Por AGUSTIN BARLETTI –Cronista.com
La norma aprobada en Senadores, prevé la compra en el
exterior de tres buques nuevos o usados. Hay ocho astilleros nacionales en
condiciones de construirlos.
Desde la llegada de Horacio Tettamanti a la subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables, los actores de la industria naval trabajan con un
horizonte común. Dar a luz el “Régimen para la Reactivación y
Promoción de la Flota
Mercante y la Industria Naval Argentina”, es el objetivo tras
el que se marcha en una elogiable muestra de concordia y consenso.
Lamentablemente otras iniciativas, aún con razones loables,
no hacen más que opacar el esfuerzo de conseguir un régimen más completo para
el sector. Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de
Ley S-2783/13 que crea la Empresa Transportes Navales S.E.
La medida está a tono con la filosofía del Gobierno nacional.
A imagen de lo que sucede con Aerolíneas Argentinas, en el campo aéreo, la
nueva naviera estatal prestaría servicio en rutas no rentables para la
actividad privada, principalmente a la Patagonia.
A pesar de este beneficio de origen, la norma abraza aquellos
postulados que, en la década del 90, provocaron el casi completo exterminio de
la industria naval argentina. La piedra del escándalo está en el artículo 12
que prevé la compra de tres buques porta contenedores reefers y carga general
de entre 800 y 1.100 TEUs nuevos o usados sin especificar origen, y que su
posterior renovación deberá hacerse en astilleros argentinos.
“No es posible tener industria naval en base a reparaciones
o competir con buques usados”, señaló la Federación de la Industria Naval Argentina
(FINA) en nota dirigida a los diputados que componen la Comisión de Industria.
En efecto, las reparaciones solo son un complemento, pero no
pueden ser la regla. Asimismo, es un mal momento para una medida de esta
naturaleza cuando la
Argentina negocia con Brasil un acuerdo de complementariedad
para la construcción de sus buques. Nadie en su sano juicio puede explicar cómo
mientras le pedimos a Brasil que construya en la Argentina, nosotros
compramos buques extra zona y encima usados. El haz lo que yo digo pero no lo
que yo hago, podría arruinar la negociación con nuestro principal socio del
Mercosur.
Si el Gobierno quiere tener su línea estatal en operaciones
a corto plazo, podría incluso chartear los buques en el extranjero, sin
necesidad de adquirirlos. Actuar de otra forma sería una afrenta al sector. El
país cuenta al menos con ocho astilleros en condiciones de construir los buques
necesarios. Algunos tienen el 85% de su capacidad ociosa.
Los legisladores, deberían, primero, preguntarse por qué actualmente
no existe un servicio regular de transportes marítimos de cargas hacia la Patagonia. Aquellas
empresas privadas que lo intentan lo hacen de forma discontinua. Salvo el caso
de Maruba, el resto son navieras extranjeras que deben triangular el cabotaje
nacional a través del puerto de Montevideo.
El proyecto de ley abre una puerta al conflicto laboral. Su
artículo 7º establece que la empresa actuará “en jurisdicción del Estado Mayor
General de la Armada,
dependiente del Ministerio de Defensa”. Al mismo tiempo, los fundamentos
señalan que “el personal de navegación militar y civil ya existe y recibe su
salario del Estado; que las capacidades técnicas de todo el complejo de tareas
involucrado en la actividad se encuentran operativas y que solo debemos
garantizar su continuidad sin interrupciones”.
Resta ver si los sindicatos y gremios organizados resignarán
su derecho a tripular los buques de la naviera estatal. “Entendemos que esta
norma, como lo dice en sus considerandos, cubriría un servicio promocional
necesario y hoy deficiente en el tráfico marítimo a la Patagonia, pero ello no
debería ser motivo de agresión a la industria naval argentina. Creemos que los
buques pueden y deben fabricarse en el país. Si se compran nuevos, el tiempo de
entrega es similar en los astilleros del exterior o del país y nosotros tenemos
precios muy competitivos. Si la urgencia en la prestación del servicio
ameritara la incorporación de buques usados hoy disponibles, solicitamos se
prevea que sea de forma transitoria no definitiva y sólo durante el período de
construcción de los buques en astilleros argentinos. Puestos los nuevos buques
en funcionamiento, los incorporados en forma transitoria pierdan su condición y
sean reexportados, tal cual el espíritu de lo normado en el decreto 1010/04
art. 22”,
solicitó la FINA
a los diputados.
Queda en manos de la
Cámara baja la posibilidad de cambiar la historia.
Compre Argentino, y ahora esto???? No es muy serio la politica de produccion o por lo menos el mantenimiento de la misma.
ResponderEliminarL.B.A.