domingo, 25 de mayo de 2008

En las redes del narcotráfico: el poder corrosivo de la droga

El creciente comercio de drogas afecta a gobiernos y sociedades en toda la región, impone su lógica en países productores, de tránsito y de consumo por igual, y en todos los casos establece su dominio territorial mediante la violencia y el terror. Un informe especial del Grupo de Diarios América da cuenta de este fenómeno y alerta sobre algunos de sus efectos más evidentes: más delitos, más deserción escolar y un deterioro acelerado de la salud de la población

El fenómeno del narcotráfico echa raíces y se extiende por América latina. Así lo confirman las cifras oficiales recogidas en este reportaje especial sobre el dominio o la territorialización del tráfico de drogas, elaborado por el Grupo de Diarios de América (GDA). Cada nación lo sufre de manera diferente. Pero existe un consenso: estamos, como región, ante un problema cada vez más acuciante y un enorme desafío para los gobiernos y las sociedades del continente, corroídos ambos por este flagelo. Es que la venta de cocaína y pasta básica ha dejado de ser un mal exclusivo de los países ricos.

El consumo de drogas se ha incrementado en la gran mayoría de ciudades de la región, agravando las contingencias de seguridad y de salud pública. Allí donde se comercializa cocaína y pasta base la delincuencia se dispara, crece la deserción escolar y la salud de los ciudadanos (sobre todo la de los jóvenes) se deteriora aceleradamente. De acuerdo con sus necesidades y con las condiciones políticas, sociales, naturales y geográficas que encuentra en cada país, el narcotráfico se asienta según su conveniencia.

Algunos países son productores y exportadores de cocaína, otros son empleados para el tránsito y reexportación de cargamentos ilícitos, y varios más son sólo puntos de venta y comercialización de estupefacientes, meros mercados. Pero siguiendo la lógica que dicta el negocio, esta actividad delictiva siempre reclama para sí el control de territorios, zonas y barrios en los cuales instaura su autoridad por medio de la violencia y el terror. Sucede así en las regiones cocaleras de Colombia y Perú, en los corredores de la droga del norte del Ecuador y en la larga franja que forma la frontera entre Colombia y Venezuela; en las favelas brasileñas y en algunos barrios marginales de ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba en la Argentina, Santiago en Chile, San José en Costa Rica y Lima y Trujillo en Perú.
Los productores Desde los años 70 y 80, Bolivia y Perú tuvieron el dudoso honor de convertirse en los principales productores de hoja de coca y pasta base de cocaína del mundo. La conversión en cocaína de estos productos y su posterior envío al resto del planeta estuvo a cargo de traficantes colombianos. Pero desde fines de los 80, por impulso de los carteles de la droga, Colombia se transformó en el primer productor de hoja de coca del mundo.
En las últimas décadas, los poderosos cárteles colombianos perdieron en parte de su capacidad de corrupción y dominio territorial. Hoy, según la policía local, sólo existen organizaciones de narcos con fuerte influencia en los Llanos Orientales, desde donde se envía la coca a México y EE.UU. a través de Venezuela y Brasil. También suelen moverse por la región de Urabá, la Costa Atlántica, el Putumayo, Nariño, el Valle y los límites entre Antioquia y Córdoba.

Informes recientes de inteligencia, sin embargo, aseguran que pese a no tener ya el absoluto control territorial, los cárteles colombianos ejercen presión mediante ejércitos privados, conformados por paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su área de influencia comprendería grandes extensiones de cultivos en esos departamentos, ríos y esteros utilizados para sacar la droga hacia las costas y hacia zonas de difícil acceso.

El último estudio de la Oficina contra el Delito y las Drogas de Naciones Unidas, de 2007, muestra que el área afectada alcanza a las 78.260 hectáreas, 9% menos que en 2005 y bastante menos que las 163.000 hectáreas detectadas en 2000, cuando se registró el récord histórico. En la actualidad hay cultivos ilícitos en 23 de los 32 departamentos del país.

Según la ONU, en regiones como Antioquia, Nariño, Chocó, Córdoba y Meta -parte de las zonas estratégicas de conflicto y disputa entre las nuevas organizaciones de narcos-, entre 2001 y 2006 crecieron hasta 2% las áreas sembradas. La más perjudicada es la del Pacífico, con un aumento del 68%. En departamentos como Magdalena, Meta, Guaviare, Nariño y Antioquia, estas bandas delinquen en alianza con la guerrilla de las FARC, que financia gran parte de su gasto militar con los dividendos del narcotráfico, aunque ya no a la escala de algunos años atrás. "Vemos un regreso de las FARC al sistema de cobro de gramaje (un "impuesto" a la producción de droga) y de extorsión a los propios narcocultivadores.

Hay, de algún modo, un retroceso de las FARC como traficantes a gran escala, lo que no significa que todos los frentes tengan el mismo comportamiento", afirmó el general Oscar Naranjo, director general de la Policía colombiana. En el caso de Perú, durante los años del primer boom de la coca (de 1980 a 1995), el Huallaga, una extensa región de la selva central peruana, se convirtió en el paraíso del narcotráfico. En medio de los bosques y los pantanos y con el respaldo de la violencia más criminal que haya sacudido al país (desatada por Sendero Luminoso), prosperaron, se arruinaron, murieron o fueron encarcelados decenas de narcos. Si bien la situación allí ha mejorado, el narcotráfico aún mantiene en vilo a la región.
En los primeros días de mayo de 2007, un grupo de comandos fue recibido por una lluvia de balas en las cercanías de un casería de la zona. Tras repeler el ataque descubrieron lo que esperaban: tres laboratorios muy precarios de pasta básica. Y en el tronco de un árbol, a manera de advertencia, alguien había tallado una hoz y un martillo y las siglas PCP (Partido Comunista del Perú, nombre oficial de Sendero Luminoso). Las esmirriadas huestes subversivas (unos 150 hombres) son hoy un cártel más que controla una zona del Huallaga. Según los analistas, el Valle del Río Apurímac y Ene, en el centro sur del país, es la principal zona productora de cocaína de Perú. Tres clanes serían hoy los encargados de la producción: los Tineo Taipe, los Bendezú Quispe y los Quispe López.

La policía antidrogas los llama "Tibenqui", nombre que surge al juntar las primeras sílabas de sus apellidos paternos. Se estima que el 98,4% del producto de lo que se produce en la cuenta del río Monzón, uno de los afluentes del Huallaga, se debe a la coca. Casi no hay otro recurso económico para los habitantes de la zona. Acopio y reexportación Los narcotraficantes innovan continuamente. Desarrollan más modernos y baratos modos de producción de coca y sus derivados, avanzan hacia otras formas de comercialización y, por supuesto, abren nuevas rutas para enviar cocaína a los mejores mercados.

En el último lustro, los cárteles han comenzado a utilizar a otros países de la región como centros de acopio y reexportación de embarques ilícitos, a fin de evitar los estrictos controles que inspeccionan las cargas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela, Ecuador, Chile y la Argentina son las naciones que más se han visto afectadas por esta modalidad. El Departamento de Estado norteamericano calcula que por el territorio venezolano transitan anualmente entre 200 y 300 toneladas de drogas.

Los medios de transporte preferidos por los grandes traficantes son los aéreos, por la escasa vigilancia de los cielos venezolanos, especialmente en las regiones sur y oriental del país. Pequeñas avionetas hacen vuelos casi rasantes por la llamada "ruta amazónica", que conecta a los Llanos Orientales colombianos con los estados de Bolívar, Monagas y Delta Amacuro, siguiendo el curso del río Orinoco. Las aeronaves aterrizan para cargar combustible en pistas clandestinas ubicadas en fincas de Bolívar, Guárico y sur de Monagas, adquiridas por presuntos paramilitares del grupo Aguilas Negras, ex miembros de las AUC, y luego lanzan los alijos de drogas en la costa caribeña. A su vez, en la franja fronteriza de los estados de Apure, Táchira, Bolívar y Zulia existen enclaves donde operan grupos ligados a las FARC.

Ecuador padece un problema semejante, sólo que allí el narcotráfico utiliza una estrategia de carrusel. La espiral se inicia en la zona norte de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde poblaciones como Puerto Nuevo y Puerto El Carmen son los puntos de acopio de la coca. Los militares ecuatorianos y la policía sostienen que en esa primera parte del tráfico están comprometidas las FARC, especialmente el denominado Bloque Sur, que controla el departamento del Putumayo colombiano.

Los insurgentes -según datos de inteligencia- son los encargados del acopio de la base y de organizar su traslado hasta Esmeraldas, provincia costera ecuatoriana. La droga viaja por rutas secundarias desde la Amazonia, para regresar a Colombia a través del departamento de Nariño. Al otro lado de la frontera, se encuentran los laboratorios más grandes para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una producción aproximada de 600 toneladas al año.

El estupefaciente refinado retorna vía fluvial o terrestre a Ecuador para ser enviado al exterior. El acopio de la mercadería ilegal se efectúa en urbes como Santo Domingo, Quito, Guayaquil. La droga se reenvía, luego, a los mercados internacionales desde puertos de las provincias de El Oro, Guayas y Manabí. En el caso de Chile, su lucha contra las drogas tiene en la geografía un inesperado enemigo. Sus vecinos del norte, Bolivia y Perú, son líderes en la producción de cocaína. "La droga está entrando muy fácilmente. Puedes cruzar por donde quieras, a cualquier hora", dice el senador Jaime Orpis, creador de la Corporación La Esperanza, que se dedica a la rehabilitación de drogadictos. "En Colchane, por ejemplo, los burreros pasan a 200 metros del paso habilitado, sin que nadie pueda hacer nada".

A la Fiscalía chilena le preocupa más el tránsito de las sustancias que el consumo. "Países como Perú, Bolivia y Colombia envían droga a Europa desde Chile -dice Manuel Guerra, director de Drogas de la Fiscalía-, y como no somos un país productor, las cargas que llevan los barcos no son objeto de sospecha". Sin duda, las ciudades que más se han visto afectadas por el avance del narcotráfico en la región son las brasileñas Río de Janeiro y San Pablo. Muchas de sus barrios pobres o favelas hoy son pasto de los narcos.

Desde lo alto del conglomerado de 12 favelas -enclavadas en el macizo que se extiende por los barrios de Ramos, Inhaúma, Bonsucesso, Olaria y Penha, en el suburbio de Río-, los traficantes invaden incluso la frecuencia radial de la policía: en una demostración de poder intentan intimidar a los agentes, llamándolos "gusanos" y amenazándolos con matarlos si suben la colina. El dominio territorial de los traficantes es sostenido por armas de guerra como metralletas antiaéreas y fusiles AK-47. El ex secretario nacional antidrogas Walter Fanganiello Maierovith compara la estructura de organización y funcionamiento de esos grupos con los de la mafia. "Poseen dominio territorial en incontables favelas del Río, comercializan drogas, alquilan armas, subyugan habitantes, pero aún no cuentan con representación política o estructuras profesionales de lavado de dinero, como sucede con la mafia", argumenta.

Dada la gravedad de lo que ocurre en Brasil, la presencia del narcotráfico en otras ciudades del continente parecerían ínfimos en comparación, pero no son como para ignorarlos. Chile, por ejemplo, cuenta ya con un tentador mercado de consumidores. "Hace mucho que Chile dejó de ser un país de tránsito y hoy es totalmente consumidor: consumen escolares, mujeres y adultos". Según cifras del último Estudio Nacional de Drogas de Conace, realizado en 2006, en el país 640.420 personas consumen uno o más estupefacientes. La droga más utilizada es la marihuana, elegida por 609.703 personas. La siguen la cocaína, con 105.134 consumidores; la pasta base, con 50.000 usuarios y otros alucinógenos, con más de 25.000.

Una situación similar se da en Venezuela. Las estadísticas oficiales indican que en 2007 fueron atendidas 6604 personas. Esta cifra representa un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. El crack también está haciendo estragos en Costa Rica. En venta a precios muy accesibles (un dólar la dosis), en cada barrio populoso existe al menos un punto de venta. De esta forma, los traficantes extienden sus redes de distribución de costa a costa y de frontera a frontera. En el transcurso de 2007, los agentes antidrogas desarticularon 284 puntos de venta de esta droga, y en el primer trimestre de este año hicieron lo propio con otros 62. Pero la clientela crece a un ritmo acelerado. En el centro de la capital, unos 2000 adictos deambulan por un área de escasas 10 cuadras.

Participaron en la elaboración de este reportaje: Hernán Cappiello, LA NACION de Argentina; Sérgio Ramalho, O Globo de Brasil; Matías Bakit y Andrea Sierra de El Mercurio de Chile; Redacción de Justicia, El Tiempo de Colombia; Otto Vargas M., LA NACION de Costa Rica; Redacción Judicial, El Comercio de Ecuador; Silvia Otero, El Universal de México; Pablo O Brien, Unidad de Investigación de El Comercio de Perú; José A. Sánchez Fournier, El Nuevo Día de Puerto Rico; Fabián Muro, El País de Uruguay y Javier Ignacio Mayorca, El Nacional de Venezuela.
Fuente: Diario La Nación
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