miércoles, 24 de octubre de 2012

Las vías legales y políticas para recuperar el barco


Por Juan Gabriel Tokatlian  | Para LA NACION

Ace Anan Ankomah, abogado de Ghana, nacido en Tema y socio principal del Estudio Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah (localizado en Accra), interpuso una acción judicial invocando, entre otras, la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes de 2004 (aún no vigente). Lo hizo en nombre de una empresa radicada en Chipre, la NML Capital. Ésta es, a su vez, subsidiaria de Elliott Capital Management, ubicada en Nueva York, fundada por Paul Singer y miembro de una alianza de organizaciones reunidas bajo el paraguas del American Task Force Argentina (ATFA), situado en Arlington.

La acción judicial interpuesta por Ankomah se hizo en reclamo del pago de bonos del default y generó la retención de la Fragata Libertad después de una pobremente planeada e incomprensiblemente aprobada travesía.

La acción legal se llevó a cabo en una de las más promisorias democracias africanas, en un país en el que la Argentina no tiene embajada y recurriendo a argumentos jurídicos débiles. Ghana no es, como se ha dicho, un "país de cuarta"; ha sido amigo de la Argentina en la causa Malvinas y es un país en el que se pueden cometer tantos equívocos judiciales como en cualquier nación con división de poderes. A su vez, los argumentos jurídicos argentinos son sólidos: la detención de la Fragata es arbitraria e ilegal a la luz del derecho y la práctica internacionales. Sin embargo, la vía jurídica para resolver la situación encuentra, hasta ahora, límites.
Paralelamente, NML y Elliott Capital Management son grupos financieros conocidos como vulture funds -fondos buitre- que invierten en la deuda pública de un país debilitado o quebrado, se niegan a renegociar cuando hay intentos de superar la cesación de pagos y pretenden obtener ganancias siderales mediante el acoso persistente derivado, en parte, de su poder económico no regulado.

Elliott Capital Management ganó en Nueva York un caso contra el Banco Popular de Perú en 2000 y perdió uno contra el Banco Central de la Argentina en 2011. Paul Singer es un gran contribuyente del Partido Republicano y en 2011 donó US$ 1 millón a la campaña de Mitt Romney. A su vez, la ATFA ha venido tergiversando el presunto apoyo de asociaciones y personas a su lobby, convirtiéndose, de hecho, en un instrumento de presión que favorece intereses inescrupulosos. 

Cabe destacar que en 2009 la representante demócrata de California Maxine Waters encabezó -junto con otros 34 legisladores- una propuesta de ley conocida como Stop Vulture Funds Act, destinada a frenar la explotación escandalosa de los fondos buitre. En síntesis, esos fondos turbios no siempre ganan con sus demandas; es evidente que algunos de sus magnates respaldan activamente a los republicanos, y resulta esencial comprender el juego político interno en Estados Unidos, pues hay aún importantes y potenciales aliados de la Argentina.

Respecto a la Fragata Libertad, hay dos cuestiones decisivas. Por un lado, se ha situado la responsabilidad interna de lo sucedido en la Armada como parte del Ministerio de Defensa: algo que no ha recibido un cuestionamiento de la sociedad civil y de los partidos políticos, y que muestra un mínimo de coincidencia entre fuerzas oficiales y opositoras. Por otro lado, se han tomado medidas externas como la evacuación de la Fragata y la realización de encuentros en la ONU por parte del canciller Héctor Timerman; decisiones que merecen ser más explicadas.

El único objetivo que debería tener la Argentina en este momento es recuperar la Fragata. No es aconsejable contemplar como recurso táctico la prolongación de la estada del navío en el puerto de Tema, ya que el mayor desgaste sería para la Argentina. La única salida a esta situación es política y ello implica no pugnar contra el gobierno de Ghana, pues será esencial su acompañamiento para una salida satisfactoria; procurar el apoyo más activo de otros países africanos y no sólo de los latinoamericanos; tender puentes con actores poderosos, como los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que, con certeza, no querrán que lo acontecido con la Fragata argentina sea un precedente para sus buques de guerra, y fortalecer el consenso nacional en torno a la Fragata Libertad, que no es el navío de una parte de las Fuerzas Armadas o de un ministerio sino del país.
Más allá de este incidente, la Argentina debería entender que para tener una política exterior influyente se requieren tres D: diplomacia, divisas y defensa constituyen el trípode básico sobre el que se asienta siempre la autonomía externa de un país..

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