes de obra, etc) y un adicional por riesgos. Eso arroja el costo total directo, al que se añaden los gastos generales de empresa, que refleja el costo total de obra, al que luego se añaden los costos financieros. "Y a eso, los sobreprecios para repartir entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia."

-¿Qué significa eso?

-Digamos que el funcionario pide el 10%, ¿ok? Bueno, a eso súmele otro 5% para el ganador (porque no voy a correr el riesgo sin un premio para mí, ¿no?). Y a eso, añádale otros 2 puntos para las empresas que perdieron. Total, 17% de sobreprecio. ¿Se entiende?

La cartelización -que además suele darse por regiones o provincias-, incluye prácticas propias. Entre otras, "el remate", como lo calificó un veterano de la obra pública.

"El «remate» es que cada empresario pone en un papelito cuánto repartirían entre sus competidores de lo que van a ganar si se quedan con la obra. Entonces, el contrato se lo queda el que promete repartir más y así todos ganan", explicó. "Claro que depende de un «pacto de caballeros». Y acá -añadió sin ironía-, todos lo son."

Investigan una estafa millonaria al PAMI por la falsificación de recetas

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Farmacias de Santiago del Estero facturaron $ 154 millones por remedios para diabéticos; entre los hipotéticos compradores figuran personas fallecidas y jubilados que no padecen esa enfermedad


El operativo en Córdoba terminó con el cerebro de la banda criminal detenido. Foto: Gendarmería

El matrimonio llamó la atención de la farmacéutica. Era habitual que Teresa Acosta y Edgardo Alegre fueran con sus recetas de PAMI para comprar insulina y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa. Pero la excesiva frecuencia puso en alerta a la profesional, que le explicó a los clientes que no había stock y les pidió que volvieran al día siguiente. Pocos minutos después comenzaba una investigación que iba a poner bajo sospecha a una organización criminal que estafó en una cifra millonaria al PAMI en Santiago del Estero.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, entre julio de 2015 y febrero pasado las farmacias de Santiago del Estero le facturaron al PAMI $ 154 millones por venta de insulina y tiras reactivas. Pero en la provincia sólo hay 2000 diabéticos insulinodependientes. Entre los supuestos afiliados que compraron los medicamentos hay personas fallecidas y jubilados que no padecen de diabetes.

Desde marzo pasado, el juez federal Guillermo Molinari y el fiscal del mismo fuero Pedro Simón, ambos de Santiago del Estero, tienen a su cargo dos expedientes en los que investigan las maniobras de la presunta estafa.

En las últimas horas, en un country de Córdoba, fue detenido el presunto "cerebro" de la organización criminal. Los detectives de la Gendarmería, a cargo del operativo, secuestraron numerosos troqueles de medicamentos. "El operativo en Córdoba refuerza la principal hipótesis de la investigación: el plan criminal consistía de la falsificación de troqueles de diferentes marcas de insulina y de recetas truchas a nombre de afiliados fallecidos o que no padecen de diábetes", informaron las fuentes.

Uno de los expedientes judiciales, como se dijo, comenzó con la denuncia realizada por la farmacéutica; el otro se inició después de una presentación hecha por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) PAMI, que desde hace poco menos de un mes está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, al descubrir una serie importantes de irregularidades tras un informe hecho por las actuales autoridades de la obra social de los jubilados.

"El caso de Santiago del Estero es elocuente, porque muestra cómo funcionan estas redes, pero tenemos indicios de que esta lógica se da en otros puntos del país. La Justicia está investigando", dijo a LA NACION el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. El funcionario nacional agregó: "Estas redes de corrupción son las que están llevando al PAMI al colapso. Vamos a dejar actuar a la Justicia para que determiné quién y cuánto robó".

Desde marzo pasado, cuando comenzaron las investigaciones de los detectives judiciales y de Gendarmería, suman 16 los sospechosos imputados. Según informaron fuentes judiciales, al matrimonio que levantó las sospechas de la farmacéutica le pagaban $ 100 por cada receta que presentaban. "Se trata de una pareja humilde, que vive de las dos pensiones que cobran", sostuvo un investigador del caso.

Pero Santiago del Estero no sería una excepción. Se sospecha, según fuentes de la UFI PAMI, que en otras provincias podría haber una metodología similar para concretar estafas millonarias.

"Las investigaciones están en trámite y podrían tener derivaciones que afectan a distintas jurisdicciones en el país. El entramado de la maniobra no se limita a Santiago del Estero, tal como ha quedado demostrado a través de los procedimientos realizados en Córdoba", explicaron voceros con acceso a los expedientes.

Uno de los 16 imputados es una empleada de PAMI de la agencia de la ciudad de Loreto, en Santiago del Estero, que retiró de la oficina 6000 recetas que se sospechan habrían sido parte de la maniobra.

Según fuentes judiciales, la tiras reactivas para medir el nivel de glucosa tienen un valor de $ 680. El PAMI cubre el 100% del costo. El año pasado, la obra social pagó a las farmacias de todo el país una cifra cercana a los $ 1000 millones. En los medicamentos para los insulinodependientes, el PAMI tuvo que abonar en 2015 la cifra de $ 1350 millones.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que una de las farmacias de Santiago del Estero que se sospecha participó de las maniobras de la estafa contra el PAMI en un mes facturó unos $ 500.000 en medicamentos para insulinodependientes y tiras reactivas. "Según pudimos constatar en la investigación, en promedio, la venta de los medicamentos para contrarrestar la diábetes suelen ser el 1,5% de la facturación de las farmacias. Pero para algunos de los comercios investigados de Santiago del Estero eran del 90%", afirmaron.

Además de las recetas y los troqueles, la banda criminal contaba con un listado de afiliados del PAMI y sellos de profesiones médicos. "Hubo casos donde farmacias facturaron hasta $ 1.000.000 por medicamentos y tiras reactivas. También descubrimos, por ejemplo, que una afiliada del PAMI que murió en enero siguió comprando los remedios; alguien se hacía pasar por ella y presentaban las recetas", agregaron.

Números irregulares

$ 154 millones - Es lo que facturaron al PAMI las farmacias de Santiago del Estero por remedios para diabéticos entre julio de 2015 y febrero pasado.

16 imputados - Desde marzo, cuando empezó la investigación

$ 500.000 - Facturación - Un farmacia santiagueña facturó ese dinero por los remedios en sólo un mes

El Gobierno luchará contra los piratas en Asia y África

Por Martín Dinatale - LA NACION
La Cancillería y Defensa adoptarán medidas para evitar ataques a buques con productos de exportación.

Susana Malcorra, Johnny Depp y Julio Martínez
El Gobierno decidió dar una pelea frontal contra la piratería de alta mar. No se trata de una película de aventuras de Hollywood. El ataque de barcos piratas en los mares de China a buques que transportan productos agrícolas argentinos y los potenciales negocios del país que se verán afectados en las costas de África por la piratería despertaron una alerta en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa, que ya se pusieron a trabajar en un plan de contingencia concreto.

Desde hace unos meses, en el ministerio que conduce Julio Martínez observan con preocupación que los empresarios que exportan soja y otros productos a Asia ven afectados sus envíos por el ataque de barcos piratas en el mar meridional de China. Algo similar ocurre en las costas de Nigeria, donde un grupo de piratas conocido como Vengadores tiene aterrorizada una zona desde donde la Argentina prevé importar en el futuro inmediato gas licuado. El tema también fue comentado en los mensajes cifrados que recibe la Cancillería de sus embajadas en esas zonas.

"Los intereses argentinos involucrados son los de nuestra exportación agropecuaria a China. Los costos de seguros y fletes que nuestros productores deben pagar en esa región a las empresas navieras dependen de las condiciones de navegabilidad de esas rutas. Cuanta mayor libertad y más seguridad de la navegación por las tensiones geopolíticas interestatales en la región y la actividad de la piratería haya, más baratos serán los costos", expresó a LA NACION José Luis Vila, subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.

Ante esta situación de riesgo que afecta a la economía argentina, el Gobierno empezó a evaluar algunas ideas: por ejemplo, se abrirán nuevas agregadurías militares en las embajadas de países situados en el mar de China. Ya hay un acuerdo de trasladar también unidades de inteligencia estratégica del Caribe a la zona en rojo de Asia. Por lo pronto, se prevé abrir en lo inmediato una agregaduría militar en Filipinas que trabaje en forma coordinada con las mismas oficinas argentinas situadas en China, la India y Australia. En esas embajadas también se dispondrá de más delegados militares de apoyo para producir informes de inteligencia y detectar a tiempo zonas de riesgo de piratas.

No son las únicas medidas que el ministro Martínez y la canciller Susana Malcorra están pensando para hacer frente a este flagelo de larga historia mundial. También se evalúa coordinar tareas de inteligencia con otros países que trabajan en la lucha contra los piratas. Las fuerzas armadas de China, Tailandia, Filipinas e Indonesia mantienen una unidad de operación común contra la piratería. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea hacen tareas de persuasión similares, más allá de las tareas de patrullaje de la OTAN.

A la vez, el Ministerio de Defensa enviará buques de apoyo para embarcaciones que transporten a Asia productos argentinos. Según pudo saber LA NACION, todas estas tareas se están coordinando bajo la órbita del subjefe del Ejército, general de brigada Santiago Ferreyra; el subjefe de la Armada, vicealmirante Horacio Nadale; el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Nieto, y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Miguel Máscolo.

Muchos piratas en el mar de China responden a grupos radicalizados del islamismo. Y los productos argentinos no son los únicos que sufren ataques. Según el portal "Delincuencia en alta mar: las aguas más pirateadas del mundo" (http://www.cnbc.com/2014/09/15/worlds-most-pirated-waters.html), la marina de Estados Unidos estima que la piratería global genera pérdidas anuales que llegan a los 8300 millones de dólares.

Por otra parte, la Cancillería y el Ministerio de Defensa también pusieron la mira en las costas africanas. El Gobierno busca importar gas licuado de Nigeria. Pero el avance de los piratas en esa zona desató una alerta. "Nigeria es una zona que la Argentina podría aprovechar mucho para el comercio, pero antes hay que tomar fuertes recaudos por los piratas", dijo una fuente de Defensa. El embajador argentino en Nigeria, Gustavo Dzugala, envía continuos reportes sobre grupos de piratas en esas costas y alertó de los riesgos ante posibles negocios. La idea de la Cancillería y de Defensa en este caso es instalar allí una agregaduría militar. No es tarea sencilla. Se estima que la apertura de una de estas oficinas podría costar unos 600.000 dólares anuales. Esa tarea en África se reforzaría con la agregaduría militar de la embajada en Sudáfrica, que comparte datos con fuerzas armadas de países de Europa y con Estados Unidos.

En las costas nigerianas el problema es tan complejo como en el mar de China. Allí hay grupos radicalizados del terorismo islámico de Boko Haram y la red pirata Vengadores. Según datos de la Oficina Marítima Internacional (https://icc-ccs.org/icc/imb), sólo en el primer trimestre de este año hubo 37 incidentes de piratería allí. Nigeria y Costa de Marfil representan dos tercios de los secuestros registrados en todo el mundo.

"Hay que atender el tema de la piratería en las zonas donde el país tiene actividad comercial, ya que se encarecen los seguros de navegación y eso se trasladará a los costos de los empresarios", coincidieron en Defensa y en la Cancillería.

Medidas contra la piratería

Agregadurías - El Gobierno abrirá agregadurías militares o ampliará su personal en embajadas del país en las zonas afectadas por los piratas

Información - Prevén más acuerdos para ampliar el intercambio de datos sensibles con otros países en la región

Envío de buques - Defensa prevé mandar buques de apoyo para los barcos que exporten a Asia

Utilizaban madera robada de las vías para fabricar muebles

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Dos chicos murieron por la falta de protección en los rieles

La Policía Federal recuperó más de mil tablones de lapacho. Foto: LA NACION / Policía Federal

El 15 de noviembre pasado murió electrocutado Matías Godoy, de 15 años. Fue en las vías del ferrocarril Urquiza, a la altura del puente Arroyo Morón, entre las estaciones Pablo Podestá y Jorge Newbery. Seis meses después, el 18 de mayo, el mismo trágico destino tuvo como protagonista a Enzo Pavón, de 12, cuando jugaba al fútbol en una plaza cercana a la estación Lourdes y fue a buscar la pelota que había quedado cerca de los rieles.

Ninguna de las dos tragedias fue una simple casualidad. Fueron consecuencia de un crimen previo: una banda de delincuentes había robado los tablones de lapacho colorado que cubrían el tercer riel que sirve para proveer electricidad a los trenes, a través de un conducto continuo en los lados de la línea férrea.

En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina recuperaron 1032 tablones de lapacho valuados en 1.500.000 pesos. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. Personal de Metrovías, empresa que tiene la concesión del ferrocarril Urquiza, reconoció como propio gran parte del material recobrado.

Fuentes de la investigación explicaron a LA NACION que hubo allanamientos en una maderera de Benavídez, en Tigre, y en un aserradero de Matheu, en Escobar, donde se secuestraron los tablones de lapacho colorado.

Se sospecha que con la madera robada de las vías del ferrocarril Urquiza se hacían muebles. Los detectives de la Policía Federal secuestraron espejos, mesas, bancos y respaldos para camas.

"Una de las mesas secuestradas estaba a la venta por 19.800 pesos y un espejo con marco rústico de madera, en $ 3200", dijo a LA NACION una de las fuentes consultadas. En total se decomisaron 40 muebles terminados, por un valor estimado de 300.000 pesos. La investigación judicial está a cargo del juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.

La pista seguida por los detectives federales los llevó hasta una maderera de Benavídez, donde fueron secuestrados los primeros 170 tablones de lapacho. Técnicos de la empresa Metrovías pudieron identificar ese material como los protectores de rieles robados de las vías del ferrocarril Urquiza.

Allí se encontraban al menos cuatro muebles presuntamente fabricados a partir de la madera sustraída. Sólo en ese lugar se decomisó una carga valuada en 200.000 pesos.

Ese primer allanamiento fue realizado en la mañana del 18 de mayo pasado. Mientras los investigadores identificaban allí el material supuestamente hurtado a Metrovías, la ausencia de protección del riel por el que pasa la corriente eléctrica le costó, en ese mismo momento, la vida al chico de 12 años que jugaba al fútbol con amigos en una plaza y cometió el fatídico error de ir a buscar la pelota a las vías.

En 2015, José López desvió $ 13.000 millones asignados a viviendas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El dato fue revelado por una auditoría oficial del Gobierno; no hay registros sobre el destino de esos fondos previstos para reducir el déficit habitacional


José López, anteayer, cuando fue trasladado a Moreno luego de ser detenido cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares. Foto: Fabián Marelli

Un grupo de auditores que encararon la tarea a pedido de la Jefatura de Gabinete se convencieron casi de inmediato: comenzar a revolver en los papeles que dejó el ex secretario de Obras Públicas José López era el primer paso de un camino plagado de irregularidades de distinto alcance que conducen al manejo sospechoso de fondos millonarios destinados originalmente a la construcción de viviendas con fines sociales. Les pusieron un número a sus estimaciones: sostienen que durante la gestión del ex funcionario en 2015 se desviaron por lo menos $ 13.544 millones que tenían como objetivo reducir el déficit habitacional. Así lo declararon en el informe denominado "El estado del Estado", que la dependencia de Marcos Peña difundió hace dos semanas.

LA NACION vio la auditoría en la que se basó el informe. Sostiene que el destino de esos fondos es incierto, aunque el Gobierno sospecha que la mayor parte se asignó a otras obras que no tenían nada que ver con la construcción o el mejoramiento de viviendas. En cambio, a ese destino habrían ido a parar apenas $ 5000 millones, un poco más de la cuarta parte.

La investigación que inició el Gobierno podría revelar caminos de corrupción hasta ahora escondidos que se analizarán en los tribunales.

Sucede que, al igual que en otras áreas del Estado, se repartieron fondos de manera discrecional a unidades ejecutoras afines en las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Santa Cruz, que también lidera la lista de distritos más beneficiados con fondos para rutas.

La auditoría que ordenó Frigerio sostiene que todas esas provincias "recibieron fondos desde Nación muy por encima de sus necesidades en términos de déficit habitacional". Y como las viviendas se adjudicaron sin condiciones "claramente establecidas" y escaso seguimiento después de la entrega, les abrieron el paso a "transacciones informales de venta o alquileres".

Todos esos datos acompañarán denuncias que el Gobierno presentará en la Justicia. Esa seguidilla comenzó con algunos casos ejemplares que involucran a organizaciones sociales que están en el centro de la polémica, como la Tupac Amaru, cuya líder es la diputada del Parlasur Milagro Sala, presa desde principios de año acusada de asociación ilícita, o la fundación María de los Ángeles, que conduce Susana Trimarco, cuya hija, Marita Verón, fue víctima de trata.

Las transferencias de fondos se instrumentaban a través de los institutos provinciales de vivienda y en menor medida por intermedio de los municipios. En todos los casos la administración macrista apunta a revisar los casos en que los pagos de las obras no guardan relación lógica con el avance de los proyectos.

En Jujuy, la Tupac Amaru encaró dos obras para construir 500 viviendas por $ 183,32 millones. En octubre del año pasado la secretaría de López había completado los pagos, pero el Gobierno hoy sólo tiene rendiciones de cuenta por el 80% de los montos.

También en Jujuy la organización de Sala recibió $ 128 millones para realizar 1000 mejoramientos de viviendas. El 30 de noviembre del año pasado, luego de perder el ballottage y 10 días antes de dejar el mando, la administración de Cristina Kirchner giró más de $ 29 millones para ese proyecto, que nunca presentó el acta de inicio de obra ni alguna otra rendición.

La relación con las provincias y los municipios también está bajo la lupa de la nueva gestión. En Bariloche (Río Negro) se destinaron $ 248,54 millones para la construcción de 495 viviendas que tienen un avance mínimo. Y a La Rioja llegaron $ 32,32 millones para afrontar el primer desembolso de 1500 mejoramientos. "Se presentaron certificaciones como si la obra se hubiera sobreejecutado. Se solicitaron el segundo y el tercer desembolso por montos superiores a los previstos en el plan original. Se envió una auditoría de la Secretaría de Vivienda y, a partir de una muestra, se determinó que en una gran cantidad de casos las obras declaradas como terminadas no han sido realizadas", acusa la auditoría.

Según el trabajo que hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, López acostumbraba a pagar con gran antelación trabajos que se dilataban en el tiempo o directamente nunca se hacían. En ese saco la administración de Cristina Kirchner puso al menos $ 2292 millones para afrontar el primer desembolso en 924 proyectos que nunca presentaron certificados de obra, por lo que su grado de avance es incierto.

Con la misma lógica, la vieja Secretaría de Obras Públicas, principal gestora de las viviendas sociales en todo el país, pagó el 100% de 1370 construcciones que, en el mejor de los casos, tienen un avance de obra cercano al 80%.

Los primeros hallazgos del macrismo están en línea con lo que reveló un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe de mayo de 2014. Según el organismo que manejaba Leandro Despouy, sólo uno de cada nueve proyectos auditados de la cartera de López tenía los papeles en orden. El resto presentaba irregularidades de todo tipo, desde "expedientes sin foliatura hasta pagos que se realizaban sin la verificación física de los avances de obra", algo difícil de explicar en la administración de los recursos públicos.

El Gobierno también encontró irregularidades en otras áreas que cayeron bajo la gestión de López. La más clara es la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Por ejemplo, en 2007, la gestión de Cristina Kirchner licitó la construcción de un tramo de la ruta 3 que une las localidades de Rada Tilly y Caleta Olivia. Tenía un presupuesto de $ 3000 millones y el trabajo quedó para Austral Construcciones.

La semana pasada el Gobierno relicitó la obra con un presupuesto de $ 2000 milllones (un 33% menos) y obtuvo ofertas incluso más bajas.

Cayó el segundo de De Vido cuando ocultaba US$ 8,7 millones en un convento . Paso a paso: cómo fue la detención de José López en General Rodríguez

Por Hernán Cappiello - LA NACION
El ex secretario de Obras Públicas José López, un hombre clave en el esquema de licitaciones kirchnerista, fue detenido luego de que un vecino lo vio cargar bolsos con plata y lo denunció; Rafecas ordenó su detención por enriquecimiento ilícito

La primera reacción de José López fue intentar coimear a la policía. La segunda, mentir, al decir que llevaba 8,7 millones de dólares para donar a la iglesia. Ninguna de las dos salidas le sirvió al ex secretario de Obras Públicas, segundo del ex ministro Julio De Vido , para zafar. Esta madrugada fue detenido en un convento de General Rodríguez cuando arrojaba en su interior bolsos y valijas con dólares, euros, yenes y billetes de Qatar, además de una pistola ametralladora Sig Sauer calibre 22 con un cargador de 25 balas.

López fue aprehendido por orden de la fiscal Alejandra Rodríguez de Luján, y anoche el juez federal Daniel Rafecas firmó -a pedido del fiscal Federico Delgado- su detención por enriquecimiento ilícito, en una causa que investigaba desde 2008. Rafecas lo indagará el jueves y le pidió a la justicia provincial que se inhibiera. Anoche había quedado detenido en una dependencia policial de Moreno.

La espectacularidad de la caída de López está destinada a tener un efecto político decisivo para el kirchnerismo: es la primera vez que un ex funcionario vinculado a la obra pública es encontrado en momentos en que intenta ocultar dinero de origen sospechoso. Las repercusiones lo reflejaron de inmediato.

Objetos secuestrados a José López

La detención del ex funcionario responde a una de las cinco causas que enfrenta el ladero de De Vido en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Todas están ligadas a la obra pública, que según el imputado arrepentido Leonardo Fariña era el mecanismo del kirchnerismo para hacer caja. Se lo investiga por los millones entregados a las Madres de Plaza de Mayo por Sueños Compartidos, por el caso Skanska y por beneficiar a la empresa Rovella & Carranza, que fue adquirida por Gotti Hermanos, la constructora de Lázaro Báez.

López fue detenido poco después de las 3 de la madrugada cuando Jesús Omar Ojeda, un vecino que vive frente al monasterio Nuestra Señora de Fátima de General Rodríguez, llamó a la policía y le dijo lo que estaba viendo: que un hombre que se había bajado de un Chevrolet Meriva (patente FEI 444) estaba arrojando bolsos con dinero al interior del edificio religioso. El hombre además quiso abrir el portón, pero no pudo, tal vez porque la llave que tenía no funcionaba. Se trata de un monasterio de las monjas orantes y penitentes situado en Mansilla y Batallón Norte.

Pero cuando llegó la policía detuvo a López en el interior, donde viven tres monjas de clausura dedicadas a la vida contemplativa. La superiora, de 94 años, está en cama, y el arzobispo del lugar, Héctor Rubén Di Monte, falleció en abril pasado.

La primera idea de López fue sobornar a la policía, que no se dejó tentar, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense. La segunda fue decirles a las monjas que tenía dinero que la policía le quería robar y que él lo había traído al convento para donarlo. Una de las monjas dijo por Radio La Red que López les dijo que había robado él mismo ese dinero para ayudarlas. "«Me van a robar, me van a robar». Eso dijo, le dije por qué, y dijo «porque yo robé dinero para venir a ayudar acá». Quiso entrar, pero se lo llevaron preso. Es un hombre muy bueno, pero hoy estaba medio loco cuando vino. Estaba enloquecido este hombre", añadió.

El convento era frecuentado por López y por De Vido. El intendente local de Cambiemos, Darío Kubar, señaló que el ex ministro asfaltó el acceso al edificio religioso.

Anoche -al cierre de esta edición-, la policía, con permiso de sus ocupantes, estaba revisando el lugar en busca de escondites, bóvedas o criptas donde pudiera haber dinero oculto. Utilizaban tres perros de la AFIP entrenados para detectar billetes. López tenía la llave del convento y así ingresó, dijo una fuente de la investigación. Llamó la atención de la policía que los dólares, algunos en fajos de 100 dólares termosellados, de 30.000, 80.000 y 50.000 dólares, estaban húmedos, como si hubieran estado en una bóveda o bajo tierra. Creen que López venía de su casa de Balcarce 451 2° "B" de Tigre, que anoche era allanada. Anoche también seguían contando el dinero, cuyo monto total podría ascender.

Cuatro bolsos ya estaban en el interior del convento, en la cocina, y la valija en la Meriva. Además, la policía encontró en el baúl del Chevrolet la pistola ametralladora y siete relojes de alta gama, incluidos dos Rólex, dos Omega, un Hamilton y un Tommy Hilfiger, con sus cajas. Y el arma. López tenía permiso de portación y tenencia vencidos para una Glock calibre 9 milímetros.

La fiscal Rodríguez imputó a López por el arma y por lavado de dinero. Hoy lo indagará en su fiscalía. El juez federal Rafecas le pidió al juez Gabriel Castro que se inhibiera.

Rafecas viene investigando a López desde 2008 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. Su causa abarca su enriquecimiento de 2003 a 2008. Pero ayer el denunciante habitual Santiago Dupuy de Lome, de Pro, lo denunció por su enriquecimiento por los años posteriores, causa que quedó en el juzgado del propio Rafecas. El fiscal Delgado viene pidiendo medidas contra López, pero no pudieron descubrir nada ilegal. De hecho, la causa estaba más cerca de ser cerrada que de llegar a un hallazgo. Ni la policía y ni la prefectura habían establecido nada de lo que se descubrió luego. Por eso Di Lello admitió ayer que no tenían ninguna pista de que López hubiera acumulado tanto dinero en efectivo.

Al momento de su arresto, López estaba excitado; luego, en una celda de la comisaría 1» de General Rodríguez, se deprimió. Anoche fue trasladado a la dependencia de Moreno, con chaleco antibalas, esposado y con casco del tipo comando. Hoy comparecerá ante la Justicia.

Un botín millonario - López intentaba ocultar 8,7 millones de dólares (anoche seguían contando), en cuatro bolsos, que en el momento de la captura estaban en el monasterio, y una valija que aún estaba en el auto

Divisas - La mayor parte del dinero estaba en fajos termosellados de 30.000, 50.000 y 80.000 dólares, en billetes de 100. Pero se encontró dinero en cuatro monedas: dólares, euros, yenes y billetes de Qatar

El arma - La policía secuestró también una pistola ametralladora Sig Sauer calibre 22. Llevaba un cargador con 25 balas. El arma había sido registrada por López en 2014, pero el permiso de portación estaba vencido

(La Nación) - El recorrido que siguió la investigación, desde el llamado al 911 al traslado a la DDI de Moreno.

Grupos comando y narcos usan cada vez más armas de guerra

Por Daniel Gallo - LA NACION
En dos meses hubo ocho casos en los que los delincuentes tenían fusiles o ametralladoras.


Material que era vendido a narcotraficantes en Rosario. Foto: Ministerio de Seguridad Santa Fe

A fines de marzo, cuando la policía santafecina abrió el baúl de un auto recién decomisado, en Rosario, quedó en evidencia que las bandas criminales están en busca de mayor poder de fuego. Junto a una pelota de fútbol había municiones, un rifle con mira telescópica y tres granadas lanzables desde un FAL. En ese caso se trató de una frustrada venta de armamento para un grupo dedicado al narcomenudeo. Pero la situación se repite en las principales ciudades argentinas y causa preocupación a las autoridades. A partir de entonces se registraron al menos otros siete hechos en los que delincuentes de toda clase aparecieron con ametralladoras en sus manos, en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Mar del Plata, Paraná y Córdoba.

La más reciente demostración de tamaño poder de fuego criminal se produjo el miércoles pasado en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde un grupo comando acribilló a dos policías con disparos de ametralladora y de FAL para robar los 11 millones de pesos que transportaban dos empleados de una financiera.

Según especialistas en seguridad consultados por LA NACION, algunas bandas buscan, con este aumento en la capacidad de fuego, ostentar poder, en especial, ante bandas rivales. En tanto, la especulación es que el origen principal de esas armas es el histórico saqueo "hormiga" de los arsenales de las fuerzas de seguridad y militares.

Los principales referentes en temas de seguridad de Pro, el PJ y el kirchnerismo ya escucharon las advertencias de funcionarios de Río de Janeiro sobre su experiencia ante el uso de armas automáticas. En las favelas cariocas la tasa de homicidios creció rápidamente cuando las bandas consiguieron un fuerte poder de fuego para saldar sus disputas. Y se tardó años en revertir un problema que aquí empieza a presentarse ahora.

Ostentación

La búsqueda de armamento por parte de bandas narco sería, en opinión de importantes especialistas en seguridad, para ostentar fuerza frente a otros grupos criminales y para proteger de competidores sus propias zonas de acopio y venta de drogas. Consideran que es así por la forma en que se organizan esas bandas, con cadenas de mando endebles y uniones territoriales que no les permiten tomar posiciones con más de una o dos rutas logísticas y una zona de comercialización.

Fue el caso de la banda que acopiaba grandes cantidades de cocaína y marihuana en Itatí, Corrientes, y comercializaba esa droga al menudeo en la porteña villa Zavaleta. A los 40 detenidos de esa organización se les secuestraron varios fusiles automáticos y seis pistolas con silenciadores.

A mediados de abril, la Policía Federal atrapó a una banda que hacía entraderas en los barrios porteños de Palermo, Villa Crespo y Liniers. Para ejecutar esa clase de robos bastante comunes, en los que las víctimas no suelen reaccionar, los delincuentes utilizaban dos ametralladoras y una escopeta. Ellos también tenían pistolas con silenciadores.

En Paraná, un móvil policial comprobó que los delincuentes comunes -a diferencia de los narcos- no tienen problemas en disparar cuando son rodeados. Cercados en una investigación policial por hurto de motocicletas, los sospechosos vaciaron un cargador de su ametralladora FMK3 antes de fugarse.

En el conurbano también se produjo un tiroteo que enfrentó a policías contra una banda de secuestradores que disparaba con una ametralladora. Un operativo cerrojo de patrulleros en Burzaco terminó con el enfrentamiento y con cuatro delincuentes arrestados. En tanto, en Moreno fue detenido en posesión de una ametralladora un hombre acusado de robo en viviendas rurales. Queda a la vista que ese poder de fuego ya no está reservado a bandas que procuran dar con blancos millonarios. Es más, en Mar del Plata, en los últimos días, se usó una ametralladora para robar a los pasajeros de un colectivo. Casi al mismo tiempo, en Córdoba, otra FMK3 apareció en manos de simples motochorros.

El abastecimiento ilegal de municiones no sería un problema para los delincuentes. No está aún determinado cuántas balas desaparecieron de los depósitos de Fabricaciones Militares en Santa Fe; se estima que habrían sido 26.000. Sí hay pistas sólidas de su destino: las bandas criminales. El ministro de Seguridad santafecino, Maximiliano Pullaro, llevó al Ministerio de Defensa de la Nación pruebas de esa situación. En allanamientos de viviendas vinculadas con la banda Los Monos se encontraron cajas de balas 9 mm con las inscripciones de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.

A fines de mayo, en un control de ruta en la localidad cordobesa de Sinsacate, un grupo de gendarmes encontró 50.000 cartuchos de escopeta 20/70 que eran transportados en forma irregular. Municiones y armas más potentes circulan al alcance de delincuentes de todo nivel.

Una Aduana al servicio del contrabando

(Editorial del diario La Nación) - Durante la conducción de Echegaray, la AFIP no sólo apañó la corrupción kirchnerista, sino que también fomentó la actividad de mafias de contrabandistas


La corrupción en los años del kirchnerismo fue altamente contagiosa, y una de las mejores muestras de esa epidemia fue la Aduana, que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entonces a cargo de Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, pese a las graves sospechas de corrupción que recaen sobre él.

En 2011, tres hermanos de apellido Paolantonio crearon una empresa de transporte con un capital de 80.000 pesos. Ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada, la firma, supuestamente dedicada al transporte de contenedores, en realidad era sólo una pantalla para una de las mayores operaciones de contrabando de las últimas décadas, que pudo llevarse a cabo sin problemas hasta el año pasado por contar con la activa complicidad de funcionarios aduaneros que cobraban importantes coimas de los hermanos Paolantonio.

En 2014, la empresa movilizó 180 contenedores, y el año pasado, más de 500. En su interior había productos generalmente fabricados en China, embarcados en Hong Kong. Mediante el pago a la Aduana de coimas que iban de 40.000 a 80.000 dólares por contenedor, los Paolantonio lograban introducir en el país cuanto deseaban.

Estas maniobras delictivas ejecutadas en gran escala y a lo largo de varios años se descubrieron cuando, tras el cambio de gobierno, asumieron las nuevas autoridades al frente de la Aduana, encabezadas por Juan José Gómez Centurión. Ante las sospechas sobre el peso de algunos contenedores, los enviaron a canal rojo para ser inspeccionados. Sin la protección aduanera, sufrían ahora el control exhaustivo de documentación y mercadería, cuando antes, gracias al arreglo, pasaban siempre por el canal verde. Entonces, comenzaron a acumularse esos contenedores en puertos y depósitos fiscales, porque obviamente nadie los reclamaba por tratarse de contrabando. Sumarían entre 3500 y 4000 contenedores, de los cuales más de 300 pertenecerían a las operaciones de los Paolantonio, quienes contaban con varias empresas importadoras cuyos titulares eran otra personas, presuntamente testaferros de los hermanos. La Aduana procedió a revocarles la habilitación a los depósitos fiscales que dieron cabida al contrabando de los Paolantonio, como los ubicados en el Mercado Central y Terminal Carga Tigre, en la zona norte.

En marzo, la Aduana efectuó la denuncia ante la Justicia. En la causa, a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, es importante que no sólo se llegue a los funcionarios aduaneros que autorizaban el ingreso al país de los contenedores con contrabando, sino también a sus superiores, y a partir de ellos determinar el verdadero papel cumplido por Echegaray. Dentro de la AFIP, la Aduana se encarga de recaudar los impuestos asociados al comercio exterior, aplicar la legislación sobre la importación y exportación de mercaderías y controlar el tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. En esta tercera obligación es donde la Aduana no sólo fracasó, sino que fue parte activa en un delito que por sus dimensiones tiene que haber contado con la complicidad de muy importantes funcionarios.

Como informó LA NACION, una de las primeras medidas adoptadas por la nueva conducción de la Aduana fue cancelar la habilitación de varios depósitos fiscales, mientras se prepara para revisar los precintos electrónicos que se emplean para monitorear tránsitos y traslados de mercaderías. Fue Echegaray quien decidió acelerar la aplicación obligatoria de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero.

Si bien hay cinco prestadores de los precintos, el mercado sabe que sólo tienen dos dueños: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, y RSI Group, de un amigo de Echegaray: Sergio González, a quien pertenecerían las otras tres prestadoras.

En 2014 se conoció que Echegaray estuvo en un lujoso hotel de Copacabana con Jorge "el Uruguayo" Lambiris y González. En aquel entonces, a Lambiris se lo sospechaba de ser el principal proveedor de mercadería prohibida. Lambiris era, además, dueño de Carestiba, el depósito fiscal cancelado recientemente por la Aduana.

Por esas vinculaciones es que resulta imprescindible determinar el rol de Echegaray en las maniobras de contrabando. De confirmarse, el actual titular de la Auditoría General de la Nación, ya imputado en más de una causa, habría propiciado el delito que debía combatir. No sería de extrañar. Lo mismo hizo al otorgarles una inaudita protección a Lázaro Báez y a Cristóbal López, junto a quienes se encuentra acusado.

La gravedad de las imputaciones que pesan sobre Echegaray es otro argumento para que abandone su actual cargo, antes de que intente volver a usarlo en provecho propio.

Córdoba: denuncian el robo de 600 kilos de pólvora de una fábrica militar

Por Gabriela Origlia - LA NACION
Ocurrió en Villa María; este mes se produjeron dos faltantes; el establecimiento está auditado por sospechas de triangulaciones con el de Fray Luis Beltrán


CÓRDOBA.- Las autoridades de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FMPE) de Villa María denunciaron este mes el robo de 600 kilos de pólvora ante la justicia federal. Ayer detectaron destrozos en el alambrado posterior del establecimiento, donde no hay cámaras ni personal de seguridad. El faltante detectado ahora es de unos 300 kilos (la pólvora se almacena en bolsas de 20 kilos) mientras que el 3 de este mes habría faltado una cantidad similar, robo que también fue denunciado ante la fiscal federal María Marta Schianni.

Las presentaciones las realizó Miguel Toselli, director de la fábrica. La pólvora a granel faltante es la que se usa para llenar municiones. No se realizó una estimación económica del robo. En lo que va del mes ya se robaron 600 kilos de pólvora de la Fábrica Militar de Villa María.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hace tiempo que insisten que los depósitos hay cantidades importantes de pólvora acumulada y que las autoridades no realizan acciones para venderla. Por la acumulación de stock, incluso, hubo un freno a la producción. El gremio planteó también que las medidas de seguridad en la fábrica son precarias: sólo hay guardia en el ingreso principal. En los dos robos, la salida de la pólvora fue por la parte de atrás del predio.

OTRA CAUSA

En marzo último el Ministerio de Defensa denunció irregularidades en la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe. Las autoridades sospechan que existía un "circuito paralelo" de venta de municiones e insumos del establecimiento. Una auditoría detectó que parte de los fulminantes que figuraban como faltantes aparecieron en Villa María.

En el predio cordobés también aparecieron, 24.000 kilos de pólvora que no estaban en Fray Luis Beltrán. Lo que se comprobó es que esos insumos figuraban en Villa María en "remitos de orden interno que violan la normativa de la AFIP. Lo que se sospecha es que esas triangulaciones entre las dependencias de Fabricaciones Militares escondía un circuito paralelo de comercialización.

Negro y Tata: reyes del contrabando de contenedores para Buenos Aires

Por Matías Longoni - Clarin.com
Son dos hermanos que, en connivencia con la Aduana de Ricardo Echegaray, administraban el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida. Clarín accedió a documentación que exhibe con lujo de detalles esos ilícitos.

 El buque porta contenedores Valence, que hace el recorrido entre China y Sudamérica. En junio de 2014 trajo varios equipos repletos de contrabando.

A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”. Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años. Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.

Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio. Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.

Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.

Parte del diario de un contrabandista, que relata día a día los negocios de los hermanos Negro y tata Paolantonio, los mayores contrabandistas de Buenos Aires en los últimos años.

Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre de 2015. Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga. Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.

“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray. Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.

"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.

Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno. Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores. Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.

Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas. La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.

Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana.
Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo. Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.

El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a través de estas importadoras es inabarcable. En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas. Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.

Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala. Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.