Pistas clandestinas: apenas una de las puntas del iceberg

Editorial I del diario La Nación

Cualquier esfuerzo será en vano si desde la máxima autoridad política del país no se avanza con decisión, de forma integral y coordinada contra el narcotráfico

El Ministerio de Seguridad reveló que en nuestro país existen más de 1400 pistas de aterrizaje en campos privados que se encuentran en condiciones irregulares de habilitación. Se sospecha que muchas podrían servir o haber servido para el aterrizaje de avionetas que transportan drogas desde países vecinos. La vía aérea es una de las principales vías de ingreso de drogas en la Argentina.

Como recientemente informó LA NACION, la mayoría de esas pistas se improvisaron en campos privados y, en algún momento, fueron declaradas ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, con posterioridad, sus propietarios dejaron de cumplir con los requisitos de habilitación. En otros casos, se trata directamente de pistas clandestinas, generalmente espacios abiertos en zonas de gruesa vegetación donde las aeronaves muchas veces ni siquiera aterrizan, sino que son usadas para arrojar la droga desde el aire y a baja altura, a la espera de que se la recoja en tierra para ser posteriormente transportada.

Según los especialistas, todos esos sitios conforman potenciales lugares de aterrizaje de aeronaves en vuelos ilegales. El Ministerio de Seguridad anunció que solicitará la colaboración de las provincias para erradicar las pistas que no tengan la documentación en regla y comenzó a coordinar un cruce de información sobre operaciones aéreas declaradas, pilotos, dueños de terrenos con pistas de aterrizaje, compra-venta de combustible aéreo, propietarios de aeronaves y talleres. Los jueces federales, en tanto, ya empezaron a recibir información sobre estos precarios sitios de aterrizaje.

 

La iniciativa del Ministerio de Seguridad, tanto en el relevamiento como en la información proporcionada a la justicia federal, constituye otro demorado paso adelante en la lucha contra el narcotráfico; una pelea en la que el Gobierno pareciera haber bajado los brazos mientras las bandas del crimen organizado no cesan en su avance creciente, como quedó demostrado en toda su trágica dimensión, por ejemplo, en Rosario.

La actual estrategia de las autoridades consiste en presionar a los narcos con la neutralización de sus zonas seguras de descarga, para lo cual se requieren decisiones legales, tanto de las provincias como de los municipios. Sería muy útil conocer si en ese proceso se registran groseras demoras o una abierta falta de colaboración por parte de autoridades provinciales o municipales.

Los investigadores han manifestado que la metodología aplicada en la frontera norte por los narcotraficantes que operan desde Bolivia consiste en una suerte de "bombardeo" de paquetes o bultos de droga desde las avionetas que luego regresan con rapidez a su país. Por ello, las autoridades bolivianas promulgaron una ley de derribo contra las aeronaves operadas por el narcotráfico. En lo que refiere a nuestro país, una eventual legislación en ese sentido forma parte de una discusión aún abierta, pero todo indicaría que ni en el Ministerio de Seguridad ni en el de Defensa parece haber consenso respecto de ese tipo de normas.

Insisten los funcionarios en que la neutralización de estas pistas es una forma eficaz de combatir los vuelos. A su vez, una resolución de la cartera de Defensa, de abril pasado, transfirió al Estado Mayor Conjunto las responsabilidades de control aeroespacial, que tenía la Fuerza Aérea. Ese nuevo organismo, denominado Comando Subordinado Aeroespacial, quedó a cargo de la resolución de las situaciones de crisis. Desde estas columnas queremos insistir en que nuestro país ya se encuentra en grave crisis en esta problemática.

Es de esperar que las actuales iniciativas sean apenas el comienzo de la ejecución de un vasto plan de combate contra el narcotráfico, que necesariamente deberá llevarse a cabo en varios frentes simultáneamente si se desea obtener éxito. Por ejemplo: en el político, evitando que los partidos reciban aportes de dinero de procedencia dudosa; en el de las fuerzas de seguridad, mediante la depuración en sus filas de los integrantes vinculados con el delito, y en el plano judicial, procurando que no se cometan ni consientan errores de procedimiento que, cada vez con mayor frecuencia, se traducen en nulidades que terminan por arruinar investigaciones enteras y ocasionando la puesta en libertad de los detenidos.

 

Las acciones de los últimos tiempos por parte del gobierno nacional, supuestamente dirigidas a enfrentar este tipo de delitos, no han hecho más que sembrar dudas. Entre ellas, haberle quitado a la secretaría antidrogas (Sedronar) el abordaje del tráfico de drogas para centrarla en la prevención y el tratamiento; haber sacado a la Gendarmería de su función de custodia de la frontera para asignarle tareas policiales, especialmente en el conurbano bonaerense, y el constante anuncio de planes de radarización que muy poco han podido lograr. A su vez, el Gobierno impulsa medidas que patológicamente no combaten sino que atraen a los grupos narcotraficantes, como el caso del polémico blanqueo de capitales, prorrogado ya varias veces, que alienta a todas las personas a ingresar los dólares no declarados en el extranjero sin tener que dar explicación alguna de su origen y eximidos de las penas previstas en las leyes.

Además, y aquí es donde se registra otra evidente falta de voluntad del Gobierno, es preciso combatir el lavado de dinero mediante el normal y no politizado funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbattella , cuya gestión fue de probada ineficiencia. Toda campaña contra los narcotraficantes fracasará de no mediar una decisión clara de acabar con el blanqueo de los activos que se originan en el mortal negocio de la droga.

En síntesis, cualquier esfuerzo resultará vano si no existe desde la más alta conducción política -esto es, desde la cabeza misma del Poder Ejecutivo- un compromiso verdadero de combate frontal, integral, permanente y eficazmente coordinado contra el narcotráfico.