sábado, 22 de abril de 2017

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La Cámara de Apelaciones le cerró la puerta al empresario para sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado; fuertes críticas al "manejo desprolijo"

Confirmado. Austral Construcciones no podrá abrir el concurso de acreedores como pretendía desde el año pasado. Por el contrario, la Justicia desnudó múltiples irregularidades contables y registrales que la principal constructora de Lázaro Báez acumuló durante años, sin que esas falencias conllevaran sanciones o le impidieran sumar contratos multimillonarios de obra pública durante la década kirchnerista.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores foto: Archivo La decisión la tomó la sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que en un fallo unánime de sus tres miembros criticó ayer el "manejo desprolijo" de la constructora y le cerraron la puerta a las esperanzas de Báez de lograr que la Justicia lo ayudara a sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado, para lo cual incluso había pedido que le designaran un coadministrador.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores. Foto: Archivo.

Esa "insólita pretensión" de abrirse a una coadministración, planteó la Cámara, "resulta sorprendente". ¿Por qué? Porque "es llamativo que el presidente de la sociedad comercial (por Martín Báez) haya reconocido su dificultad para garantizar transparencia de su gestión empresarial".

Los camaristas remarcaron en esa línea, por ejemplo, la salida de casi $ 147 millones de las cuentas de Austral Construcciones durante los últimos años en violación a la legislación comercial, sin que los Báez dieran "una explicación convincente" sobre los motivos o cómo ocurrió esa fuga.

Esos millones, añadió la Cámara, representan alrededor del 165% de lo que alcanzaba el patrimonio neto" durante 2016 de la constructora, que venía de afrontar "enormes pérdidas" durante los dos años anteriores, es decir, mientras Báez comenzaba a afrontar sus primeros problemas penales por sus vínculos hoteleros e inmobiliarios con los Kirchner y la llamada "ruta del dinero K".

La Cámara convalidó, así, el fallo de primera instancia que la jueza María José Gigy Traynor firmó el 22 de diciembre pasado. Rechazó el pedido de abrir el concurso de acreedores porque la información aportada era "deficiente, imprecisa y poco transparente", lo que impedía conocer la verdadera "situación patrimonial" de Austral Construcciones.

Báez sabía que corría el riesgo de toparse con la negativa antes de presentarse en Tribunales, al punto que uno de los abogados a los que convocaron se negó a patrocinar esa intentona, según reconstruyó LA NACION. Pero, aún así, avanzó por esa senda y a principios de noviembre presentó la petición formal con la firma de Martín Báez, su hijo mayor, en la que incluso planteó que afrontaba problemas de "claro tinte político".

Menos de dos meses después, la jueza enumeró 16 "irregularidades o incumplimientos" y le rechazó la pretensión de la constructora, cuyos abogados apelaron al considerar que se basó en "presunciones arbitrarias" y emitió múltiples "cuestionamientos retóricos sin fundamento".

En su fallo de ayer, sin embargo, los camaristas Miguel Bargalló, Ángel Sala y Hernán Monclá confirmaron la resolución de la jueza, que calificaron como "medulosa y fundada", y basada en un "proceder elogiable".

¿Por qué? Porque no hizo más, estimaron, que actuar con "mayor cautela al analizar la situación societaria y patrimonial" de la constructora dados los problemas penales y las sospechas que se ciernen sobre los Báez.

En esa línea, los camaristas coincidieron en que los Báez ni siquiera informaron con precisión cuál es el activo ni el pasivo de Austral Construcciones, ni qué porcentaje de participación accionaria mantiene en otras empresas, ni precisaron tampoco cómo interviene en algunas unidades transitorias de empresas (UTE).

La jueza Gigy Traynor había expuesto, por ejemplo, la inconsistencia de los Báez al estimar el pasivo de Austral Construcciones. Por un lado, los Báez dijeron que la constructora que arrastraba deudas por $ 1575 millones, pero la suma de lo reclamado por todos los acreedores que informaron sólo llegaba a los $ 590 millones. Es decir, una diferencia de $ 975 millones.

Más irregularidades

La jueza también detectó falencias en el informe de Austral sobre sus empleados. Presentó dos listas en los que incluyó, remarcó Gigy Traynor, "un gran número de trabajadores (que) aparecen duplicados, indicándose remuneraciones diferentes para el mismo período", además de 20 empleados en Misiones, donde "la sociedad no tendría actividad económica en dicha provincia ni poseería bien alguno".

La Cámara expuso, además, numerosos incumplimientos que surgen de la documentación societaria desde 2012, mientras que registró problemas por otros $ 453,9 millones que los Báez se comprometieron a aportar a la constructora, "pero que no llegaron a ser capitalizados por la sociedad". Esos fondos, según dijeron en el entorno de Báez a LA NACION, equivaldría a la operatoria que pasó por el fondo suizo Helvetic Services Group.

Ahora, los abogados de Austral deberán evaluar los pasos a seguir y si, como anticiparon, recurren e intentan llevar a la constructora de Báez, por primera vez, hasta la Corte Suprema.
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