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domingo, 17 de septiembre de 2017

Mafia de los contenedores: detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina

Por Daniel Santoro - Clarin.com
Está sospechada de haber ordenado sacar un contenedor con contrabando y de participar de maniobras con declaraciones juradas de importación falsas.
Mafia de los contenedores: detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina
Patricia Fernández con una Hummer roja

En un operativo relámpago, la Justicia detuvo ayer a una puntera K, que exhibe fotos con Néstor y Cristina Kirchner en su página de Facebook e intentó sacar uno de los 900 contenedores con contrabando retenidos en la Aduana de Buenos Aires. Se trata de Gladys Fabiana Fernández alias "Patricia", quien anoche fue apresada por la Policía Federal en su mansión estilo Hollywood en el country Saint Thomas de la localidad bonaerense de Hurlingham junto a autos importados de alta gama y una camioneta Hummer, entre otras excentricidades, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En el allanamiento de esa mansión y otras viviendas, unos 30 efectivos a cargo del jefe de la División Delitos Federales de la Policía Federal, comisario Alejandro Ñamandú, secuestraron documentos y computadoras que demostrarían la vinculación de la puntera K, que se presenta como empleada de la Presidencia de la Nación, con esa mafia y con maniobras con declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). En principio, en fuentes judiciales se considera a Fernández como una de las ramas de la banda que encabezaban Oldemar "Cuky" Barreiro Laborda y Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Fernández fue detenida por orden del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a partir del arresto, el viernes, de dos hombres que intentaron sustraer uno de los 900 contenedores que tiene embargados desde el año pasado por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Fernández tendría, además, vinculaciones, con un actual empleado de la AFI cuyo nombre se desconoce pero estaría a punto de caer detenido. Clarín llamó ayer a voceros de la AFI pero no obtuvo respuesta.

El operativo comenzó el jueves pasado, cuando la prefectura detuvo al ex funcionario de la Oncca (la oficina de subsidios agrícolas K) llamado Víctor Palomino y su compañero Rodolfo Costas mientras pagaban 30 mil dólares en efectivo en el depósito fiscal Exolgan para intentar sacar un contenedor con productos de electrónica con un documento de embarque (Bill of Landing, en inglés) falso. El documento estaba a nombre de la empresa AMBIKA, investigada en la causa de la mafia de los contenedores. Por este motivo, el juez dio inmediatamente la orden de detener inmediatamente a los poseedores de ese documento trucho que habían llevado en un Fiat 500 Abarth. En un Mercedes Benz estacionado en el depósito ubicado en el Dock Sud dejaron los 30 mil dólares dentro de una campera para un funcionario aduanero que se estaba buscando al cierre de esta edición al igual que el supuesto empleado de la AFI.

Los abogados de los detenidos negociaron con la fiscal Gabriela Ruiz Morales acogerse al régimen del arrepentido y dieron información a cambio de una reducción de penas. Fuentes judiciales afirmaron que Palomino y Costas habrían sido contratos por otros dos hombres, uno que se presentó como empleado de la AFI e hijo de un juez. que responden a la puntera política K Fabiana Gladys Fernández. Las fuentes dicen que Fernández es investigada por supuestamente haber participado de la mafia de los contenedores y de las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) creadas en la época del cepo cambiario del ex secretario K de Comercio Guillermo Moreno. Esta segunda causa la tiene el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.
Mafia de los contenedores: detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina
Patricia Fernández con su hijo, en un viaje a Roma.

En su cuenta en Facebook, Fernández también se muestra en aquella mansión con camionetas Hummer y autos importados de alta gama, mientras su hijo viaja por el mundo, juega en casinos y se saca fotos con fajos con un millón de dólares. Sin embargo, no figura en ninguna empresa ni tiene antecedentes laborales bajo relación de dependencia ante la AFIP. Exhibe fotos con Néstor y Cristina durante la primera presidencia del ex primer mandatario bajo consignas como "exitosamente exitosa". Y escribió un libro titulado "El Génesis Néstor Kirchner" que lo ofrece en Mercado Libre. En otra parte de su Facebook, escribió "comenzando arduamente el año electivo... todos a la cancha... yo amo el proyecto nacional y popular... solo quien lo respete ahí estaremos con fuerza apoyando la decisión de la jefa", en alusión a la candidata a senadora de Unidad Ciudadana. Pese a que en la AFIP no aparece como parte de ninguna empresa, dice ser parte de un supuesto grupo empresario MDVITA. La novia de su hijo posteó una foto en una cama con un millón de dólares en efectivo.

Según las fuentes, Fernández habría intentado sacar el contenedor para un empresario llamado Gabriel Garcés que es socio de Gabriel Traficante -nombrado por arrepentidos en la causa de la mafia de los contenedores. Gabriel Garcés y Traficante son socios en una empresa llamada Mapeis Export inc, registrada en Miami y con sede en un paraíso fiscal. Traficante ya había sido nombrado como participando, supuestamente, de la mafia de los contenedores por varios de los imputados, entre ellos el hermano del ex juez Guillermo Tiscornia. El juez Aguinsky indagará mañana a Fernández pero antes seguramente la preguntará también se quieren acoger al régimen del arrepentido para señalar quienes eran sus jefes en esta maniobra que fue detenida a tiempo y muestra la presión de los contrabandistas sobre los 900 contenedores retenidos en el puerto de Buenos Aires

sábado, 16 de septiembre de 2017

Ordenan al ex titular de Astilleros Rio Santiago devolver al Estado $90 millones

Resultado de imagen para Astilleros Río Santiago(La Brujula.com) - Según el diario EL DIA, el ex presidente de Astilleros Río Santiago (ARS) durante el gobierno de Daniel Scioli, Héctor Scavuzzo, deberá devolver a las arcas del Estado provincial más de 90 millones de pesos por las irregularidades que fueron detectadas en los gastos de esa empresa en su gestión.

Así surge del fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, al que tuvo acceso EL DIA, sobre los movimientos presupuestarios de Astilleros durante 2015, último año de la administración Scioli.

Scavuzzo fue detenido en marzo del año pasado junto a cinco funcionarios que formaban parte de su gestión en la planta naviera, acusados de promover entre 2012 y 2014 una maniobra con contratos truchos para hacerse de significativas sumas de dinero.

Pero las irregularidades administrativas y contables se extienden más allá, hacia el ejercicio del año 2015, que fue analizado por el Tribunal de Cuentas, que emitió el fallo en los últimos días. Allí, el organismo de control encontró una larga serie de irregularidades, que van desde gastos sin amparo legal (como pagos a la filial Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado) hasta la liquidación de sueldos a empleados “ñoquis” que, en algunos casos, se llevaban más de $400 mil al año. Por eso, el Tribunal formuló cargos contra Scavuzzo por 90.779.046 pesos, que el ex titular de la firma deberá restituir “para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal”.
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Héctor Scavuzzo
La medida también alcanza al ex coordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros Rodolfo Elisetch, quien también fue detenido el año pasado junto a Scavuzzo y otros funcionarios en el marco de la causa que investiga la UFI 15 del fiscal Jorge Paolini.

En el fallo de más de 100 fojas, el Tribunal de Cuentas puso la lupa en varios movimientos, entre los que destacó el acta acuerdo firmada entre la presidencia de ARS y ATE Ensenada de la que surgieron una serie de pagos desde la empresa al gremio “en exceso de los aportes retenidos mensualmente a los empleados” y con faltante de documentación de respaldo.

En una declaración ante el organismo de control, Elisetch afirmó que los gastos objetados “se generaron por decisión del presidente del Ente, quien firmó un convenio con el sindicato ATE Ensenada, convenio del cual he sido completamente ajeno en todo sentido”. En ese marco, el organismo de control formuló cargos por 22.027.543 pesos contra Scavuzzi y Elisetch.

Otro de los ejes del fallo es las irregularidades detectadas en el pago de sueldos, donde se encontró una planilla con 34 empleados “ñoquis” que no concurrían a trabajar y cobraban sueldos que, en algunos casos, superaban los 400 mil pesos anuales.

En este caso, la formulación de cargos fue por 14.916.000 pesos, según lo dispuesto por el Tribunal.

Investigación en la Justicia

Scavuzzo, Elisetch y otros ex funcionarios de su gestión al frente de Astilleros son hoy investigados por el fiscal Jorge Paolini por el pago de altos sueldos a empleados ficticios, en una maniobra por más de 16 millones de pesos.

La causa se inició cuando una vecina de Pringles, de donde Scavuzzo fue intendente, denunció que le había sido dada de baja la Asignación Universal por Hijo ya que su esposo -un trabajador rural- aparecía en la nómina de Astilleros cobrando un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

En su declaración ante el fiscal Paolini, Scavuzzo (hoy excarcelado bajo fianza) apuntó contra el ex ministro de la Producción de la gestión de Scioli Cristian Breitenstein. Según trascendió, dijo que el ex funcionario se presentaba “en persona” en la dirección de pagos de sueldos y jornales de Astillero para llevarse los haberes de los “ñoquis”.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Detienen a una pareja por la bomba en la sede de la empresa Indra (II)

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Se rastreó la ruta del explosivo para llegar a los sospechosos; tenían mensajes contra Macri
Mariano Fresco es simpatizante kirchnerista
Mariano Fresco es simpatizante kirchnerista. Foto: Facebook

Un simpatizante kirchnerista y su mujer fueron detenidos acusados de enviar el paquete bomba que explotó tres días antes de las elecciones en las oficinas de la empresa Indra, encargada de realizar el escrutinio, y la Justicia busca a un tercer sospechoso que se cree que encargó a la pareja el armado del explosivo, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

El arresto fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas y se produjo ayer a la madrugada en la casa del matrimonio en Claypole, una vivienda humilde de ladrillos sin revocar, piso de tierra, sobre un calle sin asfaltar.
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Los detenidos por la Policía Federal fueron identificados por el juzgado como Mariano Fresco y su pareja, Analía Altamirano, ambos de 30 años, y los investigadores no encontraron en la casa ninguna referencia a que tuvieran una afiliación con grupos violentos. Fresco en sus redes sociales difundió mensajes en favor de Cristina y Néstor Kirchner, criticando al gobierno de Mauricio Macri.

Los investigadores creen que Fresco fue contratado por una tercera persona que le encargó armar el artefacto explosivo y enviarlo por correo privado a la sede de Indra. Allí, el paquete explotó y provocó heridas de consideración a dos personas.

Antes de su detención, Fresco tenía el teléfono intervenido y una de las comunicaciones interceptadas podría referirse al atentado.

Las filmaciones del lugar donde se entregó la bomba, en Paraná y Santa Fe, registraron a un hombre a bordo de una moto que entregó el paquete. Desde esa dirección luego fue mandado por correo interno a las oficinas de Puerto Madero. Los investigadores dieron con la empresa de mensajería El Líder, desde donde había partido el envío. Tras determinar que no estaban vinculados con el ataque, se descubrió que el motoquero Teófilo Soto Guerra, peruano, había sido quien llevó la caja, sin saber que su contenido era letal.

La empresa recibió por WhatsApp un pedido para llevar el paquete que provenía de un teléfono celular desconocido, donde un tal Gustavo -que dijo ser sordomudo- manifestó que quería hacer un envío, y que se lo iba a dejar a un colaborador suyo de nombre Mariano, que era quien iba a entregar el paquete. Soto Guerra fue en moto al hotel Garay, en Constitución. En la puerta lo esperaba Mariano, que le entregó el paquete y le pagó el servicio. Quien envió el mensaje de WhatsApp a la mensajería tenía llamadas previas de personas no ligadas entre sí, pero todas tenían en común a Mariano Fresco, según sus relaciones de Facebook. La misma tarjeta SIM había sido usada en otro aparato por su pareja, Analía Altamirano. La línea telefónica de Altamirano y la usada para encargar el envío del explosivo tenían al menos cinco llamadas con abonados en común.

Desde el Gobierno aseguraron que Altamirano y su mujer trabajaban con el referente de La Cámpora del barrio Don Orione.

Un caso de terrorismo K, al cual se le debe aplicarse todo el peso de la ley. Lo más importante es investigar quien le ordenó hacer el atentado...

jueves, 7 de septiembre de 2017

Robaron celulares por $ 50.000.000 mediante una estafa cibernética

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
La banda operaba en el Norte y simulaba dar oportunidades laborales en una compañía de telefonía móvil para quedarse con costosos equipos de comunicaciones
Encontraron evidencias de la estafa en Tucumán
Encontraron evidencias de la estafa en Tucumán. Foto: Policía Federal

El plan criminal funcionó sin mayores problemas durante siete años. Los delincuentes, después de engañar a personas que buscaban trabajo y de ingresar en forma ilegítima a la base de datos de la empresa Movistar, lograron apoderarse de teléfonos celulares de última tecnología por una cifra cercana a los 50.000.000 de pesos.

Pero en las últimas horas, después de cinco allanamientos en Tucumán, Salta y Jujuy, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a los dos principales organizadores de la red criminal.

Los operativos fueron ordenados por el juez criminal y correccional porteño Manuel de Campos, a cargo de la causa. En los procedimientos, los detectives de la PFA recuperaron teléfonos celulares robados a Movistar, computadoras, pendrives y varias cajas de aparatos celulares que, se presume, fueron enviados a Bolivia. "Se sospecha que esta organización criminal logró apoderarse de, en promedio, 20 teléfonos celulares de última generación por semana", sostuvo un jefe policial.

Desde Movistar resaltaron que la investigación comenzó por una denuncia hecha por la empresa. "La estafa no se originó por una falla de nuestros sistemas informáticos. Los delincuentes obtenían datos genuinos de la compañía, situación que les permitió concretar su plan criminal", explicaron fuentes de la empresa.

La causa comenzó cuando la empresa advirtió un faltante de equipos de telefonía celular. En la División Delitos Tecnológicos de la PFA resaltaron la colaboración de la compañía, que permitió agilizar la información.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la PFA, el plan criminal consistía en captar a personas que buscaban empleo para ofrecer trabajo como vendedores de teléfonos celulares para Movistar. La búsqueda se hacía por medio de páginas de Internet. 

"Nunca hubo entrevistas personales. Todas las comunicaciones se hacían por medio de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Los supuestos empleadores hasta daban por Internet un curso de capacitación de 15 días que los interesados debían abonar con tarjeta de crédito", explicó una fuente de la investigación. Una vez que los interesados "aprobaban" el curso de capacitación se pasaba al segundo paso: la prueba en una operación venta.

"De alguna manera que todavía está en plena investigación, los delincuentes ingresaban a la base de datos de Movistar y registraban a los supuestos nuevos empleados y obtenían un usuario y una clave", afirmó un detective de la PFA.

La gente, agregaron los informantes, estaba convencida de que había sido contratada por Movistar. "Los delincuentes enviaban una autorización para que se retirase de oficinas de la empresa los teléfonos que, supuestamente, debían ser vendidos", sostuvieron las fuentes policiales consultadas.

Cuando ya tenían en su poder los teléfonos celulares de última tecnología, los supuestos empleados recibían una nueva indicación: enviar los equipos por encomienda a la ciudad de Concepción, en Tucumán.

"Después del envío de los celulares, los delincuentes desaparecían. Ya no contestaban los correos electrónicos y tampoco respondían los mensajes de WhatsApp. En algún caso, para que la estafa no fuera descubierta llegaron a pagarle comisión a las personas que creyeron que habían sido contratados por Movistar", sostuvo un jefe policial. Los teléfonos celulares que desaparecían del stock de Movistar quedaban registrados a nombre de los supuestos nuevos empleados.

Venta online

"Los equipos de telefonía celular de última tecnología se vendían a nivel nacional por tiendas virtuales. Pero también hubo casos de aparatos que terminaron comercializados en Bolivia. Cuando hicimos los allanamientos, encontramos cajas originales vacías, pero con el número de IMEI del equipo y otros códigos de identificación que permitieron establecer que se trata de los aparatos robados de las dependencias de Movistar", afirmó el detective consultado.

Después de la denuncia de la empresa de telecomunicaciones, los especialistas de la PFA comenzaron con el rastreo de las llamadas. Las antenas de telefonía celular se activaron en distintos puntos de Tucumán, Salta y Jujuy. "En los operativos hechos en las últimas horas en el norte del país se logró detener a dos sospechosos, que serían los principales organizadores de las estafas", explicaron las fuentes consultadas.

Más de tres millones de teléfonos funcionan en forma irregular

La comercialización de celulares robados es uno de los mayores problemas para la seguridad pública. Incluso el hurto o arrebato de un equipo de telefonía móvil puede parecer un delito menor en comparación con otros crímenes más violentos, pero su repetición transforma ese robo mínimo en una complicación importante a la que pone atención el Gobierno.

Es que las autoridades determinaron que actualmente hay más de tres millones de líneas móviles utilizadas en forma irregular con aparatos que fueron adquiridos en el mercado negro. Un promedio de cinco mil celulares son robados cada día en las calles argentinas. Los funcionarios pretenden bloquear esos aparatos al sólo habilitarse su uso con un único chip identificado. Quienes están al tanto de ese proyecto afirman que es fuerte el debate con las prestatarias del servicio y los fabricantes de celulares. Mientras tanto, crece el comercio ilegal.

viernes, 25 de agosto de 2017

Un ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero K

Un ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero KPor Daniel Santoro - Clarin.com
Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

¿Documentos? En esta valija que Martínez Rojas dice se llevó al exterior habría informes de operaciones de lavado.

“Si la Justicia me da las garantías de seguridad suficientes, voy a revelar los nombres de ex funcionarios K de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco, de la Aduana y del Banco Central que lavaban dinero de la obra pública”, dijo ayer Mariano Martínez Rojas a su entorno en EE.UU. donde se encuentra, según revelaron fuentes empresarias a Clarín. Martínez Rojas fue el comprador de los medios K Tiempo Argentino y Radio América en una sospechosa negociación con Sergio Szpolski.

Martínez Rojas, quien desde hace un año se fue del país por "amenazas e intento de secuestro de su mujer", está dispuesto a declarar como arrepentido, con un régimen parecido al que usó el ex valijero Leonardo Fariña, contó, por otra parte, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a este diario. Como primera medida, el letrado solicitará hoy la eximición de prisión del empresario y medidas de seguridad para su cliente si llegara a volver al país. “Vivo con custodia permanente porque soy una boleta que camina”, relató el empresario a sus allegados.

Ex empresario K amenaza con revelar operaciones de lavado de dineroMartínez Rojas mostró su disposición a colaborar con la justicia luego de que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó ayer su captura nacional e internacional en la causa por lavado de dinero en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) por 300 millones de dólares durante el gobierno K.

En esta causa está imputado el ciudadano coreano conocido como “Mister Korea”, entre otros. Meirovich también detuvo a una mujer y ordenó la indagatoria de un ex gerente del banco Patagonia. Las DJAI fueron implementadas por el ex secretario de Comercio K Guillermo Moreno durante el cepo cambiario para permitir el pago en dólares de importaciones. Pero varias bandas simulaban importaciones para sacar dólares a 8 pesos cuando ya valían más de 12 en el exterior. La causa se abrió por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Según las fuentes, el empresario correntido contó a su entorno que tiene “una valija con 70 kilos de documentación” para respaldar su eventual confesión y que “yo era solo un empleado que recibía órdenes y ejecutaba”. “Esa valija es mi seguro de vida”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo era la operación, contó que “yo recibía, por ejemplo, cheques de refacturaciones de obras públicas de Formosa que se depositaban en cuentas de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y luego se sacaba en los bancos el dinero en efectivo”. Entre el 2014 y el 2015, afirmó que con ese procedimiento se movieron “50 millones de pesos por semana”. Precisó que una de esas operaciones se hizo a través de la “empresa Monky”. El juez Meirovich investiga a 56 empresas truchas usadas para fugar los dólares a a través de las DJAI.

Antes las dudas, precisó que parte de esas supuestas operaciones “eran líneas que bajaba el empresario Roberto Erusalimsky quien llegó a mi conocimiento a través de mi ex amigo y vendedor de autos de alta gama Malek Fara”. Erusalmsky es el mismo empresario que le compró un campo en Mendoza a Fariña quien lo había adquirido en comisión por 5 millones de dólares para, según dijo, el empresario K Lázaro Báez. Fara le vendió autos de alta gama a Fariña y al ex director de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Propuso que la Justicia pida las grabaciones de las cámaras de seguridad del garage del ex museo Renault donde tenía una “cueva” financiera y afirmó que “verán entrar muchas camionetas y a Fariña”.

En su descripción, de la supuesta operatoria de lavado aseguró que “también cambiaba cheques de la Lotería de Buenos Aires cuando estaba en manos del sciolista Luis Peluso o de la lotería del Chaco”.

Enojado con la situación que está viviendo, señaló “no quiero ser el payado de la fiesta, mientras ex funcionarios de la Aduana como “Barros, un socio de Mr. Korea, lo vieron tomando sol en el hotel Ritz de Miami como si nada”.

Denunció que se fue del país en noviembre del año pasado “porque me amenazaron de muerte, balearon mi camioneta y efectivos de la policía bonaerense trataron de secuestran a mi mujer”.

“Si yo hablo, saltan negocios de ex funcionarios K”, les dijo cuando le pidieron que documentara lo que denunciaba a fin de no quedar solo como un “mensaje” para terceros, en vez de terminar con una verdadera colaboración eficaz con la Justicia como hizo Fariña. En todo momento, Martínez Rojas buscó de aclarar que “no estoy fugado, ni escapado, solo quiero que me den las garantías de seguridad necesarias para declarar”. En caso de no conseguirlas, dice que está dispuesto a pedir asilo político en Estados Unidos a cambio de la información que tiene que dice involucra a ex funcionarios, empresas y bancos.

sábado, 19 de agosto de 2017

Un operativo conjunto de Aduana y Prefectura Naval desbarató contrabando en buques del puerto de Zárate

Por Fernando Morales - Infobae.com
La maniobra consistió en importar irregularmente repuestos marinos
"Vibrador y Forjador" son dos de los barcos remolcadores que pertenecen a la empresa naviera nacional "Maruba" y prestan el servicio de asistencia en la entrada y salida de los grandes buques que operan en el complejo portuario de Zárate.

En horas de la tarde de este viernes , en circunstancias en que el buque remolcador "Vibrador" procedente del puerto uruguayo de Nueva Palmira ingresó al complejo portuario de Zárate, la Prefectura Naval en su carácter de policía auxiliar aduanera, junto a una gran cantidad de agentes de Aduana y perros antinarcóticos, abordaron esta nave y el remolcador "Forjador", amarrado también en el mismo puerto, respondiendo a una denuncia que indicaba que en ambas naves habría material de contrabando.

Como resultado de la inspección realizada, se constató que a bordo del "Vibrador" se transportaba una considerable cantidad de material naval que presuntamente sería utilizado para la reparación de otras naves de la empresa.
Forjador, el otro buque implicado en el operativo
El Forjador, otro buque implicado
Los primeros testimonios del Capitán -que quedó detenido junto al agente marítimo y a otros dependientes de Maruba- indican que recibió la orden de sus superiores de dirigirse al puerto uruguayo y cargar material para la empresa en forma directa.

Siempre según los dichos del marino, "desde la jefatura de personal le indicaron que procediera a cargar una cajas que eran para la empresa". No obstante, la normativa en vigencia es de por sí explícita sobre los procedimientos que el capitán de un buque debe exigir antes que un bulto sea embarcado en su nave. Por lo que desde la Prefectura Naval se juzga la situación procesal del Capitán como "delicada".

Allegados a Maruba consultados por Infobae, indicaron "que se pensaba dar parte a las autoridades de la llegada del material, pero que solo se quiso ganar tiempo para no demorar la zarpada de otras naves".

En cuanto a la mercadería ilegal, la misma ha sido remitida por las autoridades aduaneras a un depósito fiscal, y se trabaja por estas horas en la valorización de las mismas.

jueves, 17 de agosto de 2017

La maquinaria nuclear de Corea del Norte, financiada por una batería de delitos

Por Luisa Corradini - LA NACION
El régimen de Pyongyang se dedica a falsificar dólares y yuanes, a ciberatracos y a exportaciones ilegales, alejadas del radar internacional. 

Resultado de imagen para economia de corea del nortePARÍS.- Para financiar el programa nuclear que podría llevar al mundo al borde de un cataclismo, Corea del Norte recurre a múltiples formas de delito: imprime dólares y yuanes, comete "asaltos bancarios cibernéticos", realiza un intenso comercio internacional ilegal, fabrica mercancías falsas y exporta mano de obra.

"El régimen norcoreano consagra 10.000 millones de dólares anuales a su programa nuclear. Esa cifra representa entre el 20% y el 25% del PBI, que oscila entre 30.000 y 40.000 millones", afirma la geoestratega francesa Valérie Niquet, experta en cuestiones asiáticas de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS). "La mayor parte proviene de actividades ilícitas", agrega.

Como el ciberatraco perpetrado por un grupo de hackers contra el Banco Central de Bangladesh en 2016, que les permitió apoderarse de 81 millones de dólares. Dos tercios de esa suma (51 millones) fueron "lavados" por los chinos Ding Shizue y Gao Shuhua en las mesas VIP de baccarat de dos casinos de Manila.

Resultado de imagen para Kaspersky Lab + north koreaLa reputada empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab logró averiguar que ese "golpe" fue realizado por Bluenoroff, filial especializada en ciberataques del grupo Lazarus, que opera al servicio de Pyongyang. Corea del Norte también estuvo implicada en el ataque informático gigante con el virus WannaCry -destinado a obtener el pago de un rescate millonario-, que paralizó más de 300.000 computadoras en 150 países a mediados de mayo, según Symantec, otro especialista en seguridad.

Hasta las nuevas sanciones económicas votadas la semana pasada por la ONU, las restricciones impuestas se limitaban a pocos productos y, por lo demás, eran burladas por el régimen de Kim Jong-un. Pyongyang obtenía 3000 millones de dólares por sus exportaciones y nunca tuvo problemas para conseguir en el exterior las materias primas y componentes necesarios para sus programas nucleares y balísticos.

Resultado de imagen para economia de corea del norteKim, por ejemplo, habría podido desarrollar en tiempo récord sus misiles intercontinentales, capaces de transportar una cabeza nuclear hasta California, gracias a los motores vendidos ilegalmente por una empresa de Ucrania, según denunció esta semana el prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres.

Esos artefactos equipan desde hace relativamente poco tiempo los nuevos cohetes de alcance intermedio Hwasong-12 y el misil balístico intercontinental Hwasong-14.

"Ningún otro país hizo una transición [de esa índole] en un periodo tan corto", estimó el experto estadounidense Michael Elleman, que trabaja desde 2009 para el IISS. La incógnita, reconoce, es saber si contó con la ayuda del gobierno de Kiev. La clave del misterio se encuentra al parecer en la empresa KB Iujnoie, que cuenta con el conocimiento técnico heredado de la época soviética en que Ucrania tenía una parte del arsenal balístico de la ex URSS.

Resultado de imagen para north korea + slave workerEn todo caso, el país sigue exportando mineral de hierro, arena y piedra a China, su principal cliente, y productos químicos, aceite de soja, textiles y productos del mar hacia Malasia y otros países de la región. "Además, el total de sus exportaciones ilegales asciende a 2000 millones de dólares por año", precisa el investigador Kent Boydston, en un trabajo para el Peterson Institute for International Economics.

La CIA y varias agencias de inteligencia europeas sospechan, incluso, que el régimen norcoreano exportó hacia Paquistán e Irán materiales "sensibles" utilizados en sus programas nuclear y balístico.

Entre otras actividades ilícitas figura la exportación de mano de obra. El año pasado, unos 60.000 obreros viajaron a China, Rusia y Medio Oriente para trabajar en construcción, fábricas textiles o en explotación forestal. Sus salarios, que representaron unos 200 millones de dólares, son girados a entidades controladas por el Estado, asegura Go Myong-Hyun, analista del Asian Institute for Policy Studies.

Resultado de imagen para north korea make fake moneyOtro sector importante es la fabricación de mercancías falsas textiles, perfumes o marroquinería de grandes firmas, que se venden en todo el mundo. La industria norcoreana también fabrica piezas de recambio para automóviles, máquinas agrícolas y aviones, artículos electrónicos, productos alimentarios envasados y falsos medicamentos.

Pero el rubro más productivo es la fabricación de moneda falsa. "Corea del Norte se especializó en hacer billetes de 100 y 500 dólares", denunció el grupo disidente North Korea Intellectuals Solidarity. La nueva especialidad de esas imprentas es la fabricación de yuanes, que comenzaron a testear en países asiáticos antes de introducirlos en China.

viernes, 11 de agosto de 2017

Detuvieron al otro gran referente de La Salada

Antequera, detenido(La Nación) - Es "Quique" Antequera, dueño de la feria Urkupiña; también cayó un barrabrava de Boca.

Enrique "Quique" Antequera, dueño de la feria Urkupiña y autodenominado "fundador" de La Salada, fue detenido anoche en un operativo conjunto entre la Gendamería, la policía bonaerense y la de la Ciudad, acusado como su viejo rival, Jorge Castillo, de integrar una asociación ilícita que manejaba la venta clandestina en el enclave lindero al Riachuelo en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

Al cierre de esta edición seguían los operativos y había otros siete detenidos. Entre ello s, uno de los líderes de la barra brava de Boca, Marcelo Aravena, también conocido como "Marcelo de Lomas". El barra está acusado de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que se dedicaba a cobrar ilegalmente alquileres a comerciantes informales que armaban sus puestos clandestinos en el Camino de la Ribera, adyacente a la feria La Salada.

Según fuentes de la investigación, anoche había procedimientos destinados a atrapar a otros miembros de una facción de la barra xeneize vinculados con esta organización delictiva.

Antequera fue apresado en el mismo predio que ocupa su feria, Urkupiña, minutos después de las 21.30 cuando se celebraba una misa. Junto con él fueron aprehendidos Roberto Alejandro Ríos y Ramiro Edwin Saravia Rodríguez, señalados por la Justicia como presuntos organizadores de la asociación ilícita.

Los operativos fueron ordenados por el grupo especial de fiscales de Lomas de Zamora supervisado por Sebastián Scalera a partir de una investigación que comenzó en 2014 por la ocupación ilegal del espacio público y luego de los desalojos dispuestos por el juez de Garantías de ese distrito, Gabriel Vitale.

Por una causa análoga está procesado y con prisión preventiva Jorge Castillo, autoproclamado "Rey de la Salada".

martes, 8 de agosto de 2017

La banda de la Aduana que contaba con protección política

Resultado de imagen para La banda de la Aduana que contaba con protección políticaPor Hugo Alconada Mon - LA NACION - @halconada
Claudio "Mono" Minnicelli pasó a la clandestinidad el 25 de octubre de 2016. Ese martes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó su captura local e internacional por considerarlo miembro de una banda conocida como la "mafia de los contenedores", dedicada al presunto contrabando agravado de mercaderías.

¿Cómo operaba? Según Aguinsky, la banda detectaba contenedores bloqueados o en situación de rezago con mercadería proveniente de China, les cambiaba el CUIT o el conocimiento de embarque y los reinsertaba en los canales oficiales para destrabar su ingreso al país, con destino final en La Salada.

Para lograrlo, contaba con la connivencia de agentes aduaneros. Eso le permitía falsear la información volcada en los formularios informáticos que presentaban en las áreas de control de la Aduana "o se habría presentado documentación apócrifa ante dichas dependencias con el objetivo de ingresar a territorio nacional las mercaderías que, se presume, conducían a una maniobra de contrabando", según explicó Aguinsky al ordenar todos los arrestos.

¿Quiénes integraban esa supuesta banda? Además de Minnicelli, el fundador de Lo Jack, Oldemar Carlos "Cuki" Barreiro Laborda; Federico Tiscornia Salort, hermano del ex juez Guillermo Tiscornia, y el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci, entre otros.

Para los investigadores, sin embargo, Paolucci, Barreiro Laborda y Tiscornia asumían los roles principales, mientras que "el Mono" se abocaba al trabajo "en el terreno".

Tiscornia Salort confirmó esa hipótesis al acogerse a la figura del "arrepentido". "Barreiro Laborda me decía que en caso de no poder comunicarme con él lo efectuara con Claudio Minnicelli, quien era su mano derecha", declaró.
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Aguinsky también detectó que la banda ocultó sus operaciones a la Justicia. De alguna forma, sus miembros sabían que había otra investigación penal en marcha contra ellos, en manos del juez federal Ariel Lijo, pero continuaron adelante, confiados en sus habilidades y su supuesta protección política.

"Por acá podés hablar tranquilo", llegó a ufanarse Barreiro Laborda en una de las conversaciones telefónicas que interceptó la Justicia. "Además, a ver, soy el rey de la tecnología, como vos sos rey de la Aduana. Bueno, ya sabés, Mauro, soy el que fundó y el ex dueño de Lo Jack, el pionero de la tecnología en la Argentina. Si yo te digo por la radio [que] podés hablar tranquilo, podés hablar tranquilo", afirmó.

El cuñado de De Vido también se mostró confiado gracias a la protección política de la que gozó durante décadas, desde que vivía en Río Gallegos. "Yo nunca voy a quedar detrás de las rejas porque saben que puedo abrir un cajón con los contratos de todos", amenazó Minnicelli en otra escucha.
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Esa supuesta cobertura se combinaba con coimas. Entre otros, según los investigadores judiciales, al entonces jefe de la Terminal Portuaria N° 5, Mauro Delmastro, o a la despachante de Aduana Vanesa Calamante.

"Ciertos pasajes de las conversaciones -explicó el juez Aguinsky- dan cuenta de los pagos que se les hacían a Calamante, Delmastro, a la persona a la que se le encargaba la firma de las multinotas «rectificatorias» e incluso al despachante que debía reclutarse a fin de que el montaje del engaño, es decir la «apariencia de licitud» de la operatoria, fuese completo."

domingo, 6 de agosto de 2017

En la Argentina, Odebrecht pagó más coimas que las que confesó en EE.UU.

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El monto podría superar los US$ 59 millones, según revelaron los delatores ante la justicia de Brasil.


Foto: Archivo 
El gigante brasileño Odebrecht pagó más coimas en la Argentina de las que admitió ante la justicia de Estados Unidos.

La cifra oficial que informó en Washington ascendió a US$ 35 millones, pero el verdadero monto ya llega a US$ 42 millones y podría superar los US$ 59 millones. Según surge de los documentos que durante las últimas semanas analizó la nacion, buena parte de lo pagado en sobornos continúa todavía en las sombras.

La operatoria que desplegó Odebrecht en el país muestra varios rasgos comunes a todos sus proyectos: la participación de "socios locales" con buena llegada al Ministerio de Planificación Federal, la injerencia de lobbistas que se encargaron del dinero negro y el uso intensivo de sociedades offshore para transferir millones desde y hacia paraísos fiscales.

Esos mismos documentos no revelan, sin embargo, cuánto habría sido el dinero pagado en efectivo, valijeros mediante, dentro de la Argentina o en el exterior.

Sus probables protagonistas, a los que contactó LA NACION, aún callan, aunque el nuevo jefe de Compliance de Odebrecht, Michael Munro, también cree que la cuenta final de los sobornos será mucho más elevada. "Esos números van a cambiar, no estamos tratando de esconder nada", afirmó Munro. Esa posibilidad se debe, explicó, a que sellaron "en seis meses" el acuerdo con el Departamento de Justicia. "No tuvimos tiempo para una investigación completa, por lo que acordamos sobre la base de la mejor información disponible en ese momento, la que era correcta y honesta, pero antes de que se completara una revisión completa en esos países", sostuvo durante una entrevista con el portal peruano IDL-Reporteros, líder del proyecto de investigación sobre el Lava Jato que integra LA NACION.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la base de los documentos analizados? Primero, que Odebrecht desembolsó US$ 25 millones por el contrato para la extensión de las redes troncales de gas; otros US$ 14 millones por el proyecto Aysa-Paraná de las Palmas y US$ 3,3 millones para soterrar el tren Sarmiento. Total: US$ 42,3 millones. ¿Es ése el monto final de las coimas? No. En el Sarmiento, por ejemplo, hay indicios de que las coimas en la Argentina pudieron trepar a US$ 20 millones, más otros US$ 5 millones para un ministro brasileño que destrabó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes).

Según declararon los delatores de Odebrecht ante la justicia brasileña, además, esas cifras sólo corresponden a su participación porcentual en cada proyecto. En el caso del Sarmiento, sólo controlaba el 30% del consorcio durante la primera fase y el 50% durante la segunda. De respetarse esos porcentuales, la cifra total entonces podría superar los US$ 10,6 millones. O llegar a los US$ 28 millones en el de Paraná de las Palmas. Pero esa hipótesis es negada por todos sus socios locales.

La información que analizó LA NACION expone, además, el supuesto rol del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez para canalizar retornos en los tres proyectos. Aunque él niega toda ilicitud, delatores premiados de Odebrecht -Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri, entre otros- lo marcaron en Brasil y su nombre llegó a Estados Unidos. ¿Qué declararon? Que tras la muerte de Néstor Kirchner, Rodríguez se ofreció para destrabar las deudas del Gobierno a cambio de "pagos indebidos" para Planificación Federal, ministerio del que dio un nombre en particular: Roberto Baratta, el lugarteniente de Julio De Vido.

Si el "Corcho" apareció en los tres proyectos, en dos de ellos -redes de gas y Paraná de las Palmas- también intervino el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de aceitados vínculos con el kirchnerismo. Según los delatores de Odebrecht, Wagner les planteó cuáles eran las reglas de juego para ganar negocios en la Argentina: asociarse con empresas locales como la suya -la constructora Esuco- y aportar el dinero negro que él les dijera, cuando les dijera, como les dijera y a quien les dijera. Pero Wagner lo niega.

Siempre según esos arrepentidos, el número dos de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero, asumió el mismo rol que Wagner en el proyecto para soterrar el Sarmiento. A él le atribuyen fijar montos y fechas. Pero Sánchez Caballero también niega ese rol. Iecsa y Esuco no eran las únicas empresas locales con las que Odebrecht se asoció. También Benito Roggio, Supercemento, Cartellone y BTU, una empresa a la que Faria definió como "altamente indicada por el cliente estatal", es decir, Planificación Federal, mientras que Mameri los calificó como parte de las "reglas de juego" argentinas. Reglas que no eran una "imposición legal", sino de la "corrupción" y la "cartelización".

¿Qué más surge de los documentos? Que las coimas en los tres proyectos se pagaron pari passu. Esto es, a medida que el Estado pagaba cada etapa concluida.

De esos documentos también aflora el uso intensivo de cuentas offshore para pagar coimas desde el Credicorp Bank, de Panamá, y el Meinl Bank, de Antigua. Desde allí operaron las firmas fantasma Select Engineering Consulting and Services, Trident Inter Trading y Klienfeld Services, que transfirieron millones a una cuenta en Uruguay de la firma Sabrimol Trading, cuyo ex director Carlos Dentone atribuyó al "Corcho" Rodríguez.

Por contraste, esos documentos evidencian también el material que aún resta conocer sobre la Argentina. Faltan datos sobre quiénes son los funcionarios que recibieron coimas y que aparecen como "Festanca" -"fiestero" o "festivo" en portugués- y "Duvidoso" -"dubitativo"-. Y faltan precisiones sobre el acuerdo espurio que la constructora brasileña selló con Manuel Vázquez, testaferro confeso del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y del que hasta ahora sólo salieron a la luz US$ 80.000 que Vázquez reclamó por mail. En la misma línea, el "doleiro" Leonardo Meirelles declaró ante los fiscales argentinos y brasileños sobre las transferencias que hizo desde su sociedad "pantalla" RFY Import & Export al actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Por todos esos rubros pendientes -a los que podrían sumarse los supuestos aportes de campaña en negro o datos sobre las obras en YPF y en Córdoba-, la suma negra de Odebrecht podría superar con creces los US$ 59 millones y dejar aún más atrás la cifra oficial de US$ 35 millones que admitió en EE.UU.

jueves, 3 de agosto de 2017

Odebrecht admitió millonarias coimas por el Sarmiento

Por Alconada Mon - La Nación.
Los delatores de la constructora dijeron que pagaron al menos US$ 3,3 millones al entorno de De Vido, pero la cifra podría trepar a los US$ 20 millones; involucraron a un ejecutivo de Iecsa y al "Corcho" Rodríguez
El circuito delictivo de los fondos para la obra fue detallado por los ejecutivos de Brasil
El circuito delictivo de los fondos para la obra fue detallado por los ejecutivos de Brasil. Foto: 

La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó coimas por, al menos, US$ 3,3 millones al entorno directo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el fin de ganar el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, aunque la cifra total en la Argentina podría incluso trepar a los US$ 20 millones.

Según surge de nuevos documentos secretos con delaciones de la investigación Lava Jato, a los que accedió LA NACION, la empresa detalló que coimeó por etapas y que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez actuaron como intermediarios, .

La primera etapa de los "pagos indebidos" se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido.

La segunda etapa fue distinta. Con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Es decir, el mismo rol que le atribuyeron en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas (AySA).

Los datos que aportaron los delatores cifran las coimas del Sarmiento en US$ 3,3 millones. Pero el monto podría rondar los US$ 20 millones repartidos entre funcionarios argentinos y otros US$ 5 millones en Brasil.

Los montos de las coimas surgen de los nuevos documentos que analizó LA NACION como parte de la investigación periodística regional liderada por el equipo peruano de IDL Reporteros.

Esa operatoria delictual comenzó a salir a la luz en Brasil, donde ejecutivos de Odebrecht se acogieron a la delación premiada, declararon ante los investigadores y aportaron evidencias con la esperanza de que el juez Sérgio Moro les reduzca su estancia en prisión. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el ex número uno de la compañía, y Luiz Antonio Mameri, su ex número dos para América latina.

Odebrecht y los aportes a las campañas políticas

Mameri declaró que durante la primera etapa del proyecto, el lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero, les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y según Mameri, les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar "pagos indebidos" a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas "reglas de juego", como las calificó, Mameri admitió que autorizó "pagos indebidos" por US$ 2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. "No lo conozco a ese señor", replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. "Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso", remarcó.

Las otras empresas que integran el consorcio -Iecsa (30%), Ghella (30%) y Comsa (10%)- también negaron cualquier conocimiento o participación en las coimas y descargaron toda la responsabilidad en Odebrecht, ante la consulta de LA NACION. Los brasileños, sostuvieron, se movían sin siquiera comunicarles sus planes o decisiones. "Eso generó discusiones durísimas, porque nos trataban más como empleados que como socios, para bien y para mal", indicó un ex alto ejecutivo de una de las consorcistas.

LA NACION también consultó a la oficina de Odebrecht en Buenos Aires. "La constructora Norberto Odebrecht ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidas a su ofrecimiento para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", fue la respuesta.

Mameri no fue, por su parte, la única columna probatoria que complica en el Lava Jato al consorcio y, en particular, a Iecsa, la constructora que Calcaterra vendió este año al empresario Marcelo Mindlin, ni tampoco el único delator que admitió el pago de sobornos por ese proyecto.

La Policía Federal brasileña recuperó mails de junio de 2010 en los que dos alfiles de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -el área de la compañía creada para el pago de sobornos y aportes ilegales de campaña-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a una reunión con Sánchez Caballero para discutir "DGI", el eufemismo que utilizaban para referirse al pago de coimas, según confirmó Marcelo Odebrecht a la justicia de su país.

Los sabuesos de la policía brasileña también detectaron cinco mensajes adicionales relacionados con las obras del Sarmiento, en los que siempre aparecieron las siglas DGI. Así, en un mail que tituló "Reunión Sarmiento", Couri Ribeiro anotó tres cifras por un total de US$ 20 millones.

Nueva etapa; otros jugadores

A partir de 2013, sin embargo, comenzó otra etapa en el proyecto del soterramiento. Odebrecht expandió del 30 al 50% su participación en el consorcio, y asumió el liderazgo exclusivo en la dirección y ejecución de las obras tras obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Y para eso también coimeó a funcionarios de su país. Según confesó otro ex ejecutivo de Odebrecht João Carlos Mariz Nogueira -también delator premiado-, Odebrecht le pagó 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño Fernando Pimentel. Lo sobornaron, dijo, para que destrabara el crédito del Bndes para el Sarmiento. Pero como ocurrió en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y por la planta de Paraná de las Palmas, la muerte del ex presidente Néstor Kirchner a fines de 2010 trastocó los acuerdos con Planificación Federal, que comenzó a atrasarse en los pagos.

Fue entonces que, también al igual que en los proyectos para la expansión de las redes troncales de gas y de AySA, los delatores de Odebrecht afirmaron que apareció el "Corcho" Rodríguez. Y que se presentó ante el director de Infraestructura de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como "interlocutor" de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido. Consultado por LA NACION, el "Corcho" Rodríguez negó ese rol. "Rodney es mi amigo. Pero juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como así también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima", afirmó.

En Brasil, Mameri dio otra versión ante los investigadores: "Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue abordado por un empresario local llamado Jorge Rodríguez, quien se decía interlocutor del señor Roberto Baratta", relató el ex vicepresidente para América latina de Odebrecht, que calificó al ladero de De Vido como "el responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas por el Gobierno".

Según Mameri, el "Corcho" Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar "una contrapartida" por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de "pagos indebidos" también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles. Ascendieron a US$ 180.000 entre enero de 2011 y enero de 2014, durante la gestión de Rodney Rodrigues de Carvalho, más otros US$ 290.000 durante los siguientes diez meses, cuando a Rodrigues lo reemplazó Ricardo Vieira, quien hasta ahora sigue en Buenos Aires como el número uno de la compañía.

martes, 1 de agosto de 2017

Roban dinero que tenía en custodia la policía aeroportuaria

Resultado de imagen para Roban dinero + policía aeroportuariaPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
Eran US$ 250.000 y $ 400.000 que habían sido secuestrados en una causa de trata.

El caso promete ser un escándalo y hay personal de una fuerza federal de seguridad bajo sospecha. En el interior de una caja cerrada con precintos y guardada dentro de un contenedor en el aeropuerto internacional de Ezeiza había 250.000 dólares y 400.000 pesos que habían sido secuestrados en Mar del Plata en una causa por trata de personas. El dinero estaba bajo la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa plata desapareció, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

El hecho sucedió hace dos meses, y se mantuvo en reserva para poder avanzar en la pesquisa. Pero alguien filtró la información ayer. Los investigadores sospechan que el dinero fue sustraído por personal de la PSA que estaba al tanto de dónde estaba el dinero.

La causa, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, comenzó hace 60 días tras una denuncia hecha por el director nacional de la PSA, Alejandro Itzcovich Griot. Según las fuentes consultadas, además de los 250.000 dólares y los 400.000 pesos, fueron sustraídos unos anillos, sin valor de mercado.

Villena ordenó una serie de allanamientos en domicilios de funcionarios de la PSA, pero por el momento no hay imputados.

"Por seguridad, el dinero iba a ser depositado en una sucursal del Banco Nación, pero faltaba un oficio judicial y no se pudo hacer el trámite. Cuando estaba todo listo para ir al banco y completar el trámite se descubrió el faltante", explicaron fuentes oficiales.

En la PSA no hicieron declaraciones sobre lo sucedido. Pero según pudo saber LA NACION, además de la causa penal que lleva adelante el juez Villena, la fuerza federal de seguridad comenzó una investigación interna para determinar qué ocurrió en el aeropuerto.

Si bien aún no se pudo reconstruir lo sucedido, los investigadores judiciales están convencidos de que los responsables del robo pertenecen a la PSA y sabían dónde estaba el dinero.

El monto sustraído había sido secuestrado por la justicia federal de Mar del Plata en una causa donde se investiga a una red de trata de personas. "En el contenedor, además del dinero en efectivo y los anillos, había otras elementos secuestrados en el curso de esa causa. La mayoría de esas cosas está en su lugar: sólo se llevaron el dinero y las alhajas, que no tendrían un valor importante en el mercado comercial", dijeron los voceros consultados.

Además de los allanamientos realizados -que, por el momento, no dieron resultados positivos-, el juez Villena ordenó una serie de medidas para tratar de dar con los autores del escandaloso robo.

El hecho recuerda lo sucedido en la Gendarmería. El mes pasado, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó con prisión preventiva a un sargento de esa fuerza que robaba cocaína que estaba depositada en el edificio Centinela para ser incinerada.

Acribillaron a dos jóvenes a los que les encontraron objetos robados

Por Fernando Rodríguez - LA NACION
Ocurrió anteayer en Merlo; se cree que asaltaron a cuatro chicos y que alguien les disparó en venganza

La policía busca por estas horas a un "vengador anónimo" que la madrugada del domingo mató de varios tiros a dos jóvenes de 19 años que, según sugieren un evento anterior y los objetos que tenían consigo, habrían asaltado poco antes a varios chicos en la plaza donde se arma la feria de Merlo, en el oeste del conurbano.

Los objetos que estaban junto a los dos cadáveresLa reconstrucción de los hechos lo muestra así: a las 5, una sucesión frenética de estampidos despertó a los vecinos del cruce de Navarro y Garay. "Me muero", le escuchó susurrar a Agustín Ezequiel Curbelo una mujer que salió a la calle.

Los objetos que estaban junto a los dos cadáveres.

Estaba sentado en la vereda, con la mirada perdida y vestido sólo con un jeans; alguien ya le había sustraído las zapatillas y la remera. Pedía auxilio, aunque agonizaba sin remedio, con un corte en el mentón, pero, sobre todo, con cinco orificios de bala, dos en la axila, uno en la cadera, otro en la ingle y el último, en el antebrazo.

A la vuelta, sobre Garay, yacía muerto Nazareno Alejandro Vargas. Tenía dos impactos de bala en el pecho, uno en el brazo y otro en la muñeca, como si hubiese intentado, en vano, parar los proyectiles letales con las manos. A su lado había una Yamaha Crypton, las llaves de la moto y una mochila con un contenido variopinto: papel para armar cigarrillos, una tarjeta SUBE, una picana eléctrica, una campera negra y, lo más curioso, tres caretas de plástico, dos de ellas, las famosas máscaras que representan a Guy Fawkes, ícono de la Conspiración de la Pólvora de inicios del siglo XVII en el Reino Unido y popularizadas hace una década por haber sido usadas en la película V de Venganza.

Había más: siete vainas servidas de calibre 9 milímetros y dos plomos encamisados; se deduce de eso que el tirador acertó todos los disparos, y que dos de los proyectiles causaron en una o ambas víctimas heridas con orificio de entrada y salida de bala.

Hasta ese momento, el doble crimen era un misterio tan oscuro como la noche. Hasta que anteayer a la tarde, los detectives de la comisaría 1» de Merlo llegaron hasta un adolescente que vive con su abuela en la localidad de Libertad, en el mismo distrito.

Según confiaron fuentes de la causa, Brian, de 17 años, declaró que a las 3 de la mañana caminaba con sus amigos Lautaro, Alejo y Ariel por la avenida Calle Real; en la punta de la plaza donde se arma la feria de Merlo, en el cruce con 25 de Mayo, les cerraron el paso dos sujetos que montaban una moto negra de 110 cc de cilindrada.

Uno de ellos, el más "gordito" (así lo describió el chico), le arrimó una picana encendida, aunque no llegó a apoyársela. Dijo que eso bastó para que los cuatro comenzaran a entregarles a los "motochorros" lo poco que llevaban encima: una cadenita de oro, 10 pesos, una SUBE, un celular, una campera azul marca Puma con el escudo de BMW, una gorra negra, una mochila y las tres máscaras del cómic V for Vendetta.

La moto voló por Calle Real hacia el Oeste y los chicos, despojados, volvieron a sus casas. Brian, según consta en el parte policial, le contó a su abuela lo que había pasado e hizo la denuncia horas después. Todos esos elementos descriptos por el chico son los mismos que estaban junto a la moto y el cadáver de Vargas, a nueve cuadras de distancia. Eso resolvería el robo. Pero persiste el hiato. En ese intervalo de dos horas, alguien buscó a los ladrones y los ejecutó.

sábado, 29 de julio de 2017

Explotan las cárceles bonaerenses: cada vez entran más presos

Por Rolando Barbano - Clarin.com
En los últimos 7 meses, las prisiones bonaerenses batieron récords de detenidos. Las requisas que les hacen dan resultados insólitos: les hallaron 13.000 celulares.
Explotan las cárceles bonaerenses: cada vez entran más presos
Diez balas con talco halladas en el penal de Mercedes

Cuchillos suficientes para enfrentar a un ejército, ahora que el invierno ha llegado. También, miles y miles de teléfonos celulares. Y el dulce de membrillo, que ahora volvió a cubrir los barrotes.

El motivo puede discutirse. Algunos dirán que hay más policías en la calle. Otros, que trabajan mejor. Que subieron su vocación represiva. O que están más activos. Lo cierto es que hay una consecuencia inocultable: cada vez más gente está ingresando a las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Y eso trae otro tipo de problemas.

En mayo de 2016, en las 55 cárceles y las seis alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense -el más grande de la Argentina, que aloja a la mitad de todos los presos del país- había 32.200 detenidos. Una nota publicada entonces por Clarín señalaba que “desde hace un lustro, todos los años la población carcelaria crece 1.200 personas en promedio”. El cálculo surgía de que, cada 12 meses, “poco más de 600 personas abandonan el régimen de privación de la libertad –por cumplimiento de condena o por beneficios procesales–, pero por la otra puerta –la del ingreso– llegan 1.800 nuevos detenidos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.

Ese equilibrio se rompió. Hubo una brusca aceleración en la cantidad de presos que ingresan a los penales provinciales. En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre los penales (33.698) y las alcaidías (694). El aumento es impactante: al día de hoy, el total de detenidos alcanzó los 37.157 (36.3533 en cárceles y 624 en las alcaidías), según cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Es decir, que la población de las cárceles aumentó en 2.765 presos en apenas siete meses, cuando la tasa histórica de crecimiento era de 1.200 por año. Nadie se anima a aventurar cuál será el balance final en diciembre.

En los calabozos de las comisarías había, a mayo de 2016, otros 2.300 presos. Hoy hay 3.000 y llueven las denuncias para que los saquen de allí y los lleven a los penales.

Pero en los penales no hay lugar ni para los que ya están. No lo había en diciembre, menos lo hay ahora.

Una solución sería construir más cárceles. Pero, claro, no se trata de algo rápido ni barato. Levantar un penal lleva entre tres y cuatro años y su costo se calcula por preso, a razón de 1.200.000 pesos por cabeza.

La última gran prisión bonaerense que se estrenó fue la de General Alvear. Fue en el año 2000 -sí, hace 17 años- y tiene capacidad para 1.500 detenidos. Levantar una igual costaría hoy 1.800.000.000 de pesos, o alrededor de 100 millones de dólares. Hacen falta al menos cuatro así.

Mientras se analiza cuándo empezar una obra como ésta, siguen llegando presos. Y el ministro Gustavo Ferrari busca alternativas para que el sistema no estalle.

No es fácil. Para que todo funcione, los presos tienen que vivir en las mejores condiciones posibles. Las que hay son malas, pero lo que se está buscando es que al menos tengan un colchón cada uno, coman todos los días y reciban los medicamentos que necesitan. Parece insólito, pero al penal de Dolores acaba de entrar la primera fruta en 5 años.

Bajar la conflictividad entre presos que viven uno encima del otro es el camino que se intenta recorrer. Para eso están empujando a los detenidos a trabajar y a estudiar, al menos en alguno de los cursos de mecánica de motos que se dictan. Pero también les están haciendo requisas más estrictas en busca, sobre todo, de armas. Así aparecieron las balas. Y volvió el dulce de membrillo.

Las requisas se hacen ahora con un mecanismo nuevo que consiste, básicamente, en que los guardias no las hagan más en el propio penal donde trabajan sino que vayan por sorpresa a otra unidad para realizarlas. Así, se estima, se controla (un poco) la connivencia entre guardias y presos.

Los resultados son, al menos, llamativos. Desde enero a hoy, en las requisas internas hechas en celdas, pabellones y talleres se han encontrado 6.938 facas (cuchillos artesanales) y otras armas blancas, a un ritmo de casi 1.000 por mes. Sólo anteanoche, en la Unidad 9 de La Plata hallaron 163.
Explotan las cárceles bonaerenses: cada vez entran más presos
Facas halladas el jueves en la Unidad 9.

En los mismos procedimientos los guardias encontraron 1.083 “elementos contundentes”. Y una cantidad alucinante de teléfonos celulares: 13.364. Los últimos 39 fueron hallados en la requisa a la Unidad 9, en la noche del jueves. En ese operativo también cayeron tres guardiacárceles: les encontraron pastillas de todo tipo -las drogas más buscadas por los presos-, celulares y facas, que no podían justificar. Terminaron apartados del servicio.
Explotan las cárceles bonaerenses: cada vez entran más presos
Elementos secuestrados el jueves a tres guardias de la Unidad 9

Los controles permitieron además un hallazgo que aún no tiene explicación. En un baño del penal de Mercedes, escondidas en un hueco, se encontraron diez balas calibre 9 milímetros cubiertas con talco.
El polvo blanco, se determinó, estaba destinado a mantener secos los proyectiles. Lo que no apareció, pese a las exhaustivas revisiones que siguieron, fue el arma que iba a dispararlos. Tampoco se sabe aún cuál era el blanco de los eventuales disparos.

El otro cambio que hubo fue el sistema de requisas para las visitas de los presos. Se renovó la forma en que se revisan los objetos y, sobre todo, los alimentos que les llevan. Y así fue como el dulce de membrillo recuperó la libertad. Al menos, la de tránsito. Es que su ingreso a los penales estaba prohibido desde hacía décadas, debido a una leyenda carcelaria en la que creían tanto presos como guardias.

Según se cuenta en las cárceles, muchos pero muchos años atrás, en un penal de Resistencia (Chaco) un grupo de presos dejó olvidada una porción de dulce de membrillo sobre una improvisada bandeja de metal. Pasó el tiempo, otros objetos cubrieron los restos de comida y los detenidos no volvieron a reparar en ellos. Hasta que llegó el día en el que uno se puso a limpiar y descubrió que el dulce había hecho un agujero en la bandeja.

Rápidos, los presos se pusieron a untar el dulce sobre las rejas de las ventanas. Pero no obtuvieron resultados, así que concluyeron que la pintura que las recubría era un obstáculo. Con paciencia la lijaron, llegaron al metal e insistieron con el membrillo. No hay registros de que algún preso haya escapado alguna vez por obra y gracia de la corrosión del dulce de membrillo. En la mayoría de los detenidos, sin embargo, creció la ilusión de que a cada uno que lo untó sobre un barrote la libertad le llegó antes de que el material se fatigara, por lo que no hay quien se atreva a cortar la tradición.

De hecho, ésta podrá continuar ahora gracias a que al dulce, ante la falta de pruebas fehacientes de su poder liberatorio, le han levantado la prohibición de ingreso a la cárcel. Serán cada vez más quienes apuesten por el dulce: ayer entró en vigencia la ley que prohibe las excarcelaciones anticipadas -libertades condicionales, salidas transitorias y otros beneficios- para aquellos condenados por delitos graves como homicidio calificado, violación o robo con armas. Cerrada también esa puerta de salida, la superpoblación carcelaria no hará más que aumentar día a día.

miércoles, 26 de julio de 2017

Secuestraron ametralladoras en manos de delincuentes comunes

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
En dos casos ocurridos en Palermo y La Matanza, los ladrones portaban armas automáticas de importante poder de fuego
Foto: Ministerio de Seguridad Bonaerense

Uno de los hechos ocurrió en Palermo cuando un grupo de asaltantes redujo a un vigilador privado e intentó entrar en un edificio a 300 metros del Jardín Botánico. El otro sucedió con diferencia de pocas horas y a 26 kilómetros, cuando un delincuente planeaba una "salidera bancaria". El denominador común fue el armamento secuestrado: en ambos casos fueron incautadas dos ametralladoras, lo que indica el poder de fuego de delincuentes comunes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de las policías bonaerense y de la Ciudad, fuerzas de seguridad que secuestraron las ametralladoras al arrestar a los sospechosos.

En el hecho ocurrido en Palermo, en un edificio de la avenida Santa Fe al 3500, se detuvo a tres delincuentes que usaban camperas similares a las utilizadas por detectives de la Policía Federal Argentina. Otros dos sospechosos lograron escapar y son buscados por los investigadores.


Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, todo comenzó ayer a la 1.30, cuando un vecino que pasaba por la puerta del edificio observó cómo reducían a un vigilador privado mientras le apuntan a la cabeza con un arma. El testigo llamó entonces al número de emergencias 911.

"Después de la llamada telefónica se decidió enviar personal policial al lugar de los hechos. Cuando llegaron los uniformados, tres delincuentes intentaron escaparse por la avenida Santa Fe, dos hacia Julián Álvarez, el otro en sentido contrario. Tras las persecuciones se pudo detener a los tres sospechosos", agregaron las fuentes consultadas.

Los uniformados se llevaron una sorpresa con el poder de fuego de los delincuentes. Se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros con 27 cartuchos de bala, una pistola calibre 22, una ametralladora calibre 3.80, un silenciador, una campera y una gorra de PFA.

Llamó la atención de los investigadores el secuestro de la ametralladora, para nada común en robos de esas características.
Foto: Ministerio de Seguridad de la Ciudad

Cuando ingresaron en el edificio, los policías se encontraron con el custodio amordazado y maniatado. "Cuando se le sacó la mordaza, el vigilador privado aseguró que los delincuentes no eran tres, sino cinco", explicaron los informantes.

Los tres sospechosos apresados tienen entre 43 y 65 años. Uno es argentino y los otros dos son ciudadanos uruguayos, ambos con antecedentes penales. "Uno de ellos fue condenado por asalto a mano armada", dijeron fuentes oficiales.

Ayer a la mañana fueron hallados una pistola y un par de guantes cerca de donde detuvieron a los tres delincuentes. Se sospecha que pueden haber sido descartados por los dos ladrones que lograron fugarse.

"Salidera" bancaria

En el otro hecho se secuestró una ametralladora en Villa Recondo, en La Matanza, en cercanías de una sucursal del Banco Provincia donde se detuvo a un sospechoso de 52 años.

Además de la ametralladora, el detenido tenía otras dos armas. "Los hechos se registraron cuando personal de la DDI local, que estaba en pleno trabajo de inteligencia para dar con una banda de «salideras», observó que en las inmediaciones del Banco Provincia, sucursal Villa Recondo, se encontraba estacionado un automóvil Peugeot 308 desocupado con una patente que no era original", explicó en un comunicado de prensa el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según los informantes, los uniformados hicieron "vigilancia" en cercanías del vehículo a la espera de que alguien se subiera.

"Al poco tiempo se observó el arribo de otro vehículo marca VW Surán negro que estacionó detrás y del cual bajó un sujeto con intenciones de abordar el Peugeot. Rápidamente, los investigadores interceptaron al sospechoso y, tras una leve resistencia, lograron aprehenderlo", se explicó en el comunicado.

Fuentes policiales sostuvieron que en el interior del Peugeot 308 se secuestraron patentes originales y documentación de una víctima de una reciente salidera. "En tanto, en el otro vehículo se incautaron una ametralladora PA 3 con numeración suprimida, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y otra Bersa mini Thunder", afirmaron.

domingo, 23 de julio de 2017

Piratería del asfalto: aumentaron los robos contra camiones que transportan alimentos

Piratería del asfalto: aumentaron los robos contra camiones que transportan alimentosPor Natalia Iocco (Clarin.com) - Buscan desde lácteos y galletitas hasta carne y pollo. La tendencia crece debido a que la mercadería se vende rápido y sin dejar rastros. Y al auge de comercios  y ferias informales.

El camión trasladaba más de 400 mil pesos en productos lácteos por la General Paz. En el límite entre Liniers (Capital Federal) y Ciudadela (Tres de Febrero), dos autos lo encerraron, ataron al chofer y escaparon con cientos de hormas de quesos. Fue el 30 de junio a la mañana, un día laborable, en uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires y a la vista de todos.

Esta modalidad, que parece insólita por el botín al que apunta, se ha convertido en una de las más elegidas por los piratas del asfalto para hacerse de una buena suma en poco tiempo. En los últimos 45 días hubo una seguidilla de ataques a camiones que transportaban alimentos entre la zona sur y oeste del área metropolitana, una tendencia ya instalada que no se detiene. Los cargamentos robados van desde lácteos y galletitas hasta pollos, carne y embutidos. Para los especialistas, proliferan en paralelo al aumento de ferias o negocios del mercado informal que los comercializan a bajo costo.

Piratería del asfalto: aumentaron los robos contra camiones que transportan alimentosEn los últimos 45 días, sólo en La Matanza robaron 7.400 kilos de quesos en dos asaltos a camiones; 180 medias reses de ternera en otro golpe y 32 de cerdo; y 530 cajones de pollo. Esos cargamentos implican sumas millonarias. Como no pueden ser almacenados por mucho tiempo sin las condiciones necesarias, en general se venden muy rápido a compradores previamente acordados.

“Los alimentos perecederos de ese tipo requieren de una logística distinta al resto porque necesitan refrigeración y una red de distribución más específica. No alcanza con un galpón o lugar donde esconder la mercadería, por eso creemos que se trata de bandas que se dedican exclusivamente a la comida”, explicaron en la fiscalía especializada en piratería del asfalto de La Matanza. Creen que puede tratarse de bandas específicas: “Buscan estos camiones porque saben dónde venderlos o tienen una red de distribución ya organizada”, aclararon las fuentes.

Esta jurisdicción fue una de las que más casos tuvo en la provincia de Buenos Aires, no sólo por su magnitud territorial y cantidad de habitantes, sino también por los accesos: Camino de Cintura, el Mercado Central, la Autopista Riccheri son zonas con mucha circulación de camiones hacia distintos puntos del GBA y la CABA. En el primer semestre del año hubo alrededor de 130 causas iniciadas en esa fiscalía por robo a camiones o mercadería en tránsito.

En el departamento judicial de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción también sobre los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Avellaneda, hubo 93 robos a camiones o de mercadería en tránsito en los primeros seis meses de 2017. Sólo en junio robaron seis camiones que fueron interceptados trasladando comestibles. En la última semana de mayo asaltaron a uno que tenía galletitas, mermeladas, salsas y latas de atún. Tres días después, asaltaron otro con alimentos y bebidas. El 5 de junio fue el tercero, a un camión con embutidos, quesos y bocaditos de pollo. Al día siguiente hubo uno con cientos de kilos de carne vacuna. El último que registraron de este tipo fue el 21 de junio, cuando le robaron a un camionero que transportaba bizcochitos y galletitas.

Según un relevamiento de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, en 2016 el 60 por ciento de los robos a camiones fue en la provincia de Buenos Aires y el 23 por ciento en Capital Federal. A fines agosto presentarán un balance de lo que va de 2017, pero según adelantaron a Clarín la tendencia se sostiene: “Los lugares, los horarios de los robos se mantienen. En su mayoría son entre las 4 de la mañana y las 12 del mediodía y las metodologías que usan son las mismas. Puede ir variando la zona porque se detuvieron muchas bandas y van cambiando de lugar. También porque se van acomodando a medida que avanza el uso de tecnología para prevención o los sistemas de las empresas para proteger los cargamentos. Hay entre tres o cuatro por día en todo el país, en promedio”.

En esa estadística, tomada de casos ocurridos entre agosto de 2015 y julio de 2016, los alimentos ya lideraban el ranking entre los botines más robados. Pero la categoría que usaron para ese análisis incluía bebidas, un robo de “moda” en ese período.

“El año pasado tuvimos varias bandas que se dedicaban al robo de camionetas que transportaban bebidas, sobre todo alcohólicas. Y vimos que se iban extendiendo los puestos que las vendían en la calle”, ejemplificó Hernán Romero, coordinador del área de Piratería de la fiscalía especializada de La Matanza. Después de varias detenciones, ahora esa modalidad parece haber migrado hacia los comestibles.

Diego Benedetto, fiscal de Lomas de Zamora, aclaró: “Es mercadería que se ubica rapidísimo. No es que la roban para comer, la venden a comercios, supermercados o tienen una cadena armada de distribución en distintos puntos. A medida que avanzan las detenciones en un lugar, avanzan hacia otro. Por eso es importante la comunicación entre los fiscales, la Policía y los distintos agentes involucrados”.

En la Provincia de Buenos Aires hay seis fiscalías especializadas en piratería del asfalto. Las bandas, en su mayoría son organizaciones complejas, con muchos integrantes, casi siempre con antecedentes por esto.

“La piratería es comparable a una empresa. Se rige por oferta y demanda. De alimentos siempre hay demanda y se revenden rápido. Seguir su recorrido es muy difícil porque se manejan en efectivo y sin factura. Cuando roban ya tienen todo vendido”, explicó Gabriel Iezzi, de la Mesa Interempresarial de Piratería.
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