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sábado, 16 de junio de 2018

Procesaron a policías federales por quedarse con dinero narco

Resultado de imagen para Procesaron a policías federales por quedarse con dinero narcoPor Gabriel Di Nicola  - La Nación
Se sospecha que los 11 agentes se habrían quedado con US$1.320.000 durante el operativo "Ave rapaz"

En las oficinas policiales todos hablaban de lo sucedido en el operativo. Los diálogos se repetían y se comentaba que "se hicieron ricos". Unos, según los testimonios, habrían comprado ropa de primera marca; otros adquirieron autos, y los más beneficiados escrituraron propiedades en la costa atlántica. Todo con dinero descubierto en un operativo antidroga y que no fue puesto a disposición judicial. 

Habrían sido sustraídos por personal de la Policía Federal Argentina US$1.320.000 durante allanamientos realizados en diciembre pasado en La Matanza y en el barrio porteño de Parque Patricios. En el acta del procedimiento solo dejaron constancia del hallazgo de US$280.000.

En las últimas horas, el juez federal de Salta Julio Bavio procesó con prisión preventiva al subcomisario Gustavo Russo y al oficial principal Cristian Cóceres por los delitos de falsedad ideológica en concurso real con peculado, y este último delito a su vez concurre en forma ideal con las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público, concusión y sustracción de medios de pruebas.

jueves, 7 de junio de 2018

Que recuperar lo robado deje de ser una utopía

Resultado de imagen para recuperar lo robadoEditorial del diario La Nación
La corrupción, aun cuando se la descubre, nos sigue saliendo muy cara; urge que el Senado avance en la ley de extinción de dominio

El lujoso yate que perteneció a Ricardo Jaime, valuado en alrededor de un millón de dólares, y el avión Learjet 35A de Lázaro Báez, cuyo costo ronda los 600.000 dólares, tienen varios puntos en común: sus dueños están presos acusados por corrupción; los dos bienes fueron decomisados por la Justicia, que los puso en manos del Estado para darles un uso público, y en los dos hay que seguir invirtiendo dinero para que no se deterioren. No pueden venderse porque no ha sido sancionada la ley de extinción de dominio y repatriación de patrimonios, una norma que nos permitirá a todos los argentinos recuperar lo robado por quienes -hayan sido funcionarios o no- se valieron de la función pública para sus espurios negocios privados.

Ese yate y ese avión se suman a una larga lista de bienes que fueron confiscados en los últimos tiempos. La nave de Jaime es utilizada por la Prefectura para patrullar el delta del Tigre. Tiene un enorme cartel con la leyenda: "Embarcación recuperada de la corrupción". El avión, en tanto, yace en un hangar. Otros 300 vehículos decomisados en causas por violación de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, asociación e enriquecimiento ilícitos son usados por las fueras de seguridad. Más de 670 automóviles de media y alta gama fueron recuperados del tráfico de estupefacientes. Pero a todos, como a la maquinaria vial secuestrada a Báez en la Patagonia, hay que mantenerlos para que no se degraden, para que no pierdan valor.
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Si la ley de extinción de dominio hubiera visto la luz, esos bienes podrían liquidarse y el Estado estaría en condiciones de destinar los fondos a la concreción de diversas políticas públicas. El yate de Jaime, además de costoso, es un engorro: por su gran porte no está en condiciones de patrullar los canales más amplios del Delta.

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La corrupción, aun la descubierta, nos sigue saliendo muy cara. La ley de extinción de dominio se encuentra empantanada en el Congreso desde hace muchísimos meses. Diputados sancionó un proyecto que el Senado se niega a aprobar, mientras que el dictamen de la Cámara alta no convence ni a los propios senadores.

Así las cosas, lo robado tarda en recuperarse, la Justicia carece de más elementos para acelerar definiciones y el Estado pierde oportunidades de destinar el producido de esos delitos a educación, salud, seguridad y justicia, entre otros tantos ítems que demandan inversiones urgentes.

Frente a ese panorama hasta hoy sombrío, un acuerdo político nacido en el Senado promete destrabar el debate y avanzar hacia la sanción de la ley. La propuesta corresponde al senador oficialista Federico Pinedo, quien ya mantuvo conversaciones con legisladores de la oposición, como Rodolfo Urtubey y con el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino.

¿Cuáles son los puntos salientes de esa iniciativa tendiente a modificar la sanción de Diputados? Básicamente, los siguientes:
  • Que la extinción de dominio sea una acción civil destinada a extinguir la posesión ejercida sobre bienes muebles o inmuebles surgidos del crimen organizado.
  • Que cuando el juez penal llegue a un mínimo nivel de convicción sobre la vinculación con el delito, habilite al Ministerio Público a iniciar la acción civil.
  • Que pueda ser ejercida mientras se encuentren en trámite los procesos penales o después de la sentencia.
  • Que en caso de muerte de la persona, la acción proceda contra sus sucesores.
  • Que esos bienes puedan ser liquidados por el Estado con la mayor prontitud posible, y que se lo haga de forma urgente en caso de presentar riesgos de deterioro, desvalorización o cuyo mantenimiento genere erogaciones excesivas para el erario público.
Se trata de agilizar los procesos, de establecer la forma de liquidar los bienes mal habidos, de disponer de vías alternativas para el caso de que el imputado se haya deshecho de ellos y de resarcir a quien fue sospechado si la Justicia lo declara finalmente inocente.

La discusión parlamentaria definirá qué otro tipo de precisiones debe contener la ley, pero estamos ante una nueva oportunidad para retomar el diálogo y destrabar la discusión.

Luchar contra la corrupción, además de ser un imperativo de transparencia en el manejo de la cosa pública y una respuesta a la fuerte demanda de la sociedad civil en ese sentido, importa encarar el presente con la certeza de que no se está hipotecando el futuro. La corrupción mata, se ha dicho con fundamento. También, empobrece tanto en lo material como en lo espiritual. Necesitamos ver en nuestros legisladores un claro y verdadero compromiso tendiente a acercar posiciones con vistas a la sanción de la ley más adecuada para, como hemos reiterado incesantemente, quienes roban al Estado reciban el correspondiente castigo. Y para que lo robado sea destinado a los fines a los que siempre esos dineros debieran ser asignados.

martes, 5 de junio de 2018

Los ataques piratas crecen en el Caribe y Sudamérica, con Venezuela y Surinam en el tope de lista

(Nuestro Mar) - Los ataques piratas alrededor de las aguas de Sudamérica y el Caribe están creciendo, y la violencia se utiliza cada vez más durante los robos cometidos en buques anclados. Paralelos con la situación de la Piratería en África.

La organización sin fines de lucro Oceans Beyond Piracy (OBP) registró 71 incidentes en América Latina y el Caribe en 2017, un aumento del 163 % con respecto a 2016.

OBP dijo que la mayoría de los ataques ocurrieron en aguas territoriales, con alrededor del 59 % de incidentes relacionados con el robo en yates. Los abordajes en Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Colombia y Santa Lucía fueron los puntos calientes regionales durante 2017, dijo.

"Hemos observado un aumento significativo en incidentes violentos y delitos de anclaje, particularmente en los abordajes de Venezuela y los recientes incidentes violentos en Surinam en la primera parte de este año", dijo la autora principal del informe, Maisie Pigeon.

A finales de abril, un ataque pirata en la costa de Surinam dejó al menos una docena de pescadores de la vecina Guyana desaparecidos, y se teme que hayan muerto, con tres cuerpos hallados, en lo que el presidente de Guyana David Granger, describió como una "masacre".

En otro incidente en mayo, un capitán de un barco pesquero fue muerto a tiros después de que su barco fuera atacado frente a Surinam, mientras el resto de la tripulación sobrevivió.

OBP no pudo dar un costo económico total por los ataques en América Latina y el Caribe, pero dijo que se estima que las mercaderías y pertenencias de la tripulación reportadas robadas, totalizaron casi $ 1 millón en 2017.

Piratería en África

En otro lado del globo, el costo de la piratería en el este de África alcanzó los $ 1.4 mil millones en 2017, frente a los $ 1.7 mil millones en 2016 y $ 7 mil millones en 2010 durante el pico de ataques de las pandillas somalíes.

Desde entonces, la presencia de fuerzas navales internacionales, el despliegue de guardias armados privados a bordo de los buques y las medidas defensivas de los capitanes de los buques han frenado la actividad. OBP dijo que hubo 54 incidentes en 2017 contra 27 en 2016 luego de una oleada de ataques en el primer trimestre de 2017. 

"Ahora hay una amplia gama de amenazas al transporte marítimo cerca del Cuerno de África que se han complicado por el conflicto y la inestabilidad en Yemen", dijo Phil Belcher, director marítimo de la asociación INTERTANKO, que representa la mayoría de la flota mundial de buques tanque.

Los riesgos de piratería se mantuvieron elevados en aguas de África occidental, con 97 incidentes registrados en 2017, frente a 95 en 2016, con un costo total estimado en $ 818,1 millones en 2017 frente a $ 793,7 millones, dijo OBP. "El secuestro por rescate continúa afectando a la región, una tendencia que desafortunadamente ha continuado desde 2016", dijo Pigeon de OBP. (REUTERS/HELLENIC SHIPPING NEWS/ADAPTADO Y TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR NUESTROMAR)

domingo, 13 de mayo de 2018

Clausuraron 3000 desarmaderos clandestinos en territorio bonaerense

En los operativos realizados durante doce meses, la policía arrestó a mil sospechosos y secuestró una similar cantidad de vehículos que habían sido robados(La Naciòn) - En los operativos realizados durante doce meses, la policía arrestó a mil sospechosos y secuestró una similar cantidad de vehículos que habían sido robados.

En los operativos realizados durante doce meses, la policía arrestó a mil sospechosos y secuestró una similar cantidad de vehículos que habían sido robados Crédito: Ministerio de Seguridad Bonaerense

Durante un año, desde abril de 2017 al mismo mes de este año, efectivos de la policía bonaerense clausuraron 3000 desarmaderos clandestinos y apresaron a mil sospechosos acusados de integrar grupos delictivos que se dedicaban a robar automóviles y vender los repuestos en el mercado ilegal.

Según fuentes policiales, una parte importante de los imputados fueron detenidos en locales en los que se comercializaban autopartes cuyo origen no se podía demostrar. En esos negocios, los uniformados también hallaron mil automóviles que tenían pedido de secuestro porque habían sido robados.

En un año, los efectivos del área del Ministerio de Seguridad bonaerense que se dedica a combatir los desarmaderos clandestinos realizaron 11.332 inspecciones a comercios de compra y venta de autos usados, agencias de remises, talleres mecánicos, de chapa y pintura y desarmaderos habilitados.

A raíz de diversas irregularidades encontradas en los lugares revisados, los funcionarios clausuraron 3017 locales y secuestraron 1089 vehículos que habían sido denunciados como robados.

Además, durante los operativos, los uniformados encontraron 51 armas de fuego que fueron sometidas a distintos peritajes balísticos con el objetivo de establecer si fueron utilizadas en algún tiroteo o robo seguido de homicidio.

Fuentes policiales indicaron que las inspecciones en los diversos locales surgieron por investigaciones propias o debido a denuncias de los vecinos.

Por ejemplo, uno de los detalles que advirtieron los denunciantes y que llamó la atención de los vecinos para indicar que un taller funcionaba como desarmadero de automóviles robados fue la gran cantidad de vidrios que los encargados del local sacaban entre la basura. Esos cristales rotos pertenecían a las ventanillas o parabrisas de los automóviles que eran desarmados y que, debido a que estaban grabados no podían ser vendidos y, por tanto, eran descartados.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el aumento de las inspecciones en desarmaderos clandestinos y talleres derivó en el descenso de casi 17% en los robos de automóviles en ese distrito.

El hecho de que se clausurarán tantos desarmaderos provocó que los delincuentes que se dedican a robar vehículos a mano armada o que los hurtan de la vía pública mientras están estacionados no tuvieran tantos compradores de los automóviles robados, según analizaron las fuentes gubernamentales. Según la estadística oficial, durante marzo de este año se registraron en el territorio provincial un total de 2856 sustracciones de automotor, mientras que en abril pasado hubo 2500 hechos.

martes, 8 de mayo de 2018

Pesca ilegal: por primera vez, el Estado argentino cobró los gastos de la persecución a un buque chino

(Clarin.com) - La nave fue seguida en febrero por un guardacosta y un avión de Prefectura. Tuvo que pagar $500 mil, además de una multa. Mirá el video.
Un sobrevuelo detectó casi 200 embarcaciones de pesca a la altura de Chubut, en 2017. Foto Daniel Feldman
Un sobrevuelo detectó casi 200 embarcaciones de pesca a la altura de Chubut, en 2017. Foto Daniel Feldman

El Estado Nacional recuperó $ 500 mil que gastó en la persecución del buque chino Jing Yuan 626, detectado por la Prefectura Naval Argentina el 21 de febrero pasado, cuando pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva. Es la primera vez que la Argentina consigue un resarcimiento de estas características.

Durante los primeros días de marzo, la Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, dispuso la captura internacional del buque chino mencionado y de cuatro barcos de la misma bandera que, en una peligrosa maniobra, se acercaron al lugar e intentaron cercar y colisionar al guardacostas de Prefectura, poniendo en riesgo la vida de la tripulación.

Pedido de Captura Buques chinosFinalmente se efectivizó el pago del medio millón de pesos que la empresa armadora Yantai Jingyuan Fisheries debía abonar a la Prefectura por los gastos ocasionados en el operativo de persecución realizado por el guardacostas GC-24 Mantilla y el avión patrullero marítimo de la institución.

Desde la nave argentina se efectuaron disparos de amedrentamiento sobre la embarcación china.

Además, la empresa había abonado la multa de más $ 7.500.000 impuesta por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

El buque Jing Yuan 626 fue detectado por la Prefectura Naval Argentina el 21 de febrero pasado. Le cobraron $ 7.500.000 de multa por pescar ilegalmente. 

El operativo El Jing Yuan 626 había sido detectado pescando a la altura del Golfo San Jorge, por lo que Prefectura activó rápidamente el protocolo para detenerlo. El buque chino apagó todas sus luces y comenzó a navegar hacia aguas internacionales con la intención de escapar.

El capitán del guardacostas comenzó la persecución del pesquero. Sin embargo este no acató la orden, por lo que se efectuaron disparos intimidatorios para evitar que continuara la navegación.
Cuando se desarrollaba el operativo, se acercaron a la zona otros cuatro buques que realizaron peligrosas maniobras e intentos de colisión para impedir que el Jing Yuan 626 fuera detenido.

Luego de casi ocho horas de un seguimiento, que se extendió por más de 130 kilómetros, se ordenó interrumpir la persecución debido a las malas condiciones meteorológicas y la trayectoria del buque infractor y del guardacostas, y a que, concretamente, la nave china se refugió en la zona de exclusión dispuesta en torno a Malvinas.

Antecedentes

El 14 de marzo de 2016 la Prefectura Naval había hundido un barco chino que pescaba ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina, a la altura de Puerto Madryn, y detuvo a los integrantes de la tripulación.

Esa fue el segundo incidente con barcos chinos en el Mar Argentino en pocas semanas, ya que a fines de febrero de ese mismo año la fuerza de seguridad había tenido que disparar para que otro buque de ese país (identificado como Hua Li 8) que pescaba calamares a la altura del Golfo San Jorge abandonara las aguas nacionales. Al buque hundido se lo detectó en plena tarea de pesca y fue advertido para que detuviera su marcha. Ante la negativa, se inició una persecución que terminó con el hundimiento del pesquero. "Sus tripulantes fueron rescatados con vida", había informado Prefectura.

En esa oportunidad, el operativo estuvo a cargo del guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, que persiguió al buque Lu Yan Yuan cuando pescaba ilegalmente en la zona de Puerto Madryn. Tras dispararle, el buque emprendió su huida hacia aguas internacionales con las luces apagadas.

El capitán detuvo la navegación porque el barco empezaba a hundirse y la tripulación lo abandonó. El Derbes rescató entonces a todos los pescadores.

martes, 10 de abril de 2018

El costo de la corrupción: pagaron US$ 1.500 millones y $ 13.000 millones por dos gasoductos que no se terminarán

Odebrecht y un presupuesto millonarioa para una obra que no terminó.Por Lucía Salinas - Clarin.com - Es lo que le pagó el Gobierno K a Odebrecht. La gestión Macri asegura que no tiene sentido seguir la obra. De Vido está procesado por este caso.

Odebrecht y un presupuesto millonario para una obra que no terminó.

Julio De Vido quedó procesado días atrás por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a la empresa Odebrecht en la ampliación de dos gasoductos obras licitadas entre 2006 y 2008. La licitación oficial se realizó por 2.300 millones de dólares y, según el juez Daniel Rafecas, fue un "proceso direccionado" para otorgar los contratos a la firma brasileña. Hasta 2015, se pagaron por dicha obra 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos, según pudo saber Clarín. Pero la obra que impulsó el ex ministro de Planificación no será terminada. Según el Gobierno, no tiene sentido retomarla. Plata quemada.

Durante la instrucción de la causa, el juez Rafecas determinó desde su rol de Ministro de Planificación Federal, De Vido realizó "una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht" para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–".

Odebrecht es la firma brasileña que reconoció haber pagado -al menos- 35 millones de dólares en la Argentina. También lo hizo en otros países de la región, con consecuencias muchísimo más graves y dimisiones de presidentes incluidas, como en Perú.

En nuestro país, las obras del gasoducto debían ser negociadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), pero "fueron acordadas bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial", remarcó la Justicia, y así terminaron en manos de Odebrecht.

El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72 instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones de dólares: 873 millones de dólares más.

FILE- In this April 20, 2012 file photo, Argentina's then Planning Minister Julio de Vido waves to media as he leaves the Ministry of Mines and Energy in Brasilia, Brazil. De Vido was charged Tuesday, April 1, 2018, in a case investigating corruption involving the Brazilian company Odebrecht. (AP Photo/Eraldo Peres, File)Los pagos a Odebrecht desde el Gobierno kirchnerista, desde 2007 a 2015 fueron en pesos y en dólares. Según pudo constatar Clarín, en el caso del gasoducto, en el expediente judicial se corroboró que se hicieron pagó por 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a De Vido la semana pasada por favorecer a Odebrecht.

La obra, sin embargo, no se concluyó y aunque tuvo un avance considerable, "el mismo no se condice con la cifra desembolsada", explicaron a este medio fuentes judiciales.

Después de la denuncia presentada por Nación Fideicomiso, que participaba de la ingeniería financiera, el expediente avanzó buscando determinar los sobrecostos en la obra. "Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles", señaló una fuente judicial.

Las cifras millonarias que pagó el Gobierno anterior a Odebrecht no fueron únicamente por la obra central que era la ampliación de los gasoductos, sino también por diferentes trabajos complementarios que para la Justicia podrían haber sido el medio "utilizado para modificar los costos originales de obra".

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió en 2016 la obra por diversas irregularidades "y sobreprecios en actuaciones puntuales", como las ofertas de Odebrecht para construir colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal.

La empresa brasileña admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obras. Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182.270.000 dólares. "No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas", señaló el informe pericial. Sólo como muestra "de la falta de controles", indicaron fuentes judiciales.

Según indicaron a Clarín, la obra planteada por el extinto Ministerio de Planificación está suplida con otros proyectos que garantizan la provisión de gas a diferentes sectores del país. Estimando los costos de la obra que tuvo Odebrecht durante la gestión anterior, se planteó que "se podría haber hecho por mucho menos" y al considerar que la obra no era "imprescindible", el Gobierno decidió no volver a relicitarla. Consuelo: al menos se usarán unos caños que quedaron en la Aduana.

viernes, 9 de marzo de 2018

Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos

(Clarin.com) - Es por pesca ilegal e intento de colisionar al guardacosta.
Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos
Fue una orden de la Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme

La Justicia declaró el pedido de captura internacional a cinco buques chinos, según difundió esta tarde Prefectura Naval Argentina. La Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, dispuso la captura internacional del buque chino Jing Yuan 626, detectado por el guardacostas GC-24 Mantilla de Prefectura, cuando "pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva".
Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos
El buque Jing Yuan 626 había sido detectado, el 21 de febrero, pescando ilegalmente, a la altura del Golfo San Jorge. "También se determinó la misma orden para los cuatro barcos, de la misma bandera, que, en una peligrosa maniobra, intentaron cercar y colisionar al guardacostas, poniendo en riesgo la vida de la tripulación", expresa el comunicado oficial.
Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos
Y agrega que la Magistrada notificó de esta situación al jefe de la Prefectura Naval Argentina, Eduardo Scarzello, a cargo del procedimiento de persecución del buque.

jueves, 8 de marzo de 2018

Chubut: detienen a dos secretarios del gobernador por asociación ilícita

El operativo policial en el que se detuvo a los dos secretarios privadosPor  DAVID CAYÓN - Cronista.com
El operativo policial en el que se detuvo a los dos secretarios privados.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no logró atravesar ni 24 horas de tranquilidad. Luego de varios intentos fallidos, el funcionario obtuvo el apoyo de la Legislatura provincial, que aprobó el consenso fiscal y la autorización para emitir deuda con la que pagará a proveedores. Pero casi sin tiempo de festejar, diez horas después, la administración patagónica vuelve a enfrentar una crisis de magnitud.

Dos importantes funcionarios de la provincia fueron llevados esposados de la Casa de Gobierno de Chubut, acusados de conformar una asociación ilícita y defraudar al estado.

Se trata de Diego Correo y Diego Luters, ambos secretarios privados de la Gobernación de Chubut que, según declaró el fiscal de la causa Omar Rodríguez al portal Cholila online, conformarían "un grupo destinado a cometer delitos por eso lo encuadramos en asociación ilícita: básicamente contrataciones directas y otras maniobras que representan montos grandes de defraudación al estado".

En el mismo operativo se detuvo a la esposa de Correa, Natalia McLeod, y a un empresario del rubro de la construcción.

Fuente provinciales explicaron a El Cronista que la lista del pedido de detenciones que maneja el fiscal Rodríguez incluye a "otros funcionarios" provinciales. La causa es consecuencia de un desvio de fondos que se giraron por la emergencia, consecuencia de la inundación que sufrió Comodoro Rivadavia en abril del año pasado. Hay facturas truchas, compras que no llegaron, por ejemplo, hay una compra de 1000 botellas de agua mineral en un kiosco inexistente", agregó otra fuente provincial.

Unas horas antes de las detenciones, sucedió la primera sesión del año de la legislatura provincial y Arcioni conseguía, luego de dos intentos fallidos, los catorce votos necesarios para aprobarlos.

Por la tarde había pasado por la provincia el ministro de Interior, Vivienda y Obra Pública, Rogelio Frigerio, para "apuntalar" las discusiones políticas y dejar un claro mensaje respecto del apoyo de la administración de Mauricio Macri al gobernador patagónico. Además, desde la administración central también querían preservar la "inversión" que hicieron días atrás cuando le giraron $ 708 millones a la provincia.

Sin la aprobación del Pacto Fiscal, con un fuerte conflicto político y con pocos fondos en la caja, el pasado 20 de febrero, la Nación decidió apagar el incendio fiscal que puso a Chubut al borde del default.

Así lo había reconocido el propio Arcioni quien, con otros palabras, había declarado unos días atrás que no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de deuda y pedirá a la Legislatura provincial autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento para "poder avanzar en la reestructuración de la deuda"

Frente a esto, se firmó un acuerdo entre la Nación y la provincia patagónica por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) prestará $ 708 millones para que la provincia pueda llevar a cabo un refinanciamiento de deuda que posee en el mercado financiero con Letras del Tesoro. Con el pacto aprobado, la provincia será alcanzada por los fondos por compensación por coparticipación que en enero repartió la Nación en las provincias por $ 776,9 millones.

miércoles, 7 de marzo de 2018

Estiman que son ilegales el 21% de las motocicletas secuestradas

Por Daniel Gallo - La Nación
Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles.
Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles
Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles Crédito: Ministerio de Seguridad porteño
     
Primero, los operarios vacían el tanque de nafta. Después, el "pulpo" de metal agarra con sus brazos la moto, la reduce y, por último, la coloca en el acoplado de un camión. En los últimos seis meses, los pasos se repitieron 146 veces. Los vehículos, secuestrados en operativos de control en la ciudad de Buenos Aires, terminaron compactados y vendidos como chatarra. La recaudación fue donada a la Fundación Garrahan. Desde septiembre pasado hasta el 2 de este mes, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño secuestró 5322 motos, de las cuales fueron devueltas a sus propietarios 4181 y 1141 permanecen en el playa Hornos, en Villa Soldati. Si después de 60 días de la notificación, los dueños no se presentan a retirarlas terminarán también compactadas y vendidas como chatarra.

Se estima que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay en circulación entre 350.000 y 400.000 motos. En la ciudad de Buenos Aires se realizan cada día, por lo menos, 56 operativos de control en distintos barrios.

Uno de los objetivos principales de la verificación de motos es combatir la actividad de los motochorros. En el primer semestre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo 4986 asaltos donde los delincuentes se movilizaban en moto.

"Hemos reforzado muchos los controles en la calle. A muchas de las motos que se secuestran no las vienen a buscar. Lo que nos hace sospechar que tienen algún tipo de irregularidad. Cada moto que se compacta es una herramienta menos para el delito", sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una compactación de motos que no fueron retiradas por sus supuestos propietarios. El 21% de esos vehículos secuestrados no fue reclamado.

Según fuentes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, los controles de motos se determinan en función del mapa del delito.

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, explicó a LA NACION que uno de los delitos que más cometen los motochorros es el arrebato de teléfonos celulares. "Antes se dedicaban más a la modalidad salideras bancarias, pero con las restricciones que se impusieron se logró controlar y reducir esas acciones protagonizadas por delincuentes que se movilizan en moto", sostuvo el funcionario.

Según información oficial, desde septiembre pasado hasta el 2 del actual, fueron controladas 129.671 motos. Y de las 5322 motos decomisadas, 642 fueron incautadas debido a que el conductor no tenía la licencia de conducir o tenía un registro que lo habilitaba a conducir un vehículo de menor cilindrada; 1158 se decomisaron por la falta del chaleco refractario; en 1067 casos el motociclista circulaba con el seguro vencido o sin seguro; 993 unidades terminaron en el depósito de la ciudad porque el conductor no tenía la cédula verde o si la tenía estaba vencida; en 870 ocasiones se determinó que la chapa patente estaba adulterada o era ilegible; 423 infractores circulaban sin espejos; 138 motos fueron incautadas al no tener casco los ocupantes del vehículo; 31 conductores fueron interceptados al intentar evadir los controles, y una moto fue secuestrada porque tenía la numeración adulterada.

Una modalidad que preocupa
Las motos abandonadas son compactadas y vendidas como chatarra
Las motos abandonadas son compactadas y vendidas como chatarra Crédito: Ministerio de Seguridad porteño

Las fuentes consultadas explicaron que hubo dos casos especiales en la persecución de infractores que intentaron evadir un puesto de control; en uno el conductor resultó tener pedido de captura, y en el otro incidente fue detenido el ocupante por violación de la ley de estupefacientes. "Utilizaban el vehículo para hacer delivery de drogas", explicaron.

Rodríguez Larreta sostuvo: "Nos preocupan todos los delitos y la modalidad de motochorros es una preocupación especial que tiene la ciudad".

En diciembre pasado, Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, presentaron el Mapa del Delito de la ciudad de Buenos Aires. Al comparar los hechos protagonizados por motochorros en el primer semestre de 2017 con el mismo período de 2016, esta modalidad delictiva tuvo un crecimiento de un 5,95%: 4986 contra 4706 casos.

Los 4986 hechos protagonizados por motochorros ocurridos el primer semestre de 2017 representaron el 15% de los robos en general. Entre enero y junio pasado se sucedieron 33.457 casos, un 5,27% menos que en el primer semestre del año pasado. Las zonas calientes de los robos protagonizados por motochorros fueron Palermo y Caballito, con 79 y 78 casos, respectivamente. Un mes antes en Palermo, los robos con esa modalidad habían sido 89 y en Caballito, 62.

El kilo de chatarra obtenida de la compactación de motos y autos puede alcanzar un valor de hasta $250. Hay veces que se pueden recaudar $200.000, en esos procedimientos que tienen como destino el apoyo económico a la Fundación Garrahan. "El dinero nos permite sostener y financiar la externación de pacientes que necesitan. Además nos ayuda a mantener a la Casa Garrahan", explicó Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan.

domingo, 25 de febrero de 2018

Donde los gangsters brasileños obtienen sus armas

WIB - Traducción Desarrollo y Defensa
Las escuchas apuntan a Venezuela, desde donde los gangsters brasileños obtienen sus armas
Donde los gangsters brasileños obtienen sus armasEl grupo criminal más grande de Brasil supuestamente ha intentado contrabandear armas de fuego de gran potencia desde  Venezuela  para expandir sus actividades ilegales, aprovechando la crisis económica del país vecino, la falta de supervisión por parte del gobierno y la nueva dinámica en la frontera generada por una ola de inmigrantes venezolanos.

Una escucha telefónica recientemente filtrada recogió una conversación entre dos miembros del Comando de Primera Capital (PCC) sobre la compra de fusiles AK-47 y AR-15 de Venezuela. Los miembros de la pandilla están encarcelados en las instalaciones de la ciudad de São Paulo, en el PCC, y en el estado norteño de Roraima, en la frontera con Venezuela.

La policía estatal de Roraima interceptó la conversación del 4 de septiembre de 2017 como parte de una investigación que mostraba "por primera vez que la frontera se ha convertido en una ruta comercial para armas pesadas relacionadas con el tráfico de drogas", informó O Globo de Brasil  , que obtuvo acceso exclusivo a la transcripción de escuchas telefónicas.

En una parte de la conversación, los miembros del PCC discuten sobre las armas de alto calibre y sus precios. "Jaçanã", encarcelado en el sistema penitenciario del estado de São Paulo, está hablando con un hombre identificado como "Toni Caolho", un prisionero en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo en Boa Vista, Roraima, sobre el calibre de los tamaños.
- "Ejem. ¿Y qué hay de ... los más gruesos?
- "Los más gruesos, voy a llegar, hermano. ¡Estoy llegando con los AK-47! El tipo dijo que me enviaba algunas fotos esta semana. Un AR-15, ¿sabes? Estamos investigando los precios aquí, hermano ".

El informe de O Globo también hace referencia al arresto de dos venezolanos hace unos meses, cuando fueron sorprendidos traficando drogas a Roraima. Guardados en uno de sus teléfonos celulares había mensajes de presos en Brasil pidiéndoles que entregasen armas de alto calibre.
Arriba - soldados venezolanos con AK-47. Fotos del ejército venezolano

Estos hallazgos revelan la posibilidad de que la pandilla más poderosa de Brasil esté contrabandeando drogas y armas desde Venezuela en busca de nuevas rutas y socios para continuar  expandiendo sus actividades criminales  en  Sudamérica .

Por otro lado, esta conexión o intercambio entre grupos criminales de los dos países no es sorprendente para las autoridades brasileñas. En agosto de 2017, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, había advertido sobre el aumento de la delincuencia en el estado debido a la afluencia de inmigrantes venezolanos, y solicitó al presidente Michel Temer fortalece la seguridad a lo largo de la frontera. "Tenemos 2,000 kilómetros de frontera terrestre con muchas rutas de acceso ocultas que se han transformado en rutas de tráfico de drogas, personas y armas pesadas por organizaciones delictivas",  dijo Campos  en un comunicado de prensa.

El aumento de la actividad en los pasos fronterizos causada por la migración de venezolanos que buscan refugio en Brasil podría ser el principal estímulo para una serie de economías delictivas en las regiones fronterizas entre las dos naciones. El gobernador se refirió específicamente a la ruta entre el estado venezolano de Amazonas y Roraima de Brasil como "usada como corredor para que las drogas y las armas ingresen a través de la frontera".

Si bien no hay certeza sobre el origen de las armas que los miembros del PCC discutían en la llamada grabada, no sería sorprendente que los miembros de las fuerzas armadas venezolanas que están frecuentemente involucrados en actos de  corrupción  y  tráfico de drogas  ahora estén impulsados ​​por la crisis económica. en su país para recurrir al tráfico de armas con la pandilla brasileña.
Resultado de imagen para AK-47 + brazilian crime
Los AK-47  son armas oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela. La institución ha sido acusada en el pasado de  vender o entregar  armas a los grupos rebeldes colombianos y los líderes de las pandillas, o "pranes", que controlan las cárceles y la región minera de Venezuela.

Resultado de imagen para AK-47 + brazilian crimeLos AR-15, mientras tanto, supuestamente no son importados por el gobierno venezolano. Pero algunas unidades de élite de la policía recibieron una dotación de tales armas en 2017. Hace una semana, el 16 de febrero, un oficial de la policía judicial fue sorprendido  tratando de vender  un AR-15 a una organización criminal. 

El valor de ambos fusiles en el mercado negro venezolano es de entre $ 5000 y $ 8000. Pero en el mercado brasileño, los grupos criminales pagan hasta $ 22000 por estas poderosas armas de fuego.

Por lo tanto, la crisis económica de Venezuela y la falta de control de su gobierno sobre el uso y la entrega de sus armas oficiales están facilitando las actividades de los grupos delictivos que buscan expandir sus negocios ilícitos en la región.

Este artículo apareció originalmente en InSight Crime .

martes, 6 de febrero de 2018

Multan con hasta medio millón de dólares al buque español capturado por pesca ilegal

La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario(La Nación) - El domingo 4 de febrero, los ministerios de Seguridad y de Agroindustria interceptaron un buque español que navegaba en las aguas pertenecientes a la zona exclusiva de Argentina con más de 320 toneladas de pescado fresco, situación que desató la alerta entre las autoridades nacionales.

La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario

Tras ser capturado en Comodoro Rivadavia , se conoció que el pesquero, el Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora (largo) y 12,50 metros de manga (ancho), llevaba 34 tripulantes y había zarpado el 11 de enero desde Montevideo .

Ahora, desde Seguridad comunicaron que dado que la suma de pescado que llevaba consigo está valuada en una suma millonaria y se presupone fue cazada en aguas argentinas, algo prohibido, los responsables de la embarcación deberán pagar una multa que puede alcanzar los 10 millones de pesos, cerca de 500 mil dólares.

Según el informe, "la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario para el pago de una multa que podría oscilar entre 5 y 10 millones de pesos. El buque quedará retenido hasta que se pague lo establecido".

El operativo

Cuando las autoridades vieron el barco en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), pusieron en práctica los protocolos de actuación. Entonces, partió el guardacostas GC 27 Fique para interceptar a la embarcación española y el personal de Prefectura Naval entabló comunicaciones por radio con el capitán del pesquero, con el objeto de que detuviera su navegación y no levantara la red de pesca que tenía desplegada en el mar.
La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario
A continuación, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Subsecretaría de Pesca.

"Este operativo se desarrolló en marco del plan de trabajo que venimos llevando adelante enfocado en un mayor control, con una política de trabajo en conjunto para actuar de manera inmediata con inspectores y policía auxiliar en el lugar, y aplicar la Ley a quienes estén capturando en aguas argentinas", indicó el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere .
La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario
La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario Crédito: Prensa Ministerio de Seguridad

La respuesta de España

Si bien el gobierno nacional asegura que el navío estaba en zona argentina, desde la Cooperativa de Armadores de Vigo confirmaron que el capitán del pesquero negó la acusación y afirmó que nunca abandonaron aguas internacionales. Las autoridades españolas esperan que la caja azul, el sistema satélital que monitoriza en cada momento la posición del barco, resuelva el entredicho.

lunes, 5 de febrero de 2018

El Gobierno refuerza los controles en la frontera y endurece la política migratoria

(Lihueel Althabe)Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com
Habrá un sistema de alerta temprana de pasajeros sospechosos y un cruce de datos con Interpol; también se busca que la justicia aplique el decreto de expulsión de extranjeros que delinquen.

(Lihueel Althabe)

Evitar el ingreso de eventuales grupos terroristas, aumentar los controles en un año sensible para la seguridad nacional por la cumbre del G20 y agilizar la puesta en marcha del decreto que fijó un mayor seguimiento a los extranjeros que cometan delitos. Bajo estas premisas, el Gobierno decidió reforzar en los últimos días su política migratoria y se dispone a mantener mayor firmeza en los mecanismos de vigilancia en los ingresos a la Argentina.

Tanto el Ministerio de Seguridad, como los de Interior y Justicia; la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Cancillería decidieron poner en marcha toda una batería de medidas tendientes a darle mayor relevancia al sistema de migraciones nacional.

Según pudo saber Infobae desde la Dirección de Migraciones junto con la AFI y el Ministerio de Seguridad acordaron con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema que convino el gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación sino también de todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.

"En un año clave como será este donde la Argentina tendrá más de 30 reuniones del G20 con una cumbre de presidentes hay que reforzar todos los controles al máximo", explicó un funcionario de la Casa Rosada abocado al tema. En la práctica, este mecanismo que se acordó con más de 20 países prevé contar con un mapeo de los pasajeros provenientes de ciudades desde donde podrían venir grupos terroristas o sectores relacionados con el narcotráfico. Estos temas se dialogaron ayer en el Palacio San Martín durante la visita que hizo al canciller Jorge Faurie y a buena parte del gabinete nacional el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. "Hay una conexión directa entre el narcotráfico en América latina y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial", coincidieron los funcionarios de Donald Trump y de Mauricio Macri en la reunión.

Rex Tillerson y Jorge Faurie (Adrián Escandar)Rex Tillerson y Jorge Faurie (Adrián Escandar)

En esta misma línea, desde el Ministerio del Interior y el de Seguridad ya se puso en marcha este mecanismo que contempla un sistema de alertas tempranas ante eventuales pasajeros sospechosos. Hasta ahora solo se podía conocer la identidad de quienes venían a la Argentina con 24 horas de antelación. Ahora se sabrá la ruta que muchos de esos pasajeros hicieron antes de embarcar para Buenos Aires y los lugares por los que pasaron. Esta información se cruzará con Interpol, la AFI y Migraciones para sacar un perfil de los pasajeros sospechosos.

Por otra parte, desde la Dirección de Migraciones que lidera Horacio García se decidió reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y que tienen causas penales. El año pasado Macri emitió un decreto por el cual se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más no podrá ingresar al país.

Desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.

La intención del Gobierno es ejecutar y cumplir al pie de la letra este decreto que fue cuestionado por algunos sectores de grupos de derechos humanos. Para ello, desde el Ministerio de Seguridad, Interior y Justicia hubo reuniones la semana pasada con los procuradores generales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para exigir a los fiscales que eleven la lista de los extranjeros con condenas a Migraciones a fin de implementar la norma. La semana que viene habrá otra reunión similar con los procuradores de todo el país. "La idea es que los fiscales tomen conciencia de la gravedad que significa dejar que un extranjero siga con condenas y no se lo expulse del país", explicó a Infobae un funcionario que lleva adelante este trabajo con los fiscales.

La necesidad de reforzar estas medidas migratorias tiene que ver con que "el Estado Nacional, ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación", dijeron fuentes oficiales. A su vez, en el decreto que firmó Macri el año pasado se indicó que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total" y, particularmente por delitos de narcotráfico, hay "un 33% de las personas" en las prisiones argentinas.

Desde el Gobierno expresaron a Infobae que hasta ahora hay 9 provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a su fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.

Por otra parte, desde el Ministerio del Interior remarcaron que la política migratoria del gobierno "no solo es expulsiva sino también inclusiva". De hecho, en el Gobierno resaltan que la gestión de Macri generó más radicaciones de extranjeros que en los 12 años del kirchnerismo. Así se supo que, desde 2016 hasta hoy, hubo 428.000 radicaciones de extranjeros en la Argentina. En 2017 se establecieron 213.000 y en el 2016 unos 215.000 extranjeros. Para el gobierno esta es una muestra clara de que hay una decisión firme de incluir en la Argentina a los extranjeros que trabajan y que no cometen delitos. Con los que no se sometan a la ley no habrá reparo alguno en las expulsiones y la aplicación de la ley.

sábado, 3 de febrero de 2018

Varios allanamientos y detenciones por una investigación en conjunto de AFI y AFIP: secuestraron más de seis millones de dólares

(Infobae.com) - Los procedimientos fueron ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales

Una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales, realizado en 2016, derivó en una causa judicial, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Este viernes, el magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 6, ordenó a la Gendarmería más de 50 allanamientos y dispuso la detención de al menos diez personas, entre los cuales hay funcionarios de AFIP y empresarios de Reporte Online, la firma usada para vender la información robada.

Entre los domicilios allanados, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay empresas, casas particulares de los empleados de AFIP involucrados en el accionar delictivo y oficinas de la agencia que preside Alberto Abad.
En uno de los procedimientos, en un departamento de la calle Salta al 1300, se detectó que funcionaba una "cueva", perteneciente a Daniel Courmanián, el encargado de manejar las finanzas de la banda. Allí fueron secuestrados 5.123.000 dólares, guardados en bolsos y dentro de un armario.

Varias de las detenciones de los funcionarios de AFIP fueron ordenadas dentro del propio organismo en una reunión simulada a la que iban a ser convocados, informaron a Infobae fuentes de la investigación. En ese falso encuentro fueron apresados Sebastián Karamanián, gerente del área de Sistemas y apuntado como quién vendía la información sensible desde adentro del organismo, y Leandro Cano, que tenía escondidos 20 mil dólares en un paquete de yerba.
Los otros miembros de AFIP involucrados son los hermanos Martín y Néstor del Cuadro, un empleado de apellido Arce, y otros dos, llamados Waldo Gil Roldán y Alejandro Aducci.

La investigación judicial incluyó la desencriptación de computadoras, escuchas telefónicas y entrecruzamiento de datos, que permitió descubrir a los integrantes de la organización delictiva que se dedicaba a la acumulación y venta de información secreta de AFIP.
La PFA en la sede central de AFIP (Nicolás Stulberg)
La PFA en la sede central de AFIP (Nicolás Stulberg)

Los empleados del organismo recaudador involucrados eran en su mayoría del área de Informática y Sistemas y habían logrado ingresar a la base de datos del organismo fiscal de manera remota.
La caja fuerte de Reportes Online tenía más de un millón de dólares
La caja fuerte de Reportes Online tenía más de un millón de dólares

Esa información sensible era ofrecida a los potenciales clientes por Reportes Online, empresa dedicada a los reportes crediticios. El dueño de la compañía, Leandro Rodríguez y dos de sus empleados, Pablo Degano y Marcelo Vecchio, formaban parte de la banda investigada por Canicoba Corral. En una caja fuerte encontrada en las oficinas de Reportes Online, en Avenida Rivadavia al 5.000, los efectivos de Gendarmería hallaron 1.200.000 dólares.

La casa de Rodríguez, en el barrio SETIA de Ezeiza, fue uno de los lugares allanados, pero no el empresario aún no fue ubicado y continúa prófugo. Fuentes de la causa aseguraron que habría viajado esta semana a Miami, junto a sus hijos.

Fuentes de la investigación revelaron que los detenidos serán indagados mañana mismo en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia fue presentada el 29 de agosto del año pasado por "violación del secreto fiscal". La mayoría de los detenidos son empleados de la AFIP (Nicolás Stulberg)

Pobre patria mía. Habria que modificar el código penal: "Reclusión por tiempo indeterminado con trabajo forzado", pienso...algo aplicable también a dos "buenos muchachos" llamados Cristóbal y Lázaro.

jueves, 21 de diciembre de 2017

Mapa del delito: más robos de automotores y menos homicidios

Por Mauro Federico - Ámbito Financiero
RODRÍGUEZ LARRETA PRESENTÓ UN INFORME DE ESTADÍSTICA CRIMINAL

A partir de hoy la población podrá acceder a los datos relevados entre más de 200.000 sumarios policiales.


En una de las semanas más críticas para la seguridad urbana en la ciudad de Buenos Aires, tras los violentos incidentes durante el debate por la ley previsional, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su ministro Martín Ocampo, presentaron una novedosa herramienta de acceso a la información a la que los ciudadanos podrán acceder desde hoy a través de la web: se trata del primer Mapa del Delito, con estadísticas actualizadas que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual. 

En diálogo con Ámbito Financiero, uno de los especialistas que trabajó en la elaboración del mapa explicó que su propósito "es avanzar en un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas, contribuir a la elaboración de estrategias de prevención del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad, y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad".


El Mapa del Delito integra los datos del Sistema Nacional de Estadística Criminal, que reúne la información sobre los delitos contra la propiedad y homicidios dolosos; junto con los sumarios de la Policía Federal y Metropolitana en todos los delitos. Para confeccionarlo, se analizaron más de 200.000 actuaciones policiales


"Veníamos de un apagón estadístico desde el gobierno anterior a nivel nacional, que no nos dejó herramientas para tomar decisiones. Por eso creemos que publicar este tipo de información provee más transparencia al Sistema Integral De Seguridad Pública", sostuvo Ocampo."En esta primera versión están disponibles los datos de Homicidios Intencionales (Dolosos), Homicidios y Lesiones por Siniestros Viales, y todos los Robos y Hurtos, que representan más del 65% de los delitos registrados", agregó el funcionario.

Por su parte, el secretario del área -a cargo de la Policía de la Ciudad- Marcelo D´Alessandro aseguró que "el mapa nos va a mostrar los puntos fuertes pero también los puntos donde tenemos que reforzar el trabajo, en todos los casos nos vamos a estar basando en datos confiables y para esto es fundamental que los vecinos hagan las denuncias, lo que nos permitirá ser más eficientes en la asignación de recursos".

Los datos más destacados

• Homicidios dolosos: disminuyeron 10,53%, pasando de 76 muertes en el primer semestre de 2016 a 68 muertes para el mismo período del corriente año.

• Homicidios por siniestro vial: aumentaron 17,50%, pasando de 40 muertes en el primer semestre de 2016 a 47 muertes para el mismo período de 2017.

• Robos y hurtos: disminuyeron 5,27%, pasando de 57.394 hechos en el primer semestre de 2016, a 54.368 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robos con uso de Arma (incluye arma de fuego y arma blanca): disminuyeron 9,65%, pasando de 9.815 hechos en el primer semestre de 2016, a 8.868 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robos con uso de moto: subieron 5,95%, pasando de 4.706 hechos en el primer semestre de 2016, a 4.986 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robo automotor: subió 10,89%, pasando de 1.773 hechos en el primer semestre de 2016, a 1.966 hechos para el mismo período del corriente año.

martes, 12 de diciembre de 2017

Echan a 20 policías por una millonaria estafa con las horas adicionales

Resultado de imagen para Echan a 20 policías por una millonaria estafa con las horas adicionalesPor Jesús Cornejo - La Nación
Se investiga si cobraron hasta $ 60 millones por servicios de vigilancia en hospitales provinciales que no realizaron

LA PLATA.- Fue desarticulada una red de corrupción policial dedicada a estafar al Estado bonaerense con el cobro de horas adicionales de vigilancia en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que finalmente nunca se realizaban. En el hecho habrían tomado parte el jefe y subjefe del Departamento de Seguridad Hospitalaria que fueron desafectados junto a otros 18 coordinadores y agentes policiales.

Los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad estimaron que se habrían direccionado más de 60 millones de pesos por año en pagos de servicios de seguridad que nunca se habrían realizado en centros de salud muy importantes como los hospitales San Martín, Sor María Ludovica, San Juan de Dios, Rossi, San Roque (de Gonnet) y Cestino (Ensenada), entre otros.

Entre los desafectados se encuentra el jefe del Departamento de Coordinación de Seguridad Hospitalaria, comisario inspector Sergio Javier Ermili Formigo, y el de la división de Coordinación de Seguridad Hospitalaria, subcomisario Gastón Jesús Obregón.

"Creemos firmemente que se trata de una red armada para quedarse con el dinero destinado al pago de las horas Polad. Todos los policías fueron desafectados y ahora vamos a realizar las presentaciones ante la Justicia para que se investigue si hubo connivencia con las autoridades de los hospitales. Si así fuera estaríamos en presencia de una asociación ilícita", dijo a LA NACION el jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra.

La investigación sobre el destino de los fondos destinados a brindar seguridad en los hospitales públicos comenzó hace un año, a instancias de un carta anónima que recibió el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. "En la misiva se informaba que muchos efectivos no iban a realizar las horas adicionales de vigilancia", dijo a LA NACION un estrecho colaborador del ministro Ritondo.

El ministro derivó el caso a Asuntos Internos. Declararon 30 personas que explicaron cómo era el mecanismo para quedarse con el dinero. Dos testigos de identidad reservada dieron detalles y nombres de los policías que manejaban las cajas de recaudación.

"Pusimos bajo la lupa la región hospitalaria de La Plata y Ensenada, donde teníamos el grueso de las denuncias. Ahí se hizo un análisis sobre cada uno de los policías que prestaban servicio. Hubo operativos sorpresa en hospitales para ver si el personal estaba. Descubrimos que muchos no iban. Otros, que habían solicitado trabajar en la seguridad de los hospitales, se arrepentían y devolvían el dinero de las horas Polad cobradas, pero en realidad el pago nunca era reintegrado ya que el coordinador se quedaba con un 70% y el policía que no quería trabajar, con el 30", explicó Berra.

Con el resultado de los operativos, los testimonios y el análisis de las planillas, Asuntos Internos llegó a la conclusión de que 20 uniformados estaban estafando al Estado al cobrar un servicio que debían prestar y no prestaban.

La semana pasada se abrieron sumarios administrativos y fueron desplazados los dos jefes y los coordinadores: el oficial principal Franco Daniel Panne Soria (coordinador del hospital Larraín y antes, del policlínico San Martín), el oficial principal Miguel Pablo Lamaison (coordinador del San Martín), el oficial subinspector Emiliano Martín Ruiz (coordinador del hospital Rossi) y el capitán Luis Alejandro Cuello (firmaba planillas como responsable en el hospital San Roque, de Gonnet).

También fueron desplazados el mayor Jorge Marcelo Heredia (coordinador del hospital de Niños Sor María Ludovica), la sargento Yesica Carolina Alves (coordinadora del hospital Cestino), el subcomisario Ariel Alberto Wilchen (coordinador del San Lucas), la capitana Roxana Paola Granados (coordinadora del hospital Noel Sbarra), el oficial principal Gustavo Mac Lean (coordinador del Ramos Mejía), la capitana Elina Vanesa Costa (coordinadora del hospital Elina de la Serna Montes de Oca), el teniente 1° Miguel Ángel Díaz (coordinador del hospital Reencuentro), el oficial principal Gastón Maximiliano Fernández (coordinador del hospital Gutiérrez), el comisario Silvio Darío Andreis (coordinador del San Juan de Dios) y el oficial inspector Diego Raúl Barreto (coordinador del Instituto de Hemoterapia).

Por el hospital Rossi fueron responsabilizados el oficial principal Ernesto José Luis Rigo, la subteniente Elizabeth Aletta Calful, la teniente 1» Nancy Lilian Rodríguez y la oficial subinspectora Gisella Vanesa Bracco.

"Toda esta información será llevada a la Justicia. Nosotros ya sancionamos y corrimos a los policías involucrados", concluyó Berra.

domingo, 3 de diciembre de 2017

Las mafias de remedios copian los métodos de las bandas del narcotráfico

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Fue desarticulada una red que traficaba medicamentos desde Chile y pagaba esos cargamentos con la entrega de automóviles de alta gama
La PSA decomisó medicamentos de origen irregular y los vehículos utilizados como forma de pago
La PSA decomisó medicamentos de origen irregular y los vehículos utilizados como forma de pago. Foto: Ministerio de seguridad.

El narcotráfico impuso métodos para el movimiento de sus productos, la vigilancia de sus embarques y el lavado de las ganancias. Y, ahora, otras mafias siguen esos pasos, tal como quedó expuesto al ser desbaratada una banda que traficaba medicamentos y pagaba los cargamentos con autos de lujo.

La investigación empezó el 8 de julio pasado, en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, cuando inspectores de la Dirección General de Aduanas descubrieron el intento de dos supuestos turistas chilenos de ingresar en forma ilegal un cargamento de tiras reactivas para medir el nivel de glucosa por un valor de $ 900.000. Pero no sólo se trataba de un hecho de contrabando. Detrás de los dos sospechosos había una organización criminal dedicada a la falsificación de la fecha de vencimiento de medicamentos y la adulteración de recetas con la intención de estafar al PAMI y otras obras sociales.

En el sector farmacéutico se estima que el 11% de los remedios comercializados en la Argentina son ilegales.

Por escuchas telefónicas incorporadas en el expediente, se comprobó que el hecho en el que fueron detenidos los dos falsos turistas chilenos "tenía relación directa con las personas involucradas en la presente causa", informaron fuentes del caso. Hace diez días, después de cuatro meses de investigación, fueron detenidos siete sospechosos en allanamientos realizados en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza que estuvo a cargo de la investigación desde el 4 de agosto pasado por solicitud del fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari. El representante del Ministerio Público tiene delegado el expediente.

Según informaron las fuentes consultadas, la organización se dedicaba al contrabando de medicamentos (tanto en la importación desde Chile como en la exportación a Bolivia); defraudaciones mediante el uso de recetas falsas (de PAMI y otras obras sociales); venta, suministro, distribución y almacenamiento de remedios peligrosos para la salud.

El comercio ilegal de medicamentos representa en la Argentina un mercado anual de $ 200.000.000, según explicaron referentes del sector farmacéutico.

"Esta organización introducía de manera ilegal medicamentos, principalmente desde Chile, modificando las fechas de vencimiento de los medicamentos y los troqueles, con la intención de obtener grandes ganancias a través de la afectación de la salud pública y la evasión fiscal", explicaron fuentes de la PSA.

Como hacen muchas organizaciones narcocriminales, esta banda pagaba los medicamentos que eran comprados a proveedores de Chile con vehículos del alta gama. "Cambiaban remedios por autos. No les importaban de dónde venían la insulina y las tiras reactivas. Tampoco les preocupaba si se cortaba la cadena de frío. «Los muertos no reclaman», decían los sospechosos", remarcó a LA NACION una fuente con acceso a la causa.

Los investigadores determinaron que los sospechosos habían armado una importante estructura para la logística del traslado de la materia prima y para la ubicación de los medicamentos.

"Pero no sólo se dedicaban al contrabando de medicamentos y a cambiar las fechas de vencimiento, sino que también encontramos recetas, troqueles y sellos, lo que indicaría una estafa millonaria contra el PAMI y otras obras sociales", sostuvo un investigador del caso.

En la causa también colabora la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocida como UFI PAMI, que está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo.

En los próximos días, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro deberá definir la situación procesal de los siete imputados detenidos.

"Luego de meses de investigación desarticulamos una banda que ingresaba ilegalmente medicamentos en el país, adulteraba la fecha de vencimiento y falsificaba los troqueles, evadía al fisco y lo peor: jugaba con la salud de la gente", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a este caso en su perfil de la red social Facebook.

Los allanamientos, ordenados por el juez Bustos Fierros, se hicieron en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. En los procedimientos se incautaron cajas para armar medicamentos, planchas de troqueles presuntamente apócrifos, troqueles sueltos, ampollas sin rótulo con etiquetas sueltas con la leyenda "heroína 0,001", lapiceras de insulina con etiquetas presuntamente falsas, insulina sin troquel, una heladera con medicación, sellos de médicos, tickets de envío de encomiendas y recetas de PAMI.

Los detectives de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo 2 del Centro de la PSA también decomisaron $ 2.521.472 y US$ 4077; 22 armas, y 27 vehículos, cuatriciclos, motos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Entre los siete detenidos, según fuentes vinculadas con la investigación, están el organizador de la banda, su socio, los proveedores y el encargado de la logística.

La PSA encabezó una investigación de cuatro meses

La investigación contra la red que traficaba medicamentos comenzó el 8 de julio pasado, cuando dos supuestos turistas chilenos intentaron cruzar el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, en Neuquén, con un cargamento de productos médicos valuado en $ 900.000. La pesquisa fue desarrollada por la PSA

Las escuchas telefónicas permitieron determinar que esa organización utilizaba métodos similares a los usados por los grupos vinculados con el narcotráfico, ya que entregaba automóviles de alta gama como pago por los embarques de medicamentos

Además de comercializar medicamentos en forma ilegal, esa red defraudaba al PAMI y a otras obras sociales mediante el uso de recetas falsas. También exportaba a Bolivia embarques clandestinos de remedios

domingo, 5 de noviembre de 2017

Cobró coimas para liberar vehículos de pasajeros que no podían circular

El acusado tenía el dinero en su oficinaPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
Un inspector de la CNRT fue filmado y detenido con $ 292.000 en su despacho.

El acusado tenía el dinero en su oficina. Foto: LA NACION 

El 17 de octubre pasado, en operativos de fiscalización en el interior del país, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) secuestró cuatro vehículos de traslado de pasajeros de empresas dedicadas al turismo. La normativa establecía que sólo podían ser entregados a sus propietarios después de diez días y previo pago de un costo de liberación de 10.000 pesos. Setenta y dos horas después, autoridades del organismo, advirtieron que tres de las camionetas habían sido liberadas a pesar de que no se había pagado la multa. Y la sorpresa fue mayor cuando se verificó las imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de atención al público.

Fue el miércoles pasado cuando se hizo el análisis de las filmaciones. Las grabaciones mostraron que el 18 y el 19 de octubre últimos, un agente administrativo identificado como Pablo C., que prestaba funciones en el sector de Liberaciones, atendió a dos transportistas de vehículos de turismo no registrados.

Un día después, en una reunión de representantes de diferentes gerencias de la CNRT con Pablo C., el empleado, después de negar que conocía a los transportistas, reconoció el encuentro y explicó que tuvo "compasión" de los empresarios y que por esa razón decidió "liberar" los tres vehículos a pesar de que no habían pagado la multa ni se había cumplido el plazo de retención.

Pablo C. dijo que había tomado la decisión a cambio de poco dinero, sólo para "cubrir el almuerzo". Después reconoció le dieron $ 5000.

A las 19 de del jueves pasado, funcionarios de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, le comunicaron a Pablo C. que habían decidido desvincularlo del organismo y que iban a hacer las denuncias correspondientes. Le dieron instrucciones al personal de seguridad para acompañar al empleado a retirar sus pertenencias, pero con la indicación de que no se llevara documentación y que tampoco pudiera ingresar al sistema informático.

Pero hubo más sorpresas. Los encargados de seguridad llamaron a los gerentes que habían intervenido en el asunto. Pablo C. pretendía llevarse una bolsa de nylon negra y dos sobres de papel madera al sostener que eran de su propiedad.

El empleado despedido no quería dejar ni la bolsa negra y ni los dos sobres de papel madera. El motivo era claro: adentro había poco más de $ 292.000. Pablo C. terminó esposado y en la comisaría 1a. de la Policía de la Ciudad. Se inició una causa por "estafas y otras defraudaciones" que quedó a cargo de la jueza de Instrucción María Dolores Fontbona de Pombo.

"Esta gestión tiene como objetivo combatir la corrupción y erradicar las mafias que atentan contra las vidas de los ciudadanos, incrementando controles y fiscalizaciones, con un estado presente, ágil y eficaz frente a las prácticas turbias con las que ciertos sectores creen que pueden seguir operando", explicó a LA NACION el subdirector de la CNRT, Pablo Castano.

Crecieron las denuncias

Fuentes gubernamentales afirmaron que en los organismos de control y fiscalización, como la CNRT, los "valores de la ética y la transparencia no se negocian".

Y agregaron: "Sin esos valores estaríamos incumpliendo nuestro deber como funcionarios públicos de construir un país mejor, en el cual las normas se cumplen, las faltas se sanciona y los controles se hacen en forma profesional para reducir la probabilidad de accidentes y salvar vidas".

Fuentes de la CNRT y del Ministerio de Transporte, sostuvieron que desde 2015, cuando asumió la nueva gestión, se renovó la subgerencia de Fiscalización Automotor y la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Los sumarios administrativos aumentaron un 17 por ciento en los períodos 2016/2017 en comparación con trienio 2013-2014-2015.

"Lo más importante es que las denuncias penales crecieron un 133 por ciento, acelerando al máximo las investigaciones, lo que trajo como consecuencia el despido de 18 agentes sospechosos de corrupción y la suspensión de otros 20 en todo el país", aseguraron fuentes oficiales.
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