domingo, 21 de octubre de 2012

¿Cuál es el límite de la aspiradora de dólares?


Por Jorge Oviedo | LA NACION (Mail: joviedo@lanacion.com.ar)

André Breton criticaba el excesivo apego por el dinero de Salvador Dalí. Y encontró una manera más que ingeniosa de manifestarlo. Lo bautizó "Avida Dollars", con sólo cambiar el orden de las letras del nombre del artista plástico. Es probable que el rústico Guillermo Moreno no conozca la anécdota ni le interese. Cristina Kirchner y Axel Kicillof deberían conocerla. Lo cierto es que hoy el Avida Dollars no es otro que el gobierno argentino, y la situación no es surrealista. Es sencillamente ridícula y el cepo al dólar vulnera las libertades individuales consagradas en la Constitución.

Los kirchneristas que quieren sostener el relato de que sólo hay controles impositivos desbarrancan rápidamente cuando confiesan que los dólares se necesitan para pagar las importaciones y la deuda. Los jóvenes de La Cámpora y sus satélites no pueden tener peores argumentos. Kicillof, un chico bien, con casa de vacaciones en Uruguay, critica a las clases altas que atesoran dólares, como si él fuera un proletario. Se equivoca, además, o sabe muchísimo menos de economía de lo que se pretende hacer creer. Es la clase media y hasta la clase baja las que atesoraban dólares, cuando no estaba prohibido, para defenderse de la inflación. Los ricos tienen otros recursos. Compran inmuebles, invierten en empresas o envían el dinero al exterior. No hay que ir más allá del matrimonio Kirchner para encontrar esos ejemplos.

Agustín Datellis, de La graN maKro, gusta sostener que se trata de "limitaciones de las libertades individuales en pro del bienestar general". Lo que no dice es que ninguna ley ha dispuesto semejante cosa. ¿Hay estado de sitio en materia de dólares?

El Gobierno tampoco admite que la crisis cambiaria tiene dos orígenes: la inflación y el déficit energético. Son dos problemas de responsabilidad exclusiva del kirchnerismo. No existían cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia.

El modo de enfrentar la inflación ha sido y es la destrucción del Indec, la persecución por todos los medios, incluidas las denuncias penales, de quienes se atreven a decir que los precios no son los fantasiosos que pregona la propaganda oficial.

Para negar la crisis energética, el Gobierno decidió que pagaría mucho más por el petróleo, el gas y la electricidad si eran importados que si se producían en la Argentina. Semejante disparate tuvo la consecuencia que durante años advirtieron ocho ex secretarios de Energía: la pérdida del autoabastecimiento y la dependencia brutal de las importaciones justo cuando el petróleo tiene precios que son casi los más altos de la historia.

La pérdida de competitividad general de la economía por la apreciación del peso y el gigantesco déficit energético minaron el superávit de la balanza comercial. Para tratar de sostenerlo, Guillermo Moreno bloquea importaciones hasta de medicamentos, pero él mismo se moviliza, al igual que la Presidenta y muchos funcionarios, en un automóvil alemán.

El cepo al dólar, que la Presidenta también niega, ha tenido un enorme impacto en el humor popular. Y muy lejos de lo que en el Gobierno piensa, no son sólo las clases altas las preocupadas. La señal es muy mala. La memoria popular indica que cuando se aplican esas restricciones hay un crisis mayúscula en puerta.

Tal vez en el Gobierno se pensó que con el público obligado a quedarse en pesos y con la inflación reinante habría un aumento generalizado del consumo, que recuperaría la actividad económica. Y así también el respaldo de la opinión pública a Cristina Kirchner retornaría a los altos niveles de 2011. No ha sucedido.
Kicillof se presenta como el gran exégeta de John Maynard Keynes, pero parece haber leído mal a quien descubrió que cuando la gente se asusta por una crisis, no gasta dinero, aunque se lo regalen.

El Gobierno no ha querido tomar medidas contra la inflación ni devaluar ni ajustar el precio de los servicios públicos con el argumento de que no quería solucionar los problemas al precio de deteriorar su capital político. Con el cepo cambiario no sólo no ha solucionado los problemas, sino que, además, perdió capital político.

La crisis energética tiene un principal responsable: Julio De Vido. Es el mismo ministro que diseñó y aplicó los subsidios al transporte que terminaron con el desastre de Once. Ahora De Vido propone una empresa estatal de celulares. El anuncio parece más fantasioso incluso que las hasta ahora inexistentes asociaciones de YPF con petroleras internacionales para explotar Vaca Muerta. "Es todo humo", dice un especialista vinculado al sector que conoce la interna de la compañía. "Galuccio está sometido al patrullaje ideológico permanente de La Cámpora y su margen de acción es cada vez más reducido; le han echado sin consultarlo a gente de su confianza que personalmente había traído, es una situación muy difícil de sostener", revela.

En el sector de comunicaciones tampoco creen que haya lugar para que el Estado pueda operar pronto con AR-SAT un servicio de celulares. El anuncio oficial de que la china Datang Mobile está interesada en participar como proveedor de equipos y operador parece ser también más cercano a la propaganda. Se dijo que se introduciría el servicio de 4G, y Datang Mobile posee una norma china para esa prestación. Un riesgo sería que los argentinos para ese servicio terminaran utilizando teléfonos que sólo funcionarían en el país y en China.

Mientras tanto, el servicio de celulares se complica cada vez más por la falta de frecuencias. La última licitación fue en 1999. Entonces había cinco millones de líneas activas y ni siquiera existían los mensajes de texto. Hoy hay unas 37 millones de líneas activas, con un mercado cada vez más grande de teléfonos inteligentes, que usan intensivamente la red para servicios de voz y datos.

Telefónica devolvió frecuencias al Estado como parte de la desinversión exigida por la fusión de Unifon con Movicom, de la que surgió Movistar. El Gobierno anuló la licitación y decidió estatizarlas creando un división de celulares en AR-SAT, que por ahora es sólo una promesa.

Para contener la inflación debería reducirse el déficit fiscal, agrandado este año por el creciente rojo de las empresas públicas. Enarsa, que supuestamente iba a producir petróleo y distribuir gas y electricidad, ha sido hasta ahora una simple oficina que increíblemente cobra comisiones por las importaciones de combustibles. Aerolíneas y el Fútbol para Todos son máquinas de dilapidar recursos. Contra todo lo aconsejable, el Gobierno parece empeñado ahora en crear una nueva.

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