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martes, 27 de noviembre de 2018

Las rutas truchas de Néstor y Cristina: el fiscal analizó otras ocho obras otorgadas a Lázaro Báez con irregularidades

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Se verificaron obras inconclusas, sobreprecios, aumentos de costos, falta de capacidad técnica para realizar las obras adjudicadas y modificaciones de costo sin justificación.
Entre otras obras en Santa Cruz que Lázaro Báez cobró y no hizo o no terminó, hay varios tramos de la 40 y la 288, por las que cobró el doble de lo pautado. Foto: Maxi Failla.

Los contratos para hacer o reparar rutas otorgados a Lázaro Báez y que derivaron en una mega defraudación al Estado -según determinó la Justicia-, continúan siendo objeto de investigación. El fiscal Gerardo Pollicita entregó al juez Julián Ercolini el análisis de ocho casos donde se detectaron “serias irregularidades”, como resultado del análisis de 248 expedientes administrativos. Es la última parte del estudio de los 52 contratos viales que el Grupo Austral recibió por un total de 46.000 millones de pesos.

En un dictamen de 145 páginas, la fiscalía concluyó el análisis de esas 52 licitaciones que durante el gobierno kirchnerista recibió su entonces socio comercial Lázaro Báez. Allí “se describen cada una de las irregularidades y los vicios detectados” en ocho obras. Todo se observó en función del trámite de los 248 expedientes administrativos formados por las “alteraciones contractuales —modificaciones de obra y ampliaciones o neutralizaciones de plazo— introducidas durante la ejecución de las cuarenta y siete (47) obras en las que la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz fue comitente”.

La causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de Báez se encuentra elevada a juicio oral, que comenzará el 26 de febrero de 2019 al mediodía. Será la primera vez que la ex Presidenta esté sentada en el banquillo de los acusados, junto al empresario K. Ambos también son investigados en otros expedientes por lavado de dinero a través del negocio hotelero y el alquiler de inmuebles.

Durante la instrucción la fiscalía de Gerardo Pollicita analizó los trámites administrativos que posibilitaron “habilitar las irregularidades” con las que se otorgaron las obras al Grupo Austral. Las observaciones van desde obras inconclusas, sobreprecios, redeterminaciones de costos, falta de capacidad técnica para realizar las obras adjudicadas, modificaciones de costo sin justificación, entre otros aspectos denunciados.

Repavimentación en Ruta Nacional n° 281, Tramo “Accesos a Puerto Deseado”:
Tenía un presupuesto estimado de $47.000.000, pero se hizo el llamado a licitación por $67.200.000. Finalmente, se otorgó la obra al Grupo Austral por un costo de $79.292.042,94: Se introdujeron dos modificaciones de obra y tres cambios en el plan de trabajos (dos de ellos con ampliación de plazo). La empresa dijo que fue por ”la falta de cumplimiento por parte de nuestros proveedores comerciales en la entrega de insumos, fundamentalmente combustible, motivo ajeno a nuestra voluntad y de público conocimiento, hemos sufrido una caída en la curva de inversiones”.
En conclusión del plazo original de obra de 24 meses se pasó 36 “es decir, se incrementa el plazo un +50,00% más de lo previsto originalmente.

Repavimentación en ruta nacional n° 281, tramo: “Accesos a Puerto Deseado”
Es la misma obra, pero otro contrato. Hubo en este caso una “estrategia ilegítima de extensión de costos y plazos tuvo en el engranaje del plan criminal investigado”, indicó Pollicita.
La empresa Kank y Costilla —con la anuencia de la agencia vial provincial y nacional— elevó el plazo original de 24 meses a 56 meses y el costo de la obra aumentó de $79.292.042,94 a $109.207.426,35 (+37,73%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $569.919.487,84; pese a lo cual, la obra mo se concluyó.

Obras básicas y repavimento en ruta nacional n° 288, tramo: “Comandante Luis Piedrabuena — Estancia La Julia”, sección: “Autovía Güer Aike — Río Gallegos.
La primera observación fue que las empresas de Lázaro Báez nunca presentaron el certificado de capacidad de adjudicación, “incumplimiento que estaba sancionado con la rescisión directa de la contratación, y sin embargo nada de ello ocurrió”.
Al evaluar los costos la fiscalía indicó “se elevaron el plazo original de 36 meses a 119 meses y 23 días y el costo de la obra aumentó de $225.759.596,47 a $356.336.879 (+57,84%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $1.632.490.218,03”.
Ante este panorama, el análisis indicó que la obra “no había concluido y debió ser rescindida por las nuevas autoridades de la DNV”.

Estudio, proyecto y construcción en Ruta Nacional n° 40, Tramo: “Güer Aike — Punta Loyola”, Sección: “Autovía Güer Aike — Río Gallegos”
En esta licitación se realizaron más de cinco modificaciones de plazos y costos “sin fundamento válido de 59 a 64 meses—, es decir, se incrementa el plazo un +20,83% más de lo previsto originalmente; por la modificación de tareas que, económicamente aumentaron sus costos” de $92.905.872,68 a $172.089.980,51 (+85,23%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $660.950.959,42.

Estudio, proyecto y construcción  en ruta provincial n° 12, tramo: “empalme RP N° 25 — Pico Truncado”
Repitiendo la metodología el grupo Austral “con la anuencia de la agencia vial provincial y nacional— elevó el plazo original de 30 meses a 90 meses y el costo de la obra”.
Sus costos se modificaron y los mismos aumentaron de $69.938.436,29 a $114.551.219,13 (+63,79%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $674.339.408,77.

Autopista — Autovía en Ruta Nacional n° 3.
Tuvo cinco modificaciones de obra y un cambio en el plan de trabajos, sin ampliación de plazo. Entre los aspectos señalados, se indicó que Austral tenía una capacidad de contratación anual de $3.792.796 y esta obra exigía $24.000.000, es decir, “excedía en más de seis veces su capacidad”.
Así, el plazo original de 30 meses a 90 meses y el costo de la obra aumentó de $69.938.436,29 a $114.551.219,13 (+63,79%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $674.339.408,77.

Autopista — Autovía en ruta nacional n° 3, tramo: “km 1867 — km 1908,6”
Lázaro Báez logró elevar según el estudio de la fiscalía, el plazo original de 36 meses a 113 meses y el costo de la obra aumentó de $313.593.865 a $1.309.431.450,59 (+317,56%); los cuales actualizados a agosto de 2016 representan $2.059.120.036,36.
Además, para Pollicita esta obra puntual “ es uno de los casos de sobreprecios detectados y que los montos cotizados por BÁEZ son superiores en un 53,14% a las cotizaciones del 2016 —incluso actualizados—; pese a lo cual, a la fecha de la formulación de la presente denuncia, el grado de avance de la obra era de 24%”.

Obras básicas y pavimento en Ruta Nacional n° 288, Tramo: “Estancia La Julia — Tres Lagos”
 Del análisis del Plan de Trabajos se desprendió que a AUSTRAL CONSTRUCCIONES se le abonó un “multimillonario anticipo financiero, de $63.775.244,59 y que además se planificó abonarle, en los primeros once (11) meses de la obra, la totalidad del ítem “Movilización de Obra”, por $29.876.050”.
Habían transcurrido 48 meses desde el inicio de obra y “debió haberse concluido en 40 meses—, ni tampoco estaba en un 95,08% —como propuso AUSTRAL CONSTRUCCIONES luego de evitar la reducción de plazo—”, sino que el avance de los trabajos se encontraba en el orden del 45%, lo que motivó que las nuevas autoridades rescindieran el contrato.

Obras básicas y pavimento en Ruta Nacional n° 288, Tramo: “Estancia La Julia — Tres Lagos”, Sección II: “Km 75 — Tres Lagos”
A pesar de que AUSTRAL CONSTRUCCIONES había cobrado, en los primeros dos meses de trabajo, la totalidad del ítem “movilización de obra” —prácticamente 32 millones de pesos—, y, en los años siguientes, “más de 396 millones de pesos, lo cierto es que, al momento de formularse la presente denuncia, esta obra no sólo no estaba concluida ni ejecutada en un 80,16%, sino que el avance de los trabajos se encontraba en el orden del 34%, lo que motivó que las nuevas autoridades rescindieran el contrato.

Remediación de canteras en Ruta Nacional n° 3, Tramo: “Fitz Roy — Río Gallegos”
Según el informe “no hubo inclemencias climáticas que demoraran los trabajos, ni conflictos gremiales, ni cortes de ruta, ni “crisis financiera internacional”; pero sí los hubo “en el mismo lapso en el empalme de esa misma RN 3 con la RN 281 cuyo plazo original —simultáneo a la obra anterior— era de 24 meses y demoró 44, “llevando el costo de un presupuesto de 93 millones a un costo final de más de 150 millones de pesos; o en la misma RN 3 en trabajos, no ya de restauración de canteras sino de colocación de postes SOS cuyo plazo contractual —simultáneo a las obras anteriores— era de 16 meses pero fue aumentado a 35 meses; por sólo citar dos ejemplos.

Si estuviéramos en el estalinismo ruso, serian dignos de aplicarles  "Crimen contra el Estado" por sus conductas con todas sus consecuencias para ellos y sus descendencias...así lo pensaría bien antes de actuar. 

domingo, 11 de noviembre de 2018

Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios "compraron" facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientosPor Andrés Klipphan - Infobae.com
Detalles exclusivos de una causa escandalosa

Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron "comprado" facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 "usinas" comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que "compraron" facturas truchas

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 "usinas" generadoras de ellas. Todas las "usinas" tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y "culata" del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas "usinas" por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas "sin capacidad económica" las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como "pantalla" para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas "usinas" figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de "lesiones leves" y "lesiones leves y amenazas". Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la "determinación de deuda" de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quilmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local "a estos tipos", por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le "vendió" en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Uno de los mayores beneficiarios de estas "usinas" de facturas truchas fueron los sindicatos.A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le "compró" a la banda de Russo y Gómez.

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien "usinas" ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas "homologadas por la AFIP" –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un "plan de pago" para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue "dolosa o culposa". Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de "evasión" se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, "lavado de dinero". En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las "usinas" de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros "clientes" entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los "clientes" y que por esa actividad, Russo le "pagaba" 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el "socio" de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los "clientes" llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio "Kelo" Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como "no hay automovilismo sin facturas truchas". Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión. Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades, 8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos "lavados".

viernes, 26 de octubre de 2018

En Aerolíneas Argentinas detectan una estafa interna con sobresueldos que se hacía desde Recursos Humanos

(Clarin.com) - Dos empleados de RR.HH. liquidaban cargos extra a ellos y al menos a otros ocho trabajadores, a quienes exigían 50% de retorno. Así, cobraron unos $ 9 millones de más. Entre los acusados hay un delegado gremial. Ya los separaron.

Las irregularidades con los sueldos fueron detectadas durante una auditoría interna. Al menos diez empleados de Aerolíneas Argentinas cobraron durante los últimos tres años unos 9 millones de pesos a espaldas de la empresa, en sobresueldos que se autoliquidaban. 

Así lo aseguraron fuentes de la empresa, tras una auditoría interna: los diez empleados, entre los cuales hay al menos un delegado gremial, ya fueron separados de sus puestos de trabajo y no se les permite el ingreso a la compañía.

El siguiente paso, dijeron las fuentes de Aerolíneas, será el despido con causa y la posterior denuncia, tanto en el fuero penal como civil.

La estafa, anticipada por el diario La Nación, se detectó a raíz de un control extraordinario del área de Recursos Humanos, que fue realizada a propósito de la paritaria gremial que tiene lugar en estos días. "Lo que se estaba haciendo era medir el gasto salarial en su conjunto", agregaron las fuentes. Y a poco de avanzar, en algunos casos comenzaron a aparecer "incongruencias".

En concreto, según la reconstrucción posterior, un empleado del área de Recursos Humanos (y a la vez, delegado en representación de la Asociación de Personal Aeronáutico, APA) se liquidaba a sí mismo y a otros nueve empleados sus propios sueldos, a los que adosaba una aplicación de un código que le permitía agregar sobresueldos. Luego, borraba el procedimiento del sistema. Pero, al parecer, habría sido el único paso encarado con cierto nivel de prudencia.

Según se pudo constatar, los implicados son otro empleado del área de Recursos Humanos y otros ocho trabajadores que no intervenían en la liquidación, pero cobraban los sobresueldos.

No sólo eso: prolijamente, cada uno de estos empleados "devolvía" la mitad del dinero extra al liquidador, a través de transferencias bancarias hechas desde sus propias cuentas sueldo. Con lo cual, la cadena de sobornos resultaría perfectamente trazable. Hasta habría indicios de que el operador del sistema de Recursos Humanos llevaba la contabilidad de los retornos en un cuaderno. 

En la empresa aseguraron que la sanción inmediata es echarlos con causa pero, dado que al menos uno de los implicados es delegado gremial, de manera preventiva les prohibieron el ingreso al edificio desde el martes, mientras se tramita el despido del delegado en el fuero laboral. El siguiente paso sería una denuncia penal y también civil, con el propósito de obtener el resarcimiento del dinero apropiado de manera indebida.  

sábado, 13 de octubre de 2018

La nueva cárcel para "pibes chorros" que construye Cambiemos vista desde el aire: costará 710 millones de pesos

Por Federico Fahsbender - ffahsbender@infobae.com - Infobae.com
Será inaugurada en enero de acuerdo a cálculos del Ministerio de Seguridad bonaerense con capacidad para más de 600 detenidos: María Eugenia Vidal misma la inaugurará. Las críticas del CELS.
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En el medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari se ajusta el chaleco inflable que lleva bajo el saco tal como lo lleva Mauricio Macri y camina por los pasillos de su propia versión del futuro tumbero: el nuevo penal está casi listo.

Todavía hay olor a pintura fresca en el predio de más de 15 mil metros cuadrados, falta el alambrado general y más alambre de púas tras el muro principal, pero en enero próximo, según los cálculos de Ferrari y sus asesores, la Unidad Modelo para Jóvenes en el complejo carcelario de Campana será inaugurada con capacidad para 616 detenidos y comenzará a recibir a sus primeros presos para ese entonces. La gobernadora María Eugenia Vidal, dice Ferrari mismo mientras recorre el lugar junto a Infobae, vendrá para el corte simbólico de cinta.

Toda la situación es simbólica en un nivel mucho mayor: será la primera vez en casi 20 años que una figura política abra cárcel en territorio bonaerense desde el penal de General Alvear en el año 2000, con todo lo que abrir una nueva prisión implica.

La Unidad misma también es un signo de los tiempos. Se trata, en principio, de descomprimir.
Unidad Modelo de Jóvenes de Campana: vista de una de las celdas.
Unidad Modelo de Jóvenes de Campana: vista de una de las celdas.

La curva ascendente de presos provinciales que comenzó con la gestión Scioli como ministros de seguridad como Casal y Granados que comenzó con poco más de 31 mil privados y privadas de su libertad en 2013 para ascender a casi 36 mil en 2014 y más de 37 mil en 2017 hoy marca un récord de 43 mil internos en las 54 unidades y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense que depende del ministerio de Justicia de Ferrari, con un costo mensual para cada preso de aproximadamente 35 mil pesos estimados por fuentes del SPB.

Hay un exceso numérico de al menos 10 mil detenidos en la provincia con respecto al cupo. El contexto nacional no se salva tampoco: se estima un 15,2% de sobrepoblación global de todo el sistema de cárceles argentino de acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación. Casi la mitad de los presos están todavía sin condena bajo el signo evidente del exceso de aplicación de prisiones preventivas y falta de medidas alternativas declaradas por jueces en un sistema saturado.

En el medio, organismos como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria hablan de una crisis humanitaria: el Juzgado Correccional N°2 de La Plata ordenó semanas atrás la creación de un Comité de Crisis luego de varias inspecciones que revelaron condiciones de hacinamiento y puntos como la alcaidía de Junín sobre la ruta 188, con plazas para 407 presos y 958 detenidos a fines de junio de este año.
Corredor central del penal.
Corredor central del penal.

La nueva Unidad de Campana, en el pensamiento de Ferrari, tampoco se trata solo de descomprimir. Recibirá internos de un perfil definido como su nombre lo indica: jóvenes de 18 a 21 años de edad, un segmento que representa el 8% del total de  los presos de la provincia. El 58% de todo este grupo, asegura el Ministerio de Justicia, está procesado por delitos contra la propiedad, robos y hurtos, un índice mucho mayor si se compara al número general de todos los presos argentinos, con un 40% detenido por robo y delitos similares.

Ferrari habla de la nueva Unidad Modelo como el último penal en que estos jóvenes deberían estar en sus vidas: el ministro habla de rehabilitación y reinserción social bajo un sistema de videovigilancia integrado, de revinculación familiar en el lugar, un espacio para tratar adicciones a las drogas, cupo escolar garantizado con lugar para 480 internos, talleres laborales para que trabajen más de 200 detenidos, un polideportivo para practicar fútbol y basket, rugby con los Espartanos, capilla, huerta. Hasta una pequeña planta de reciclaje de residuos.

Los traslados a la Unidad Modelo, aseguran en el Ministerio, no serán compulsivos: los presos deberán pedirlo formalmente y se enfrentarán a un criterio de admisión basado en conducta. "Si apuñalaron a alguien en una riña difícil que puedan venir", asegura un asesor.

Los módulos de cuatro celdas cada uno alojarán a cuatro detenidos por celda, con un sector común. Ferrari espera reducir el nivel de riñas con el nuevo espacio. "Mirá", dice el ministro mientras entra a una celda tras el portón de metal y señala al inodoro de cemento: está en un ambiente aparte, adjunto a la celda general, no a centímetros de los catres.

Todo este proyecto, aseguran dentro del Ministerio de Justicia provincial, costará "710 millones de pesos."
El ministro Ferrari y equipo. (Ministerio de Justicia)
El ministro Ferrari y equipo. (Ministerio de Justicia)

Las críticas

En los últimos años, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, se convirtió en uno de los críticos más firmes de la situación en los penales bonaerenses. Hoy, el organismo de derechos humanos estudia realizar una nueva presentación ante la Suprema Corte provincial donde reforzará sus puntos de vista.

Para el CELS, las nuevas plazas que promete el Servicio Penitenciario Bonaerense en Campana y en otros penales de la provincia que enfrentan remodelaciones no solo no alcanzan para el exceso actual sino que tampoco contemplan el crecimiento a futuro. "La cuestión hoy es que esas plazas se necesitan para absorber la sobrepoblación. Y la franja de jóvenes por delitos contra la propiedad es mayoría. La segmentación no está mal", asegura la abogada Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo.

Sin embargo, dado el nivel de hacinamiento, asevera Litvachky, "todo hace pensar que no van a poder mantener ese penal con el modelo que están pensando, va a empezar a estar excedido porque necesitan incorporar el exceso de detenidos. Vos podés tener una buena política en términos penitenciarios, pero la experiencia de construcción de cárceles modelo han tardado muy poco en ser absorbidas por los problemas de arrastre del Servicio Penitenciario."
Inodoro de una de las celdas.
Inodoro de una de las celdas.

Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación bonaerense, monitorea desde hace años las denuncias de tortura que los detenidos en penales hacen a sus defensores oficiales. Con experiencia en el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, Coriolano afirma: "La creación de nuevas cárceles en sistemas atravesados por el hacinamiento, corrupción y torturas, exige un monitoreo permanente de su funcionamiento por órganos independientes, con enfoque multidisciplinario y experiencia comprobada en derechos humanos. El problema con los jóvenes en situación de encierro no se agota en la infraestructura. Es integral y profundo, exige soluciones consensuadas y que expresen voluntad política, un plan adecuado y recursos humanos y materiales suficientes para cumplirlo."

Video y fotos: Thomas Khazki.

lunes, 24 de septiembre de 2018

Corrupción: retrato de un sistema estructural diseñado para saquear al Estado

Resultado de imagen para Corrupción: retrato de un sistema estructural diseñado para saquear al Estado(Cadena 365.com) - Por Hugo Alconada Mon
Primero fueron los suecos de Skanska. Después, vinieron los alemanes de Siemens. Luego, los brasileños de Odebrecht . Y al final llegaron los argentinos. 

Así, paso a paso, la historia reciente de la corrupción en la Argentina se escribió de la mano de multinacionales que vomitaron sus verdades, aunque el mazazo llegó escrito en ocho cuadernos por un chofer raso del Ministerio de Planificación que terminaron de exponer cómo funciona el sistema de corrupción estructural.

¿Qué dejaron en evidencia suecos, alemanes, brasileños y argentinos?

Primero, que las prácticas corruptas llevan décadas en la Argentina, pero que durante los años kirchneristas alcanzaron el paroxismo. Y así lo confirman protagonistas “arrepentidos”, como el exembajador “paralelo” con Venezuela Claudio Uberti, que confesó que Néstor Kirchner y Hugo Chávez embolsaron al menos US$50 millones en la emisión de bonos soberanos… O Aldo Roggio y Carlos Wagner, en los sectores de transporte y de la construcción.

Segundo, que “la patria contratista” devino en “el club de la obra pública”, siempre en perjuicio del Estado y a niveles pornográficos. Y eso los llevó al colapso. Por codicia, como lo definió el fiscal de la investigación, Carlos Stornelli , en una de sus contadas apariciones públicas. Tras la muerte de Kirchner, sostuvo, “los muchachos se desmadraron”.

Resultado de imagen para Corrupción: retrato de un sistema estructural diseñado para saquear al EstadoLa tormenta fue feroz y la combinación con obras que nunca se ejecutaron convirtió a La Plata en una trampa mortal en 2013 La tormenta fue feroz y la combinación con obras que nunca se ejecutaron convirtió a La Plata en una trampa mortal en 2013 Fuente: Archivo – Crédito: Santiago Filipuzzi

Tercero, que el sistema requiere de armadores. Como Wagner desde su función como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012. Así surge en la causa de los cuadernos y lo confirman “delatores premiados” de Odebrecht en Brasil. Como el exvicepresidente para América Latina Luiz Mameri, que declaró que Wagner les indicaba con qué empresas locales debían asociarse, qué proyecto iban a ganar, a quién tendrían que sobornar y cuánto pagar. “Para participar en proyectos de obra pública en la Argentina -resumió Mameri en Brasil- era imprescindible asociarse con empresas locales”.

Cuarto, que el sistema requiere de “valijeros”. Como la mano derecha del ministro Julio De Vido , Roberto Baratta , y su chofer, Centeno . O el exsecretario privado de Kirchner Daniel Muñoz. Y también de las empresas, como Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Héctor Zabaleta (Techint), Raúl Valenti (Impsa), entre otros, por órdenes superiores.

Quinto, que el sistema requiere de “operadores” financieros. Como Clarens. O, en un nivel inferior, la financiera SGI, “La Rosadita”, de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, protagonistas desde Puerto Madero de “la ruta del dinero K” con bolsos que no se contaban. Se pesaban.

Sexto, que las empresas perfeccionaron un método para extraer fondos de sus balances. Primero recurrieron a facturas truchas de sociedades “pantalla”. Pero el “caso Skanska” los llevó al borde del knock-out. Y aprendieron. Entonces recurrieron, entre otros trucos, a las facturas truchas de empresas reales y, por tanto, más difíciles de rastrear. Eso investiga la AFIP, por ejemplo, en las cuentas de Fainser, la constructora del detenido expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain.

Resultado de imagen para Corrupción: retrato de un sistema estructural diseñado para saquear al EstadoRío Turbio. Es el símbolo de la corrupción kirchnerista: en 10 años se destinaron $26.000 millones y US$1000 millones y la usina nunca se activó Río Turbio. Es el símbolo de la corrupción kirchnerista: en 10 años se destinaron $26.000 millones y US$1000 millones y la usina nunca se activó Fuente: Archivo – Crédito: Horacio Córdoba

Séptimo, que los políticos prefirieron desarrollar un mecanismo de recaudación ilegal antes que sincerar cuánto cuestan las campañas y plantear a la sociedad que necesitan financiamiento legal. Porque “para hacer política en serio se necesita ‘platita'”, jura el exdiputado nacional santacruceño Rafael Flores que le dijo la entonces legisladora Cristina Fernández de Kirchner. Y así podrían confirmarlo los equipos de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, que en 2015 recaudaron y gastaron mucho más de lo que declararon ante la Justicia Electoral.

Octavo, que muchos políticos también prefieren ese sistema para engrosar sus patrimonios, a veces con la mera excusa de las campañas, en un tango hipócrita con los empresarios. “Un aspecto que se desprende de los primeros testimonios recolectados en la presente investigación -remarcó Bonadio al procesarlos- es que el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los empresarios se correspondía con aportes de campaña, cuestión que se fue relativizando a medida que los empresarios aportantes empezaron a reconocer que era para los gastos de la política y luego, solo reconociendo que eran coimas”.

Noveno, que la recaudación para “la política”, como la definió José López, se destina también a honorarios de abogados defensores, jueces y fiscales corruptos, operadores judiciales, periodistas cómplices y más.

Resultado de imagen para Corrupción: retrato de un sistema estructural diseñado para saquear al EstadoSoterramiento del Sarmiento. La obra conecta con los sobornos de Odebrecht y sus socios argentinos para obtener el contrato. La empresa brasileña confesó pagos por US$35 millones al gobierno kirchnerista Soterramiento del Sarmiento. La obra conecta con los sobornos de Odebrecht y sus socios argentinos para obtener el contrato. La empresa brasileña confesó pagos por US$35 millones al gobierno kirchnerista Fuente: Archivo

Décimo, que la “ruta del dinero” incluye cash y pagos en especie (joyas, autos, casas, campos, acciones) y transferencias offshore. Por eso, no sorprende que Siemens haya pagado, en efectivo, pero también con transferencias a Suiza, el Caribe y hasta Hong Kong, a funcionarios menemistas y de la Alianza para ganar el contrato de los DNI, para conservarlo y para tratar de resucitarlo. O que la joyería Simonetta Orsini -liderada por un narcolavador convicto en Estados Unidos y la esposa de uno de los dueños de Electroingeniería- fuera la “joyería del poder”. Por allí pasaron políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas deseosos de regalar y recibir artículos de lujo.

Undécimo, que todo sistema puede superar incluso a la muerte. Como la de Kirchner. “Después del 2010, hubo uno o dos años aproximadamente que se cesó el requerimiento de dinero o fue menor el requerimiento”, recordó Wagner. Pero “a partir del año 2012 se reinició el esquema”. Lo mismo plantearon los “delatores” de Odebrecht en Brasil.

Y duodécimo, que todo esto solo es posible si el Estado carece de las herramientas para investigar o mira para otro lado. Con organismos de control que no controlan, con poco presupuesto, leyes desactualizadas o “tuneadas” para resultar ineficaces y mucho más. Porque la corrupción sistémica solo es posible si quienes deben controlar no pueden -o no quieren- controlar.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Córdoba: descubren a chinos que pescaban con descargas eléctricas

 (Perfil.com) - La práctica está prohibida debido a que causa graves problemas ambientales. 
La Policía de la provincia de Córdoba sorprendió en una laguna de Río Segundo a siete ciudadanos chinos que pescaban usando descargas eléctricas en el agua, una modalidad prohibida por el daño ambiental que causa. Según informó el portal de noticias del Gobierno de la Provincia de Córdoba, personal de Policía Ambiental junto con la Patrulla Rural de Río Segundo llegaron a la laguna tras recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de pescadores furtivos en la Laguna Larga. 
Cuando los agentes arribaron a la laguna constataron que los sujetos se encontraban pescando mediante descargas eléctricas en el agua y con elementos prohibidos, por lo que los efectivos los identificaron y realizaron las actuaciones correspondientes por infringir la normativa vigente. En la causa que se inició consta que cuando los pescadores visualizaron el móvil policial acercarse, arrojaron al agua una canasta que, al parecer, contenía los peces que habían capturado, según consignó la agencia NA. 
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Además de identificar a las personas que estaban pescando, los efectivos que participaron del procedimiento secuestraron tres redes de 100 metros en total, cinco trampas tipo carpa, una batería, un convertidor eléctrico para realizar las descargas al agua, una caña modificada tipo picana, dos mediomundo con electricidad y un bote inflable. Según se informó, la modalidad de descargas eléctricas se realizaba para inmovilizar a los peces que luego eran recogidos con las redes y otros elementos. Esa modalidad está prohibida por las leyes provinciales 4.412 y 22.421 de regulación de la pesca y conservación de la fauna respectivamente ya que genera un importante daño ambiental.  Tras el secuestro de los elementos de pesca, a los ciudadanos chinos se les inició un sumario administrativo que determinará la multa aplicable y además se los inscribió en el Registro de Infractores que lleva la Dirección de Policía Ambiental. 
Fuente www.perfil.com.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Denuncian cómo Néstor Kirchner y Hugo Chávez se quedaron con 50 millones de dólares

Por Daniel Santoro - Clarin.com
El arrepentido Uberti reveló ante el juez Bonadio manejos con títulos argentinos. Afirmó que ambos se dividieron la ganancia y que el ex Presidente trajo desde Venezuela sus US$ 25 millones vía aérea en valijas.


Hugo Chávez y Néstor Kirchner, en Venezuela en 2004. AFP

El ex titular del Occovi, Claudio Uberti, confesó ante la Justicia que cuando Hugo Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de la deuda externa argentina en el 2007 se organizó primero una maniobra especulativa que dio “una ganancia de 100 millones de dólares”. Esa ganancia provino de usar las versiones sobre cuándo y cómo se iban a comprar los títulos para especular con su precio.

La mitad de esa ganancia fue como comisión a bancos que intervinieron y "Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno", contó Uberti en su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, según revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Uberti precisó que luego esos 25 millones de dólares fueron traídos "en valijas" por vía aérea a Buenos Aires desde Caracas. El ex funcionario conoce los negocios venezolanos: era el representante especial del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en Venezuela.

La forma en que se movilizó la plata se relaciona con la famosa valija del venezolano Guido Antonini Wilson descubierta el 4 de agosto del 2007 por María Luján Telpuk, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La causa de la valija de Antonio se había cerrado y la reabrió el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien seguramente pedirá ahora a Bonadio esta nueva confesión de Uberti.

Los investigadores de la causa de los cuadernos buscan ahora confirmar todos los datos suministrados por Uberti, quien ingresó el mes pasado al régimen del imputado-colaborador. Esta nueva línea de investigación de la plata negra de los Kirchner tendrá una enorme repercusión internacional.

Los datos sobre la conexión Venezuela de estos fondos ilegales del ex matrimonio presidencial están en una ampliación de las indagatorias que ya había hecho Uberti. En las dos primeras había confesado cómo recaudó coimas de los concesionarios viales y cómo se enteró de que cuando murió Néstor, en el departamento de Juncal y Uruguay había 60 millones de dólares escondidos.

Esta nueva confesión de Uberti se relacionada con una operación financiera de agosto del 2007. Ese mes Argentina concretó la colocación de deuda más cara desde el default del 2002: le pagó a Venezuela una tasa en torno al 10,6% por la compra de 500 millones de dólares en Boden 2015, en medio de un extraño contexto.

Con la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez a Buenos Aires se avanzó en la negociación para la colocación de estos títulos. En principio, había trascendido que Venezuela compraría Boden 2015 por 1.000 millones de dólares. Pero la operación se hizo, finalmente, por 500 millones.

Este fue el aporte argentino a la tercera emisión del llamado Bono del Sur que se completó con un título propio del gobierno de Hugo Chávez. En aquella visita, el mismo Chávez había detallado que su país compró en dos años en total 4.572 millones de dólares en títulos argentinos.

Pero luego Venezuela ya se había desprendido de, al menos, la mitad de estos bonos, contribuyendo a la caída del precio de los papeles de la deuda argentina. "Es una cifra importante", dijo Chávez en aquel momento. "Seguramente será suficiente por este año. Y si Argentina lo requiriera podríamos seguir en 2008", aseguró en momentos en que su país tenía excedente de dólares por el aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Con estas palabras, Chávez parecía restarle peso a la posibilidad de comprar otros 500 millones de Boden 2015 hacia finales de este año.

Mientras los bonos argentinos se derrumban, el venezolano aseguró que los papeles argentinos tenían "gran rentabilidad". 

La compra de bonos argentinos no fue la única relación financiera entre Néstor y Chavez. En el 2004 se había creado un fideicomiso argentino-venezolano para el intercambio de fuel oil por productos industriales en el banco suizo UBS.

El fideicomiso lo administraban la petrolera PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y su cuenta en la Argentina la manejaba el Banco Nación. Pero en el 2010, luego de la denuncia pública del ex embajador argentino Eduardo Sadous, el UBS le pidió datos al Bandes para investigar si había habido operaciones de lavado de dinero, tal como reveló Clarín en el 2013. Como consecuencia de la negativa del Bandes a dar “información detallada” de las operaciones, el UBS cerró la cuenta del fideicomiso.

Según las fuentes, el banco suizo pedía datos sobre los movimientos financieros de las cuentas de la venezolana Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A. y la argentina Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading) para investigar si hubo lavado dinero. Este aspecto de la relación con Venezuela lo investiga el juez federal Julián Ercolini, quien seguramente ahora pedirá a Bonadio la confesión de Uberti.

En un cable secreto enviado por el entonces embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, a la Cancillería, y fechado el 28 de mayo del 2004, saltó la punta de la turbia relación de los Kirchner con Chávez.

El informe relata que ese 3 de junio iba a llegar a Caracas una delegación oficial presidida por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e integrada por el presidente del OCCOVI, Claudio Uberti; el presidente del INTA, Carlos Cheppi; el jefe de ceremonial de Planificación Federal, José María Olazagasti; y la asistente de ese ministerio, la rubia Victoria Bereziuk. Agrega, en potencial, que el objetivo de esa comitiva sería tomar contacto con la petrolera PDVSA, el Bancoex, y el Ministerio de Energía y Minas; y el Ministerio de Agricultura. Sadous cerró su cable secreto con un ruego diplomático: “Por lo expuesto, y debido al total desconocimiento de esta sede sobre ese particular, se agradecerá poder recibir confirmación de la misma así como programa de actividades y vuelos respectivos”.

Era el primer indicio de la “embajada paralela” que manejaba De Vido, a través de Uberti.

Como antecedente de las maniobras con los acuerdos bilaterales con la Venezuela chavista, Sadous informó además a la Cancillería que habían desaparecido “90 millones de dólares de las cuenta del fideicomiso que estaba en un banco en Nueva York (una sucursal del UBS) cuando lo trajeron a Caracas, lo vendieron en el mercado negro de dólares y luego pusieron esa plata en el mercado oficial, donde se hicieron de una diferencia de 14 millones de dólares. Esto fue en enero de 2005 y fue lo que motivó mi reemplazo por Nilda Garré”.

Sadous fue embajador en Caracas entre 2002 y 2005 cuando fue removido por Néstor Kirchner y luego en el 2010, cuando la diputada del ARI Elisa Carrió hizo trascender su cable secreto, De Vido le hizo un juicio y logró procesarlo por falso testimonio con el apoyo de jueces adictos a los K.

En ese cable Sadous alertó al entonces canciller Rafael Bielsa sobre la existencia de una “embajada paralela” a la suya, y también sobre las irregularidades en el fideicomiso binacional investigado ahora por la Justicia. La “arquitecta” de ese fondo fiduciario fue Marta Cascales, pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entonces al mando de la secretaría de Comunicaciones.

El 25 de noviembre del 2004, el diplomático en otro cable secreto se explaya sobre el malestar que existe entre empresarios que no podían acceder al registro de proveedores de PDVSA para participar de las ventas a Venezuela debido a que existía “falta de transparencia en la gran central de compras de esa firma en Houston, Texas”.

Tras otras consideraciones, concluye: “Tal vez, la reciente creación del grupo informal de seguimiento del fideicomiso -con la coordinación venezolana del lic. Franklin Méndez y del Ing. Claudio Uberti por la parte argentina- genere un nuevo ámbito de debate donde este tema pueda reverse”.

En ese mismo cable, Sadous le informa a la Cancillería que se enteró por “comunicaciones informales con “Planificación”, que “Uberti estaría viajando hacia esta (sic) en las próximas semanas para analizar todos los temas vinculados al fideicomiso”.

El diplomático cierra su escrito con una frase ambigua sobre cómo se realizaban los negocios en Caracas: “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas Gapp sin existir socios locales que conozcan los mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito petrolero en esta” (sic). 

Enviarán a sus países a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de la pena

Resultado de imagen para Enviarán a sus países a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de la penaPor María José Lucesole - La Nación - En Campana, junto a la Unidad 41, se está terminando de construir una cárcel "modelo" para jóvenes reclusos

LA PLATA.- Con el objetivo de mejorar la gestión de recursos y aliviar la superpoblación en las cárceles bonaerenses , el gobierno de María Eugenia Vidal quiere enviar a sus países a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de sus penas en la Argentina. En lo que va del año, 23 reclusos ya fueron remitidos a sus países, y otros 300 están en condiciones de seguir sus pasos, en caso de que se complete el proceso judicial-migratorio.

Los presos extranjeros son, actualmente, el 5,14% de la población total penitenciaria en la provincia, que es de 42.000 detenidos, en 56 cárceles y alcaidías bonaerenses. Las plazas disponibles, en realidad, son 28.000, por lo que la superpoblación es del 50 por ciento. Fuentes del Poder Ejecutivo provincial sostuvieron que, en este contexto, la gobernadora María Eugenia Vidal dio luz verde y apoyo político a la medida.

El proceso se inicia en el Ministerio de Justicia bonaerense, del cual depende el Servicio Penitenciario. Un equipo de esa cartera está trabajando especialmente en la revisión de casos para determinar cuáles se encuadran en la normativa de extrañamiento prevista en la ley de migraciones (deben tener cumplida la mitad de la condena). A partir de ahí se habla con el defensor del recluso y con el juez que supervisa el cumplimiento de la pena; si dan su aval, se le ofrece al preso enviarlo a su país natal. En caso afirmativo, el trámite final queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los pasajes de los presos a extrañar corren por cuenta de las compañías de aviación, que según la normativa vigente deben reservar dos lugares para este tipo de casos. Una vez expulsados, los condenados extrañados ya no podrán volver legalmente a la Argentina.

Con esta medida, el gobierno de Vidal busca optimizar recursos y aliviar la superpoblación carcelaria; este año ya salieron 23 reclusos y hay otros 300 casos en trámite

El subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Barik, dijo a LA NACION: "A raíz de la superpoblación empezamos a mirar todas las situaciones que podrían tener un tratamiento especial dentro del sistema penitenciario: delitos leves, neuropsiquiátricos, extranjeros. En cuanto a este último caso, cuando un extranjero comete un delito en el territorio y ya cumplió la mitad de su condena, se lo puede enviar a su país y allí quedará libre. Nosotros les hacemos saber a los jueces naturales de los detenidos en qué fecha se cumplirá ese plazo que habilita a que quede alcanzado por los artículos 29 y 69 de la ley nacional 25.871, de migraciones".

Según explicaron a LA NACION fuentes penitenciarias, el origen de la población carcelaria extranjera se divide de la siguiente forma: Paraguay (51,35%), Perú (17,66%), Uruguay (9,14%), Bolivia (8,87%), Chile (5,21%), Colombia (3,53%), República Dominicana (1,19 %), Brasil (1,02%), Ecuador (0,40%), China (0,31%), Italia (0,31%), España (0,18%), Ucrania (0,18%), Venezuela (0,18 %), Armenia (0,9%), Estados Unidos (0,9%), Corea del Sur (0,4%), Cuba (0,4%), Francia(0,9%), Israel(0,9%), México (0,4%) y Rusia (0,4%).

La mayoría de los que ya fueron expulsados o están a la espera de serlo purgaban condenas por delitos gravísimos, como homicidio o abuso sexual. Entre los cinco que, por estas horas, esperan la ejecución de su extrañamiento, hay dos homicidas (un chino y un paraguayo) y tres abusadores (un paraguayo, un uruguayo y un boliviano). "Los jueces, que son los que tienen potestad de decidir, tienen distintos criterios. Desde que comenzamos con esta iniciativa sacamos a 23 detenidos, este año, previa audiencia judicial", informó Barik.

Los casos

Fueron expulsados los homicidas Valeriano García Carballo y Gregorio Valardez (Bolivia), Valentín Aguilera y Miguel Ramírez Fernández. Por abuso, fueron echados del país los bolivianos Alejandro Huaranca, Luis Espinoza, Cristino Brisuela y Ricardo Villacagua, los paraguayos Oscar Arce, Ramón Osorio Torres, Juan Alberto Oliveira y José Ramón Cano, y el colombiano Aarón Sierra.

Finalmente, al cumplir la mitad de sus sentencias por robos y hurtos agravados, fueron remitidos a sus países de origen de forma irrevocable los uruguayos Sebastián Portes y Washington Escobar, los paraguayos Fernando Barrios y Andrés Venancia Amarilla, el boliviano Benjamín Nogales, el chileno Octavio Vilchez, el colombiano Javier Cantor y el peruano César Bardales.

El ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, dijo a LA NACION: "Desde este año estamos trabajando con mucho empeño en identificar a las personas privadas de su libertad que, por ser extranjeras y haber cumplido o estar por cumplir la mitad de sus penas, pueden calificar para entrar dentro del proceso previsto en la ley de migraciones. Nuestro mensaje es muy claro: Aquellas personas que vienen al país a trabajar serán siempre bien recibidas, pero pretendemos que por aquellos que vienen a delinquir el Estado gaste lo menos posible en su manutención en prisión. De ser posible, debemos extrañar, cumplidos los plazos y las formalidades, a todos aquellos que cometieron delitos en el país".

Según pudo saber este diario, un equipo del ministerio está trabajando específicamente en la revisión de casos, las notificaciones y los trámites pertinentes. Los procesos se realizan junto con la Justicia provincial y con las autoridades nacionales de Migraciones, y se contemplan convenios recíprocos con los países a los que serán enviados los reos que se acojan a la medida de extrañamiento.

Cabe aclarar que no se trata de un procedimiento de cumplimiento obligatorio: se requiere, además de la autorización del juez a cargo de la ejecución penal, el consentimiento del preso. "Por ejemplo, aquellos que han formado familia en el país pueden preferir seguir en la cárcel, pero cerca de sus afectos", explicaron fuentes penitenciarias.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Por la inseguridad, arman el primer mapa rural del delito en el país


Por Nahuel Gallotta (Clarin.com) -  Los productores ya cuentan como un gasto cotidiano la instalación de cámaras de seguridad en los campos. Y dicen que les cuesta conseguir caseros.



Una cámara de seguridad en un molino de la zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.

Santa Fe ya había sido noticia en el tema, en abril de 2002: una empresa ofrecía una recompensa de 5 mil pesos por “información para llegar a los cuatreros implicados en el robo de ganado de sus 38 mil hectáreas”. Denunciaban el faltante de 1700 cabezas en tres años, que representaban un total de 400 mil pesos.

Dieciséis años después, la situación no ha mejorado, ni mucho menos: tanto, que la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia (Carsfe), compuesta por 30 entidades, creó una Comisión de Seguridad Rural que ya trabaja en el primer mapa del delito rural del país. Denuncian robos de ganado, de granos, de maquinarias, de agroquímicos, de tractores, de molinos, de silobolsas, de transformadores, entre otros, además de las entraderas violentas, a mano armada.


Zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.
Zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.


“El sector se encuentra con otro problema, consecuencia de los robos: los caseros no quieren vivir más en el campo por la violencia que ejercen los ladrones”, asegura a Clarín Gerardo Vicentini, coordinador de la Comisión, que ya cumplió su primer año de existencia.

“Hablamos de un delito no cuantificado, pero a razón de 5 cabezas diarias por cada departamento de la provincia, calculamos pérdidas de $ 346 millones anuales. Los fiscales tienen un concepto garantista y los cuatreros entran y salen. El Ministerio de Seguridad solo destina sus recursos a la lucha contra la trata, el narcotráfico y otros delitos complejos. Buscamos que el delito rural sea una política de Estado. Se lo enfoca como un robo o un hurto. Y es mucho más que eso: hasta existen riesgos de contraer enfermedades zoonóticas”.

Juan Moral es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, ubicada a 250 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cerca del límite con Chaco. Tiene 62 años y lleva 40 en el rubro. Los robos que sufrió en el último año, estima, le representaron lo mismo que dos meses de gastos fijos. Le cuenta a Clarín los cambios en la delincuencia. Dice que ahora los robos son con una inteligencia previa. Y violentos, con armas: “Queremos la plata de la cosecha”, dicen que exigen durante los asaltos.

“Nuestros caseros salen una o dos horas, vuelven y se encuentran con faltantes de la estancia, del galpón o de animales. Los ladrones conocen cada rincón de los caminos”, cuenta. “Nos sentimos observados. Hay gente sospechosa que se presenta y ofrece servicios; creemos que hacen inteligencia. También es normal que algunos desconocidos te ofrezcan cosas robadas”.

Silobolsas en la zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.Silobolsas en la zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.

Para Moral, algunas de las bandas que actúan en la zona de Vera provienen de Chaco. Otros productores hablan de bandas de Santiago del Estero. También están las locales, las de Rosario, las de correntinos, las de San Nicolás. Las fronteras serían un atractivo para los asaltantes: con el cambio de jurisdicción, las fuerzas policiales dejan de perseguirlos.

“Los productores salimos a la par de la Policía”, asegura. “No bien sufrimos un robo llamamos y pedimos personal. Llegan a caballo y vamos con ellos. Nosotros conocemos los caminos y sabemos por dónde pueden escapar. Además tenemos un grupo de WhatsApp donde nos avisamos de movimientos sospechosos”.

Cámaras de seguridad en el acceso a un campo de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.Cámaras de seguridad en el acceso a un campo de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.

A modo de prueba piloto, la Comisión de Seguridad Rural realizó un trabajo de campo junto a 20 productores nucleados en la Asociación Rural Romang. Y los números dicen lo siguiente: que solo el 45% realizó la denuncia, y que de ese total, 51 corresponden a carneadas, 8 a entraderas y 2 a faltantes de animales. Las pérdidas por las carneadas alcanzaron los $ 836.725. El promedio sería de un 3% del stock de cabezas de los 20 productores. Pero si se saca la cuenta sobre las 90 mil cabezas del distrito, a razón de $ 8 mil por unidad ganadera, el total ascendería a $ 21,6 millones anuales.

La guardia rural “Sección XXI” está compuesta por ocho policías por turno y cuenta con dos camionetas y dos lanchas para custodiar 500 mil hectáreas. 

“Estimamos que cada entidad pierde entre el 3% y el 10% de su stock en manos de los delincuentes”, sintetiza Vicentini. Y agrega: “Nuestro plan consiste en una guía para que las entidades les expliquen a sus productores qué hacer no bien descubren que fueron asaltados. Les comentamos que tienen que hacer la denuncia, y que cuentan con el derecho de presentarse en fiscalía a pedir novedades de la causa”. Aunque hacer la denuncia, en algunas oportunidades, es lo mismo que la nada: les pasó de recorrer fiscalías y encontrarse con que las denuncias realizadas en la comisaría más cercana nunca llegaban al Juzgado.

El representante de la Sociedad Rural de Rafaela es Pedro Rostagno. Se inició en el rubro en 1989. Aclara que el delito se volvió un problema desde 2015. Un problema que les generó gastos en instalación de cámaras de seguridad y alarmas, lo cual se volvió un gasto cotidiano, y la difícil tarea de encontrar empleados que quieran vivir en el campo.

“Los productores nos dicen que cuando tienen el lote a punto para la cosecha, los ladrones les trillan la soja. O te roban de los silobolsas, que son de 60 metros de largo por 1,8 de alto. Estamos hablando de bandas muy organizadas: para llevarse 90 mil kilos de soja, necesitan tres camiones. El panorama a veces está de su lado; hablamos de zonas agrícolas que están vacías, sin gente a la vista”.

Gerardo Mondino, vicepresidente de Sociedad Rural de la ciudad de Tostado, saca cuentas: a $ 7 mil la tonelada de soja, un productor de su zona, perdió $ 1,5 millón. “A veces roban animales como para llenar un camión jaula. Lo que está pasando es que los ladrones alquilan campos y se hacen pasar por colegas, para asaltarnos de madrugada”, dice. Otra modalidad denunciada es la de supuestos productores que alquilan campos, compran cosechas robadas a mucho menor precio que el verdadero costo y declaran cosechas propias, blanqueando dinero.

Los robos también incluyen otros botines, los agroquímicos. Las bandas van directo a los galpones y buscan bidones de glifosato o herbicida. Todo es dinero: una bolsa de semillas puede representarles cien dólares. Otro robo silencioso, o de hormiga, es el de “kilos”: las bandas llegan con terneros y se llevan vacas, para que el cuidador, al contar el total, no note el faltante. Además, hay una banda de estafadores cordobeses que se presentan como productores. Se llevan animales o granos y muestran un comprobante de depósito falso. Así, engañaron a empresarios de distintas localidades de la provincia.

viernes, 24 de agosto de 2018

Un ministro de Chubut propone echar de la provincia a los delincuentes extranjeros

(Infobae.com) - "En los casos que detectamos personas que realizan un ilícito y son personas de nacionalidad extranjera, que tome intervención Migraciones, porque no lo podemos permitir”, advirtió Federico Massoni, de Gobierno
Federico Massoni, ministro de Gobierno de Chubut, anticipó que evalúa aplicar "un protocolo" que permita echar de la Argentina a los delincuentes que llegaron de otros países: "No podemos tener tolerancia con este tipo de gente", recalcó.

El objetivo es "no tenerlos", resumió el funcionario, al considerar que el gobierno provincial debe "ser muy duro con los que vienen y atentan contra la seguridad".

Al mismo tiempo, aclaró que en Chubut son bienvenidos aquellos extranjeros que "vienen a trabajar y producir". Su intención, explicó, es el siguiente: "Activar algún tipo de protocolo, como para que esas personas que están en nuestro territorio, algunos en forma ilícita, podamos activar mecanismos como para poder quitarlos del mismo, no tenerlos, no tenemos que tener tolerancia con quienes vienen a cometer ilícitos en nuestro territorio"

"Creo que somos un país abierto, una provincia abierta, pero lo que no tenemos que permitir es la delincuencia, y menos delincuencia que nos venga importada, que nos venga de otro lado", argumentó Massoni en diálogo con FM Tiempo, de Trelew.

El funcionario anticipó que ya se encuentra en tratativas con Migraciones para comience a regir la medida contra los delincuentes extranjeros: "En los casos que detectamos personas que realizan un ilícito y son personas de nacionalidad extranjera, que tome intervención Migraciones, porque no lo podemos permitir".

Recientemente, la provincia de Chubut logró aplicar otra medida contra la inseguridad. El gobierno publicó la lista de los delincuentes prófugos de la provincia. Sus nombres, junto a sus fotografías, fueron distribuidas en todo el país. "Desde que publicamos la lista de 37 prófugos ya recapturamos 17, algunos muy peligrosos", destacó Massoni al defender la iniciativa.

sábado, 18 de agosto de 2018

En lo que va del año a más de 60 policías bonaerenses les robaron sus pistolas reglamentarias

Por Andrés Klipphan - Infobae.com
En su mayoría terminan en manos de criminales. También existen casos de uniformados que alquilan sus 9 mm a delincuentes. Los números del mercado negro
En lo que va del año, 63 armas reglamentarias ya le fueron sustraídas a policías de la provincia de Buenos Aires. En el mercado negro una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, provista a buena parte de las fuerzas de seguridad, como la policía Federal, Bonaerense y de la Ciudad, puede llegar a valer entre 20.000 y 40.000 pesos; mientras que si se la adquiere de forma legal, el valor difícilmente supere los 13.000 pesos.

Esto es así porque en el shopping de la marginalidad se las consigue sin los documentos correspondientes, como la portación de legítimo usuario. Inclusive el importe puede llegar a subir si antes se le removió la numeración.

En el ministerio de Seguridad Bonaerense, se labraron sumarios que acreditan casos de robos de armas de manera escandalosa. Por ejemplo, la pérdida de la Bersa Thunder Pro calibre 9mm por dejarla en el guardarropas de un boliche bailable junto al abrigo.

Hay otros casos que indignan y que elevan al policía protagonista del acto de corrupción a la categoría de "delincuente". Un efectivo, Nahuel Garzo, que acaba de ser sancionado, le "alquiló" su arma reglamentaria y el chaleco antibalas a un conocido malviviente de La Plata para que salga a robar. Para justificar su pérdida, simuló haber sido atacado a balazos por delincuentes.

El caso del oficial Nahuel Garzo es la antítesis de Lourdes Espíndola, la heroica mujer policía de 25 años que trabaja en el Comando de Patrullas de Moreno y que fue asesinada en la parada del colectivo por forajidos que solo querían quitarle su 9 mm. Otro robo de armas que conmocionó a la opinión pública, fue el de María Belén González, la policía de 23 años que fue arrollada tres veces por bandoleros que le robaron el arma reglamentaria. La oficial, que por fortuna salvó su vida -aunque quedó con serias lesiones- prestaba servicios en el Comando de Prevención Comunitaria de Avellaneda.

Pistolas, chalecos y uniformes

De las 63 armas reglamentarias denunciadas como robadas o extraviadas por los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en los siete meses y medio de 2018, en 56 casos, los agentes se encontraban en franco de servicio, cinco en servicio y los dos restantes cumpliendo horas POLAD.

La cifra es muy alta, aunque este número queda opacado si se compara con estadísticas anteriores.

En el año 2015, por ejemplo, las armas reglamentarias sustraídas a policía bonaerenses fueron 261. De esos efectivos, 226 estaban de franco de servicio, 26 en servicio 26 y 9 en POLAD –extras-.

En diálogo con Infobae, el ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, entendió que "la baja sustancial del robo de armas a personal policial se debe al Reentrenamiento implementado desde el año pasado, que mejoró el cuidado y reparo del arma reglamentaria".

Los sumarios escandalosos

A pesar de los esfuerzos ministeriales para que las armas oficiales no terminen en manos de los delincuentes, hay hechos que exceden cualquier tipo de control. Tiene que ver más con la condición humana, o con "el zorro en el gallinero", y que le hace mucho daño a la fuerza.

El delito, porque de eso se trata, ocurrió en las últimas horas y las autoridades del ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo, ya actuaron en consecuencia: abrieron un sumario en la Dirección General de Asuntos Internos (AGAI); desafectaron del servicio –según lo dispuesto por Guillermo Berra, el titular de la (AGAI)- al policía que denunció falsamente el robo de su arma, y lo denunciaron ante la fiscalía de turno que decidió detenerlo.

El personaje central de esta historia de poli-ladrón se llama Nahuel Garzo. Es el mismo oficial ya había denunciado el robo de su arma 9mm el año pasado. Esa vez, el sumario interno no reveló nada irregular. Un par de motochorros lo emboscaron y le robaron la mochila. Dentro estaba su Bersa 9mm. Punto. A los pocos días, Garzo volvió a la calle portando un arma flamante.

Pero ahora ese "robo motochorro" fue puesto en duda. Sucede que días atrás su flamante pistola, junto a su chaleco antibalas, terminó de manera voluntaria en manos de un ladrón de casas y comercios de La Plata conocido por el hombre de ley. El "alquiler" de esos dos elementos comenzó a quedar al descubierto cuando el rufián le devolvió el chaleco con dos impactos de bala a la altura del pecho. Sucedió que en la gira delictiva, el malviviente mantuvo un enfrentamiento en el cual recibió varios balazos. Pero el chaleco le salvó la vida. Por esa razón, se lo devolvió con las inconfundibles muescas que antes no estaban.

Para remedar el hecho, el policía declaró –y fue reproducido por los medios- que en las cercanías de la terminal de ómnibus de La Plata, dos hombres – a la altura de las calles 4 y 43-, desde un Chevrolet Corsa sin patente y con vidrios polarizados, le gritaron "¡¡¡HEY…tex!!!" y que cuando se dio vuelta uno de ellos desenfundó un revolver le disparó cuatro balazos.
Por fortuna -siguió contado- el chaleco paró dos veces a la muerte. Eso sí, se excusó, su arma reglamentaria le fue arrebatada por los malvivientes. Todo marchaba sobre ruedas hasta que los pesquisas chequearon, por orden de la fiscalía, las cámaras de seguridad y entrevistaron a comerciantes de la zona. Nadie vio nada. No escucharon detonaciones, y el famoso "corsita" tampoco aparecía en las imágenes. Tampoco el efectivo baleado.

El joven agente de 26 años no tardó en confesar la mentira y el "alquiler" de arma y chaleco a un "amigo" ante las primeras preguntas del interrogatorio al que lo sometió su subcomisario.

En menos de tres días, Nahuel Garzo, que prestaba servicio en la Comisaría Tercera Sur de Dorrego, en el partido de La Matanza, pasó de ser casi un policía héroe que había salvado su vida de milagro, a ser detenido. Su confesión, ya en sede judicial, llevó a la instrucción policial a recuperar el arma reglamentaria que aún estaba en manos del delincuente y también su encarcelamiento.

La juventud e inexperiencia de algunos policías que integran las patrullas comunales colaboran para que, en estos casos de manera involuntaria, las armas pasen a manos de los criminales. Fue durante un "rondín" que estaban realizando cuatro agentes de la policía local de La Plata cuando, según denunciaron, fueron víctimas de un engaño que aún se está investigando. El hecho, sostuvieron, tuvo lugar en la intersección de las calles 12 y 64, en pleno centro comercial de la ciudad capital de la provincia.

Mientras caminaban y controlaban que todo estuviese en orden, los agentes fueron abordados por un hombre de civil, que al bajarse de un auto de alta gama, credencial en mano, se presentó como "comisario". El oficial superior les informó que sus armas, correajes y cargadores, debían ser entregadas provisoriamente ya que así había sido dispuesto desde la conducción de la Comisaria Primera de La Plata. Los numerarios no dudaron sobre la veracidad de la orden, le entregaron mansamente el pequeño arsenal al presunto "comisario" quien subió al auto y se marchó. Al llegar a la repartición, comprendieron que habían sido víctimas del cuento del tío más increíble que sufrió un policía para ser despojado de su armamento.

Los sumarios de Asuntos Internos están poblados de denuncias por supuestas "perdidas" de armas reglamentarias. Un relevamiento realizado en ese organismo de control revela que "en casi el 40% de los casos, las sustracciones o pérdidas se produjeron entre el domicilio de los policías y el vehículo particular, situaciones que remiten a la portación de armas fuera del horario y lugar de trabajo en el marco del estado policial".

Además del caso extremo de la venta o alquiler de la pistola por parte de policías a los criminales, hay situaciones en la que también se visualiza la despreocupación del uniformado por el arma entregada al momento de graduación.

El caso del sargento Javier Marcos Torres, del Cuerpo de Caballería de San Isidro, es un ejemplo.
Según consta en el Sumario Interno, el 5 de octubre de 2017, el efectivo fue a la casa de su amigo, ubicada en la localidad de Quílmes, y "después de haber pasado la noche allí junto a otros compañeros de trabajo y amistades, al día siguiente, al despertarse constató el hurto de su arma reglamentaria Bersa Thunder pro calibre 9mm número 13E44967, la cual había dejado encima de un televisor".

La denuncia, verdadera o falsa, realizada por el sargento derivó en una sanción disciplinaria y en la pérdida del arma ya que amigos, colegas y novias con quienes compartió la velada y el sueño, han asegurado desconocer el destino de la valiosa 9mm.

Un enorme mercado ilegal

Las armas en poder de las bandas mafiosas o delincuentes comunes son un verdadero problema que hasta ahora la política no consiguió resolver. En muchos casos los bandidos están mejor pertrechados que las propias fuerzas del orden, o lo hacen con uniformes, chalecos y pistolas que le roban a sus integrantes.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo en la destrucción de armas
El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo en la destrucción de armas

El mercado ilegal de armas de fuego es enorme y la cantidad de estas supera largamente a las declaradas.

Según los últimos datos difundidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) –ex RENAR- en la Argentina hay 1.562.332 armas registradas. Las no declaradas, una buena porción de ellas en manos del delito, no están contabilizadas de manera oficial. Esto es obvio, sin embargo existen estimaciones y trabajos que son una aproximación.

Según estimaciones privadas, el mercado negro de armas de fuego pequeñas rondaría las 3.600.000. Es decir algo más del doble que las registradas. Consultado sobre el tema el ministro Ritondo recordó que entre los años 2016 y 2017 en la provincia de Buenos Aires se destruyeron a través del programa de desarmes, 35.626 armas y que de ese monto "26.278 armas pertenecían al delito".

Las armas ilegales que circulan en manos de los malvivientes en su gran mayoría provienen de los robos a depósitos judiciales o policiales, a los propios agentes de seguridad o a casas particulares.
Al menos hasta el año 2016 solo en la provincia de Buenos Aires, en depósitos judiciales y de La Bonaerense había aproximadamente 90.000 armas. El aumento de robo de este arsenal paralelo que terminaba en manos enemigas alertó a los funcionarios de las áreas para comenzar la destrucción del armamento. "El desarme es un mecanismo de seguridad. Cada arma que sacamos es vida y por eso vamos a destruir todas las armas que estén en depósitos", promete Ritondo ante Infobae.

Como se ve, el tema es mucho más complejo de lo que se lo suele presentar. Detrás de cada robo de arma, de cada asalto a un depósito de armamentos, está la mano del delito que derrama más sangre y lágrimas entre las víctimas inocentes.
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